AC889-2023 (2015-00256-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC889-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05034-31-12-001-2015-00256-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda que present\u00f3 la convocada, Luz Marina Rom\u00e1n de Cort\u00e9s, a fin de sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso contra el fallo de 17 de agosto de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la causa que promovi\u00f3 Rodrigo Antonio Cort\u00e9s Tejada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
El demandante pidi\u00f3 declarar la simulaci\u00f3n relativa del contrato de compraventa instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 245, otorgada el 7 de septiembre de 2006, por cuanto esa convenci\u00f3n aparente encubre una donaci\u00f3n \u2013no insinuada\u2013 efectuada por el padre del demandante, Bernardo Cort\u00e9s Zuleta, en favor de su c\u00f3nyuge, la demandada Luz Marina Rom\u00e1n de Cort\u00e9s, con el objeto de transferirle el derecho real de dominio de un inmueble rural ubicado en el municipio de Bol\u00edvar (Antioquia). <\/p>\n
Consecuencialmente, pidi\u00f3 deshacer los efectos de la transacci\u00f3n espuria, restituyendo a la sucesi\u00f3n de su difunto progenitor tanto la heredad rese\u00f1ada, como los frutos civiles que esta hubiera podido producir, con mediana inteligencia y cuidado, a partir del 27 de abril de 2010. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. Varios a\u00f1os m\u00e1s tarde \u2013el 23 de febrero de 1980\u2013, el se\u00f1or Cort\u00e9s Zuleta contrajo nupcias con la demandada Luz Marina Rom\u00e1n de Cort\u00e9s. Aunque los esposos disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal de mutuo acuerdo (escritura p\u00fablica n.\u00ba 634 de 31 de julio de 1992), mantuvieron intacta su relaci\u00f3n marital. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 7 de septiembre de 2006 se celebr\u00f3 la convenci\u00f3n censurada en la demanda, mediante la cual el se\u00f1or Cort\u00e9s Zuleta transfiri\u00f3 a su esposa \u00abel \u00fanico predio que constitu\u00eda en ese momento su patrimonio\u00bb, buscando \u00abevitar reclamaciones del derecho hereditario del demandante, ya que los esposos Cort\u00e9s Rom\u00e1n se encontraban con separados bienes y por lo tanto el demandante e hijo de Bernardo Cort\u00e9s Zuleta no pod\u00eda hacer ning\u00fan tipo de reclamaci\u00f3n de su derecho hereditario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La querellada compareci\u00f3 oportunamente al proceso y formul\u00f3 las excepciones denominadas \u00abinexistencia de los hechos f\u00e1cticos de la demanda\u00bb; \u00abinexistencia de una simulaci\u00f3n o un fraude pauliano o un fraude a terceros\u00bb; \u00abexistencia de un negocio leg\u00edtimo\u00bb; \u00abpago de lo no debido\u00bb y \u00ab[las] generales de ley (sic)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El curador ad-litem de los herederos indeterminados del vendedor invoc\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n de las pretensiones principales y subsidiarias (sic)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En fallo dictado en audiencia de 9 de noviembre de 2018, el Juzgado Civil del Circuito de Andes desestim\u00f3 el petitum, tras considerar que las pruebas recaudadas no permiten colegir la existencia de un acuerdo simulatorio, que desvirt\u00fae de forma fehaciente la presunci\u00f3n de seriedad del negocio jur\u00eddico atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El convocante interpuso oportunamente el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Mediante providencia de 17 de agosto de 2022, el tribunal revoc\u00f3 lo decidido por el funcionario a quo. En su lugar, declar\u00f3 que la compraventa es simulada relativamente, por cuanto encubre una donaci\u00f3n no insinuada, \u00abque como tal es nula en el 69.417% y subsiste en un 30,583%, montos en los que quedar\u00e1 radicada la propiedad en cabeza del causante y de Luz Marina Rom\u00e1n de Cort\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
En sustento de esa resoluci\u00f3n, la colegiatura de segundo grado expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Las pruebas recaudadas revelan \u00abuna pluralidad de indicios que guardan similitudes y semejanzas con los que com\u00fanmente la jurisprudencia civil ha identificado en casos de esta \u00edndole\u00bb, siendo pertinente verificar si \u00abindividual y colectivamente permiten determinar que el contrato atacado materializ\u00f3 el concierto simulatorio denunciado entre Bernardo y Luz Marina; y en caso afirmativo, si esa conclusi\u00f3n se mantiene no obstante la existencia de contraindicios que apuntan a la realidad del acuerdo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En el asunto sub ex\u00e1mine no se discute que el actor naci\u00f3 el 2 de agosto de 1957, pero solo fue inscrito como hijo del causante 35 a\u00f1os despu\u00e9s, con ocasi\u00f3n de un fallo judicial de filiaci\u00f3n, \u00abtal como inform\u00f3 el propio promotor al absolver interrogatorio y lo ratific\u00f3 el testigo Efar de Jes\u00fas Cort\u00e9s Ochoa, quien dijo haberlo instado para ese fin\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Los documentos recaudados tambi\u00e9n permiten inferir, con certeza, que el fallecido se\u00f1or Cort\u00e9s Zuleta adquiri\u00f3 el predio en cuesti\u00f3n siendo soltero, y que \u00aba la edad de 50 a\u00f1os\u00bb contrajo nupcias con la demandada, conformando una sociedad conyugal que se liquid\u00f3 el 3 de julio de 1992. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. En el certificado de tradici\u00f3n del predio \u201cEstambul\u201d, consta que \u00abel 31 de julio de 1992 Bernardo constituy\u00f3 un fideicomiso civil a favor de Luz Marina, que esta cancel\u00f3 por escritura 036 de 22 de febrero de 1999, inscrita el 9 de marzo siguiente, fecha en la cual tambi\u00e9n se anot\u00f3 la escritura No. 012 de 23 de enero de ese a\u00f1o que ampli\u00f3 la hipoteca de 1985, grav\u00e1menes que dieron pie para que el a\u00f1o siguiente el acreedor real embargara, medida que se mantuvo hasta 2004. Ya el 13 de junio de 2005, se registra la escritura p\u00fablica No. 103, mediante la que 2 d\u00edas antes vendi\u00f3 el predio a Danilo Rom\u00e1n M\u00e1rquez, hermano de Luz Marina, por $40.000.000, acto que fue objeto de resciliaci\u00f3n por escritura No. 67 de 25 de marzo de 2006. Finalmente, el 7 de septiembre de ese mismo a\u00f1o (…), Bernardo, quien entonces contaba con 86 a\u00f1os, dijo vender la heredad a su esposa Luz Marina de 52 a\u00f1os, por un valor de $41.593.000, ciento seis pesos por encima del aval\u00fao