AC2122-2023 (2023-02111-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2122-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02111-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de San Juan del Cesar y Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para conocer del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de gasoducto y tr\u00e1nsito promovida por Transportadora de Gas Internacional \u00abT.G.I. S.A. E.S.P.\u00bb contra el municipio de Barrancas, La Guajira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora instaur\u00f3 demanda de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre el predio denominado \u00abEl Ceibote\u00bb ubicado en la vereda \u00abPozo Hondo\u00bb del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 210-8269 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Riohacha. <\/p>\n
En el libelo la demandante invoc\u00f3, en principio, que el juzgado de Barrantes era el competente por corresponder con el lugar donde se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de la servidumbre deprecada. Por motivo de la cuant\u00eda, ese despacho rechaz\u00f3 la demanda y la envi\u00f3 a los juzgados de San Juan del Cesar (Circuito judicial al que pertenece el municipio de Barrancas). <\/p>\n
2. El primer juzgado cognoscente, que fue el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, admiti\u00f3 el libelo, orden\u00f3 inscribir la demanda y llev\u00f3 a cabo la inspecci\u00f3n del inmueble objeto de servidumbre. Luego, ante la adopci\u00f3n del acuerdo PCSJA20-11686, el expediente se traslad\u00f3 al estrado judicial que se menciona en el encabezado, el cual se desprendi\u00f3 de la competencia para seguir con el asunto a su cargo. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, ante la presencia de una entidad de derecho p\u00fablico, como es Transportadora de Gas Internacional \u00abT.G.I. S.A. E.S.P.\u00bb, debe aplicarse el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que no era posible consentir el error cometido por el primer juzgado que conoci\u00f3 del proceso y, por ende, determin\u00f3 que el asunto correspond\u00eda al juez del domicilio de la entidad, es decir, el de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3. El juzgado destinatario del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa. Se\u00f1al\u00f3 que en extremo procesal demandado se encuentra tambi\u00e9n una entidad p\u00fablica, por lo cual era aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, que hace competente al juez de su domicilio. Adem\u00e1s, reconoci\u00f3 que, si bien el juzgado de San Juan del Cesar fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el auto de unificaci\u00f3n AC140 de 2020, no pod\u00eda desprenderse del conocimiento del asunto, por la raz\u00f3n de la calidad de la parte demandada, m\u00e1xime si ya se encontraba ad portas de emitir sentencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
A su vez, el numeral 10\u00ba dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de car\u00e1cter privativo, el canon 29 del C.G.P. dispone: \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde est\u00e9 ubicado el bien, pero en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 para el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala desde el precedente (AC140-2020), que guarda simetr\u00eda con el sub examine, habida cuenta que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular, res\u00e1ltese que el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb1, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
Criterio en sentido contrario desconocer\u00eda el mencionado mandato legal (art\u00edculo 29), toda vez que dar\u00eda prevalencia al fuero real sobre el subjetivo que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u00bb; por lo que una interpretaci\u00f3n en sentido adverso asimismo dejar\u00eda de lado como el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales: el art\u00edculo 28 de esta obra (numeral 10\u00b0) que corresponde al precepto 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (numerales 17\u00b0 y 18\u00b0), entre otros eventos. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de los cap\u00edtulos que regulan otros factores de competencia. Pero esto no significa que dicho factor sea inexistente, o haga las veces de subfactor de competencia. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u2018Con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente2, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u2018la intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u2018fuero especial\u2019. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2019. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de cap\u00edtulos que regulan distintos factores de competencia3, como son el territorial (Num. 10\u00ba, Art. 28 C.G.P.) y el funcional (Num. 6\u00ba, Art. 30, C.G.P.4), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, su identidad y las caracter\u00edsticas que le son inherentes5. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente6\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
3. Lo dicho traduce que corresponder\u00eda el conocimiento del asunto tanto a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, localidad donde tiene su domicilio la entidad demandante, as\u00ed como al Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de San Juan del Cesar, por ser el del domicilio del municipio convocado (que se reitera, pertenece a ese circuito judicial), en tanto a las dos personas jur\u00eddicas involucradas les resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir se ajustan al fuero concurrente aplicable y privativo, de acuerdo con la comentada armonizaci\u00f3n de las reglas de competencia para cuando est\u00e9 vinculada una persona jur\u00eddica de dicha connotaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto Transportadora de Gas Internacional \u00abTGI S.A. E.S.P.\u00bb es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1992; con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, aunque ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil de car\u00e1cter sui generis; de donde la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1 acorde con los estatutos de la sociedad demandante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 17 de la ley 142 de 1994 indica que \u00ab[l]as empresas de servicios p\u00fablicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos de que trata esta Ley\u00bb; al paso que el art\u00edculo 1\u00b0 de los estatutos sociales de \u00abTGI S.A. E.S.P.\u00bb, establece su naturaleza jur\u00eddica: <\/p>\n
La Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como una sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La Sociedad tiene autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, y ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil. (Resaltado impropio). <\/p>\n
A su vez, el demandado, municipio de Barrancas, es una entidad territorial, de donde la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica tambi\u00e9n en el juez del lugar de su domicilio (perteneciente al circuito judicial de San Juan del Cesar). <\/p>\n
En efecto, para que se apliquen los par\u00e1metros de competencia de forma exclusiva, se debe tener certeza sobre la condici\u00f3n del ente convocado, es decir, que se trate de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, de lo contrario, se acudir\u00e1 al fuero general. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son: \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb. <\/p>\n
Sobre la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28, C\u00f3digo General del Proceso la Sala ha manifestado lo siguiente: <\/p>\n
El ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber a qui\u00e9n corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general se\u00f1ala que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es as\u00ed como el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad, p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como en eventos a los cuales se ci\u00f1e el precepto reci\u00e9n citado el legislador previ\u00f3 una competencia privativa, cuando quiera que en un determinado asunto contencioso sea parte, demandante o demandada, una persona jur\u00eddica de la se\u00f1alada estirpe, el funcionario llamado a aprehenderlo ser\u00e1 \u00fanicamente el del domicilio de esa entidad. <\/p>\n
Conocer en forma privativa significa que solo es competente el juez del domicilio de la entidad territorial o descentralizada por servicios o de la entidad p\u00fablica implicada (Resalt\u00f3 la Corte, AC2909, 10 may. de 2017, rad. n.\u00b0 2017-00989-00). <\/p>\n
4. Desde esta \u00f3ptica, ante la concurrencia de entidades p\u00fablicas como demandante y demandada, la atribuci\u00f3n de la competencia por el factor subjetivo se encuentra radicada indistintamente en el domicilio de cualquiera de ellas, toda vez que no se presenta ninguna tensi\u00f3n en ese fuero ante la concurrencia de entidades p\u00fablicas dentro del mismo proceso, tal como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n en pronunciamientos recientes AC 3317-2022, AC 3314-2022 y AC2935-2022, entre otros, manteniendo inc\u00f3lume la asignaci\u00f3n de la competencia en la ciudad en que se present\u00f3 la demanda inicial, siempre que corresponda al domicilio de alguna de las mencionadas personas jur\u00eddicas. Por lo tanto, es de concluir que, como fue anunciado, debe continuar con el conocimiento del proceso el Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de San Juan del Cesar, ciudad en la cual se localiza el domicilio de la entidad territorial demandada. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al despacho de San Juan del Cesar, por ser competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de San Juan del Cesar, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
3\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
6\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147. <\/p>\n
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