ATC819-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC819-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2016-00273-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la consulta de la providencia proferida el 7 de julio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que sancion\u00f3 al Capit\u00e1n Carlos Alberto Guill\u00e9n Agudelo, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud en Caldas de la Polic\u00eda Nacional, y a la Mayor Hellen Johana Jim\u00e9nez Orejuela, Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No.3 de la misma Instituci\u00f3n, con 2 d\u00edas de arresto y una multa equivalente a 30,66 UVT, para el 2023, para cada uno1, por desacatar el fallo de tutela que dicho Tribunal emiti\u00f3 el 19 de julio de 2016. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la sentencia referida fue concedido el amparo constitucional invocado por la representante del menor en condici\u00f3n de discapacidad Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez2, en cuanto dispuso: <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Direcci\u00f3n General de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, al Jefe de \u00c1rea de Sanidad de la Polic\u00eda de Caldas y a la Cl\u00ednica La Toscana (Polic\u00eda de Caldas), que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, de manera coordinada y conjunta autoricen la institucionalizaci\u00f3n especializada en el lugar que se ajuste a los requerimientos de la enfermedad, del menor Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez y presten al actor el tratamiento integral que se derive de sus actuales patolog\u00edas en raz\u00f3n del diagn\u00f3stico de autismo. <\/p>\n
2. El 31 de mayo de 2023, la se\u00f1ora Martha Liliana Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba, en representaci\u00f3n de aqu\u00e9l, solicit\u00f3 tramitar un incidente de desacato, por desatenci\u00f3n de la referida orden constitucional, toda vez que, siete a\u00f1os despu\u00e9s de haberse ordenado que se autorizara la institucionalizaci\u00f3n de su hijo, la Polic\u00eda Nacional no ha dado cumplimiento y tampoco ha atendido sus reiteradas solicitudes. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, con el trascurso del tiempo, Carlos Daniel se ha desarrollado f\u00edsicamente, al igual que ha incrementado ostensiblemente su agresividad, situaci\u00f3n que la oblig\u00f3 a buscar por cuenta propia una instituci\u00f3n especializada, donde ha recibido un tratamiento discontinuo, debido a los altos costos econ\u00f3micos que debe sufragar, dificultando su situaci\u00f3n econ\u00f3mica3. <\/p>\n
3. El 1 de junio del a\u00f1o en curso, la Magistrada Ponente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, previo a abrir el incidente, requiri\u00f3 al Capit\u00e1n Carlos Alberto Guill\u00e9n Agudelo, al Intendente Jhon Mart\u00ednez, Jefe del Establecimiento Complementario de Salud Caldas de la Polic\u00eda Nacional, y a la Mayor Hellen Johana Jim\u00e9nez Orejuela, para que materializaran inmediatamente las \u00f3rdenes m\u00e9dicas pendientes y suministraran razones de peso que explicaran el letargo, as\u00ed como las gestiones adelantadas desde el 2016 sobre el internamiento de Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez en una instituci\u00f3n especializada; asimismo, requiri\u00f3 a la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, Directora General de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, en calidad de superior jer\u00e1rquico de los directos encargados, para que instara al acatamiento de la orden constitucional e iniciara las diligencias disciplinarias a que hubiere lugar4. <\/p>\n
3.1. El 2 de junio siguiente, la incidentante asegur\u00f3 que, debido a un error en la redacci\u00f3n de los hechos en el escrito de desacato, afirm\u00f3 que el incumplimiento de la orden de tutela hab\u00eda ocurrido desde el mismo momento en que se profiri\u00f3 esta -19 de julio de 2016-, cuando lo cierto es que la Polic\u00eda del Departamento de Caldas, a trav\u00e9s de la Cl\u00ednica La Sultana, asumi\u00f3 la institucionalizaci\u00f3n de su hijo desde octubre de 2017 hasta enero de 2020, en la Fundaci\u00f3n FUNPAZ, de Manizales, lugar del que fue retirado, por falta de contrato entre la Polic\u00eda Nacional y la citada Instituci\u00f3n, de suerte que el incumplimiento viene sucediendo desde febrero de 2020 a la fecha5. <\/p>\n
3.2. El 6 de junio de este a\u00f1o, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite incidental, dado que el competente para el cumplimiento de la orden constitucional recae en la Regional de Aseguramiento en Salud N\u00b0 3 y en la Unidad Prestadora de Salud Caldas; no obstante, inform\u00f3 que, de conformidad con el requerimiento previo al desacato, la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo orden\u00f3 a la Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Caldas cumplir el fallo judicial de manera inmediata, y a la Jefe de Atenci\u00f3n al Usuario de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional someter el asunto al Comit\u00e9 de Recepci\u00f3n, Atenci\u00f3n, Evaluaci\u00f3n y Tr\u00e1mite -CRAET-, para de lo de su competencia, de lo cual se acompa\u00f1\u00f3 el respectivo soporte6. <\/p>\n
