ATC800-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC800-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2023-00033-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el pasado 23 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jesualdo Antonio Brito Palacio contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fonseca y el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Jos\u00e9 Francisco Medina Daza, el Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de San Juan del Cesar y Margarita Rosa Medina; la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado, el solicitante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso. <\/p>\n
2. Para justificar lo anterior, relat\u00f3 en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Que, \u00aben providencia de fecha, 21 de marzo de 2.023, (\u2026) el juzgado accionado, procedi\u00f3 a fijar fecha de Audiencia Virtual Inicial, para el d\u00eda 28 de marzo de 2.023, a las 11 AM, la cual fracaso, toda vez, que despu\u00e9s de estar conectado en la plataforma life size de la rama judicial, el secretario del juzgado accionado, nos inform\u00f3 a mi representado y a m\u00ed, de la no realizaci\u00f3n de dicha audiencia, por diligencias del despacho, con privados de la libertad\u00bb; situaci\u00f3n similar que se present\u00f3 con la audiencia programada a continuaci\u00f3n, para el 26 de abril siguiente, toda vez que \u00abnos inform[an] (\u2026) la no realizaci\u00f3n (\u2026) por problemas de conectividad\u00bb. <\/p>\n
2.2. A partir de lo anterior, aduce que elev\u00f3 solicitud \u00abque, por la edad de 67 a\u00f1os de mi representado, se prioriza[r]a el proceso verbal, reivindicatorio de la referencia\u00bb; sin embargo, \u00abno se les ha dado el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb, pues el 17 de mayo de 2023 \u00abfuimos notificados del Auto, por medio del cual, el juzgado accionado, reprograma la Audiencia Virtual Inicial, para el d\u00eda 09 de junio de 2.023 (\u2026), la cual nunca se realiz\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo dem\u00e1s, mencion\u00f3 que \u00abel d\u00eda 10 de mayo de 2.023, (\u2026) elev[\u00f3] solicitud electr\u00f3nica de vigilancia judicial administrativa, ante el consejo seccional de la judicatura de la guajira (sic), en contra del juzgado accionado, por la no realizaci\u00f3n de la Audiencia Virtual Inicial, del proceso verbal reivindicatorio de la referencia\u00bb, siendo enterado del auto de requerimiento proferido en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene al juzgado convocado \u00abrealizar la respectiva Audiencia Inicial (\u2026) [y] PRIORIZAR, el proceso verbal reivindicatorio, de radicado No. 44-279-40-89-001-2022-00166-00\u00bb; y frente al citado consejo seccional, \u00abse sirva rendir un informe, de acuerdo al Art\u00edculo 19, del Decreto 2591 de 1.991, en lo que tiene que ver, con la solicitud de vigilancia, de radicado No. 44-001-11-01-002-2023-00065-00\u00bb <\/p>\n
4. Mediante prove\u00eddo del pasado 23 de junio, el tribunal a quo decidi\u00f3 conceder el amparo deprecado, ordenando al juzgado cuestionado \u00abse sirva impartir el tr\u00e1mite de rigor al proceso que cursa en su Despacho bajo la radicaci\u00f3n No. 44-279-40-89-001-2022-00166-00, esto es, programando fecha y hora para llevar a cabo audiencia inicial o, en caso de encontrarse inmerso en alguna de las causales de recusaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 141 del C.G.P., proceda a declararse impedido, si as\u00ed lo considera (\u2026)\u00bb y, de otra parte, dispuso \u00abDESVINCULAR del presente tr\u00e1mite constitucional a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira (sic)\u00bb; decisi\u00f3n que fue impugnada por Jos\u00e9 Francisco Medina Daza. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015), introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la vinculaci\u00f3n aparente <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, comoquiera que se suscit\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira que, con vista en el estatuto legal la hab\u00eda facultado para conocer el resguardo en las condiciones que lo hizo. <\/p>\n
Ciertamente, cuando la tutela se dirige contra la referida autoridad, las reglas de reparto contenidas en el ordinal 6\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el numeral 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015), determinan que \u00ab(\u2026) ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en este asunto, aunque el actor en el libelo introductor incluy\u00f3 a la mencionada Corporaci\u00f3n como accionada, ninguna lesi\u00f3n le atribuye y nada pretende en su contra, m\u00e1s que \u00abrendir un informe, de acuerdo al Art\u00edculo 19, del Decreto 2591 de 1.991, en lo que tiene que ver, con la solicitud de vigilancia, de radicado No. 44-001-11-01-002-2023-00065-00\u00bb -que fue formulada por los hechos expuesto en esta sede- pues, con precisi\u00f3n, el resguardo se enfila contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fonseca, \u00abpor no PRIORIZAR EL PROCESO DE LA REFERENCIA, NI REALIZAR LA RESPECTIVA AUDIENCIA INICIAL, del PRECITADO PROCESO, por PRESUNTA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA\u00bb. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n a dicha autoridad, es claro que la demanda constitucional no se ciment\u00f3 en alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n suya. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; citada en ATC1656-2022, 9 nov.). <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en los Juzgados Civiles del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de San Juan del Cesar (La Guajira) por dirigirse fundamentalmente contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fonseca; ello, seg\u00fan el numeral 5 del Decreto 333 de 2021, en virtud del cual, \u00ab Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a reparto de los Juzgados Civiles del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de San Juan del Cesar (La Guajira). <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. decretar medidas cautelares, practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Jesualdo Antonio Brito Palacio, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a los Juzgados Civiles del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de San Juan del Cesar (La Guajira), para que se realice el respectivo reparto y se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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