ATC801-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC801-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00652-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de nulidad formulada por la convocante, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales, supuestamente vulneradas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el tr\u00e1mite incidental de desacato que propuso contra el Juzgado Veintitr\u00e9s Administrativo y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, ambos de esta capital, por abstenerse de iniciarlo tras considerar que la orden dada en la sentencia de tutela de 12 de diciembre de 2017, radicado n\u00ba 2017-03249, cuyo incumplimiento reclam\u00f3, hab\u00eda perdido vigencia. <\/p>\n
2. En ambos grados de conocimiento (STP3784-2023, 18 de febrero de 2023, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y STC5118-2023, 31 de mayo de 2023, de la Sala de Casaci\u00f3n Civil), la Corte deneg\u00f3 el resguardo al estimar razonable la determinaci\u00f3n atacada; y, declar\u00f3 improcedente el amparo en relaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, por cuanto no es el mecanismo apropiado \u2013 la acci\u00f3n de tutela \u2013 para ventilar \u00abdiscusiones que envuelvan cuestiones de \u00edndole econ\u00f3mico y\/o que eventualmente puedan repercutir en el presupuesto de una entidad p\u00fablica o afectarlo\u00bb (STC5118-2023). <\/p>\n
Adicionalmente, se dispuso la escisi\u00f3n de la demanda tutelar en lo que tiene que ver con los reclamos dirigidos contra el Juzgado Veintitr\u00e9s Administrativo de Bogot\u00e1, orden\u00e1ndose la remisi\u00f3n del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su conocimiento. <\/p>\n
3. Encontr\u00e1ndose el asunto pendiente de enviarse a la Corte Constitucional para su eventual selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n, la libelista alleg\u00f3 solicitud de incidente de nulidad con fundamento, nuevamente1 en los numerales 2\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, porque, en su criterio, en relaci\u00f3n con la primera de las causales invocadas: \u00abse pretende dentro del tr\u00e1mite de la tutela de la referencia revivir un proceso legalmente concluido, toda vez que el fallo de tutela radicaci\u00f3n [2017-03249] ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y se encuentra debidamente ejecutoriado\u00bb, y agreg\u00f3 al respecto que, \u00abno es cierto, que se haya decidido de fondo la medida cautelar como se indic\u00f3 en el fallo de primera y segunda instancia en la acci\u00f3n de tutela: radicaci\u00f3n n\u00b0. 130019 y STC5181-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 2023-00652-01, porque la se\u00f1ora Juez veintitr\u00e9s (23) administrativo se\u00f1al\u00f3 en su decisi\u00f3n del 10 de marzo de 2023 que para resolver los derechos a la salud y seguridad social: \u201csolo puede hacerse en el momento de proferir sentencia\u201d, desconoci\u00e9ndo dicha decisi\u00f3n adoptada por el juez ordinario administrativo dentro del tr\u00e1mite de la tutela radicaci\u00f3n n\u00b0. 130019 al pretender revivir un proceso legalmente concluido tutela radicaci\u00f3n [2017-03249] y modificar los efectos de la sentencia ejecutoriada, generando inseguridad jur\u00eddica, al pretender se\u00f1alar que al haber resuelto de fondo la medida cautelar respecto de la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo demandado dentro del proceso radicado n\u00ba. 2018-00206 ya quedaba resuelto los amparos del derecho a la salud y seguridad social, contradiciendo lo se\u00f1alado por la propia juez ordinaria administrativo\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la causal 5\u00ba que arguye igualmente configurada, explica que, se present\u00f3 tanto en la primera como en la segunda instancia de la tutela, ya que no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas y no se analizaron los argumentos de impugnaci\u00f3n en torno a la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la salud y la seguridad social, los cuales fueron objeto de protecci\u00f3n en la tutela rad. 2017-3249. <\/p>\n
