ATC735-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC735-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00919-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el pasado 25 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por C\u00e9sar Augusto y Jhon Jairo Ram\u00edrez Valencia contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Agencia de Defensa Jur\u00eddica del Estado, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y los Juzgados Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de esa ciudad, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, los solicitantes acuden al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, pretenden que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se: <\/p>\n
(i) Ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo \u00abse declare impedid[o] y que aplace las AUDIENCIAS, programadas para los d\u00eda (sic) 15 de mayo de 2023 y otras en procesos de Fraude Procesal e Injuria y calumnia\u00bb; (ii) proporcione \u00abSEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE JHON JAIRO RAMIREZ VALENCIA, dentro de la c\u00e1rcel DE PICOTA, BOGOTA. D.C., o sea movido a una Guarnici\u00f3n Militar, (\u2026) y de CESAR AUGUSTO RAMIERZ VALENCIA\u00bb; y (iii) \u00abse aceleren los procesos en contra de los Funcionarios por (\u2026) [ellos] denunciados en la FISCALIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N\u00bb <\/p>\n
3. Mediante prove\u00eddo del pasado 25 de mayo de 2023 la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo \u00abrespecto de la mora judicial\u00bb y declar\u00f3 improcedente el auxilio \u00aben torno a los dem\u00e1s aspectos invocados\u00bb, decisi\u00f3n que fue impugnada por los gestores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la vinculaci\u00f3n aparente <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, comoquiera que se suscit\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo; situaci\u00f3n que se predica igualmente respecto de la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Agencia de Defensa Jur\u00eddica del Estado, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Juzgado Promiscuo del Circuito de esa ciudad, entre otros. <\/p>\n
En efecto, al estar \u00abinvolucrada\u00bb la referida colegiatura, quedaba facultada la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer del resguardo en las condiciones que lo hizo; sin embargo, lo cierto es que el reclamo no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica del citado tribunal, pues la presunta lesi\u00f3n de las garant\u00edas supralegales recae en: <\/p>\n
(i) El Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo por cuanto contin\u00faa conociendo de los procesos que se adelantan en contra de los actores por los delitos de falsa denuncia contra persona determinada y fraude procesal, a pesar de que a juicio de aquellos se configura causal de impedimento; y, (ii) la Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de esa ciudad toda vez que presuntamente incurri\u00f3 en mora judicial injustificada respecto de las denuncias efectuadas por los convocantes. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n a dicha autoridad, es claro que la demanda constitucional no se ciment\u00f3 en alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n suya. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; citada en ATC1656-2022, 9 nov.). <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra un fiscal relativa a su actuaci\u00f3n al interior de un proceso penal se radica en la autoridad superior de aquella ante la que el aludido funcionario interviene la que, para el presente asunto, no es otra que la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. <\/p>\n
Ello, al tenor de lo previsto en el numeral 4 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1 del Decreto 333 de 2021, \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a reparto de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. decretar medidas cautelares, practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por C\u00e9sar Augusto y Jhon Jairo Ram\u00edrez Valencia, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, para que se realice el respectivo reparto y se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC735-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC735-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00919-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}