AC2048-2023 (2023-02643-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2048-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02643-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Entrerr\u00edos y el Despacho Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, atinente al conocimiento del proceso de extinci\u00f3n de gravamen hipotecario promovido por Karen Viviana Betancur Arango contra Te\u00f3filo Monsalve. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda dirigida al \u00abJUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL ENTRERRIOS \u2013ANTIOQUIA-\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n que se decrete \u00abla cancelaci\u00f3n de la hipoteca\u00bb. Indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00abPor la cuant\u00eda y por la ubicaci\u00f3n del bien\u00bb1. <\/p>\n
2. Repartida la demanda, el Juzgado Promiscuo Municipal de Entrerr\u00edos \u2013con prove\u00eddo del 19 de abril de 2023- resolvi\u00f3 rechazarla por falta de competencia. Expuso que: <\/p>\n
En el asunto sub examine, la demanda se dirige en contra de TEOFILO MONSALVE, persona respecto de quien se desconoce el domicilio y residencia. En tal orden, de conformidad con lo establecido en la disposici\u00f3n antes referida, la competencia por el factor territorial, para el caso presente, debe ser determinada por el domicilio del demandante, pues no es dable establecer el domicilio o residencia del demandado. Vale decir que en el preciso asunto que nos ocupa, no resulta procedente aplicar la regla de competencia vinculada al lugar de ubicaci\u00f3n del bien, dado que no se trata del ejercicio de un derecho real.2 <\/p>\n
3. Allegadas las diligencias, el Despacho Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed \u2013con auto del 30 de junio de 2023- manifest\u00f3 que no le correspond\u00eda asumir este asunto y promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Sostuvo que: <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de la demanda presentada, se advierte que el domicilio de la parte demandante lo es el Municipio de Entrerr\u00edos, tal como lo manifiesta expresamente la propia demandante en el poder conferido a su apoderado. Y si bien en la demanda se indica una direcci\u00f3n del Municipio de Itag\u00fc\u00ed, para efectos de notificaci\u00f3n a la parte demandante, es de advertir que no es lo mismo el lugar de notificaci\u00f3n al lugar del domicilio; adem\u00e1s de que el lugar escogido por el demandante para presentar la demanda lo fue precisamente el Municipio de Entrerr\u00edos, domicilio de la demandante. As\u00ed pues, teniendo en cuenta que para el caso que nos ocupa se desconoce por la parte demandante el lugar de domicilio o residencia del demandado, es claro que se acoge a la norma dispuesta en el nu\u0301m. 1 del Art. 28 del C.G.P., en cuanto a determinarse la competencia por el lugar del domicilio o residencia del demandante, eleccio\u0301n que debi\u00f3 respetar el funcionario que primero conoci\u00f3 el asunto, de conformidad con la norma antes citada. En consecuencia, en el presente asunto, para efectos de definir la competencia, se acoge a lo dispuesto en el nu\u0301m. 1 del Art, 28 del C.G.P., en cuanto a que la misma se radica en el domicilio de la parte demandante en el Municipio de Entrerr\u00edos, motivo suficiente para colegir que este Juzgado no es competente para conocer del presente asunto. Adem\u00e1s, no es dable al Juez de inicial conocimiento realizar apreciaciones distintas a la voluntad del actor, como quiera que la norma en cita contempla dicha circunstancia.3 <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Antioquia y Medell\u00edn-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. De las pautas de competencia territorial consagradas por el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral 1\u00ba constituye la regla general. Esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u00bb. Empero, trat\u00e1ndose de asuntos suscitados, entre otros, que tengan origen en un \u00abnegocio jur\u00eddico\u00bb, conforme al numeral 3\u00ba del precepto en comento, tambi\u00e9n es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento \u00abde cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, es del caso resaltar que el numeral 7\u00ba de la normativa procesal ya mencionada no es aplicable para el asunto de marras, pues si bien la demanda guarda relaci\u00f3n con un gravamen hipotecario, aqu\u00ed no es factible asumir que se est\u00e9 \u00abejerciendo\u00bb ese derecho real accesorio. Esto, en la medida en que las pretensiones formuladas est\u00e1n orientadas justamente a la cancelaci\u00f3n de la hipoteca. Sobre este punto, la Corte ha mantenido su postura al afirmar que la \u00abcancelaci\u00f3n\u00bb de una garant\u00eda real no supone el ejercicio de un derecho real, porque su legitimaci\u00f3n estar\u00eda en cabeza -en este caso, por ejemplo, del acreedor con garant\u00eda real-. En palabras de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
La pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n de un gravamen hipotecario no puede ser entendida como el ejercicio de un derecho real que haga viable la aplicaci\u00f3n del criterio previsto en el citado numeral 9\u00ba del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento civil, b\u00e1sicamente por dos razones: primero, porque quien ejercita un derecho real es el titular del mismo, que para el presente asunto s\u00f3lo podr\u00eda serlo el acreedor hipotecario; y segundo, porque la pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n del gravamen no es en s\u00ed el ejercicio de las prerrogativas que tal derecho real confiere, sino, por el contrario, el derecho de quien particularmente lo soporta -el propietario-, para que el juez formalice la extinci\u00f3n de la citada garant\u00eda inmobiliaria. (CSJ AC 20 de junio de 2013, rad. 2013-00131-00; reiterado, entre otros, en AC4469-2021, 28 de septiembre de 2021, rad. 2021-01342-00). <\/p>\n
Sin embargo, dicha pauta no resulta aplicable en este caso, comoquiera que, de acuerdo con las pretensiones incoadas en el libelo inicial y los hechos que las sustentas, el demandante propiamente no est\u00e1 ejerciendo un derecho real, como lo ser el de prenda, en la medida que no es la persona natural o jur\u00eddica en favor de quien se constituy\u00f3, y quien por antonomasia tiene la facultad para hacerla valer en juicio; de ah\u00ed que, lo que pretende, es la cancelaci\u00f3n de la prenda constituida sobre un veh\u00edculo de su propiedad y en favor de la parte demandada, previa declaratoria de la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n crediticia que garantiza aquella. (CSJ AC4997-2019, 21 de noviembre, rad. 2019-03742-00). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta lo esgrimido en precedencia, fuerza concluir que la competencia para tramitar el juicio promovido ha de establecerse \u00fanicamente con fundamento en los fueros territoriales previstos en los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del ya citado art\u00edculo 28 del estatuto procesal. De este modo, se advierte que el escrito genitor fue presentado ante los jueces con asiento en Entrerr\u00edos -en raz\u00f3n a la ubicaci\u00f3n del bien inmueble-. No obstante, como ya se explic\u00f3 esa no era una de las opciones que ten\u00eda la demandante para asignar la competencia. <\/p>\n
4.1. En segundo lugar, se destaca que la parte actora manifest\u00f3 -bajo gravedad de juramento- no tener informaci\u00f3n del domicilio o lugar de notificaciones del demandado. Asimismo, tampoco se alleg\u00f3 el contrato de mutuo que estaba garantizando la hipoteca que ahora se pretende cancelar. <\/p>\n
4.2. Por lo anterior, en el caso particular, se determinar\u00e1 la competencia por el domicilio de la demandante \u2013Entrerr\u00edos, seg\u00fan se consign\u00f3 en el poder otorgado4-. Lo anterior, de conformidad con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. que establece que cuando el demandado \u00abtampoco tenga residencia en el pa\u00eds o esta se desconozca, ser\u00e1 competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante\u00bb. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Promiscuo Municipal de Entrerr\u00edos. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar esta decisi\u00f3n al Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
TERCERO: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. Librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c01Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c06RECHAZA DEMANDA POR FALTA DE COMPETENCIA.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c11 2023-00635 CONFLICTO COMP.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c05Poder.pdf\u201d. <\/p>\n
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