Finalmente, expuso, como otra irregularidad que, \u00ablas tutelas a nombre de Clara Marcela Ardila L\u00f3pez est\u00e1n llegando para ser resueltas ante el mismo Magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria, lo cual llama la atenci\u00f3n de la suscrita debido a que he estado pendiente de este reparto y me se\u00f1alan que no me preocupe porque el mismo es aleatorio, cuando no es as\u00ed. Lo anterior es extra\u00f1o m\u00e1xime y cuando los fallos que maneja el se\u00f1or Magistrado hacia m\u00ed se basan en supuestos no en pruebas y los argumentos y pruebas presentados con las tutelas y recursos los desecha sin ninguna motivaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Al traslado de la presente solicitud, respondieron la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 por intermedio de uno de sus magistrados y la Juez Veintitr\u00e9s Administrativa del Circuito de esta capital. <\/p>\n
El primero en menci\u00f3n sin pronunciarse sobre la nulidad deprecada por la accionante, manifest\u00f3 atenerse a lo que resuelva el juez constitucional. <\/p>\n
Entre tanto, la Juez Veintitr\u00e9s Administrativa de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite constitucional promovido por la actora y del proceso contencioso que cursa en su despacho, igualmente incoado por Ardila L\u00f3pez en el que demand\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00ba 15 del 21 de septiembre de 2017 del Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1, por medio de la cual se hizo un nombramiento en propiedad, significando su desvinculaci\u00f3n de la Rama Judicial. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en dicho asunto, la precursora, en dos oportunidades solicit\u00f3 medida cautelar de suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del acto administrativo demandado, sin embargo, ambas las neg\u00f3 por no cumplir con los requisitos que establece el art\u00edculo 231 de la ley 1437 de 2011. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que, en la referida causa, no se ha vulnerado derecho fundamental alguno \u00abtoda vez que se le ha dado respuesta en tiempo a todos los requerimientos presentados por la accionante y que es por ello que el expediente judicial no se ha podido ingresar al despacho para dictar una sentencia, adem\u00e1s que se ha tramitado en su totalidad el proceso de acuerdo a la normatividad vigente en cumplimiento de cada una de las etapas procesales, se le ha garantizado siempre el derecho de defensa, pues en garant\u00eda de este derecho al debido proceso que le asiste a la accionante, el Despacho ha dado tramite a cada una de las solicitudes radicadas por la accionante generando con ello que el expediente no se haya ingresado para sentencia a causa del deber constitucional que me asiste como juez de conocimiento dejar resueltas todas las solicitudes que se ingresen al proceso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, record\u00f3 que la nulidad propuesta ya hab\u00eda sido resuelta dentro de la sentencia de tutela de segunda instancia \u00abpor lo que no se observa raz\u00f3n de la presentaci\u00f3n de este incidente de nulidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Generalidades de la nulidad procesal en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, \u00ablas nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador \u2013y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia \u2013sanci\u00f3n- de invalidar las actuaciones surtidas\u00bb, y en cuanto a su invocaci\u00f3n, se ci\u00f1e al principio de taxatividad, pues \u00abs\u00f3lo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuaci\u00f3n aquellos expresamente se\u00f1alados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constituci\u00f3n, como el caso de la nulidad que se presenta por pr\u00e1ctica de una prueba con violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb (CC T-125\/10). <\/p>\n
1.2. Entre las nulidades que pueden invocarse en este tipo de procedimientos, est\u00e1n las que omiten las notificaciones de la admisi\u00f3n o de la sentencia a las partes y terceros con inter\u00e9s, o cuando alguno de \u00e9stos no ha sido vinculado para que ejerza sus leg\u00edtimos derechos de defensa y contradicci\u00f3n (preceptos 133, 136 y 137 del estatuto adjetivo), sin perjuicio del saneamiento por el interesado que una vez notificado, act\u00faa sin proponer la nulidad. <\/p>\n
1.3. Igualmente, la nulidad procede por la pretermisi\u00f3n de una instancia, ya que \u00abla impugnaci\u00f3n de las providencias de tutela constituye un derecho de raigambre constitucional, a trav\u00e9s del cual se pretende que el superior jer\u00e1rquico de la autoridad judicial que emiti\u00f3 el pronunciamiento, eval\u00fae nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisi\u00f3n definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia\u00bb (CC A-091\/02, A-265\/02 y A-220\/12). <\/p>\n