catastral aportado para ese efecto ($41.592.894)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Por solicitud del actor, se recaudaron los testimonios de Efar de Jes\u00fas Cort\u00e9s Ochoa, Ligia Margarita Cort\u00e9s Ochoa, Jhon de Jes\u00fas Zuleta Gallego y Luz Enelia Cort\u00e9s Ochoa; y a instancias de la demandada, los de Jaime Humberto Pulgar\u00edn Acevedo, Luis Jos\u00e9 Molina Ortega, Carlos Germ\u00e1n Palacio S\u00e1nchez, Guillermo de Jes\u00fas Rojas Rojas, Luis Hern\u00e1n D\u00edaz Agudelo y \u00d3scar Dar\u00edo Ruiz Vel\u00e1squez. En esas intervenciones parece subyacer \u00abla posible afinidad de cada grupo de declarantes con una y otra causa, determinada predominantemente en el primer caso por su parentesco y en el segundo por la amistad, vecindad y\/o dependencia (…), impidiendo llegar al extremo de predicar alg\u00fan \u00e1nimo falsario que conduzca a descartarlos a priori, [pero que] hace necesario ponderarlos en concreto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. El primer grupo de versiones explica la percepci\u00f3n de que el fallecido \u00abera una persona econ\u00f3micamente acomodada, quien ya ten\u00eda bienes adquiridos antes del matrimonio, los cuales le permitieron comprar tambi\u00e9n, antes del v\u00ednculo marital, la finca Estambul u Oasis en el paraje Las Mercedes del municipio de Betania, que a la postre se convertir\u00eda en la residencia permanente de Luz Marina y Bernardo, hasta el fin de los d\u00edas de este \u00faltimo\u00bb. Adem\u00e1s, para ese conjunto de testigos, \u00abpese a la declaraci\u00f3n forzada de paternidad, Bernardo manten\u00eda cierta relaci\u00f3n filial con Rodrigo, aunque distante y con contadas o m\u00ednimas ayudas de tipo econ\u00f3mico. Igualmente se\u00f1alan su desconocimiento de que Luz Marina tuviera bienes e ingresos propios que le brindaran la solvencia para la adquisici\u00f3n. En todo caso, no informan las particularidades del negocio debatido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Para los otros deponentes, \u00abvecinos, asesores tributarios, funcionarios bancarios y de cooperativas y prestamistas\u00bb, era clara la dif\u00edcil situaci\u00f3n cafetera en la regi\u00f3n, as\u00ed como la existencia de deudas a nombre del causante y su \u00abimposibilidad\u00bb de administrar sus inmuebles durante el a\u00f1o 2006, lo que \u00abhabr\u00eda motivado la venta del predio Estambul; as\u00ed como de las actividades comerciales de Luz Marina, incluida la toma en mutuo de dinero para la compra, su asunci\u00f3n del mando sobre la finca \u201cEstambul\u201d y el pago de las obligaciones que ten\u00eda su esposo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. De la valoraci\u00f3n conjunta de los medios de prueba, se extrae \u00abun importante c\u00famulo de elementos indiciarios de la simulaci\u00f3n relativa de este \u00faltimo acto\u00bb. Como causa simulandi, aparece clara \u00abla finalidad de Bernardo de dejar sin bienes herenciales al hijo que no reconoci\u00f3 por voluntad propia sino en juicio contencioso y con quien los testigos tra\u00eddos por este dan cuenta que no existi\u00f3 v\u00ednculo afectivo fuerte, sin contar que los otros declarantes ni siquiera lo conocieron como tal. Todo ello sin llegar al extremo de admitir que Luz Marina no supo de la existencia de ese descendiente, tanto porque los primeros lo contradicen, como porque de otra manera resultan inexplicables los movimientos patrimoniales en que se vio involucrada entre 1992 y 2006 (\u2026)\u00bb. Por tanto, \u00abemerge el \u00e1nimo de Bernardo de favorecer con los mismos bienes a su esposa, con quien tuvo un s\u00f3lido v\u00ednculo marital, en tanto convivieron desde su matrimonio en 1980 hasta la muerte de aquel en 2010 (30 a\u00f1os)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. A ello se suma que, para la \u00e9poca en que se reconoci\u00f3 el v\u00ednculo filial entre el causante y el gestor, se adelant\u00f3 la separaci\u00f3n de bienes de la pareja \u2013que \u00abfavoreci\u00f3 econ\u00f3micamente a Luz Marina, quien qued\u00f3 con los tres inmuebles que se tiene noticia consigui\u00f3 la sociedad, pues, (\u2026) Estambul o el Oasis fue adquirido antes del matrimonio\u00bb\u2013, aunado a que se constituy\u00f3 un fideicomiso civil en favor de aquella, \u00ablo cual deja entrever que en \u00faltimas la finalidad fue disponer por cualquier camino de todo el patrimonio en beneficio de la esposa, lo cual, a falta de otra explicaci\u00f3n satisfactoria, solo pudo tener como causa el aludido proceso de filiaci\u00f3n. Si bien en 1999 se levant\u00f3 el fideicomiso, ello coincidi\u00f3 con la necesidad de ampliar la hipoteca a favor del Banco Cafetero\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Lo expuesto \u00abno solo arroja el m\u00f3vil de la simulaci\u00f3n, sino que denota que la pareja ten\u00eda el claro designio de realizar maniobras provistas con la intenci\u00f3n de traspasar todos los bienes de Bernardo Cort\u00e9s Zuleta y Luz Marina Rom\u00e1n de Cort\u00e9s, incluida la finca Estambul, a t\u00edtulo gratuito. Es decir, que esos comportamientos negociales de la pareja, en hitos importantes que coinciden con la declaraci\u00f3n judicial del hijo extramatrimonial de Bernardo y con un estado avanzado de su edad, son el claro reflejo de que entre los c\u00f3nyuges en menci\u00f3n hubo un acuerdo o concierto para simular\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Tambi\u00e9n es relevante considerar que, durante el a\u00f1o 1992, la demandada transfiri\u00f3 todos los predios de su propiedad a Carlos Enrique Rom\u00e1n M\u00e1rquez, recuper\u00e1ndolos siete a\u00f1os despu\u00e9s \u00abpor \u201cresoluci\u00f3n o rescisi\u00f3n del contrato\u201d\u00bb; el fallecido \u00abreplic\u00f3\u00bb este proceder entre 2005 y 2006, cuando enajen\u00f3 a Danilo Rom\u00e1n M\u00e1rquez el predio \u201cEstambul\u201d, para recibirlo de vuelta meses m\u00e1s tarde, por \u00abresciliaci\u00f3n del contrato\u00bb. Esos antecedentes \u00abresultan sospechosos, siendo que en el escenario de una aut\u00e9ntica negociaci\u00f3n reversiones semejantes son la excepci\u00f3n; empero en el marco de la familia Cort\u00e9s-M\u00e1rquez se presentaron en cuatro ocasiones, arrojando una gran sospecha sobre la conducta reiterada de realizar actos jur\u00eddicos de disposici\u00f3n poco serios, pero, en todo caso, con alguna raz\u00f3n oculta. Ah\u00ed aparece el indicio de antecedentes de conducta (habitus)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. Adem\u00e1s, \u00abno se sabe que Bernardo tuviera alg\u00fan otro bien inmueble, lo que de no ser as\u00ed f\u00e1cilmente hubiera podido acreditar la parte