AC1950-2023 (2023-00427-00) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1950-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00427-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por Hern\u00e1n Pastrana Montoya, frente al auto de 11 de noviembre de 2022, emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante el cual se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, formulado contra la sentencia del 1 de noviembre de 2022, dentro del proceso verbal radicado 2018-00270-00, tr\u00e1mite al que se acumul\u00f3 el proceso radicado 2019-00108-01, ambos promovidos por el recurrente, contra el Conjunto Residencial el Zagu\u00e1n de las Quintas Propiedad Horizontal. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Hern\u00e1n Pastrana Montoya en calidad de copropietario present\u00f3 demanda en contra del Conjunto Residencial el Zagu\u00e1n de las Quintas Propiedad Horizontal, en la que manifest\u00f3 \u00abimpugna[r]\u00bb las decisiones adoptadas en las asambleas extraordinarias de 8 y 15 de septiembre de 2018. <\/p>\n
Para ese efecto, denunci\u00f3 que esas reuniones fueron convocadas por personas que no ten\u00edan facultad para proceder en ese sentido, sin que existieran necesidades imprevistas y urgentes que afectaran el conjunto residencial, adem\u00e1s que las correspondientes actas se realizaron sin atender los requisitos establecidos en el art\u00edculo 47 de la Ley 675 de 2001 y en el reglamento de propiedad horizontal. <\/p>\n
2.- Atendiendo que en dicho tr\u00e1mite se decret\u00f3 como medida cautelar la suspensi\u00f3n de las decisiones cuestionadas, el mismo accionante present\u00f3 una nueva demanda que correspondi\u00f3 por reparto al citado despacho, en la que tambi\u00e9n manifest\u00f3 \u00abimpugna[r]\u00bb, las determinaciones adoptadas en asamblea general de 17 de marzo y 12 de abril de 20191. <\/p>\n
Mediante auto de 12 de diciembre de la misma anualidad, se decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n de los referidos procesos2. <\/p>\n
3.- En sentencia de 13 de julio de 2021, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, neg\u00f3 las pretensiones tanto de la demanda principal como de la acumulada y, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abinexacta comprensi\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley 675 de 2001\u00bb3. <\/p>\n
Para ese efecto, entendi\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver era determinar la procedencia de \u00abdeclarar ineficaces\u00bb las decisiones adoptadas por la Asamblea General de propietarios por haberse celebrado en contravenci\u00f3n al art\u00edculo 47 de la Ley 675 de 2001, y del reglamento de propiedad horizontal y \u00ablas se\u00f1aladas en el tr\u00e1mite acumulado, que dependen de aquello que se decida frente a las del proceso principal\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que las pruebas recaudadas respaldaban que las convocatorias a las reuniones del 8 y 15 de septiembre de 2015 no fueron efectuadas por la administradora, sino por un n\u00famero plural y suficiente de copropietarios como requisito legal, adem\u00e1s, existieron motivos serios y urgentes porque entendieron que \u00abexist\u00edan irregularidades y malos manejos administrativos y sobre todo financieros de los recursos de la copropiedad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sostuvo que los copropietarios ten\u00edan un leg\u00edtimo derecho a elegir nuevos miembros del Consejo de Administraci\u00f3n y administrador, sin que pudiera entenderse que deb\u00eda respetarse el periodo del consejo anterior \u00abcomo si se tratara de un derecho inamovible\u00bb, sumado a esto ten\u00edan facultad para convocar las dos asambleas referidas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las decisiones demandadas en el tr\u00e1mite acumulado, consider\u00f3 que haberse convocado reuniones estando vigente la medida cautelar de suspensi\u00f3n de las determinaciones que eran objeto de demanda anterior, no se adecuaba a los fundamentos legales a tratar dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de actas y decisiones de asamblea. <\/p>\n
4.- Contra esa decisi\u00f3n el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n4, y en sentencia de 1 de noviembre de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirm\u00f3 el fallo de primera instancia5 y en s\u00edntesis adujo lo siguiente: <\/p>\n
Las pretensiones se orientaron a que se declarara que las decisiones cuestionadas eran \u00abineficaces\u00bb, sin embargo, las asambleas del 8 y 15 de septiembre de 2018, fueron convocadas por un n\u00famero plural de copropietarios superior a la quinta parte que impon\u00eda el art\u00edculo 39 de la Ley 675 de 2001, en concordancia con el art\u00edculo 34 del reglamento de propiedad horizontal. <\/p>\n
Las necesidades imprevistas y urgentes quedaron acreditadas, consist\u00edan en adoptar medidas en relaci\u00f3n con las gestiones del consejo de administraci\u00f3n y de la administradora ante irregularidades financieras y administrativas. <\/p>\n
