ATC738-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC738-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2023-00086-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 7 de junio de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Emir Dur\u00e1n Robles contra los Juzgados Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 y Promiscuo Municipal de Pailitas; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y defensa, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto la sentencia y\/o autos de primera instancia del 13 de julio de 2022 del Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas \u2013 Cesar, y segunda instancia del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 del 23 de noviembre de 2022, proferida dentro del proceso ejecutivo singular de la Cooperativa Multiactiva de Aportes y Cr\u00e9ditos Luna Linda [en su contra]\u00bb y, en consecuencia, se ordene al estrado municipal dictar decisi\u00f3n que \u00abdecrete la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Cooperativa Multiactiva de Aportes y Cr\u00e9dito Luna Linda promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Emir Dur\u00e1n Robles, con el fin de recaudar la obligaci\u00f3n contenida en una letra de cambio; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas, quien el 11 de octubre de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago, data en la que tambi\u00e9n decret\u00f3 cautelas. <\/p>\n
2.2. Luego, el 1\u00b0 de abril de 2022 el ejecutado solicit\u00f3 terminar la causa coercitiva por desistimiento t\u00e1cito, pues conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso si la orden de apremio no ha sido enterada dentro de los 30 d\u00edas siguientes, se debe proceder a la terminaci\u00f3n anormal del proceso. <\/p>\n
2.3. El 18 de abril siguiente, la Cooperativa ejecutante alleg\u00f3 constancia de enteramiento del mandamiento de pago, la cual, seg\u00fan las constancias, se adelant\u00f3 el 8 de abril de 2022; asimismo, solicit\u00f3 desestimar la solicitud de desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.4. El 25 de mayo de 2022 se alleg\u00f3 acuerdo de pago suscrito entre las partes, por lo que la ejecutada solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por un periodo de 5 meses; no obstante, en esa misma data, el apoderado de la parte ejecutada solicit\u00f3 no conceder la suspensi\u00f3n pretendida \u00abtoda vez que el acuerdo\u2026 no cont\u00f3 con [su] concepto y consentimiento, adem\u00e1s por carecer el acuerdo de claridad con respecto al pago y forma de pago\u00bb; raz\u00f3n por la que al d\u00eda inmediatamente siguiente, Emir Dur\u00e1n refiri\u00f3 retractarse del mentado acuerdo de pago. <\/p>\n
2.5. El 13 de julio de 2022 el estrado judicial, previamente desech\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, por cuanto \u00abel demandado tuvo conocimiento del presente proceso a finales del mes de diciembre del 2021 en atenci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n efectiva de la medida cautelar ordenada por el empleador, quien reconoci\u00f3 que desde la n\u00f3mina del mes de diciembre de 2021 se enter\u00f3 el proceso ejecutivo\u2026, no se pronunci\u00f3 ante el Juzgado solo el 1 de abril del a\u00f1o en curso que radic\u00f3 memorial\u2026\u00bb; y, tras considerar que el promotor fue notificado por conducta concluyente, sin presentar ning\u00fan medio de defensa, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Contra la referida determinaci\u00f3n el actor formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, no obstante, el 23 de noviembre de 2022 el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 inadmiti\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.7. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas, pues, en su sentir, la decisi\u00f3n emitida el 13 de julio de 2022 \u00abomiti\u00f3 rese\u00f1ar que\u2026 present[\u00f3] v\u00eda correo electr\u00f3nico el d\u00eda 28 de febrero de 2022, a las 4:34 p.m. un memorial donde solicit[\u00f3] se [le] notificara el auto de mandamiento de pago y el traslado de la demanda y sus anexos\u2026 dicho traslado de la demanda y la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago\u2026 nunca se hizo\u00bb, por lo que \u00abdescono[ce] el t\u00edtulo valor ll\u00e1mese letra de cambio, pagar\u00e9, cheque, presentado como t\u00edtulo de recaudo ejecutivo, los t\u00e9rminos del auto de mandamiento de pago y en general se [le] neg\u00f3 categ\u00f3ricamente el derecho a contestar la demanda, presentar excepciones, solicitar y controvertir pruebas, aportar las que posiblemente est\u00e9n en poder del demandado y en general se viol\u00f3 el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2.8. Anot\u00f3 que el Juzgado de Pailitas no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, pese a que los 30 d\u00edas que dispone el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso para integrar el contradictorio, es decir, enterar la orden de apremio, estaban m\u00e1s que superados; adem\u00e1s que, aun teniendo en cuenta que las medidas cautelares quedaron consumadas el 12 de noviembre de 2021, los 30 d\u00edas fenecieron el 21 de enero de 2022 sin que se adelantara tal notificaci\u00f3n; en ese orden, refiere, se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial STC11191-2020. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que el hecho de que supuestamente conociera de la existencia del proceso por cuenta del embargo del salario, as\u00ed como el memorial de 1\u00b0 de abril de 2022 con el acuerdo de pago y su posterior retracto, no es \u00f3bice para que dar por notificado el asunto, pues desconoce la demanda, sus anexos y la orden de apremio; asimismo, que el estrado judicial municipal querellado no pod\u00eda seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues no se le permitieron agotar las etapas propias del proceso, especialmente, el debido enteramiento del litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. El anterior fallo fue opugnado por el tutelante, reiterando los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la solicitud de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues el auxilio constitucional est\u00e1 dirigido, exclusivamente, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas (Cesar), comoquiera que, no se realiz\u00f3 un debido enteramiento de la orden de apremio, no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, raz\u00f3n por la que no pod\u00eda disponer seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, sin que ninguna queja dirigiera frente al Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, en punto a porque se consideraba que la alzada era procedente, por lo que su vinculaci\u00f3n se torna aparente; de donde, se itera, la decisi\u00f3n impugnada est\u00e1 viciada de nulidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dada la naturaleza de la autoridad accionada y el hecho de que la solicitud de protecci\u00f3n se encuentra dirigida, exclusivamente, contra el estrado municipal, la competencia para conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, por ser el superior del despacho accionado, y a su vez, la impugnaci\u00f3n se encontraba a cargo de la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, esto, conforme a lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo). <\/p>\n
Se insiste, si bien la acci\u00f3n de tutela se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, lo cierto es que su vinculaci\u00f3n se torna aparente, comoquiera que, ning\u00fan reproche aleg\u00f3 el promotor con miras a derruir el argumento expuesto por dicho fallador ante la inadmisibilidad de la alzada, ni las razones que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n se hubiesen configurado en el quebranto de garant\u00edas de primer grado, pues, se itera, su descontento se centra en la supuesta indebida notificaci\u00f3n y la falta de aplicaci\u00f3n de la figura del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
De otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Chiriguan\u00e1 \u2013reparto, con el fin de que se asuma el conocimiento del asunto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se dispone remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Chiriguan\u00e1, para que efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
1 <\/p>\n
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ATC738-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC738-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2023-00086-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 7 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}