demandada, surgiendo el indicio (omnia bona) de que con la venta a Luz Marina dispuso de todo su patrimonio restante. Si bien no lo hizo estando en \u201clecho de muerte\u201d como reclama la juez a quo para reconocerlo como tal, s\u00ed cuando ten\u00eda 86 de a\u00f1os, superada con holgura la expectativa de vida, lo que se suyo es suficiente para configurar el elemento probatorio, indicio, de \u201cavanzada edad\u201d (tempus)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xiii. En relaci\u00f3n con el precio de la venta, \u00abaunque no se present\u00f3 un aval\u00fao que permitiera contrastar el fijado en la escritura de venta con el comercial, si se tuviera como fidedigno el consignado en la escritura p\u00fablica cuestionada habr\u00eda que convenir que corresponde al aval\u00fao catastral que el mismo instrumento revela para ese a\u00f1o, lo que indica que aquel fue bajo, sabida como es la diferencia que hist\u00f3ricamente han tenido uno y otro. Si la posici\u00f3n defensiva del extremo pasivo se finca en la necesidad econ\u00f3mica del vendedor por apremiantes deudas, que aceptara un precio que si bien no era irrisorio era notablemente inferior al comercial nuevamente arroja un indicio de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xiv. La oscuridad del negocio no queda clarificada con la versi\u00f3n de los testigos, ni con la declaraci\u00f3n de la propia demandada, \u00abni m\u00e1s ni menos que quien aparece como compradora, [que] tampoco dio una referencia precisa del precio y menos a\u00fan de su inversi\u00f3n, y no obstante sostener que para satisfacerlo asumi\u00f3 deudas, cuando menciona los arreglos que en 2007 hicieron Central de Inversiones, se refiere en plural a ella y a Bernardo. De los documentos que aporta para demostrar esos pagos ninguno acredita que ella los hubiese hecho; el pagar\u00e9 a nombre de Bernardo carece de los datos b\u00e1sicos y firma; el plano de pagos y la consulta del PRAN est\u00e1n a nombre del mismo; y en el mismo sentido los recibos de 3 consignaciones realizadas en 2007, 2008 y 2009 de relativo escaso valor y los \u201cpaz y salvos\u201d expedidos, posteriormente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xv. No puede pasarse por alto que \u00abla prueba de una actuaci\u00f3n que preferiblemente deber\u00eda constar documentalmente, la parte demandada la descarga en sus testigos, cuyas versiones sobre los pagos y que se puso al frente de la finca no arrojan certeza de la verosimilitud de la negociaci\u00f3n y mucho menos de la existencia de un precio como elemento esencial de la venta, pues en un escenario en el que el presunto vendedor ya hab\u00eda superado los 86 a\u00f1os y ella apenas los 52, simplemente se observa por la Sala como una actuaci\u00f3n condicionada por las circunstancias, m\u00e1xime que continuaban casados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
xvii. Si fuera cierto que durante el a\u00f1o 2006 \u2013cuando se celebr\u00f3 la compraventa censurada\u2013 \u00abhab\u00eda crisis cafetera y de orden p\u00fablico, que ten\u00edan postrados a los caficultores, no se explica c\u00f3mo mientras Bernardo estar\u00eda en una dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pese a que conformaban una pareja matrimonial, Luz Marina estaba boyante, al punto de poder comprar la finca y satisfacer las obligaciones de su esposo. Tampoco resulta clara la justificaci\u00f3n de las circunstancias o necesidades econ\u00f3micas de la pareja, puesto compartiendo comunidad de prop\u00f3sitos, actividades y espacio vital, el resultado para uno sea crisis y dificultades financieras, y para la otra, quien aprendi\u00f3 del primero, \u00e9xitos y suficiencia en la administraci\u00f3n de los recursos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xviii. Por lo anterior, \u00abam\u00e9n de revocarse la sentencia para declarar la simulaci\u00f3n relativa de los contratos instrumentados en las referidas escrituras p\u00fablicas, por contener realmente una donaci\u00f3n y no una compraventa, habr\u00e1 de declararse v\u00e1lida esa donaci\u00f3n solo hasta la suma de 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para la \u00e9poca en que se realizaron los referidos negocios jur\u00eddicos, y nula en lo que corresponda al exceso, si lo hubiere, ante la ausencia de la insinuaci\u00f3n exigida por el ordenamiento positivo\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La convocada formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al sustentarlo, formul\u00f3 seis cargos, al amparo de las causales primera, segunda y tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en el segundo motivo de casaci\u00f3n, la recurrente acus\u00f3 al fallo del ad quem de infringir de manera indirecta \u00ablos art\u00edculos que regulan el r\u00e9gimen general de la propiedad, art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil, y los que regulan el contrato de compraventa, a saber: art\u00edculos 1849 a 1954 del C\u00f3digo Civil, especialmente el art\u00edculo 1864, por falta de aplicaci\u00f3n y los que regulan el r\u00e9gimen de simulaci\u00f3n, art\u00edculo 1766, del mismo c\u00f3digo; del art\u00edculo 1443, estos por aplicaci\u00f3n indebida\u00bb. Lo anterior como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, que pueden sintetizarse as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
i. En lo que respecta a los testimonios de Efar de Jes\u00fas Cort\u00e9s Ochoa, Ligia Margarita Cort\u00e9s Ochoa, Jhon de Jes\u00fas Zuleta Gallego y Luz Enelia Cort\u00e9s Ochoa, el error del tribunal consisti\u00f3 en \u00abasignar una consecuencia a los testimonios mencionados que no se deriva de la lectura de sus declaraciones. Se est\u00e1 dando por la sentencia un alcance probatorio que no tienen [pues] no dan cuenta de las particularidades del negocio celebrado (…), toda vez que el Tribunal desconoci\u00f3 que dichas declaraciones no acreditan la ausencia del precio pagado por la compradora Luz Marina Rom\u00e1n; y as\u00ed mismo el Tribunal, le resta valor probatorio y cercena el testimonio de Efar de Jes\u00fas Cort\u00e9s, el cual s\u00ed da cuenta de la celebraci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En cuanto a los testigos cuya declaraci\u00f3n pidi\u00f3 la demandada (Jaime Humberto Pulgar\u00edn Acevedo, Luis Jos\u00e9 Molina Ortega, Carlos Germ\u00e1n Palacio S\u00e1nchez, Guillermo de Jes\u00fas Rojas Rojas, Luis Hern\u00e1n D\u00edaz Agudelo y Oscar Dar\u00edo Ruiz Vel\u00e1squez), el dislate se configur\u00f3 al \u00abrestarle valor probatorio (\u2026), [a pesar de que] dan cuenta de la existencia del contrato de compraventa celebrado mediante la Escritura P\u00fablica y del