Las asambleas del 17 de marzo y 12 de abril de 2019 tambi\u00e9n fueron convocadas por la persona competente y si bien estaba vigente la medida cautelar reclamada, esto no inhabilitaba a la administradora para ejercer sus funciones teniendo en cuenta que fue nombrada seg\u00fan las disposiciones legales. <\/p>\n
5.- El accionante interpuso recurso de casaci\u00f3n6 que fue negado en auto de 11 de noviembre de la misma anualidad7, con fundamento en que el asunto en referencia no ten\u00eda \u00abun componente cremat\u00edstico, sino meramente declarativo\u00bb. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n la misma parte formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio queja8, argument\u00f3 que se trataba de una demanda declarativa de \u00abnulidad\u00bb sin pretensiones econ\u00f3micas raz\u00f3n por la que proced\u00eda conceder el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
6.- En providencia de 14 de diciembre de 2022, con fundamento en CSJ AC7518-2017, el ad quem mantuvo el auto atacado y, en su lugar, concedi\u00f3 la queja interpuesta en subsidio, en particular porque la reglamentaci\u00f3n que rige el recurso extraordinario impone comprobar el inter\u00e9s para recurrir pr\u00e1cticamente en todos los procesos declarativos, a excepci\u00f3n de \u00ablas acciones populares (\u2026) de grupo\u00bb y \u00ablos que versen sobre el estado civil de las personas\u00bb, de conformidad con el inciso 1 del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Procedencia del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso consagra una regla general relativa a que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia en toda clase de procesos declarativos, en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, las proferidas para liquidar una condena en concreto, y trat\u00e1ndose de asuntos relacionados con el estado civil, solo son pasibles del remedio extraordinario los fallos de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 338 ibidem prev\u00e9 como regla adicional que gobierna el recurso extraordinario, denominada cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir; al efecto consagra que cuando \u00ablas pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas\u00bb, dicho recurso procede siempre y cuando, el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. No obstante, precisa que excluyen de esa exigencia las sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil, adem\u00e1s, precisa que cuando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se conceder\u00e1 la casaci\u00f3n interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del inter\u00e9s de este fuere insuficiente. <\/p>\n
Del anterior recuento emerge que el legislador distingui\u00f3 los fallos emitidos en segunda instancia por los tribunales en toda clase de procesos declarativos que resuelven pretensiones con contenido \u00abesencialmente econ\u00f3mico\u00bb, de aquellos que no tienen esta connotaci\u00f3n, y solo impuso a los primeros la exigencia de satisfacer la denominada cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir. De esa manera, los asuntos en los que las s\u00faplicas no sean fundamentalmente econ\u00f3micas no est\u00e1n sometidos a dicha exigencia y por tanto procede el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Para soportar esta tesis, se trae a colaci\u00f3n que la Corte Constitucional en C213 de 2017, estudi\u00f3 la decisi\u00f3n legislativa de fijar como condici\u00f3n de procedencia del recurso de casaci\u00f3n -cuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas- que el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable del recurrente sea superior a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, y para lo que importa a este asunto, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
[A]quellas pretensiones que no sean fundamentalmente econ\u00f3micas, tal y como ocurre por ejemplo con las que tienen por objeto la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil pero que no traen aparejada una pretensi\u00f3n patrimonial sino una solicitud de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica, art\u00edstica o de no repetici\u00f3n -conforme a las novedosas tendencias del r\u00e9gimen de responsabilidad que se ha venido abriendo paso- no se encontrar\u00e1n sometidas a la exigencia de demostraci\u00f3n de la cuant\u00eda para recurrir (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
2.- De las pretensiones esencialmente econ\u00f3micas. <\/p>\n
