ATC731-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC731-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02580-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y Tercero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jaime Le\u00f3n Jim\u00e9nez Zuleta contra la sociedad Tanques del Nordeste S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, dirigi\u00f3 su escrito introductor al \u00abJUEZ (\u2026) MUNICIPAL DE BOGOT\u00c1\u00bb, con el prop\u00f3sito de que se ordenara a la empresa querellada resolver la petici\u00f3n que formul\u00f3 en procura de que se le proporcionara la documentaci\u00f3n relacionada con el \u00abcontrato de trabajo (\u2026) [y el] accidente laboral\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 \u00abla violaci\u00f3n es por la no respuesta al derecho de petici\u00f3n por TANQUES DEL NORDESTE S.A. (\u2026) la cual se encuentra ubicada en Itag\u00fc\u00ed \u2013 Antioquia\u00bb. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el Tercero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00abel accionante y el apoderado de este indicaron expresamente en el escrito de tutela y en el poder que se encuentran domiciliados en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C, lugar escogido a prevenci\u00f3n por el accionante para que le fuera tramitada la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente conflicto de competencias, dado que involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; lo anterior al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, a cuyo tenor \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de peticiones de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar la accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n, no desconoce el car\u00e1cter expedito, preferente y sumario de la acci\u00f3n de tutela pues, con independencia de dichos atributos, como acci\u00f3n judicial \u00abest\u00e1 sujeta al debido proceso (art\u00edculo 29 y 85 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) del que dimana la competencia para el conocimiento de los diferentes asuntos. Este corresponde por el factor territorial al juez del lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental (art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991) y por la naturaleza de la autoridad o del acto se distribuye entre los diferentes despachos judiciales, conforme al Decreto 1382 de 2000\u00bb (CSJ. 10 abr. 2021, rad. 42345). <\/p>\n
En otra oportunidad, se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que el debido proceso es un derecho de car\u00e1cter fundamental, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y la competencia, como una de sus manifestaciones, corresponde a la facultad de los jueces para ejercer jurisdicci\u00f3n en determinada parte del territorio o en ciertos asuntos y, como tal, no puede ser invadida por un hom\u00f3logo unipersonal o corporativo. El Decreto 1382 de 2000 reglament\u00f3 el reparto de las acciones de tutela, y determin\u00f3 el juez natural que debe conocer de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la autoridad [encartada] o su jerarqu\u00eda, o si se trata de un particular\u00bb (CSJ 23 may. 2013, rad 67047). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala precisa que el sistema atributivo de competencia preventiva en materia de tutela implica que el promotor \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb, lo que sugiere, en principio, que en el sub ex\u00e1mine cualquiera de las autoridades en contienda podr\u00eda proveer sobre el particular. <\/p>\n
Lo anterior porque, en primer lugar, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed se acompasa con la sede de la sociedad convocada \u2013y, por ende, all\u00ed se origina el presunto acto lesivo\u2013; al paso que el estrado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 corresponde al lugar en el que se producen los efectos de esa supuesta vulneraci\u00f3n, pues el domicilio del querellante est\u00e1 en esa localidad1. <\/p>\n
Sin embargo, analizado el sumario, se concluye que quien debe conocer del asunto es el estrado judicial de Bogot\u00e1, dado que fue el lugar seleccionado por el gestor para tramitar la salvaguarda, siendo v\u00e1lida su escogencia por las razones que anteceden, m\u00e1xime que, en ese contexto, nada imped\u00eda que dicho despacho adelantara la causa. <\/p>\n
Lo precedente, pues, se itera, \u00ab[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deber\u00e1 asumir la acci\u00f3n constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevenci\u00f3n, es viable su conocimiento\u00bb. (CSJ ATC148-2022, 10 feb. 2022, rad. 0426-00; ATC095-2022, 2 feb. 2022, rad. 00273-00; ATL095-2020, 29 ene. 2020, rad. 87608; ATL1303-2018, 20 jun. 2018, rad. 80327; APL1738-2021, 16 nov. 2021, rad. 120439; AP924-2020, 12 mar. 2020, rad. 109683; APL5980-2021, 25 nov. 2021, rad. 01997-00; APL5984-2021, 02 dic. 2021, rad. 02026-00; APL5577 4 nov. 2021, rad. 01829-00 entre otros). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es el Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, el llamado a dirimir la tramitaci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para que asuma el conocimiento del asunto. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC731-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente ATC731-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02580-00 Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y Tercero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed, con ocasi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74501","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74501"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74501\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}