ATC799-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC799-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2023-00189-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 8 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Humberto Mej\u00eda Iriarte contra las Procuradur\u00edas General de la Naci\u00f3n, Provincial de esa ciudad y Regional del Magdalena, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de petici\u00f3n \u00aby los derechos pol\u00edticos\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n lo \u00absancion\u00f3 (\u2026) con destituci\u00f3n e inhabilidad general de diez (10) a\u00f1os, en su condici\u00f3n de concejal del municipio de Soledad\u00bb1, autoridad que, a su vez, \u00abno ha resuelto la petici\u00f3n con N\u00famero E-2023-169418 (\u2026) presentada el 18\/03\/2023\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, pidi\u00f3 que se ordene: (i) dar respuesta a la solicitud radicada el 18 de marzo de 2023; (ii) \u00abla suspensi\u00f3n del fallo disciplinario de primera instancia emitido por la Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta dictado dentro del proceso con radicado N\u00b0 IUC-D-2016-566-863505 de fecha 11 de julio de 2019, hasta tanto haya un pronunciamiento o medida dictada por otro \u00f3rgano\u00bb; y, (iii) modificar \u00abla informaci\u00f3n contenida en (\u2026) [los] sistemas registrales disciplinarios [de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n], en el sentido de suspender las sanciones impuestas al accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante prove\u00eddo del 8 de junio de 2023 el tribunal a quo accedi\u00f3 al auxilio reclamado, pero \u00fanicamente amparando el derecho de petici\u00f3n y, en ese sentido, le orden\u00f3 a \u00abla Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta, (\u2026) emitir el pronunciamiento de rigor respecto de [la solicitud presentada por el accionante, el 18 de marzo]\u00bb; en lo dem\u00e1s, neg\u00f3 la salvaguarda. Decisi\u00f3n que fue impugnada por ambas partes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 predetermina el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica de la Procuradora General de la Naci\u00f3n, lo que la habilitar\u00eda para conocer del resguardo en las condiciones en que lo hizo, sino que, gen\u00e9ricamente se dirige contra las Procuradur\u00edas General de la Naci\u00f3n, Provincial de Santa Marta y Regional del Magdalena, para que: (i) brinden respuesta a la petici\u00f3n elevada por el gestor; y (ii) suspendan los efectos del fallo proferido por la Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta que orden\u00f3 la destituci\u00f3n e inhabilidad del actor, por el t\u00e9rmino de diez a\u00f1os. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra una entidad, autoridad u organismo del orden nacional radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda tramitarlo al Tribunal Superior de Santa Marta, sino a los jueces del circuito de ese distrito judicial. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De conformidad con lo antedicho, se declarar\u00e1 la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a reparto de los Jueces Civiles del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC075-2023, 1 feb.). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1 <\/p>\n
Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que, \u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC075-2023, 1 feb.). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Jorge Humberto Mej\u00eda Iriarte, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a los Jueces Civiles del Circuito de Santa Marta, para que se realice el respectivo reparto y se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Determinaci\u00f3n proferida por la Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta el 11 de julio de 2019 y confirmada por la Procuradur\u00eda Regional del Magdalena el 16 de diciembre de esa misma anualidad. <\/p>\n
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