En este punto es imperioso establecer a qu\u00e9 alude el legislador cuando se refiere a \u00abpretensiones esencialmente econ\u00f3micas\u00bb como criterio para tener en cuenta al momento de conceder el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al efecto, importa destacar que, desde el punto de vista del derecho procesal, en t\u00e9rminos generales, la \u00abpretensi\u00f3n\u00bb ata\u00f1e a la manifestaci\u00f3n de la voluntad de quien ejerce el derecho de acci\u00f3n dirigido al \u00f3rgano jurisdiccional del Estado para que, mediante sentencia que haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada, declare u ordene las respectivas consecuencias que el ordenamiento establezca en su favor de cara a una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Por su importancia, este concepto ha sido objeto de estudio por destacados doctrinantes del derecho procesal, quienes se han ocupado de definirlo y de referir las caracter\u00edsticas de sus elementos estructurantes. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, para Carnelutti la pretensi\u00f3n es \u00abuna actitud de la voluntad de uno de los dos sujetos, concretada en la exigencia de la subordinaci\u00f3n del inter\u00e9s ajeno al inter\u00e9s propio. Esta exigencia es la que se llama pretensi\u00f3n\u00bb9; por su parte, Rosenberg ense\u00f1\u00f3 que \u00abes una afirmaci\u00f3n de derecho o una afirmaci\u00f3n de consecuencia jur\u00eddica sobre la que solicita, mediate su petici\u00f3n, una resoluci\u00f3n capaz de autoridad de cosa juzgada\u00bb10, y Guasp entendi\u00f3 que \u00abes una declaraci\u00f3n de voluntad por la que se solicita una actuaci\u00f3n de un \u00f3rgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaraci\u00f3n\u00bb11. <\/p>\n
A su turno, Couture explic\u00f3 que la pretensi\u00f3n es \u00abla afirmaci\u00f3n de un sujeto de derecho de merecer la tutela jur\u00eddica y por supuesto, la aspiraci\u00f3n concreta de que esta se haga efectiva. En otras palabras: la atribuci\u00f3n de un derecho por parte de un sujeto que invoc\u00e1ndolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jur\u00eddica\u00bb12; Palacio sosten\u00eda que es \u00abacto en cuya virtud se reclama ante un \u00f3rgano judicial (o eventualmente arbitral), y frente a una persona distinta, la resoluci\u00f3n de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamaci\u00f3n\u00bb13, y para Dev\u00eds Echand\u00eda corresponde a la \u00abdeclaraci\u00f3n de voluntad del demandante para que se sujete o vincule al demandado en determinado sentido y para ciertos efectos jur\u00eddicos concretos mediante sentencia\u00bb14. <\/p>\n
En cuanto a los elementos de la pretensi\u00f3n la doctrina ha coincidido en que \u00abse compone, por un lado, de un elemento subjetivo (sujetos), y de dos elementos objetivos (el objeto y la causa)\u00bb 15. <\/p>\n
El elemento subjetivo se deriva de que \u00abson sujetos de la pretensi\u00f3n el demandante (sujeto activo) y el demandado (sujeto pasivo). El juez no lo es, porque ello se debe a la obligaci\u00f3n jur\u00eddica que el derecho de acci\u00f3n le impone\u00bb16. <\/p>\n
El elemento objetivo \u00ablo constituye el determinado efecto jur\u00eddico perseguido (cosa o bien y el derecho o relaci\u00f3n jur\u00eddica que se pretende) y por tanto, la tutela jur\u00eddica que se reclama\u00bb17, \u00abno consiste en hechos, sino en una afirmaci\u00f3n de derecho derivada de ellos y reclamada\u00bb18, y para mayor claridad puede decirse que el \u00abobjeto de la pretensi\u00f3n (petitum) [es el] efecto jur\u00eddico que mediante ella se persigue\u00bb19, corresponde a \u00ablo pedido. La tutela concreta deprecada\u00bb20. <\/p>\n
El elemento causal \u00abes el fundamento que se le da seg\u00fan el derecho, y (\u2026) se distingue en fundamento de hecho y de derecho: es decir, el conjunto de hechos que constituyen el relato hist\u00f3rico de las circunstancias de donde se pretende deducir lo que se pide y la afirmaci\u00f3n de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material (\u2026) [l]a raz\u00f3n de la pretensi\u00f3n se identifica con la causa petendi de la demanda\u00bb21, puede decirse que \u00abconsiste en la invocaci\u00f3n de una concreta situaci\u00f3n de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jur\u00eddica\u00bb22. <\/p>\n
Conjugados tales vocablos, se puede concluir razonadamente que cuando el legislador alude a \u00abpretensiones esencialmente econ\u00f3micas\u00bb se refiere a los pedimentos del sujeto activo -demandante- elevados contra el sujeto pasivo -demandado- que tienen como principal caracter\u00edstica que el efecto jur\u00eddico perseguido y\/o las razones de hecho o derecho en que sustenta, se edifican sobre un fundamental inter\u00e9s patrimonial. <\/p>\n
De dicho raciocinio aplicado al tema de estudio, emerge que, al momento de resolver acerca de la viabilidad del recurso de casaci\u00f3n, corresponde al juzgador de segunda instancia en cada caso particular, calificar las pretensiones con miras a determinar si su contenido es meramente declarativo; o si, por el contrario, tienen un componente patrimonial, caso en el cual, adem\u00e1s, deber\u00e1 verificar si su connotaci\u00f3n es \u00abesencialmente econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
Cuando la respuesta a ese escrutinio genere alg\u00fan margen de duda, ser\u00e1 preciso analizar todos los elementos que estructuran la pretensi\u00f3n, en especial, el objetivo que impone constatar el petitum, es decir el efecto jur\u00eddico que se persigue con el juicio, y la causa petendi, esto es, las razones de hecho y de derecho en las que se edific\u00f3 la tutela judicial que se reclama, a prop\u00f3sito de este labor\u00edo, en CSJ AC390-2019, se precis\u00f3 que, <\/p>\n
