AC1961-2023 (2023-01873-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1961-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01873-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por \u00c1ngel Alberto M\u00e9ndez Valderrama, respecto de la sentencia del 27 de enero de 2016, proferida por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 5 de Arrecife, Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El interesado deprec\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo referido a espacio, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo entre el solicitante y Maricel Andrea Jaramillo Zapata. <\/p>\n
2. Con el libelo se anex\u00f3, por v\u00eda digital, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00abDemanda\u00bb, \u00abAnexos\u00bb y \u00abPoder\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica y reciprocidad entre los Estados, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n. <\/p>\n
En Colombia, en ausencia de tratados internacionales aplicables, los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requisitos que deben satisfacerse para el reconocimiento, algunos de los cuales se transcriben a continuaci\u00f3n, en cuanto resultan relevantes para el caso bajo estudio: <\/p>\n
Art\u00edculo 606. Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos: \u2026 3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada. (Negrilla propia). <\/p>\n
La desatenci\u00f3n del anterior requerimiento fuerza a rehusar de plano el estudio del pedimento de homologaci\u00f3n. Esto por cuanto resulta inviable para la Corte adentrarse a evaluar un prove\u00eddo respecto del que no tiene certeza de su car\u00e1cter definitivo y del que no se allega una copia legalizada, como lo manda el numeral 2\u00b0 del canon 607 ibidem, a saber: \u00abLa Corte rechazar\u00e1 la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 del art\u00edculo precedente\u00bb. <\/p>\n
2. De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud deber\u00e1 rechazarse por no satisfacer las exigencias legales referidas l\u00edneas atr\u00e1s, huelga puntualizar, por cuanto el interesado no alleg\u00f3 constancia de que la sentencia a homologar estuviera debidamente ejecutoriada en el pa\u00eds de proferimiento, ni la copia apostillada de la sentencia y la constancia de firmeza, de acuerdo con las normas que gobiernan el caso. <\/p>\n
2.1. Total, resulta preciso recordar que, para demostrar la definitividad de las sentencias provenientes del Reino de Espa\u00f1a, el marco regulatorio aplicable es el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, suscrito entre dicho pa\u00eds y Colombia, Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles, el cual prescribe que la ejecutoria \u00abse comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia], siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 2). <\/p>\n
Se trata de un caso de tarifa legal, por imponer una \u00fanica probanza para acreditar el car\u00e1cter final de un prove\u00eddo emitido por un juez espa\u00f1ol, de all\u00ed que su omisi\u00f3n no puede ser suplida de ninguna forma, como ha sido puesto de presente por esta Corte en multiplicidad de casos, entre otros: <\/p>\n
A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial, el se\u00f1alado instrumento [se refiere al tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908 entre Colombia y el Reino de Espa\u00f1a] reclama que es necesario aportar un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n. (SC661, 3 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2017-00852-00). <\/p>\n
Tesis que tambi\u00e9n est\u00e1 contenida en los fallos SC5194 del 18 de diciembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2020-00368-00) y SC 2918 del 1\u00ba de agosto de 2019 (rad. n.\u00b0 2019-00928-00), entre otros, los cuales ratifican la doctrina probable sobre la materia. <\/p>\n
En desatenci\u00f3n de la anterior directriz se tiene que, con el libelo genitor del presente tr\u00e1mite, no se adjunt\u00f3 el documento emanado de la Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, con el fin de comprobar la ejecutoria de la sentencia de 27 de enero de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00b0 5 de Arrecife, Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
2.2. El Segundo elemento, cual es la legalizaci\u00f3n de la sentencia y de la constancia de ejecutoria, aboga para que la sentencia a reconocer efectos legales en el territorio nacional, como documento emanado de una autoridad extranjera est\u00e9 provisto de las constancias que den seguridad sobre la calidad y cargo de quien suscribe la providencia for\u00e1nea. <\/p>\n
Y es que la legalizaci\u00f3n consiste en \u00ab[d]ar estado o forma legal… para fe y cr\u00e9dito de un documento o de una firma\u00bb1, que trat\u00e1ndose de pa\u00edses suscriptores del Convenio por el cual se Suprime la Exigencia de Legalizaci\u00f3n de los Documentos P\u00fablicos Extranjeros, firmado el 5 de octubre de 1961 en La Haya, se satisface con la apostilla. <\/p>\n
As\u00ed lo reafirma el inciso segundo del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00ab[l]os documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00e9ste o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En efecto, como Colombia y el Reino de Espa\u00f1a son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, conforme al art\u00edculo 3\u00b0 es menester aportar la apostilla del instrumento para certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb. <\/p>\n
La copia de la sentencia, viene con el sello del juzgado espa\u00f1ol, y la consigna \u00abConcuerda \u00edntegramente con su original\u2026\u00bb, sin que se indique quien firma el documento. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de la anterior carga, por fuerza del art\u00edculo 251 del estatuto procesal civil vigente, impide tener por allegado el documento, de all\u00ed que la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n realizada por \u00c1ngel Alberto M\u00e9ndez Valderrama carezca de su espina dorsal, motivo para rechazar el tr\u00e1mite in limine. <\/p>\n
