ATC746-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ATC746-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2023-00107-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el pasado 20 de junio por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha R\u00edos R\u00edos contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, la Corte advierte que se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a estas tramitaciones por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 (que contiene el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
2. En efecto, revisadas las pertinentes piezas procesales, se establece que, si bien el tribunal a quo dispuso la vinculaci\u00f3n del estrado Promiscuo Municipal de Amalfi al tr\u00e1mite constitucional1, dicha colegiatura omiti\u00f3 notificarlo tanto de la apertura de esta acci\u00f3n, como del fallo proferido el 20 de junio de 2023, a efectos de que el referido despacho judicial pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues, por tratarse de una salvaguarda en la que se pretende \u00abrevocar la providencia que confirma la decisi\u00f3n de primera instancia [proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi], y en consecuencia admitir la demanda\u00bb al interior de la sucesi\u00f3n n.\u00b0 2022-00019, le puede asistir inter\u00e9s en el resultado de la misma. <\/p>\n
3. En materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[L]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el canon 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00abel juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 consagra que el fallo proferido en el resguardo, \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
Sobre la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del auxilio a todos los directamente interesados en sus resultas, la jurisprudencia constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) constituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, por su intermedio, m\u00e1s que pretender formalizar la comunicaci\u00f3n del inicio, desarrollo o agotamiento de una determinada actuaci\u00f3n procesal, lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. (\u2026) Trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, la Corte ha dejado sentado que la garant\u00eda constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protecci\u00f3n constitucional derivada de la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CC A-364\/10). <\/p>\n
Ahora, sobre la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, precis\u00f3 que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). <\/p>\n
4. En raz\u00f3n de lo expuesto y conforme lo preceptuado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, particularmente sus incisos 2\u00ba y 3\u00ba, sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 menester invalidar exclusivamente la sentencia de primera instancia, en tanto es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00abposterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este\u00bb, lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los dem\u00e1s sucesos previos y de toda la prueba, en los t\u00e9rminos de la norma que se viene aplicando. <\/p>\n
5. En esa l\u00ednea, para la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite, la sala a quo deber\u00e1 realizar la notificaci\u00f3n pretermitida, para que el Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi ejerza su derecho de defensa y una vez cumplido ello, proceda a dictar un nuevo fallo que defina el grado de conocimiento a su cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el pasado 20 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Martha R\u00edos R\u00edos. <\/p>\n
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena devolver el expediente a la colegiatura de origen para que rehaga la actuaci\u00f3n, conforme lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: Ent\u00e9rese de lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Auto del 8 de junio de 2023. <\/p>\n
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