[E]l calificativo de las pretensiones como \u201cesencialmente econ\u00f3micas\u201d no faculta al juzgador al momento de estudiar la necesidad de verificar el cumplimiento del requisito en menci\u00f3n, para mirar simple y llanamente el contenido del petitum de la demanda, ni al recurrente para eximirse de su obligaci\u00f3n de acreditar su inter\u00e9s econ\u00f3mico so pretexto de que no se formularon pretensiones o no se impusieron condenas de esa estirpe. Tal conclusi\u00f3n amerita un estudio m\u00e1s ponderado del proceso en s\u00ed, que involucra el examen de la causa petendi como elemento integrante de la pretensi\u00f3n y a\u00fan del objeto perseguido con el ejercicio de la acci\u00f3n, con miras a desentra\u00f1ar su posible esencia patrimonial (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En similar sentido en AC3507-2020 se explic\u00f3, <\/p>\n
La calificaci\u00f3n de las pretensiones como \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb corresponde efectuarla al juzgador al momento de decidir sobre la concesi\u00f3n del recurso. Este labor\u00edo exige estudiar, no s\u00f3lo las s\u00faplicas de la demanda, en caso de no plasmar claramente alguna exigencia dineraria, sino confrontarlo con la causa petendi, para de ah\u00ed determinar con certeza la presencia de elementos pecuniarios27. <\/p>\n
Para lograr el mentado cometido, primero debe examinarse en el petitum cu\u00e1l es objeto del ruego introductorio, esto es, sobre qu\u00e9 se litiga28, vale decir, identificar el tipo de reclamaci\u00f3n: (i) declarativa, relacionada con solicitar la existencia o inexistencia de una relaci\u00f3n de iure; (ii) constitutiva, atinente a lograr establecer la creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de un determinado v\u00ednculo obligacional o situaci\u00f3n jur\u00eddica; y (iii) condenatoria, tocante con obligar a la contraparte a dar, hacer o no hacer. <\/p>\n
Si del an\u00e1lisis a las mencionadas reclamaciones no se infiere prima facie un contenido econ\u00f3mico real y expl\u00edcito, habr\u00e1 lugar a establecerlo con el fundamento f\u00e1ctico sobre las cuales \u00e9stas se edifican, involucrando as\u00ed el estudio de la causa petendi29, el cual responde a la cuesti\u00f3n del porqu\u00e9 se litiga30 o en qu\u00e9 se soporta el petitum31. <\/p>\n
De este modo, pueden verificarse hechos concretos en donde se observen situaciones que comprometen factores monetarios que conlleven, correlativamente el acrecimiento o desmejora de un patrimonio; y por tanto, necesariamente, generan una relaci\u00f3n causa a efecto respecto a la manera de formular y justificar las pretensiones. <\/p>\n
En suma, del solo hecho de que los pedimentos tengan un componente patrimonial no se deriva, necesariamente, que las pretensiones sean de contenido \u00abesencialmente econ\u00f3mico\u00bb y, a contrario sensu, que sean de car\u00e1cter mero declarativo tampoco se traduce en que carezcan de contenido patrimonial, dado que, aun en este \u00faltimo evento, pueden ser esencialmente econ\u00f3micas verbi gratia cuando de salir avante representen un acrecimiento pecuniario para el interesado o un detrimento del mismo calado para su opositor; en ese sentido, en CSJ AC4343-202132 se indic\u00f3 que, \u00abla alusi\u00f3n a pretensiones esencialmente econ\u00f3micas no se reduce a las que la doctrina denomina de condena, pues, dadas las particularidades del caso y de los hechos que fundamentan la aspiraci\u00f3n, podr\u00e1n darse eventos en los que s\u00faplicas puramente declarativas incorporen un elemento econ\u00f3mico, que implique un acrecimiento patrimonial para el demandante y un detrimento o desmejora patrimonial para el demandado, susceptible de ser estimado o tasado en dinero, que es el medio de pago o de cambio aceptado generalmente en la vida en sociedad\u00bb. <\/p>\n
3.- El recurso de casaci\u00f3n frente a sentencias de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, juntas directivas o de socios. <\/p>\n
Como se afirm\u00f3 en precedencia, de acuerdo con las normas del C\u00f3digo General del Proceso que disciplinan el recurso de casaci\u00f3n, este procede frente a las sentencias emitidas en segunda instancia en juicios declarativos proferidas por tribunales cuando las pretensiones no sean esencialmente econ\u00f3micas y en caso contrario, se debe acreditar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, regla general en la que se encuentran inmersos los procesos de \u00abimpugnaci\u00f3n de actos de asamblea, juntas directivas o de socios\u00bb. <\/p>\n
No obstante, no puede desconocerse que en el pasado en esta Sala existieron posturas encontradas en punto a la viabilidad del recurso de casaci\u00f3n en procesos de dicha naturaleza, a saber: <\/p>\n