pago del precio por parte de la se\u00f1ora Luz Marina, toda vez que [se] desconoce la importancia de la prueba testimonial para acreditar la intenci\u00f3n de Bernardo y Luz Marina de celebrar una compraventa, la solvencia econ\u00f3mica de la se\u00f1ora Luz Marina para adquirir el Inmueble, y el pago del precio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Con relaci\u00f3n a los interrogatorios, \u00abse equivoca la sentencia acusada al desconocer que la Demandada pag\u00f3 efectivamente un precio por el Inmueble que adquiri\u00f3 mediante el contrato de compraventa atacado y que parte de dicho precio acordado consisti\u00f3 en que la Demandada asumiera responsabilidades financieras del vendedor, las cuales no ten\u00eda por qu\u00e9 solventar teniendo en cuenta la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal realizada previamente\u00bb. Adem\u00e1s, \u00absi el Tribunal hubiera apreciado en debida forma estas pruebas hubiera concluido que el material probatorio allegado al proceso no conduce de manera alguna para probar la simulaci\u00f3n relativa alegada por la supuesta falta de precio en el negocio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Es inadmisible que el tribunal \u00abno [tuviera] en cuenta el verdadero alcance probatorio de la Escritura p\u00fablica que acredita el pacto de un precio real y serio para la transferencia del Inmueble y que este fue pagado por la compradora a satisfacci\u00f3n del vendedor. El Tribunal se equivoca al considerar que el valor fijado en la Escritura P\u00fablica es un indicio de simulaci\u00f3n por ser inferior al valor comercial del Inmueble y lo anterior es un error manifiesto, porque, un precio inferior no significa ausencia de precio, por el contrario, un precio inferior es advertir que en realidad existe un precio, el cual el Tribunal juzga como menor al valor comercial del Inmueble sin tener en cuenta las particularidades del momento de la negociaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. A ello cabr\u00eda agregar que \u00abel se\u00f1or Bernardo Cort\u00e9s en su edad avanzada no contaba con los medios para solventar sus obligaciones econ\u00f3micas, las cuales, fueron canceladas con ocasi\u00f3n de la compraventa que este celebr\u00f3 con la se\u00f1ora Luz Marina Rom\u00e1n y lo anterior se acredita mediante la prueba documental se\u00f1alada, la cual refleja los movimientos financieros que derivaron en la obtenci\u00f3n del paz y salvo, siendo una clara consecuencia y prueba de la forma de pago pactada para la adquisici\u00f3n del Inmueble, la cual adem\u00e1s fue cumplida a cabalidad por la compradora\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. En consecuencia, \u00abni de los testimonios ni de la declaraci\u00f3n de parte se extraen los indicios necesarios para tener por probada la inexistencia del precio en la compraventa atacada (el Tribunal desbord\u00f3 los l\u00edmites de la prueba) y lo que bien se acredit\u00f3 mediante dichos medios de prueba, en conjunto con la documental, fue la solvencia econ\u00f3mica de la compradora para adquirir el Inmueble y la dif\u00edcil situaci\u00f3n financiera del vendedor (el Tribunal cercen\u00f3 el verdadero alcance de la prueba). Y de la prueba tambi\u00e9n dejada de apreciar se desprende claramente que efectivamente la compradora pag\u00f3 las obligaciones financieras del vendedor, quien carec\u00eda por su avanzada edad de recursos y de ingresos para haberlo hecho\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Al amparo de id\u00e9ntica causal, e invocando la misma normativa como transgredida, la recurrente sostuvo que el tribunal incurri\u00f3 en los siguientes yerros de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria: <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ii. Malinterpretar los interrogatorios de parte, comoquiera que \u00abel Tribunal toma como indicio en contra lo dicho por la se\u00f1ora Rom\u00e1n de Cort\u00e9s, cuando es clara la deponente al afirmar que la intenci\u00f3n siempre consisti\u00f3 en comprar el Inmueble y que, como parte del precio pagado, se deben tener en cuenta las deudas asumidas por la compradora. Adicional a esto, el Tribunal omite dar valor probatorio a las dem\u00e1s afirmaciones realizadas dentro del interrogatorio que dan cuenta del verdadero m\u00f3vil que deriv\u00f3 en la compraventa celebrada mediante la Escritura P\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Considerar que el \u00abvalor fijado en la Escritura P\u00fablica es un indicio de simulaci\u00f3n por ser inferior al valor comercial del bien y lo anterior es un error manifiesto, porque, el precio podr\u00e1 ser inferior al valor comercial del Inmueble, pero no por esto deja de ser un contrato de contraprestaci\u00f3n, del cual efectivamente el vendedor percibi\u00f3 una utilidad en un momento de crisis de la regi\u00f3n y del propio se\u00f1or Bernardo Cort\u00e9s (\u2026); al concluir que de estas pruebas se acredita un indicio de antecedentes de conducta, sobrepasando o desbordando el alcance de los medios de conocimiento [y] (\u2026) al no tener en cuenta su misma conclusi\u00f3n de cara a las pruebas estudiadas\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de las pautas sustanciales precitadas, ahora como consecuencia de un error de derecho, derivado de la pretermisi\u00f3n de los art\u00edculos 176 y 242 del C\u00f3digo General del Proceso. Sobre el particular, expuso la demandada: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El tribunal \u00abse aparta de [los] indicadores de apreciaci\u00f3n probatoria, alterando y omitiendo valorar la prueba a fin de acomodarla a la hip\u00f3tesis de que el negocio celebrado entre el se\u00f1or Bernardo Cort\u00e9s y la Demandada Luz Marina Rom\u00e1n fue un negocio simulado con el fin de defraudar al Demandante como heredero del se\u00f1or Bernardo Cort\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En el fallo de segundo grado se \u00abincurre en un error de derecho consistente en no apreciar el real car\u00e1cter probatorio de [los] testimonios en conjunto con los dem\u00e1s medios de prueba, y en su lugar restarle valor probatorio a pesar de ser un\u00e1nimes y coincidentes, y de su importancia de cara a acreditar la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa y la inexistencia de un \u00e1nimo de simulaci\u00f3n, toda vez que prueban que se constituyeron los elementos necesarios para la suscripci\u00f3n de la compraventa, y que exist\u00eda una causa real para su celebraci\u00f3n, la cual fue la situaci\u00f3n econ\u00f3mica desfavorable que ten\u00eda el se\u00f1or Bernardo Cort\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Se dej\u00f3 de lado