ATC740-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC740-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2023-00509-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se resuelve la solicitud formulada por Eduardo Guti\u00e9rrez Angulo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante providencia de 27 de abril pasado (STC3873-2023), esta Sala concedi\u00f3 la salvaguarda de Brisa Liliana de Angulo Losada contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dej\u00f3 sin efectos el concepto de 2 de septiembre de 2022 (CSJ CP147-2022) y le orden\u00f3 emitir uno nuevo acorde con las consideraciones all\u00ed expuestas. <\/p>\n
2.- La destinataria de la orden constitucional recurri\u00f3 el veredicto. <\/p>\n
3.- En sede de impugnaci\u00f3n la hom\u00f3loga en lo laboral declar\u00f3 la nulidad del fallo antes mencionado, por falta de enteramiento de Eduardo Guti\u00e9rrez Angulo y de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia en prove\u00eddo de 31 de mayo pasado (CSJ ATL132-2023). <\/p>\n
4.- Reiniciado el tr\u00e1mite, Eduardo Guti\u00e9rrez Angulo solicit\u00f3 \u00abponer en su consideraci\u00f3n la posibilidad de declararse impedido de conocer de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, junto con los dem\u00e1s magistrados que fallaron la tutela que fue objeto de anulaci\u00f3n, en aras de mantener la imparcialidad\u00bb y encasilla tal petici\u00f3n en el numeral segundo del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991 establece que, en materia de tutela, \u00aben ning\u00fan caso ser\u00e1 procedente la recusaci\u00f3n. El juez deber\u00e1 declarase impedido cuando concurran las causales de impedimento del C\u00f3digo de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanci\u00f3n disciplinaria correspondiente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que los intervinientes en esta clase de asuntos no cuentan con la posibilidad de discutir sobre la existencia de motivos que justifiquen la separaci\u00f3n del juez constitucional en el impulso. No obstante, es perentorio que el mismo funcionario lo advierta si se dan los supuestos que expresamente contemplan las normas adjetivas penales contenidas en el art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
2.- Desde esa perspectiva, es del caso precisar que no se advierten razones que impidan a la Sala sentenciar nuevamente esta causa, sin que lo sea, como lo sugiere el libelista, el hecho mismo de haber participado en el veredicto que anul\u00f3 la Sala hom\u00f3loga laboral y que, ahora, debe ser reemplazado, como pasa a exponerse. <\/p>\n
2.1.- Los funcionarios judiciales, por motivos de impedimento, solo pueden separarse del conocimiento de los asuntos a su cargo cuando se encuentran en las circunstancias que el legislador ha previsto para el efecto. Ello, a fin de garantizar el principio de imparcialidad y, a la vez, que aquellos no se desprendan de los pleitos por cualquier causa. <\/p>\n
Bajo esa mirada, lo primero que debe advertirse es que la norma aplicable en la materia es el art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, C\u00f3digo de Procedimiento Penal, y no el C\u00f3digo General del Proceso. De manera que no puede afirmarse que, en el caso, es causal de impedimento el numeral segundo del canon 140 del estatuto adjetivo, consistente en \u00abhaber conocido del proceso o realizado cualquier actuaci\u00f3n en instancia anterior, el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o alguno de sus parientes\u00bb dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. <\/p>\n
2.2.- En segunda medida, si se analizan las causales consagradas en el estatuto procesal penal, el resultado es el mismo, toda vez que el hecho de que el juzgador le corresponda renovar una actuaci\u00f3n, tras haberse anulado, bien por \u00e9l o por otra autoridad judicial que funja como superior funcional, no ha sido contemplado como motivo de impedimento ni encaja en el supuesto consagrado en el numeral 4\u00b0 de ese estatuto, que es la hip\u00f3tesis m\u00e1s semejante a la alegada por el peticionario. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, obs\u00e9rvese que a voces de esa disposici\u00f3n legal es causal de impedimento que el fallador \u00ab(\u2026) haya dado consejo o manifestado su opini\u00f3n sobre el asunto materia del proceso\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su condici\u00f3n de m\u00e1ximo int\u00e9rprete del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, ha puntualizado que dicho evento se estructura cuando el servidor judicial de que se trate ha dado su opini\u00f3n sobre la controversia objeto de juzgamiento, la cual debe ser sustancial, vinculante y ha debido emitirse por fuera del proceso. <\/p>\n
Lo sustancial, es lo esencial y m\u00e1s importante de una cosa; en asuntos jur\u00eddicos, se identifica con el fondo de la pretensi\u00f3n o de la relaci\u00f3n jur\u00eddico material de debate. Se entiende que la opini\u00f3n es vinculante cuando el funcionario judicial que la emiti\u00f3 queda unido, atado o sujeto a ella, de modo que en adelante no puede ignorarla o modificarla sin incurrir en contradicci\u00f3n. Y por fuera del proceso, que la opini\u00f3n sea expresada en circunstancias y oportunidades diferentes a aquella que prev\u00e9 la legislaci\u00f3n (CSJ AP 13 jul. 2005, rad. 23840, reiterada, entre otras providencias, en CSJ SP022-2021, se enfatiza). <\/p>\n