3.1.- La tesis que sosten\u00eda su improcedencia, se sustentaba en que ese tipo de asuntos no hab\u00eda sido expresamente excluido de acreditar el inter\u00e9s para recurrir y adem\u00e1s carec\u00edan de pretensiones esencialmente econ\u00f3micas, posici\u00f3n que pareciera haberse gestado en el derogado art\u00edculo 366 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil33 que en su primitivo texto permit\u00eda entender que la acreditaci\u00f3n de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir era un requisito que deb\u00edan satisfacer todas las sentencias pasibles del remedio extraordinario y por esto, con algunas excepciones, se sosten\u00eda que solo eran cuestionables por esa v\u00eda las decisiones cuando tuvieran connotaci\u00f3n patrimonial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, pese a que el C\u00f3digo General del Proceso modific\u00f3 esa regla, en algunos prove\u00eddos aislados se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n en dichos asuntos, con fundamento en que no correspond\u00eda a un asunto excluido expresamente por el legislador de acreditar el inter\u00e9s para recurrir y porque sus pretensiones no eran esencialmente econ\u00f3micas, verbi gratia en AC7518-201734, se sostuvo, <\/p>\n
[D]entro de los fallos que en forma expresa determina el art\u00edculo 334 no se encuentra el dictado en los asuntos de impugnaci\u00f3n de actas de Asambleas o Juntas de sociedades, as\u00ed se trate de procesos declarativos, por cuanto, se itera, con excepci\u00f3n de los pronunciados en las acciones de grupo o los que versen sobre el estado civil, presupuesto ineludible para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n es que los pedimentos sean esencialmente econ\u00f3micas y que el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al acusador sea superior a los preindicados 1.000 salarios, requisitoria que no se satisface en contiendas como la presente, por la sencilla raz\u00f3n de que, atendida su naturaleza jur\u00eddica, ellas solo propenden obtener la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se declare la ineficacia en general de las decisiones tomadas por la Asamblea o la Junta, pretendiendo con ello preservar el statu quo ante. <\/p>\n
Dicho enunciado normativo fija tres contenidos importantes frente a la procedencia del recurso de casaci\u00f3n. El primero, dispone que trat\u00e1ndose de pretensiones econ\u00f3micas el recurso procede si el valor actual de la sentencia desfavorable al recurrente excede los 1.000 smlmv. El segundo, establece una tipolog\u00eda de sentencias respecto de las cuales no se requiere valorar el inter\u00e9s pecuniario, como las dictadas en procesos de acciones de grupo, populares y las relativas al estado civil. Y el tercero, en l\u00ednea con la expresi\u00f3n \u00abcuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas\u00bb, supone que en los casos donde estas carezcan de sentido pecuniario, deber\u00e1 prescindirse de cualquier valoraci\u00f3n de la cuant\u00eda. Su sentido hermen\u00e9utico, acorde con la Carta Pol\u00edtica, y en cuyo caso reside su exequibilidad, lo se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-213 de 201736 (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Se debe resaltar que en ese evento de manera conclusiva se adujo que a pesar de que las pretensiones se enfilaron a impugnar las decisiones contenidas en el acta de una junta directiva y que estas no ten\u00edan apariencia econ\u00f3mica proced\u00eda el recurso de casaci\u00f3n porque \u00abno era deber de los recurrentes acreditar la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial derivada de la resoluci\u00f3n adversa que superara los \u00ab1.000 smlmv\u00bb, porque esa exigencia resulta ajena a esta causa\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Otra postura propugnaba porque en procesos de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, juntas directivas o de socios, cuando las pretensiones no tuvieran contenido econ\u00f3mico proced\u00eda el recurso de casaci\u00f3n atendiendo su naturaleza declarativa37. As\u00ed, por ejemplo, en AC390-2019 se tuvo en cuenta que \u00abdada la naturaleza del asunto y a tono con lo expuesto en precedencia, en este caso no era menester que la recurrente en casaci\u00f3n acreditara una afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial derivada de la resoluci\u00f3n adversa (\u2026) porque ciertamente esa exigencia es ajena a esta causa por no encajar en el presupuesto inicial previsto en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, de donde se rige por la regla general del art\u00edculo 334 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
3.3.- Recientemente en AC5352-2022, se rese\u00f1\u00f3 la postura actual de la Sala sobre el tema. En esa ocasi\u00f3n, a pesar de que en un asunto de dicha naturaleza se encontr\u00f3 bien denegado el recurso de casaci\u00f3n porque no se acredit\u00f3 la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, se resalta que se trataba de un caso con \u00abpretensiones esencialmente econ\u00f3micas\u00bb, y se memor\u00f3 el contenido de los AC3507-2020 y AC390-2019 y con fundamento en estos se concluy\u00f3 que \u00abSi bien es cierto que esta Sala no excluye tajantemente los procesos de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que ello depende de si las pretensiones que se invocan son o no de contenido econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n