2. Principios rectores del r\u00e9gimen de nulidades. <\/p>\n
La figura jur\u00eddica en estudio est\u00e1 regida, entre otros principios, por el de la especificidad o legalidad, seg\u00fan el cual solo es posible su estructuraci\u00f3n en una de las reglas previamente determinadas. <\/p>\n
Al respecto, aludiendo a disposiciones de la anterior codificaci\u00f3n procedimental civil, actualmente retomadas en el nuevo estatuto adjetivo con algunas variables que no afectan la vigencia jurisprudencial, esta Corte, mediante auto del 21 de marzo de 2012 (rad. 2006-00492-00), sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al acudir a las nulidades procesales, como instrumentos encaminados a redireccionar el curso del proceso cuando ocurren ostensibles irregularidades dentro del tr\u00e1mite, su ejercicio se encuentra delimitado por el inter\u00e9s que le asiste a su proponente, su contemplaci\u00f3n expresa como causal de invalidaci\u00f3n y que el vicio no se haya superado por la anuencia de las partes. <\/p>\n
En ese sentido la Sala se\u00f1al\u00f3 que \u201c[d]able es, por consiguiente, sostener que las nulidades procesales corresponden al remedio establecido por el legislador para que las partes y, en ciertos casos, los terceros, puedan conjurar los agravios irrogados a sus derechos por actuaciones cumplidas en el interior de un proceso judicial, instituto que, por ende, es restringido, raz\u00f3n por la que opera \u00fanicamente en los supuestos taxativamente determinados por la ley, y al que s\u00f3lo pueden recurrir las personas directamente afectadas con el acto ileg\u00edtimo, siempre y cuando no lo hayan convalidado expresa o t\u00e1citamente\u201d (sentencia de 30 de noviembre de 2011, expediente 2000-00229). <\/p>\n
(\u2026) Pero la simple enunciaci\u00f3n de la raz\u00f3n propuesta no es suficiente para tener por cumplido el presupuesto de especificidad, toda vez que debe ir acompa\u00f1ada de una exposici\u00f3n razonada de los hechos en que se fundamenta, de tal manera que encajen dentro del mismo, sin que exista la posibilidad de que se invoquen por esta v\u00eda simples disconformidades con las decisiones que se tomen al interior del debate, bajo una apariencia que no le corresponde, m\u00e1xime cuando el par\u00e1grafo del art\u00edculo 140 ib\u00eddem, contempla que \u201c[l]as dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este C\u00f3digo establece\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Lo anterior porque, los defectos que aduce como invalidantes de los veredictos expedidos en este tr\u00e1mite constitucional, contrario a lo por ella afirmado, no encuadran en las \u00abcausales\u00bb de los numerales segundo y quinto del art\u00edculo 133 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Ello, porque dicha normativa habilita la pr\u00e9dica de tales vicios \u00abCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb -causal 2\u00ba-; \u00abCuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb -causal 5\u00ba-; hip\u00f3tesis en las que no encajan las situaciones expuestas por la memorialista, y, en todo caso, no logra demostrar que la actuaci\u00f3n desplegada por esta Corporaci\u00f3n en sede de tutela, concuerde con alguna de ellas. <\/p>\n
3.1. Ahora, concretamente, en relaci\u00f3n con la primera de las causales formuladas como sustento de la nulidad, la incidentante lo que hace es replicar las alegaciones de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, dicho sea de paso, involucran la actuaci\u00f3n del Juzgado Veintitr\u00e9s Administrativo del Circuito de Bogot\u00e1 que, en raz\u00f3n de la escisi\u00f3n decretada, su an\u00e1lisis necesariamente corresponder\u00e1 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad a la que se remitieron las diligencias por competencia, por ser su superior funcional de dicho despacho judicial. <\/p>\n
3.2. Respecto de la causal 5\u00aa del art\u00edculo 133 ejusdem, sostiene la accionante que, se configura porque esta Corte y en especial esta Sala en sede de impugnaci\u00f3n, omiti\u00f3 supuestamente abordar el estudio de las pruebas y reclamaciones en torno a los derechos fundamentales a la salud y la seguridad social que aleg\u00f3 conculcados por las autoridades accionadas, concretamente por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 que ces\u00f3 el pago de los aportes a salud \u2013 por no existir orden de tutela vigente que as\u00ed lo dispusiese \u2013, impidi\u00e9ndole continuar con el tratamiento para las diversas enfermedades que padece. <\/p>\n