Por lo que <\/p>\n
(\u2026) manifestaciones expresadas por el juez en ejercicio de sus funciones, tampoco lo configura, pues \u2018ello entra\u00f1ar\u00eda el absurdo de que la facultad que la ley le otorga al juez para cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia, procedimiento que la ley autoriza ni la l\u00f3gica jur\u00eddica (AP 21 feb. 2012, rad. 38375, AP1619-2021). <\/p>\n
A la luz de tales lineamientos, f\u00edjese que en el caso no puede afirmarse, en estrictez, que los suscritos funcionarios han emitido opini\u00f3n sobre el conflicto objeto de la acci\u00f3n constitucional, debido a que la resoluci\u00f3n por medio de la cual la pugna fue zanjada no existe en el mundo jur\u00eddico, al haber sido dejada sin vigor por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Es que, en un escenario judicial, la forma en que los juzgadores dan conceptos es a trav\u00e9s de las decisiones que expiden. As\u00ed que, si aqu\u00ed, la sentencia STC3873 de 27 de abril de 2023 fue anulada, no puede afirmarse que quienes la suscribieron han \u00abmanifestado su opini\u00f3n sobre el asunto materia del proceso\u00bb. <\/p>\n
Pero si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que s\u00ed se dio, porque, de todos modos, la invalidez de esa directriz no quita el hecho de que en esa ocasi\u00f3n se desat\u00f3 de fondo la controversia, lo cierto es que tampoco podr\u00eda afirmarse que la citada causal de impedimento se configura. <\/p>\n
N\u00f3tese que bajo ese entendido, hay que decir que no se cumple con el supuesto de que la opini\u00f3n haya sido emitida por fuera del proceso, por cuanto la sentencia anulada se expidi\u00f3 en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Corte Y, ahora, en el mismo ejercicio de esa competencia, le corresponde a los Magistrados que la integran, obedecer el mandato de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (ATL132-2023), convalidar el vicio en que se incurri\u00f3 al no notificar a Eduardo Guti\u00e9rrez Angulo, y a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia, y reanudar la actuaci\u00f3n con la participaci\u00f3n de dichos sujetos. <\/p>\n
En ese orden, se destaca que esta Magistratura est\u00e1 facultada para conocer, en primera instancia, de las acciones de tutela interpuestas contra la Sala hom\u00f3loga penal1, que la Sala Laboral en estos procedimientos funge como su superior funcional2, y que, anulado lo actuado a partir de la sentencia de 27 de abril de 2023, esta Corte, como a quo constitucional, le compete conjurar el vicio en que, inicialmente, se incurri\u00f3, y sentenciar otra vez la causa, con respeto al debido proceso de quienes tienen inter\u00e9s en ella. <\/p>\n
Por eso, en el interlocutorio ATL132-2023 la Sala Laboral indic\u00f3, entre otros aspectos: <\/p>\n
(\u2026) se aclara que lo que se pretende con la declaratoria de la nulidad es garantizar el derecho al debido proceso de las partes, que no puede ser desconocido bajo ninguna circunstancia; pues es deber de las autoridades judiciales, asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la acci\u00f3n, permitiendo as\u00ed que los intervinientes puedan ejercer sus derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, en todo caso, las valoraciones plasmadas en el veredicto dejado sin efectos no impiden que los suscritos lo emitan nuevamente, por cuanto aquellas fueron realizadas en el ejercicio de sus atribuciones legales, correspondi\u00e9ndole ahora, con ocasi\u00f3n de ellas, expedir uno nuevo, previa convocatoria de todos los llamados a intervenir en el juicio. <\/p>\n
2.3.- Total, como se dijo al inicio de estas consideraciones, no hay motivos que afecten la imparcialidad con la que se debe atender esta querella. Por un lado, la causal sugerida por el peticionario es inaplicable al asunto, y la circunstancia seg\u00fan la cual, tras la anulaci\u00f3n del fallo STC3873-2023, corresponde dictar el que lo reemplace, no encaja en las hip\u00f3tesis establecidas en el precepto 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Rechazar por improcedente la solicitud de recusaci\u00f3n elevada por Eduardo Guti\u00e9rrez Angulo, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Segundo: Declarar que en los suscritos no concurre causal de impedimento alguno para conocer de este asunto. <\/p>\n
Tercero: Por Secretar\u00eda, notif\u00edquese esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed lo prev\u00e9 el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.2.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, al se\u00f1alar: \u201cLas acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el\u201d reglamento interno de cada Corporaci\u00f3n <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el art\u00edculo 44 del Reglamento de la Corporaci\u00f3n, Acuerdo No. 006 de 12 de diciembre de 2002,\u201c[l]a acci\u00f3n de tutela dirigida contra uno o varios Magistrados de la misma Sala de Casaci\u00f3n Especializada, o contra la respectiva Sala, se repartir\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n que siga en orden alfab\u00e9tico. La impugnaci\u00f3n contra la sentencia se repartir\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Especializada restante. <\/p>\n
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