3.4.- Lo anterior basta para sostener que en atenci\u00f3n a la naturaleza -declarativa- de los procesos de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, juntas directivas o de socios, el recurso de casaci\u00f3n procede contra las sentencias emitidas por tribunales en segunda instancia y al momento de su concesi\u00f3n se debe analizar el contenido de las pretensiones, cuando no sean esencialmente econ\u00f3micas se abre paso el remedio extraordinario y, en caso contrario, se exige acreditar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, para establecer la procedencia del recurso de casaci\u00f3n en esta clase de procesos, debe tenerse en cuenta que, por regla general, el mismo es viable dada su naturaleza declarativa, sin embargo, debe tenerse en cuenta: i) el hecho de que los pedimentos sean de car\u00e1cter eminentemente declarativo no traduce que carezcan de contenido patrimonial porque a\u00fan en estos eventos las pretensiones pueden ser esencialmente econ\u00f3micas; ii) es necesario examinar en cada caso el objeto de las pretensiones -petitum- junto a la causa petendi para corroborar la presencia de elementos que indiquen un inter\u00e9s eminentemente pecuniario; iii) cuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas el remedio extraordinario procede siempre y cuando, entre los dem\u00e1s requisitos legales, se acredite que la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente satisfaga la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir; iv) cuando las pretensiones no sean esencialmente econ\u00f3micas procede el recurso de casaci\u00f3n siempre y cuando se acrediten lo dem\u00e1s requisitos legales, entre los cuales no est\u00e1 demostrar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir. <\/p>\n
4.- El caso concreto. <\/p>\n
El presente asunto ata\u00f1e a un proceso de naturaleza declarativa que tuvo su g\u00e9nesis en la demanda de impugnaci\u00f3n de las decisiones adoptadas en asamblea de copropietarios del Conjunto Residencial el Zagu\u00e1n de las Quintas Propiedad Horizontal, contenidas en las actas de 8 y 15 de septiembre de 2018, y v\u00eda acumulaci\u00f3n frente a las determinaciones del 17 de marzo y 12 de abril de 2019. <\/p>\n
Por lo anterior, se debe examinar el objeto de las pretensiones junto a la causa petendi para corroborar si existe alguna reclamaci\u00f3n que indique un inter\u00e9s eminentemente pecuniario, y para esta finalidad, se tiene en cuenta que el demandante de manera gen\u00e9rica solo expres\u00f3 que impugnaba las decisiones contenidas en las mencionadas actas, no obstante lo cual, por v\u00eda de interpretaci\u00f3n de su demanda, los jueces de instancia la analizaron como una pretensi\u00f3n de ineficacia de las decisiones adoptadas en esas oportunidades. <\/p>\n
Las razones de hecho alegadas consistieron en que, a juicio del demandante, las dos primeras reuniones fueron convocadas por personas que no ten\u00edan facultad para hacerlo, no exist\u00edan necesidades imprevistas y urgentes que afectaran el conjunto residencial y las correspondientes actas se realizaron sin atender los requisitos establecidos en el art\u00edculo 47 de la Ley 675 de 2001 y en el reglamento de propiedad horizontal. Con respecto a las dos \u00faltimas asambleas reproch\u00f3 que se hubiesen adelantado existiendo unas medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
Los pedimentos fueron negados en primera instancia y confirmados por el Tribunal, en particular porque los juzgadores entendieron que las pretensiones del accionante apuntaron a que se decretara la ineficacia de las decisiones tomadas en las referidas asambleas de copropietarios y por los motivos reprochados, sin que se hubiese encontrado fundamento para proceder a su declaratoria. <\/p>\n
Lo anterior permite evidenciar que la acci\u00f3n impetrada por el accionante solo se enfil\u00f3 a que, a trav\u00e9s de sentencia judicial, fueran aniquiladas del mundo jur\u00eddico unas decisiones tomadas en asamblea de copropietarios porque no se ajustaban a disposiciones legales o estatutarias, sin que del escrito de demanda emerja expresa o t\u00e1citamente alguna reclamaci\u00f3n cuantificable en dinero, raz\u00f3n por la que no puede sostenerse que existan elementos que indiquen un inter\u00e9s econ\u00f3mico en sus aspiraciones y, por ende, ni siquiera podr\u00eda verificarse que el mismo tuviera la magnitud de ser eminentemente pecuniario; precisamente, as\u00ed lo entendi\u00f3 el juzgador de segundo grado, siendo ese el argumento para denegar el recurso extraordinario. <\/p>\n
No sobra se\u00f1alar que aunque en dichas reuniones se aprobaron decisiones relacionadas con el patrimonio de la propiedad horizontal, tales como pagar una auditor\u00eda financiera y administrativa, aprobaci\u00f3n de estados financieros de 2018, presupuesto del 2019, sin incluir los gastos requeridos para inversiones obligatorias, el cual arroj\u00f3 una cuota por vivienda privada y la utilizaci\u00f3n de recursos propios para los gastos obligatorios; en todo caso, las quejas en las que el recurrente edifica su acci\u00f3n impugnativa, no dan cuenta de que la causa petendi tenga sustento en la inconformidad con una imposici\u00f3n o erogaci\u00f3n dineraria o que el petitum estuviera orientado a dejar sin efecto una determinaci\u00f3n de ese contenido, por lo que de ninguna manera se puede sostener que sus pretensiones tengan un cariz esencialmente econ\u00f3mico, pues, se insiste, no elev\u00f3 reproche concreto frente a ninguna decisi\u00f3n relacionada con prestaciones pecuniarias en particular. <\/p>\n