3.3. El Capit\u00e1n Carlos Alberto Guill\u00e9n Agudelo pidi\u00f3 desvincular del tr\u00e1mite a la Unidad Prestadora de Salud Caldas, porque esta Instituci\u00f3n ha dado cumplimiento al fallo de tutela, evidenci\u00e1ndose que Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez ha recibido atenci\u00f3n permanente a lo largo de los a\u00f1os a trav\u00e9s de los establecimientos de sanidad de la Polic\u00eda Nacional, siendo atendido por \u00faltima vez en la Unidad Prestadora de Salud de Risaralda el 30 de mayo de 2023, en la especialidad de psiquiatr\u00eda, como lo acredita la prueba documental que obra en la foliatura. <\/p>\n
Asimismo, le informaron que, el 28 de febrero de 2020, la Cl\u00ednica de Salud Mental FUNPAZ, en la que el paciente recibi\u00f3 atenci\u00f3n entre el 2016 y 2020, manifest\u00f3 que el contrato que amparaba su institucionalizaci\u00f3n no ser\u00eda renovado, frente a lo cual la Unidad ofreci\u00f3 seguir con el proceso de internamiento en la Cl\u00ednica Psiqui\u00e1trica San Juan de Dios, pero su familia se opuso, porque habr\u00eda tomado la decisi\u00f3n de trasladarlo a una instituci\u00f3n particular, en Pereira. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el paciente se encontraba residenciado actualmente en esta \u00faltima ciudad y no en Manizales, por lo que deb\u00eda vincularse al tr\u00e1mite a la Unidad Prestadora de Salud Risaralda7. <\/p>\n
4. El 13 de junio de 2023, la Magistrada Ponente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales requiri\u00f3 al Capit\u00e1n Juan David Palacio Tamara, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda de la Polic\u00eda Nacional, y reiter\u00f3 a la Mayor Hellen Johana Jim\u00e9nez que materializara inmediatamente las \u00f3rdenes dispuestas en el fallo de tutela; tambi\u00e9n requiri\u00f3 a la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, para que, como superior jer\u00e1rquico de los directos encargados, instara al acatamiento de la orden constitucional e iniciara las diligencias disciplinarias a que hubiere lugar8. <\/p>\n
5. El 20 de junio de 2023, la Mayor Hellen Johanna Jim\u00e9nez Orejuela pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pues asegur\u00f3 que el directamente responsable del cumplimiento de la orden constitucional es la Unidad Prestadora de Salud Caldas. Indic\u00f3 que la Unidad que ella dirige \u00fanicamente maneja servicios de segundo nivel sin internaci\u00f3n, por lo que se tiene la necesidad de contratar los dem\u00e1s servicios de salud con diferentes entidades de tercer y cuarto nivel de complejidad. <\/p>\n
Sostuvo que, en vista de que la madre del paciente manifest\u00f3 que la situaci\u00f3n de este hab\u00eda sufrido series complicaciones, que la oblig\u00f3 a buscar por cuenta propia una instituci\u00f3n especializada, se le inform\u00f3 que pod\u00eda acceder al servicio solicitado a trav\u00e9s de la modalidad de reembolso, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n 712 de 2015, y agreg\u00f3 que la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional cuenta con un Comit\u00e9 Central de Reembolsos, que sesiona una vez al mes y es el encargado de estudiar el reintegro de los gastos efectuados por la atenci\u00f3n de servicio particular, sobre lo cual aport\u00f3 los respectivos soportes9. <\/p>\n
6. Seg\u00fan constancia del 26 de junio del a\u00f1o que transcurre, expedida por Albert Juli\u00e1n Largo Acevedo, auxiliar judicial de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, este se comunic\u00f3 telef\u00f3nicamente con la se\u00f1ora Martha Liliana Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba, quien inform\u00f3 que prontamente iba a practicarse una Junta M\u00e9dica Especializada para estudiar el caso de su hijo y manifest\u00f3 la necesidad de que este continuara con el proceso de institucionalizaci\u00f3n; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda aceptado gestionar el reembolso ofrecido por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 y agreg\u00f3 que, en el 2020, Carlos Daniel fue remitido a la Cl\u00ednica Psiqui\u00e1trica San Juan de Dios, pero ella se neg\u00f3 a aceptar, pues consideraba que su hijo permanec\u00eda dopado todo el tiempo y sin las terapias requeridas10. <\/p>\n