el hecho de que \u00ablas declaraciones de los terceros citados por la parte Demandada son un\u00e1nimes y coincidentes en afirmar que el vendedor, se\u00f1or Bernardo Cort\u00e9s, ten\u00eda una situaci\u00f3n econ\u00f3mica desfavorable para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato de compraventa; [que] el se\u00f1or Bernardo ten\u00eda la intenci\u00f3n de vender el Inmueble, debido a que ten\u00eda demasiadas deudas y por su edad ya no pod\u00eda administrar adecuadamente la finca para producir el dinero que necesitaba para solventarse; [que] la se\u00f1ora Luz Marina le compr\u00f3 el Inmueble al se\u00f1or Bernardo y pactaron como forma de pago del precio que la compradora asumir\u00eda las deudas de Bernardo en las distintas entidades financieras; y ; [que] la Demandada cumpli\u00f3 con el pago del precio en tanto ha cancelado las deudas que figuraban a nombre del se\u00f1or Bernardo en diferentes entidades financieras\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. El ad quem, \u00abal momento de valorar cada uno de los testimonios, omite realizar una labor juiciosa de contraste con los dem\u00e1s medios de prueba, incurriendo en un error de derecho por desatender los requisitos dispuestos en el art\u00edculo 176 del C.G.P., en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n de la prueba. Lo anterior, desconociendo la regla de la sana cr\u00edtica y la m\u00e1xima de la experiencia seg\u00fan la cual: (i) los terceros a los negocios jur\u00eddicos no suelen participar de la celebraci\u00f3n de los mismos, y que la fuente m\u00e1s cercana sobre su celebraci\u00f3n son las afirmaciones de las partes que los celebraron, y (ii) que lo terceros no conocen las negociaciones a nivel de detalle como precios exactos, sino rasgos generales de los mismos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que ata\u00f1e a la declaraci\u00f3n de las partes, el tribunal no efectu\u00f3 \u00abuna labor juiciosa de contraste con los dem\u00e1s medios de prueba, incurriendo en un error de derecho por desatender los requisitos dispuestos en el art\u00edculo 176 del C.G.P., en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n de la prueba\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. La valoraci\u00f3n de las documentales no se realiz\u00f3 \u00aben conjunto con las declaraciones de los testigos: Guillermo Rojas, Luis Molina y Jaime Pulgar\u00edn, pues de estas pruebas apreciadas en conjunto se desprende que: el se\u00f1or Bernardo ten\u00eda una deuda por COP 134.418.190; que dicha obligaci\u00f3n hab\u00eda sido refinanciada en diferentes ocasiones; que los pagos de la deuda fueron realizados por la se\u00f1ora Luz Marina; y recibidos a satisfacci\u00f3n por el vendedor[, y) que la entidad financiera no sacaba los comprobantes, ni traslad\u00f3 la deuda a nombre de Luz Marina porque \u201cera una deuda muy antigua y no se pod\u00eda cambiar el titular\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. La colegiatura ad quem \u00abafirma la posibilidad de extraer un sinn\u00famero de indicios para arribar a una conclusi\u00f3n sobre el problema jur\u00eddico. No obstante, dichos indicios son infundados en tanto no tienen un soporte suficiente en los medios prueba practicados\u00bb, dado que: (a) \u00abel Tribunal indic\u00f3 claramente que los testigos de la parte Demandante no ten\u00edan conocimiento del negocio jur\u00eddico celebrado mediante la Escritura P\u00fablica y que, por otro lado, los testigos de la Demandada acreditaron las circunstancias en las que se efectu\u00f3 el contrato de compraventa\u00bb; (b) \u00abel Demandante, en el interrogatorio de parte, declar\u00f3 que tampoco ten\u00eda conocimiento de las particularidades del negocio de compraventa, toda vez que en dicha \u00e9poca trabajaba en un municipio distinto al de su padre. Mientras que la Demandada fue enf\u00e1tica en afirmar la naturaleza de compraventa del contrato y que como forma de pago se oblig\u00f3 a saldar las considerables deudas que ten\u00eda el vendedor en ese momento\u00bb; y (c) \u00ablas pruebas documentales acreditaron las obligaciones financieras a cargo del se\u00f1or Bernardo Cort\u00e9s y que estas fueron canceladas con ocasi\u00f3n de la compraventa celebrada con la Demandada sobre el Inmueble, en una \u00e9poca en la que el vendedor se encontraba en edad avanzada y con dificultades econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Finc\u00e1ndose en el primer motivo de casaci\u00f3n, la censora afirm\u00f3 que la providencia de segundo grado hab\u00eda infringido de manera directa \u00ablos art\u00edculos 1741, 1742 del C\u00f3digo Civil por aplicaci\u00f3n indebida como consecuencia de haber declarado de oficio una nulidad absoluta, en una hip\u00f3tesis que no corresponde al supuesto de hecho contemplado en la norma violada, lo cual conduce tambi\u00e9n a una violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 6 del C\u00f3digo Civil pues el Tribunal impuso una sanci\u00f3n sin observaci\u00f3n del principio de legalidad en materia sancionatoria en general y en materia de sanciones del negocio jur\u00eddico en particular. De contera, se incurre tambi\u00e9n en violaci\u00f3n manifiesta del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que regula la tutela judicial efectiva y el principio de la nulla poena sine lege\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior porque \u00abla sentencia acusada (…) considera que el juez tiene la potestad omn\u00edmoda de declarar la nulidad absoluta oficiosamente; potestad que no le confiere ninguna (…) norma. Por el contrario, el art\u00edculo 1742 limita en forma clara y precisa la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta a la concreta hip\u00f3tesis de que esta est\u00e9 consignada a bulto en el acto o contrato. El Tribunal en la sentencia acusada se revela contra esta disposici\u00f3n legal que le es imperativa, la moldea a su antojo, para concluir que su atribuci\u00f3n oficiosa no tiene l\u00edmites, que puede ejercerla en forma caprichosa y ante hip\u00f3tesis totalmente salidas del contexto legal\u00bb. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Tras acudir una vez m\u00e1s al segundo motivo de casaci\u00f3n, la recurrente adujo que el fallo de segundo grado quebrant\u00f3, por v\u00eda indirecta, los \u00abart\u00edculos 6, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida; as\u00ed como del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb; lo anterior, como consecuencia de asignar a las probanzas recaudadas una hermen\u00e9utica contraevidente. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que \u00abninguna de las pretensiones solicita la nulidad absoluta del acto jur\u00eddico pretendidamente simulado. Pide la simulaci\u00f3n relativa y como consecuencia que se revoque una escritura; petici\u00f3n absolutamente impropia, pues lo susceptible de revocarse, es el acto que la escritura contiene\u00bb, y, sin que se hubiese solicitado en el petitum, \u00abla sentencia acusada declara una nulidad absoluta parcial de un negocio jur\u00eddico en forma oficiosa\u00bb. <\/p>\n