En ese orden, refulge que se trata de una controversia en torno a la legalidad de las determinaciones adoptadas en las reuniones de copropietarios que fueron objeto de demanda, y por ello, queda en evidencia que las s\u00faplicas son \u00fanicamente declarativas, pues no se advierten elementos que permitan predicar que en ellas subyacen intereses fundamentalmente econ\u00f3micos. <\/p>\n
7.- En conclusi\u00f3n, atendiendo la naturaleza del asunto- declarativo-, y que las pretensiones del demandante no eran \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, no hab\u00eda lugar a exigir la acreditaci\u00f3n de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir como requisito para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n porque esa exigencia resulta ajena a esta causa, dado que no se adec\u00faa en el presupuesto inicial previsto en el art\u00edculo 338 del C.G.P., y se rige por la regla general del numeral 1 del art\u00edculo 334 ib\u00eddem. <\/p>\n
En esas condiciones emerge el yerro del Tribunal al denegar el recurso con respaldo en una postura aislada plasmada en AC7518-2017, pasando por alto que no ha sido la mayoritaria de la Sala y que, adem\u00e1s, fue replanteada por su propio autor en AC3507-2020- <\/p>\n
En consecuencia, al estar dados todos los supuestos de rigor para conceder el recurso extraordinario, tales como oportunidad, legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s para recurrir, se declarar\u00e1 indebida su denegaci\u00f3n, y de conformidad con el inciso final del art\u00edculo 353 del C\u00f3digo General del Proceso, se proceder\u00e1 a concederlo, sin que haya lugar a condena en costas dada la prosperidad de la queja (numeral 1 del art\u00edculo 365 C. G. P.). <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
Primero: Estimar indebida la denegaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el asunto en referencia. En su lugar, CONCEDER el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por Hern\u00e1n Pastrana Montoya contra la sentencia del 1\u00b0 de noviembre de 2022, dentro del proceso verbal radicado 2018-00270-00 y 2019-00108-01. <\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR esta providencia al Tribunal para que adelante las labores de su incumbencia, en torno a la remisi\u00f3n unificada, completa y debidamente organizada del expediente digital a esta Corporaci\u00f3n para lo pertinente. <\/p>\n
TERCERO: Sin lugar a condena en costas por el tr\u00e1mite de la queja. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Cuaderno 20190010800, p\u00e1gina 154. <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno 20190010800, p\u00e1gina 271. <\/p>\n
3\u0002 34 Sentencia escrita. <\/p>\n
4\u0002 36 Recurso de apelaci\u00f3n sentencia; y 37 ampliaci\u00f3n reparos sentencia. <\/p>\n
5\u0002 021 Sentencia impugnaci\u00f3n actas de asamblea. <\/p>\n
6\u0002 024. Recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
7\u0002 026. Auto niega recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
8\u0002 029. Apdo Dre Recurso Casaci\u00f3n. <\/p>\n
9\u0002 CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Buenos Aires. Uthea Argentina. 1944. P\u00e1g. 44. <\/p>\n
10\u0002 ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho Procesal Civil. Tomo II. Buenos Aires. Ediciones Jur\u00eddicas Europa \u2013 Am\u00e9rica. 1955. P\u00e1g. 30. <\/p>\n
11\u0002 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo Primero. Introducci\u00f3n y Parte General. Madrid. Instituto de Estudios Pol\u00edticos. 1968. P\u00e1g. 217. <\/p>\n
12\u0002 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera Edici\u00f3n. Buenos Aires. Ediciones de Palma. 1978. P\u00e1g. 72. <\/p>\n
13\u0002 PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil., Tomo I. Nociones Generales. Segundo Edici\u00f3n. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 1986.P\u00e1g. 385. <\/p>\n
14\u0002 DEV\u00cdS ECHAND\u00cdA, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. TIII. De los actos procesales. Bogot\u00e1. Temis. 1963. P\u00e1g. 97. <\/p>\n
15\u0002 PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil., Tomo I. Nociones Generales. Segundo Edici\u00f3n. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 1986.P\u00e1g. 387. <\/p>\n
16\u0002 DEV\u00cdS ECHAND\u00cdA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Madrid. Aguilar. 1966. P\u00e1g. 220. <\/p>\n
17\u0002 DEV\u00cdS ECHAND\u00cdA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Madrid. Aguilar. 1966. P\u00e1g. 218. <\/p>\n
18\u0002 ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho Procesal Civil. Tomo II. Buenos Aires. Ediciones Jur\u00eddicas Europa \u2013 Am\u00e9rica. 1955. P\u00e1g. 35. <\/p>\n