No obstante, contrario a lo manifestado por la interesada, esta Sala en el fallo STC5118-2023 sobre los cuestionamientos dirigidos contra la referida autoridad administrativa, confirm\u00f3 lo razonado por la a quo en el sentido de declarar inviabilidad de la s\u00faplica, siendo puntual en precisar que, <\/p>\n
\u00abEn cuanto a lo peticionado por la actora, que involucra a la entidad administrativa en menci\u00f3n, esto es, que contin\u00fae con el pago de los aportes a la seguridad social en salud a fin de garantizar el acceso a los servicios y tratamientos m\u00e9dicos que afirma requerir, la sentencia ser\u00e1 confirmada, en tanto se comparte el razonamiento de la Hom\u00f3loga a quo relativo a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para ventilar discusiones que envuelvan cuestiones de \u00edndole econ\u00f3mico y\/o que eventualmente puedan repercutir en el presupuesto de una entidad p\u00fablica o afectarlo, como ser\u00eda el caso; pero adem\u00e1s, es de resaltar que, aquellos pagos permanecieron efectu\u00e1ndose desde la fecha de desvinculaci\u00f3n de la actora a la Rama Judicial el 2 de octubre de 2017 hasta el 22 de septiembre de 2022 (comunicaci\u00f3n DESAJBOTH22-2139 de la Coordinadora de Talento Humano de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1), es decir, super\u00e1ndose ampliamente los t\u00e9rminos del resguardo 2017-3249, no obstante que la protecci\u00f3n otorgada en ese aspecto fue de car\u00e1cter transitorio\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, es claro que, m\u00e1s all\u00e1 de la inconformidad con lo resuelto, se observa que la Sala s\u00ed abord\u00f3 la situaci\u00f3n planteada por la quejosa en el escrito de censura, explicando las razones por las cuales la demanda, frente a ese espec\u00edfico punto, resultaba improcedente. <\/p>\n
Es decir, aunque lo dispuesto tanto en primer, como en segundo grado de la acci\u00f3n de tutela aqu\u00ed recriminada, haya sido desfavorable a los intereses de la actora, se reitera, no se erige en modo alguno como un motivo v\u00e1lido para anular lo actuado. <\/p>\n
3.3. De otra parte, carece de fundamento la alegaci\u00f3n referida al reparto de las diferentes acciones de tutela que ha presentado ante esta Corporaci\u00f3n, sugiriendo que ha sido direccionado, y que, el Magistrado al que le ha correspondido la ponencia, ha resuelto con base \u00aben supuestos, no en pruebas\u00bb; en tanto que, evidentemente tampoco se subsume en ninguna de las causales de nulidad enunciadas, por lo que, se impone su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, si la incidentante lo que pretende con la formulaci\u00f3n de esta solicitud es rebatir lo resuelto por esta Corporaci\u00f3n en cada uno de los fallos de instancia de la tutela en cuesti\u00f3n, dicha aspiraci\u00f3n no tiene asidero por v\u00eda de nulidad, pues para ello puede pedir a la Corte Constitucional la revisi\u00f3n del tr\u00e1mite y, eventualmente, invocar el mecanismo de insistencia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se impone denegar la solicitud de nulidad formulada por la parte accionante al no haber acreditado la configuraci\u00f3n de las causales invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, NIEGA la petici\u00f3n de nulidad presentada por la convocante. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito; y, verificado lo anterior, por Secretar\u00eda dese cumplimiento a lo ordenado en la parte final del fallo STC5118-2023, 31 may., dictado por esta Corporaci\u00f3n, enviando el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Paralelo a la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3, la accionante alleg\u00f3 escrito de solicitud de nulidad, la cual fue rechazada de plano por desconocimiento de los principios de \u00abtaxatividad o especificidad\u00bb, dado que, la argumentaci\u00f3n en torno a la causal invocada (2\u00aa) del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, result\u00f3 insuficiente; as\u00ed mismo, porque tampoco acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de la hip\u00f3tesis prevista en el canon 29 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
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