Por ese motivo, \u00absi el sentenciador se decide por declarar de oficio la nulidad absoluta parcial de un acto jur\u00eddico de compraventa es por que encontr\u00f3 acreditado dentro del proceso, que en el respectivo \u201cacto o contrato\u201d aparece de manifiesto, el motivo que da lugar a la causal de nulidad, de los que relaciona el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil. Si ahora miramos con detenimiento la Escritura P\u00fablica que contine la negociaci\u00f3n de compraventa nos encontramos con que, en ninguna parte de su contenido, texto, cl\u00e1usulas, o siquiera anexos, se desprende de manifiesto el motivo o causal de nulidad que advierte la sentencia, como fundamento para declarar oficiosamente la nulidad absoluta\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
La se\u00f1ora Rom\u00e1n de Cort\u00e9s denunci\u00f3 que la providencia del ad quem es inconsonante, dado que est\u00e1 \u00aben total desarmon\u00eda con las pretensiones de la demanda, con los hechos y con las excepciones formuladas en el proceso\u00bb, lo cual es especialmente evidente si se tiene en cuenta que no existe ninguna pretensi\u00f3n relacionada con la nulidad absoluta del acto jur\u00eddico pretendidamente simulado. <\/p>\n
En punto de lo anterior advirti\u00f3 que, aunque el tribunal opt\u00f3 por decretar esa nulidad, \u00abno se fundament[\u00f3] en el acto o contrato que era lo \u00fanico que leg\u00edtimamente le permitir\u00eda separarse del principio de la consonancia de la sentencia con las pretensiones, hechos y excepciones del proceso. Si se observa con detenimiento, para llegar a su conclusi\u00f3n el Tribunal se tiene que fundamentar en circunstancias ajenas a dicho acto como es la prueba testimonial, interrogatorios y documental. Aparte de dictaminar si hace un raciocinio adecuado o no sobre la misma, la realidad es que para dicho an\u00e1lisis extrapola el acto o contrato. Las razones para decretar la nulidad absoluta por omisi\u00f3n de requisitos de formalidad al tenor del art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, las tiene que buscar por fuera del \u201cacto o contrato\u201d extralimitando la potestad que le confiere el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que la tesis del tribunal es contraevidente. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. En el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. An\u00e1lisis de las censuras. <\/p>\n
En l\u00edneas generales, los tres primeros cargos, fundados en la causal segunda de casaci\u00f3n, se enfilan contra el an\u00e1lisis de los indicios de simulaci\u00f3n llevado a cabo por el tribunal. Por su parte, las tres censuras siguientes, critican la decisi\u00f3n de declarar la nulidad absoluta \u2013por falta de insinuaci\u00f3n\u2013 del contrato de donaci\u00f3n que se consider\u00f3 encubierto tras el ropaje de una compraventa. <\/p>\n
Dado ese n\u00facleo com\u00fan, los alegatos de la se\u00f1ora Rom\u00e1n de Cort\u00e9s se conjuntar\u00e1n en dos grupos distintos, en los que se abordar\u00e1n sus deficiencias comunes. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cargos primero, segundo y tercero. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial presupone demostrar que las inferencias probatorias sobre las que se edific\u00f3 el fallo del tribunal son manifiestamente contrarias al contenido objetivo de la evidencia (error de hecho) o a las directrices jur\u00eddico-formales que regulan la actividad probatoria en el proceso (error de derecho). Esto impone al recurrente la carga de realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los raciocinios del fallo que se estiman desacertados, indicando con precisi\u00f3n las pifias en que incurri\u00f3 el ad quem y su relaci\u00f3n con la transgresi\u00f3n de la ley sustancial que se denuncia. <\/p>\n
En esta precisa materia, la Sala ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n
Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01). Dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los requerimientos formales de toda censura por la v\u00eda indirecta se tornan m\u00e1s exigentes cuando se trata de inferencias indiciarias, elaboradas por los jueces de instancia a partir de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. Como precis\u00f3 la Corte en fechas recientes, la deducci\u00f3n de hechos desconocidos a partir de otros conocidos \u2013y acreditados\u2013 es inexpugnable en sede de casaci\u00f3n, a menos que <\/p>\n
\u00ab(…) las deducciones se revelen contraevidentes, o que en el ejercicio de sopesar los indicios y articularlos se cometa un notorio desafuero. En palabras de esta Sala, \u201cla apreciaci\u00f3n de las cualidades de gravedad, precisi\u00f3n y conexi\u00f3n que deben tener los indicios los conf\u00eda a la ley y a la conciencia del juez, sin m\u00e1s restricci\u00f3n que la subordinaci\u00f3n de su criterio a las reglas generales de sana cr\u00edtica en materia de probanzas. Cuando se trata de evaluar y estimar la prueba indiciaria no puede la Corte hallar error de hecho sino en casos especiales en que su interpretaci\u00f3n repugne con la evidencia clara y manifiesta que arrojen los autos\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el evento en que el abanico indiciario permita lecturas diversas, prevalece la que adopte el Tribunal sobre la que edifica el censor en procura de satisfacer sus intereses. Al respecto, esta Corte ha pregonado que \u201csi el proceso mental realizado por el juzgador, \u00e9ste no resulta convicto de contraevidencia, ni en la contemplaci\u00f3n de los hechos constitutivos de los indicios, ni en la tarea dial\u00e9ctica de discriminar, sopesar y relacionar \u00e9stos, en raz\u00f3n de lo cual lleg\u00f3 a las conclusiones de hecho que cristaliza la prueba, entonces, aunque sobre el elenco indiciario se pueda ensayar por el cr\u00edtico interesado en un an\u00e1lisis diverso al verificado por el sentenciador, para sacar las consecuencias contrarias a las obtenidas por \u00e9ste, ti\u00e9nese que en esa contraposici\u00f3n de racionamientos forzosamente ha de prevalecer el del Tribunal, cuyas decisiones, como emanadas de quien es agente de la justicia, revestidas est\u00e1n de la presunci\u00f3n de acierto\u201d\u00bb (CSJ SC3771-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En la motivaci\u00f3n del fallo de segunda instancia, el tribunal relacion\u00f3, a espacio, varios hechos que estim\u00f3 indicativos de la mendacidad del pacto cuestionado. Am\u00e9n de la cercan\u00eda entre vendedor y compradora (esposos entre s\u00ed), resalt\u00f3 la avanzada edad del primero; la existencia de un motivo para simular (eludir los derechos herenciales del se\u00f1or Cort\u00e9s Tejada); y la ausencia de registros documentales del pago del precio. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se refiri\u00f3 el ad quem al habitus de la pareja de contratantes, quienes intentaron en el pasado diversas maniobras orientadas a ocultar sus propiedades de acreedores insatisfechos, o del propio actor, cuando reclam\u00f3 ser hijo biol\u00f3gico del occiso Cort\u00e9s Zuleta, todo lo cual \u00abdeja entrever que en \u00faltimas la finalidad fue disponer por cualquier camino de todo el patrimonio en beneficio de la esposa\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que los c\u00f3nyuges hac\u00edan parte del mismo sector del mercado \u2013aunque su sociedad conyugal estuviera liquidada\u2013, de modo que no parec\u00eda l\u00f3gico que el enajenante afrontara una \u00abcrisis cafetera\u00bb, mientras los negocios de la adquirente continuaban siendo boyantes. E indic\u00f3 que las afugias de dinero del se\u00f1or Cort\u00e9s Zuleta no armonizaban con la decisi\u00f3n de disponer de la \u00fanica propiedad productiva con la que contaba, a cambio de un monto id\u00e9ntico al del aval\u00fao catastral. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que exist\u00eda un grupo de declarantes que apoyaba la versi\u00f3n del demandante, y otro que respaldaba la tesis de la se\u00f1ora Rom\u00e1n de Cort\u00e9s; sin embargo, concluy\u00f3 que la informaci\u00f3n que pod\u00eda extraerse de este \u00faltimo subconjunto era imprecisa y ambivalente, por lo que no serv\u00eda para derruir el an\u00e1lisis desarrollado a partir de los indicios analizados \u2013esto es, que quienes dijeron vender y comprar, ten\u00edan en mente una transferencia de dominio a t\u00edtulo gratuito\u2013. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En vez de intentar desvirtuar, uno a uno, los razonamientos indiciarios que permitieron establecer la mendacidad del contrato de compraventa, la impugnante propuso un reexamen de ciertas evidencias, buscando extraer de ellas la demostraci\u00f3n del pago de un precio, hecho que reafirmar\u00eda la seriedad de la convenci\u00f3n censurada, y desmentir\u00eda las conclusiones del tribunal. <\/p>\n
No obstante, la teorizaci\u00f3n propuesta se muestra fragmentaria, y carece de entidad para refutar la hermen\u00e9utica de la evidencia por la que se decant\u00f3 el tribunal. Sobre lo primero, es claro que la se\u00f1ora Rom\u00e1n de Cort\u00e9s se esforz\u00f3 porque su cr\u00edtica gravitara solo alrededor de ciertas pruebas, favorables a su teor\u00eda del caso, dejando de lado muchas otras, precisamente aquellas sobre las que se edific\u00f3 el fallo estimatorio de las pretensiones. <\/p>\n
Nada dijo la casacionista acerca de la causa simulandi que pregon\u00f3 el tribunal, ni del hallazgo de un proceder habitual de la pareja Cort\u00e9s-Rom\u00e1n, consistente en enajenar y readquirir sus bienes en circunstancias sospechosas, mientras eran enjuiciados por acreedores, o por un descendiente no reconocido. Tampoco rebati\u00f3 las reflexiones en torno al convenientemente reducido precio de venta que aparece acordado, o a la incoherente situaci\u00f3n de los negocios de la pareja; mucho menos neg\u00f3 que las versiones relacionadas con los pagos que aleg\u00f3 haber hecho la aparente compradora fueran imprecisas, o que estuvieran por completo hu\u00e9rfanas de rastro documental. <\/p>\n
La propuesta de la se\u00f1ora Rom\u00e1n de Cort\u00e9s consisti\u00f3 en ignorar todos esos indicios, para concentrarse \u00fanicamente en la prueba del pago de un precio, en tanto circunstancia incompatible con un consentimiento oculto de donar. Pero no desarroll\u00f3 esa tesis a partir de pruebas incontestables, sino que se apoy\u00f3 en versiones de algunos testigos, la declaraci\u00f3n de parte de la propia compradora, y el contenido de la escritura p\u00fablica que se dijo simulada, probanzas cuyo valor de verdad hab\u00eda descartado el tribunal, justamente por la fuerza de los indicios que previamente se explicaron. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, al procesar todas las probanzas, el tribunal extrajo indicios graves, concordantes y convergentes de que la compraventa que ajustaron los esposos Cort\u00e9s-Rom\u00e1n era realmente una donaci\u00f3n; pero tambi\u00e9n hall\u00f3 la declaraci\u00f3n de algunos testigos \u2013y de la propia demandada\u2013 en las que se sostuvo que la pareja si convino un precio, y este fue pagado. No obstante, al encontrar que ese pago carece de rastro documental, y que las versiones sobre su monto y forma eran ambivalentes, termin\u00f3 d\u00e1ndole mayor peso a la prueba indiciaria. <\/p>\n
Expresado de otro modo, las pruebas recaudadas apuntan hacia lugares opuestos: unas sugieren que el negocio de compraventa encubr\u00eda una donaci\u00f3n, es decir, la existencia de un \u00e1nimo de transferencia a t\u00edtulo gratuito, mientras que otras aluden al pago de un precio, lo que descartar\u00eda el animus donandi. Y como la recurrente no cuestion\u00f3 esa situaci\u00f3n \u2013sino que pidi\u00f3 dar prevalencia al segundo grupo de pruebas\u2013, puede colegirse que el debate no versa sobre la irracionalidad de la postura del ad quem, sino sobre el acierto de su elecci\u00f3n de una interpretaci\u00f3n admisible del conjunto de las pruebas sobre otra. <\/p>\n
Sin embargo, cuando existen dos lecturas de la prueba que no son descabelladas o irracionales, la decisi\u00f3n de decantarse por una de ellas \u2013como aqu\u00ed sucedi\u00f3\u2013 no queda comprendida en el \u00e1mbito objetivo de la causal segunda de casaci\u00f3n. Ello equivale a decir que los tres primeros cargos carecen del vigor necesario para enfrentarse a la motivaci\u00f3n del fallo del tribunal, pues tal como lo ense\u00f1a el precedente, <\/p>\n
