AC1991-2023 (2023-02569-00)<\/p>\n
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AC1991-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02569-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre las Comisar\u00edas de Familia de San Antonio de Tequendama y S\u00e9ptima de Familia de Bosa III. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Sandra Pi\u00f1eros Vargas denunci\u00f3 ante la Comisar\u00eda de Familia de Tena a su pareja V\u00edctor Alfonso G\u00f3mez Plata, por hechos de violencia intrafamiliar acaecidos en dicho territorio y donde la peticionaria estaba domiciliada. Dicha autoridad dict\u00f3 medidas de protecci\u00f3n definitivas a favor de la solicitante el 12 de agosto de 2021, conforme lo previsto en la Ley 294 de 1996. <\/p>\n
2.- Ante nuevos hechos de violencia la afectada acudi\u00f3 a la Comisar\u00eda de San Antonio de Tequendama, ya que hab\u00eda traslado su residencia a ese municipio, obteniendo que se iniciara incidente de incumplimiento que fue dirimido el 16 de marzo de 2022 por decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Mesa el 7 de abril siguiente. <\/p>\n
Con posterioridad, la Comisar\u00eda remiti\u00f3 las diligencias a su hom\u00f3loga de la localidad de Bosa, en el Distrito Capital. Adujo para ello que la accionante hab\u00eda trasladado su \u00abdomicilio y residencia\u00bb a la \u00abCalle 74 A Sur No. 92-21 del Barrio Bosa-Recreo de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb y, conforme al par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 20 de la Ley 2126 de 2021, \u00abcuando la petici\u00f3n se realice en una comisar\u00eda de familia ubicada en una jurisdicci\u00f3n distinta donde se encuentre el domicilio de la v\u00edctima, la comisar\u00eda de familia que tenga conocimiento deber\u00e1 adoptar las medidas de protecci\u00f3n provisionales a que haya lugar, luego se trasladar\u00e1 a la autoridad que por competencia deba seguir conociendo el asunto\u00bb. <\/p>\n
3.- Recibidas las diligencias por la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia de Bosa III, se rehus\u00f3 a asumirlo porque al tenor del art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996, la autoridad competente para conocerlo es la Comisar\u00eda de Tena por haber emitido las medidas de protecci\u00f3n, lo que pas\u00f3 por alto el remitente. A continuaci\u00f3n, dispuso el env\u00edo a la Corporaci\u00f3n para que esclarezca la disparidad de criterios. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Corte est\u00e1 habilitada para dirimir la presente colisi\u00f3n de acuerdo con el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto est\u00e1n involucradas autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales y pertenecen a distinto distrito judicial. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, a voces del numeral 16 del art\u00edculo 21 \u00eddem, corresponde a los Jueces de Familia conocer de \u00ablos conflictos de competencia en asuntos de [esa especialidad] que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de polic\u00eda\u00bb, pero esta circunstancia presupone que el juzgador sea superior funcional com\u00fan de los servidores involucrados en la colisi\u00f3n, pues de lo contrario le ata\u00f1e dirimirla al respectivo Tribunal Superior, cuando aqu\u00e9llos est\u00e9n adscritos a distintos Circuitos pero al mismo Distrito Judicial, o a la Corte Suprema de Justicia, cuando pertenezcan a diferentes distritos, conforme a las reglas generales que imperan en esta materia. <\/p>\n
En efecto, el tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar en cuesti\u00f3n es de naturaleza judicial si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n final es susceptible de control ante el Juez de Familia, seg\u00fan el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el 12 de la Ley 575 de 2000. La misma disposici\u00f3n remite al Decreto 2591 de 1991 en punto a las normas procedimentales en caso de incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n impuestas, siempre que \u00absu naturaleza lo permita\u00bb. As\u00ed lo ha reconocido la Sala en CSJ AC1375-2020, AC1664-2021 y AC4433-2022, entre otros. <\/p>\n
Lo anterior armoniza con el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que menciona los organismos encargados de administrar justicia y a\u00f1ade que excepcionalmente la \u00abley podr\u00e1 atribuir funci\u00f3n jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas\u00bb, lo que reforz\u00f3 la Ley 270 de 1996 al contemplar en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 13 que \u00ab[e]jercen funci\u00f3n jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: (\u2026) 2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia se\u00f1ala en el numeral 4\u00b0 que es funci\u00f3n de los Comisarios de familia \u00abtomar las medidas de protecci\u00f3n en casos de violencia intrafamiliar\u00bb. Sobre el particular en CSJ AC889-2019 se memor\u00f3 lo expuesto en CSJ AC 5 jul. 2013, rad. 2012-02433-00, en el sentido de que si bien: <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 83 de la ley 1098 de 2006 se\u00f1ala que las Comisar\u00edas de Familia \u201c[s]on entidades distritales o municipales o intermunicipales de car\u00e1cter administrativo e interdisciplinario\u201d, ese mismo fundamento normativo conduce a concluir que, en cuanto hace al tr\u00e1mite de las acciones o medidas de protecci\u00f3n, las Comisar\u00edas de Familia son autoridades administrativas que tambi\u00e9n desempe\u00f1an funciones judiciales, precisamente de aquellas que el ordenamiento jur\u00eddico le ha asignado a la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria. <\/p>\n
