ATC798-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC798-2023 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del 31 de mayo \u00faltimo, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Jhonatan Galindo Rodr\u00edguez contra el Comit\u00e9 de Convivencia Laboral Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima, extensiva al Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, si no fuera porque la Corte observa que el tr\u00e1mite de la primera instancia est\u00e1 viciado de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la pronta protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por los estamentos repelidos. En concreto, pidi\u00f3 ordenar al Comit\u00e9 de Convivencia Laboral de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima \u00abseguir adelante con la queja del acoso laboral, esto es, citaci\u00f3n en conjunto de las partes, realizar compromiso de mejora y en caso (de) que no hubiere acuerdo deber\u00eda remitir la queja a la instancia disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento adujo, grosso modo, que el 9 de junio de 2022 se posesion\u00f3 en propiedad como oficial mayor en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y desde su ingreso fue \u00abv\u00edctima de persecuci\u00f3n laboral\u00bb por el titular del despacho, por lo cual el 18 de noviembre del mismo a\u00f1o interpuso queja contra este ante la autoridad accionada, que el 20 de enero de 2023 decidi\u00f3 darla por cerrada \u00absin sustento legal\u00bb, con lo cual incumpli\u00f3 el procedimiento previsto en los numerales 4 a 7 de la Resoluci\u00f3n 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo, que impon\u00eda citar a las partes para realizar compromiso de mejora y, en caso de no llegarse a un acuerdo, remitir la queja a la autoridad disciplinaria, situaci\u00f3n que, sostiene, lo llev\u00f3 a una incapacidad m\u00e9dica por \u00abtrastorno mixto de ansiedad y depresi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El asunto fue inicialmente repartido al Juzgado D\u00e9cimo Administrativo de Ibagu\u00e9, que tras surtir el tr\u00e1mite de rigor decidi\u00f3, el 6 de febrero de 2023, acceder a la protecci\u00f3n solicitada, decisi\u00f3n impugnada, y, tras solicitud de nulidad del Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el Tribunal Administrativo del Tolima decidi\u00f3 el 21 de febrero siguiente dejar sin efecto lo actuado desde el inicio de la actuaci\u00f3n, para que se vinculara al precitado funcionario, con la precisi\u00f3n de que, en aplicaci\u00f3n del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, la jurisdicci\u00f3n competente para asumir el caso es la de lo Contencioso Administrativo, porque la tutela fue promovida por un empleado judicial adscrito a un juzgado de la jurisdicci\u00f3n Ordinaria. <\/p>\n
Retorn\u00f3 el asunto al Juzgado D\u00e9cimo Administrativo de Ibagu\u00e9, que el 15 de mayo pasado decidi\u00f3 remitirlo por competencia a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, respaldado en el numeral 11 del art\u00edculo 1\u00ba ibidem, por ser el superior del Juzgado que se le orden\u00f3 vincular. <\/p>\n
4. La colegiatura a-quo dio admisi\u00f3n al libelo de amparo, luego de la remisi\u00f3n que, \u00abpor competencia\u00bb, le hiciera el precitado estrado. <\/p>\n
Al ep\u00edlogo de la tramitaci\u00f3n, rehus\u00f3 conceder la salvaguarda por improcedente, por carencia de objeto, porque en el curso de la tutela el accionante renunci\u00f3 irrevocablemente a partir del 27 de febrero de los corrientes, al cargo que desempe\u00f1aba en el juzgado accionado, adem\u00e1s \u00e9l dej\u00f3 de asistir a la audiencia de 28 de febrero siguiente, fijada por el Comit\u00e9 de Convivencia Laboral para dar cumplimiento a los numerales 4 a 7\u00ba de la Resoluci\u00f3n 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo, sin justificar la ausencia. <\/p>\n
5. Impugn\u00f3 el convocante insistiendo en que la imposibilidad del acuerdo para el compromiso de mejora debi\u00f3 conducir a que se remitiera la queja a la autoridad disciplinaria, mas no concluir las actuaciones por la accionada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Corte para decidir, en impugnaci\u00f3n, el presente asunto, pues como lo ense\u00f1a el numeral 8\u00b0 (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del decreto 333 de 2021): las \u00abacciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb ser\u00e1n conocidas, en primer grado, por \u00abla jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo…\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. Bajo el labrado contexto, el veredicto dimanado por el juzgador a-quo en este rito est\u00e1 viciado de nulidad, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los infolios de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la atribuci\u00f3n para dirimir la demanda, como se vio, le corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, representada en el Juzgado D\u00e9cimo Administrativo de Ibagu\u00e9 -a quien fue inicialmente repartida-, si de relieve se pone la calidad de ex servidor judicial de la jurisdicci\u00f3n Ordinaria del accionante (oficial mayor de Juzgado Civil del Circuito), en cuyo ejercicio alega haber padecido de persecuci\u00f3n laboral, y si se mira el principal extremo pasivo (el Comit\u00e9 de Convivencia Laboral de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Tolima). <\/p>\n
Y, en adici\u00f3n, no puede ser de recibo que el descrito Juzgado enviara la encuadernaci\u00f3n al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, cuando su superior funcional expresamente estableci\u00f3 la competencia en la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, a pesar de la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite del Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
(\u2026) Del relato f\u00e1ctico expuesto\u2026, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Se advierte que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente ruego, dado que fue interpuesto por un \u00abempleado\u00bb de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, compete a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimir la controversia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00ab(\u2026) Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb\u2026 <\/p>\n
[C]omo la entidad accionada es la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, es el Tribunal Administrativo de dich[o departamento] el llamado a desatar la s\u00faplica\u2026 (CSJ ATC412-2023, 20 abr., rad. 00054-01). <\/p>\n
Respecto de la invalidaci\u00f3n sub examine, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u2026 (CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al decreto 333 de 2021), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (CSJ ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para enderezar el decurso iusfundamental de marras, ordenando devolver el expediente al Juzgado D\u00e9cimo Administrativo de Ibagu\u00e9 -a quien primigeniamente fuera repartido-, y en quien su superior funcional fij\u00f3 la atribuci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, dispone: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil – Familia, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En consecuencia, remitir de inmediato las diligencias al Juzgado D\u00e9cimo Administrativo de Ibagu\u00e9 para que tramite el asunto. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
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