19\u0002 PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil., Tomo I. Nociones Generales. Segundo Edici\u00f3n. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 1986.P\u00e1g. 388. <\/p>\n
20\u0002 QUINTERO, Beatriz; PRIETO, Eugenio. Teor\u00eda General del Derecho Procesal. Cuarta Edici\u00f3n. Bogot\u00e1: Temis. 2008. P\u00e1g. 339. <\/p>\n
21\u0002 DEV\u00cdS ECHAND\u00cdA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Madrid. Aguilar. 1966. P\u00e1g. 218. <\/p>\n
22\u0002 PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil., Tomo I. Nociones Generales. Segundo Edici\u00f3n. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 1986.P\u00e1g. 388. <\/p>\n
23\u0002 RAE <\/p>\n
24\u0002 RAE <\/p>\n
25\u0002 RAE <\/p>\n
26\u0002 CORNU, Gerard. Vocabulario Jur\u00eddico. Asociaci\u00f3n Henri Capitant. Bogot\u00e1. Temis. 1995. P\u00e1g. 357. <\/p>\n
27\u0002 CSJ AC390-2019 y AC1344-2019. <\/p>\n
28\u0002 Aspecto que ata\u00f1e concretamente a lo reclamado, a lo pedido en el juicio a \u00ab(\u2026) la cosa o el bien y la declaraci\u00f3n del derecho que se reclama o persigue (\u2026)\u00bb (DEVIS ECHAND\u00cdA, H. \u00abNociones Generales de Derecho Procesal Civil\u00bb, 2\u00b0 ed. Temis, Bogot\u00e1, 2009, p. 256). <\/p>\n
29\u0002 Debe entenderse como el hecho jur\u00eddico que sirve de fundamento a las s\u00faplicas, vale decir, la situaci\u00f3n que el actor hace valer en su escrito genitor como cimiento de la acci\u00f3n, distinto por supuesto de \u00e9sta, porque de un solo y mismo sustrato f\u00e1ctico pueden derivar varias acciones; es, igualmente, la \u00ab(\u2026) narraci\u00f3n del libelo, la relaci\u00f3n del caso que ha originado los derechos y dado motivo a la reclamaci\u00f3n en justicia (\u2026)\u00bb (CSJ. SC. Sentencia de 24 de febrero de 1948). <\/p>\n
30\u0002 CSJ. SC. Sentencias de 20 de agosto de 1985; del 26 de febrero de 2001; del 12 de agosto de 2003; del 15 de noviembre de 2005; del 10 de junio de 2008; 19 de septiembre de 2009; y del 16 de diciembre de 2010. <\/p>\n
32\u0002 Reiterado en AC5352-2022, ambos con menci\u00f3n de lo expuesto en AC390-2019. <\/p>\n
33\u0002 Art\u00edculo 366 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. El recurso de casaci\u00f3n procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
34\u0002 En similar sentido se puede encontrar el AC4556-2019 y en particular en AC2353-2019, se sostuvo lo siguiente: \u00abLo anterior supone, como es obvio, que la decisi\u00f3n que perjudica al impugnante sea susceptible de apreciaci\u00f3n pecuniaria, puesto que si no lo es, entonces carece de sentido imponer una restricci\u00f3n por la cuant\u00eda a un recurso que versar\u00e1 sobre una controversia de contenido extrapatrimonial, en cuyo caso la procedencia de la casaci\u00f3n se determina por la naturaleza de la controversia, siempre que concurran las dem\u00e1s exigencias de ley. Tal acontece con las sentencias declarativas que definen las calidades del estado civil de las personas, las cuales carecen de estimaci\u00f3n econ\u00f3mica y, por tanto, son susceptibles de ser recurridas en casaci\u00f3n, como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, con independencia de las consecuencias patrimoniales que de ellas se puedan derivar. Sin embargo, lo fallos que se profieran en asuntos en los que se pretende la Impugnaci\u00f3n de Actas de Asamblea, no hacen parte de las decisiones excluidas, porque son de contenido estrictamente econ\u00f3mico, el hecho de que sean declarativas no le var\u00eda su naturaleza, ni menos hace que se deban desatender los requisitos de procedibilidad del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
35\u0002 En esta providencia se hab\u00eda declarado prematura la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n en un asunto en el que se impugnaron decisiones contenidas en un acta de un consejo directivo por carecer de contenido patrimonial. <\/p>\n
36\u0002 En AC3507-2020 tambi\u00e9n se sostuvo que con anterioridad a ese an\u00e1lisis otros despachos de la Sala examinaron la viabilidad de conceder el recurso de casaci\u00f3n en litigios cuyas pretensiones no se refer\u00edan a aspectos puramente monetarios, pero como gravitaban alrededor de estos se impon\u00eda catalogarlas como esencialmente econ\u00f3micas, en particular memor\u00f3 asuntos en los que se debat\u00eda la nulidad de testamento, rendici\u00f3n provocada de cuentas y competencia desleal sin solicitud de indemnizaci\u00f3n de perjuicios (CSJ AC2206-2017, CSJ AC8527-2017, CSJ AC2776-2018). <\/p>\n
37\u0002 En ese sentido, en AC1719-2018 luego de memorar el contenido de la C213-2017 se concluy\u00f3 que la Corte Constitucional en esta providencia entendi\u00f3 que \u00abel C\u00f3digo estableci\u00f3 la procedencia de la casaci\u00f3n en sentencias de segunda instancia dictadas por los tribunales en procesos declarativos sobre pretensiones que no fuesen esencialmente econ\u00f3micas. Y tal directriz es obligatoria para la Sala, la que en consecuencia, de conformidad con lo anterior, procede a examinar el caso puesto su conocimiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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