2.- En un procedimiento de violencia intrafamiliar, reglado en la Ley 294 de 1996, se distinguen dos fases: La primera corresponde a la etapa de conocimiento donde, previa audiencia de la persona denunciada y pr\u00e1ctica de pruebas, se decide si hay lugar o no a imponer medidas de protecci\u00f3n a favor de la v\u00edctima. La segunda es posterior y no siempre se da, pero puede suscitarse en caso de que la v\u00edctima denuncie nuevos hechos de violencia derivados del mismo conflicto o el incumplimiento de las medidas decretadas en la primera fase. Ambas, sin perjuicio de la competencia asignadas a los jueces de familia en dichas causas, est\u00e1n a cargo de la autoridad que la acogi\u00f3 en un comienzo. <\/p>\n
As\u00ed se desprende del art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el 10 de la Ley 575 de 2000, a cuyo tenor \u00ab[e]l funcionario que expidi\u00f3 la orden de protecci\u00f3n mantendr\u00e1 la competencia para la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n\u00bb. Sobre el particular, la Sala en CSJ AC764 de 2017, reiterado entre otros en AC4433-2022, indic\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el funcionario competente para conocer de las medidas de protecci\u00f3n para v\u00edctimas de violencia intrafamiliar, es el del lugar donde ocurrieron los hechos o del domicilio de la persona agredida. De igual forma, si el funcionario expide una de tales \u00f3rdenes, mantendr\u00e1 su competencia para su ejecuci\u00f3n y cumplimiento (se resalta). <\/p>\n
Ahora, la alteraci\u00f3n de las circunstancias que determinaron inicialmente la asignaci\u00f3n de la competencia no la var\u00edan con posterioridad, porque las normas especiales que regulan el procedimiento de violencia intrafamiliar no prev\u00e9n una regla en ese sentido. Por otra parte, las reglas generales ense\u00f1an que el juez de conocimiento es el de la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como que, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, asumida la competencia por una autoridad judicial no le es posible repudiarla por hechos sobrevinientes, como ser\u00eda el cambio de domicilio de las partes. <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, f\u00edjese que el citado art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, entre otros aspectos prev\u00e9 que \u00ab[e]n todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, la Sala, respecto del anotado principio de la perpetuatio jurisdictionis, que es aplicable a las actuaciones de violencia intrafamiliar por su car\u00e1cter jurisdiccional, en CSJ AC 26 ago. 2009, rad. 2009-00516-00, citado entre otras providencias en AC2806-2022, precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto (\u2026). Las circunstancias de hecho respecto de la cuant\u00eda del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia pr\u00e1cticamente para todo el curso del negocio. <\/p>\n
As\u00ed pues, en los procedimientos de violencia intrafamiliar en los que se haya decretado una medida de protecci\u00f3n, la atribuci\u00f3n para conocer de las actuaciones subsiguientes a que haya lugar est\u00e1 asignada a la autoridad que las expidi\u00f3, sin que las alteraciones de las circunstancias durante el tr\u00e1mite principal o las actuaciones consecuenciales posteriores tengan la virtualidad de alterarla. <\/p>\n
3.- En este evento la v\u00edctima de violencia ya goza de medidas de protecci\u00f3n definitivas, las cuales fueron conferidas por la Comisar\u00eda de Familia de Tena el 12 de agosto de 2021, por lo que, como lo advirti\u00f3 la \u00faltima Comisar\u00eda involucrada en el desacuerdo, es a dicha autoridad a quien le compete conocer el tr\u00e1mite posterior, con independencia de que la gestora se hubiese trasladado luego al municipio de San Antonio de Tequendama y por \u00faltimo a Bogot\u00e1. <\/p>\n
Por ende, estuvo desacertada la Comisar\u00eda de San Antonio de Tequendama al trasladar la controversia a Bogot\u00e1 al amparo del art\u00edculo 20 de la Ley 2126 de 2021, ya que dicho precepto establece reglas para asumir el inicio del procedimiento de violencia intrafamiliar y no para su ejecuci\u00f3n. Por eso, a rengl\u00f3n seguido de establecer que la Comisar\u00eda a donde acuda el interesado est\u00e1 facultada para expedir medidas de protecci\u00f3n provisionales, prev\u00e9 que \u00abluego se trasladar\u00e1 a la autoridad que por competencia deba seguir conociendo el asunto\u00bb. <\/p>\n
4.- De este modo las Comisar\u00edas involucradas en la colisi\u00f3n carecen de facultades para asumir el asunto, pero por econom\u00eda procesal se enviar\u00e1 a la Comisar\u00eda de Tena. Cabe se\u00f1alar que la necesidad de direccionar la actuaci\u00f3n a una dependencia ajena a las trabadas en el desacuerdo no solo obedece a la necesidad de ponerle fin, sino tambi\u00e9n al car\u00e1cter imperativo que ostentan las normas sobre competencia, como en reiteradas oportunidades lo ha recordado la Sala en casos de similares contornos (CSJ AC2731-2014, AC2411-2015, AC8607-2017, AC5405-2019, AC405-2020, y AC3595-2022, entre otros). <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que la Comisar\u00eda de Familia de Tena es la autoridad competente para tramitar las diligencias de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir virtualmente el expediente al designado y comunicar lo decidido a las otras dependencias inmersas en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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