\u00ab(…) el juzgador no incurre en error de hecho al dar prevalencia y apoyar su decisi\u00f3n en un grupo de pruebas sobre otros. Y es que \u201ccuando se est\u00e1 frente a dos grupos de pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho al dar prevalencia y apoyar su decisi\u00f3n en uno de ellos con desestimaci\u00f3n del restante, pues en tal caso su decisi\u00f3n no estar\u00eda alejada de la realidad del proceso\u201d\u00bb (CSJ SC3332-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Recapitulando, los cuestionamientos primero a tercero deben ser inadmitidos, pues presentan importantes deficiencias formales. En ellos se hace un an\u00e1lisis parcial de la evidencia, y no representan un ataque directo a la labor de valoraci\u00f3n del tribunal, sino apenas una exposici\u00f3n orientada a plantear otro posible curso de los hechos, perdiendo con ello de vista que, cuando se acusa la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente m\u00e1s que disentir, se [debe ocupar] de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada (\u2026)\u00bb (CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cargos cuarto, quinto y sexto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tras establecer que el contrato celebrado entre las partes era simulado relativamente, y disponer la prevalencia de la donaci\u00f3n que, de manera oculta, hab\u00edan celebrado los esposos Cort\u00e9s-Rom\u00e1n, la colegiatura ad quem declar\u00f3, de oficio, la nulidad absoluta de esa convenci\u00f3n gratuita, pretextando que las partes no hab\u00edan agotado el requisito de insinuaci\u00f3n notarial que prescribe el art\u00edculo 1458 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
La casacionista arguy\u00f3 que tal determinaci\u00f3n constitu\u00eda una infracci\u00f3n directa (cargo cuarto) o indirecta (cargo quinto) de la ley sustancial; incluso, que hab\u00eda dado lugar a la emisi\u00f3n de un fallo incongruente (cargo sexto), toda vez que la intervenci\u00f3n oficiosa del juzgador solo resulta jur\u00eddicamente viable cuando el vicio constitutivo de nulidad \u00abaparezca de manifiesto en el acto o contrato\u00bb \u2013seg\u00fan las prescripciones del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil\u2013, nada de lo cual ocurrir\u00eda en el asunto sub lite. <\/p>\n
Para desarrollar su cr\u00edtica, la se\u00f1ora Rom\u00e1n de Cort\u00e9s indic\u00f3 que \u00abpara llegar a dicho entendimiento [la ausencia de insinuaci\u00f3n], tiene que separarse [el tribunal] de lo que reza el \u201cacto o contrato\u201d, examinando pruebas diferentes y por ese mero hecho no pod\u00eda hacer uso de la atribuci\u00f3n de declaraci\u00f3n oficiosa de la que ech\u00f3 mano\u00bb, o que \u00absi (…) miramos con detenimiento la Escritura P\u00fablica que contine la negociaci\u00f3n de compraventa nos encontramos con que, en ninguna parte de su contenido, texto, cl\u00e1usulas, o siquiera anexos, se desprende de manifiesto el motivo o causal de nulidad que advierte la sentencia, como fundamento para declarar oficiosamente la nulidad absoluta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para la Sala, esa cr\u00edtica carece de claridad y sind\u00e9resis, pues la nulidad declarada se bas\u00f3 en la \u00abomisi\u00f3n de alg\u00fan requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideraci\u00f3n a la naturaleza de ellos\u00bb (art\u00edculo 1741, C\u00f3digo Civil), y no se ve c\u00f3mo un elemento ausente de cierta convenci\u00f3n \u2013en este caso, la insinuaci\u00f3n\u2013 pudiera ser percibido a trav\u00e9s de los sentidos, auscultando el texto del documento que da cuenta del pacto viciado. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, la falta de insinuaci\u00f3n es una incorrecci\u00f3n que no puede demostrarse mediante la contemplaci\u00f3n del cuerpo del contrato, sino a partir de la ausencia de un medio de prueba de existencia; en este caso, del documento notarial que debe preceder a las donaciones superiores a 50 SMLMV \u2013en los t\u00e9rminos del citado canon 1458\u2013, el cual no obra en el legajo, ni tampoco se aleg\u00f3 que existiera, ni en sede ordinaria, ni en la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Y si, en gracia de discusi\u00f3n, se prescindiera de dicha restricci\u00f3n l\u00f3gica \u2013suficiente para frustrar cualquier intervenci\u00f3n de la Corte en sede casacional\u2013, los cargos ser\u00edan igualmente inadmisibles, porque alteran la plataforma f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre la que se dict\u00f3 el aparte del fallo de segunda instancia que se disputa. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el contrato de compraventa en cuyo cuerpo pretend\u00eda la recurrente que se alojara la constancia del vicio constitutivo de nulidad absoluta, fue declarado relativamente simulado por el tribunal, mediante argumentos que ahora no se discuten; por lo tanto, el contenido de la escritura que daba cuenta de la negociaci\u00f3n mendaz solo podr\u00eda considerarse un continente vac\u00edo, carente por completo de relevancia jur\u00eddica. <\/p>\n
En los tres postreros cargos, se insiste, no se disputa que la compraventa sea mendaz. Y siendo ello as\u00ed, \u00bfpor qu\u00e9 tendr\u00eda que escudri\u00f1arse el documento fingido en busca de los elementos de validez de la convenci\u00f3n que realmente ajustaron los se\u00f1ores Rom\u00e1n de Cort\u00e9s y Cort\u00e9s Zuleta? Carece de l\u00f3gica que el tribunal concluyera que la compraventa no se celebr\u00f3, y a la par analizara si ese negocio ficto reun\u00eda los requisitos de existencia y validez de los actos jur\u00eddicos que prev\u00e9 el ordenamiento sustantivo. <\/p>\n
El an\u00e1lisis que efectu\u00f3 el ad quem, por iniciativa propia, tuvo como objeto el contrato que se ajustaba a la verdadera voluntad de los contratantes (la donaci\u00f3n) y, por lo mismo, la facultad judicial que consagra el citado precepto 1742 se ejerci\u00f3 con relaci\u00f3n a aquel negocio jur\u00eddico gratuito, no frente a la compraventa mendaz, que es la que reposa en el instrumento p\u00fablico que milita en el expediente. <\/p>\n
Y como frente a la declaratoria de nulidad absoluta que dispuso el tribunal de cara al contrato real (de donaci\u00f3n), nada se dijo al sustentar del recurso, se impone concluir las tres postreras censuras carecen de idoneidad formal. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dadas las deficiencias de t\u00e9cnica rese\u00f1adas, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Luz Marina Rom\u00e1n de Cort\u00e9s, a fin de sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso contra el fallo de fecha y procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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AC889-2023 (2015-00256-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC889-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05034-31-12-001-2015-00256-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda que present\u00f3 la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74497","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74497\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}