As\u00ed ha procedido esta Corporaci\u00f3n en casos equivalentes: <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, seg\u00fan el art\u00edculo 251 del actual estatuto procesal, para que un documento extranjero tenga valor probatorio deber\u00e1 estar \u00abapostillado de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
Como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 19612, la apostilla es el instrumento que permite certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3). <\/p>\n
Requisito exigible, trat\u00e1ndose de la sentencia que pretende ser homologada, por fuerza del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del c\u00f3digo en menci\u00f3n, siendo precedente repeler su estudio cuando no se satisfaga seg\u00fan el ordinal 2\u00b0 del canon 607 idem. (CSJ, 15 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2016-02215-00). <\/p>\n
Por lo expuesto se rechazar\u00e1 la solicitud de reconocimiento, en aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 607 del actual estatuto adjetivo. <\/p>\n
3. Con todo, encuentra este despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de homologaci\u00f3n: <\/p>\n
3.1. Especifique la forma en que pretende demostrar que la causal de divorcio, que sirvi\u00f3 en el extranjero para concederlo, guarda conformidad con el orden p\u00fablico de Colombia, como lo exige el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el juzgador espa\u00f1ol invoc\u00f3 el art\u00edculo 81 del C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol, fundado en \u00abel transcurso de tres meses desde la celebraci\u00f3n del matrimonio\u00bb, motivo que, en principio, no encuentra uno equivalente dentro de las causales establecidas en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil colombiano (folio 32 archivo digital anexos), el cual, por cierto, se ha interpretado que proscribe el divorcio encausado. <\/p>\n
En consecuencia, es imperativo, en caso de que deseara el interesado presentar una nueva solicitud de homologaci\u00f3n, a efectos de verificar el requisito rememorado, adem\u00e1s de los medios suasorios que estime pertinentes por fuerza de la libertad probatoria, aportase los instrumentos persuasivos que dieran pista sobre la causal invocada como, por ejemplo, la demanda de divorcio contenciosa presentada ante el juzgado de Arrecife. <\/p>\n
3.2. El actor no arrim\u00f3, conforme al art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, las normas que fueron aplicadas en el juicio donde se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que pretende homologar, siendo ello imprescindible para el examen de conformidad con las de orden p\u00fablico que integran el ordenamiento jur\u00eddico nacional. En concreto, deben acreditarse las disposiciones jur\u00eddicas que regulan la causal de divorcio que dio lugar a la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial. Y lo cierto es que, si bien solicit\u00f3 exhortar a la autoridad consular y al Ministerio de Relaciones Exteriores, no demostr\u00f3 haber agotado el derecho de petici\u00f3n ante esas entidades. Se recuerda que seg\u00fan el art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas que el interesado hubiera podido obtener directamente o mediante derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Para estos fines deber\u00e1 tenerse en cuenta el art\u00edculo 177 del estatuto adjetivo en vigor, seg\u00fan el cual: \u00abLa copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds… Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed\u00bb. <\/p>\n
3.3. No aportaron las apostillas de los documentos aportados a folios 1, 2, 28, 29, 41 y 42 de los anexos. Se reitera, la legalizaci\u00f3n de estos es indispensable, so pena de no otorgarles valor probatorio en el marco de la solicitud de exequatur, acorde con lo establecido en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.4. No existe claridad frente al contenido de los hechos, puesto que el actor menciona los bienes que adquiri\u00f3 en Colombia, as\u00ed como hizo una referencia a la separaci\u00f3n de bienes en territorio patrio. Ello genera dudas sobre si lo que se persigue, adem\u00e1s de la homologaci\u00f3n de los efectos personales del fallo for\u00e1neo, tambi\u00e9n pueden homologarse las consecuencias patrimoniales, o ambos, pese a que la sentencia aportada no dijo nada frente a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, se torna imprescindible que el solicitante precise si persigue \u00fanicamente la homologaci\u00f3n del fallo en punto a los efectos personales que puede generar sobre el matrimonio, o si tambi\u00e9n pretende que con la homologaci\u00f3n se tomen determinaciones sobre bienes inmuebles en Colombia, pues esto \u00faltimo podr\u00eda contravenir lo se\u00f1alado en el numeral 4\u00b0 del art 607 del C.G.P., haciendo improcedente el reconocimiento. <\/p>\n
3.5. Si bien el fallo for\u00e1neo deja constancia de la declaraci\u00f3n en rebeld\u00eda de Maricel Andrea Jaramillo Zapata, no se aportaron los medios suasorios que permitieran verificar que si se intent\u00f3 su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3.6. No se formul\u00f3 una pretensi\u00f3n encaminada a inscribir en los registros civiles correspondientes la sentencia que emanara de esta solicitud de exequatur y no se aport\u00f3 el registro civil de matrimonio colombiano. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a Alba Nelly Parra Lotero, profesional del derecho inscrito en el Registro Nacional de Abogados, como mandataria de \u00c1ngel Alberto M\u00e9ndez Valderrama en el sub lite, con las facultades conferidas en el acto de apoderamiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, resuelve: <\/p>\n
Primero. Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por \u00c1ngel Alberto M\u00e9ndez Valderrama para obtener la homologaci\u00f3n de la sentencia se\u00f1alada en el encabezado de este auto. <\/p>\n
Segundo. Reconocer personer\u00eda a la abogada Alba Nelly Parra Lotero como apoderada judicial del solicitante. <\/p>\n
Tercero. Como el expediente es digital, no es necesario devolver los anexos. <\/p>\n
Cuarto. En su oportunidad, arch\u00edvense las diligencias por Secretar\u00eda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jur\u00eddico Elemental, Ed. Heliasta S.R.L., 1993. <\/p>\n