7. Ese mismo 26 de junio de 2023, la Magistrada Ponente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales abri\u00f3 incidente de desacato contra el Capit\u00e1n Carlos Alberto Guill\u00e9n Agudelo, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, el Capit\u00e1n Juan David Palacio Tamara, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, la Mayor Hellen Johana Jim\u00e9nez Orejuela, Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 y la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, Directora General de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, por el incumplimiento de la sentencia de tutela emitida el 19 de julio de 2016 a favor de Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez, y decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas11. <\/p>\n
8. Seg\u00fan constancia del 6 de julio de 2023, emitida por el citado funcionario judicial de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba inform\u00f3 que, el 21 de junio anterior, radic\u00f3 una solicitud de reembolso en la Direcci\u00f3n de Sanidad, que ser\u00eda sometida a estudio del Comit\u00e9 respectivo12. <\/p>\n
II. LA PROVIDENCIA CONSULTADA <\/p>\n
La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales profiri\u00f3 la decisi\u00f3n sancionatoria objeto de consulta, como quiera que, en los tres a\u00f1os siguientes al retiro de Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez de la instituci\u00f3n especializada en la que se encontraba recluido, por razones contractuales netamente imputables a ellos, no adelantaron gesti\u00f3n alguna para internarlo en otra instituci\u00f3n y menos a\u00fan demostraron la idoneidad de la Cl\u00ednica San Juan de Dios a la que ofrecieron remitirlo en 202013. <\/p>\n
III. SOLICITUD DE INAPLICACI\u00d3N <\/p>\n
1. El 10 de julio del presente a\u00f1o, la Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, Mayor Hellen Johanna Jim\u00e9nez Orejuela, pidi\u00f3 inaplicar la sanci\u00f3n impuesta, dado que su dependencia ha prestado los servicios asistenciales requeridos por la incidentante para la atenci\u00f3n de su hijo; adem\u00e1s, adjunt\u00f3 un documento que acredita que Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez fue valorado el 7 de julio de este a\u00f1o por una Junta o equipo interdisciplinario del Hospital Mental Universitario de Risaralda Homeris E.S.E., que diagnostic\u00f3 que el paciente requiere de institucionalizaci\u00f3n acorde a sus necesidades, las cuales en su momento est\u00e1n siendo atendidas en el lugar en el que permanece internado. <\/p>\n
De otro lado, manifest\u00f3 que, el 21 de junio anterior, la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba remiti\u00f3 solicitud de reembolso, por servicio de institucionalizaci\u00f3n de su hijo, que fue aprobada por el comit\u00e9 de reembolsos, frente a lo cual record\u00f3 que, en casos en los que no se ha prestado el respectivo servicio de salud, se estudiar\u00eda la viabilidad de reembolsar los gastos en que habr\u00eda incurrido el usuario particularmente14. <\/p>\n
2. El 12 de julio anterior, la se\u00f1ora Martha Liliana Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba inform\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales que la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional reembols\u00f3 los gastos en que ella incurri\u00f3 en junio de este a\u00f1o, con ocasi\u00f3n de la institucionalizaci\u00f3n de su hijo en el Refugio Nazareth, de Pereira15. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ha sido reiterativa la jurisprudencia al se\u00f1alar que, por la finalidad que tienen los fallos proferidos en una acci\u00f3n de tutela, su cumplimiento deviene forzoso, comprometiendo, a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial. Debido a ello, el juez del amparo estar\u00e1 compelido a propender por su cumplimiento y, de ser necesario, a imponer las sanciones previstas en la ley por su desacato. <\/p>\n
Para lo anterior, deber\u00e1 constatar los aspectos relacionados con el contenido y alcance de la orden de protecci\u00f3n, su destinatario y el t\u00e9rmino concedido para su cumplimiento. En ese ejercicio valorativo es deber del funcionario examinar no solo el hecho objetivo del incumplimiento, sino las motivaciones de este, atendiendo los elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como son la culpa del obligado, su voluntariedad de no obedecer, cualquier causal de justificaci\u00f3n que pudiera presentarse y el nivel de inobservancia, si fuere total o parcial, con miras a definir las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho amparado. <\/p>\n
Por otra parte, si se encuentra, as\u00ed sea en forma posterior a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, que se ha dado cumplimiento a la orden impartida, la misma debe dejarse sin efecto, porque el fin del desacato no es la sanci\u00f3n, sino la garant\u00eda de la orden constitucional y el amparo de los derechos. <\/p>\n
2. En el sub examine, se advierte que el Tribunal emiti\u00f3 la sanci\u00f3n objeto de consulta, porque, a pesar de que la parte incidentada acredit\u00f3 que, entre el 2016 y 2020, cumpli\u00f3 con lo ordenado por el juez constitucional, no lo hizo con posterioridad a ello, pues, en febrero de 2020, Carlos Daniel fue retirado de la Cl\u00ednica de Salud Mental FUNPAZ en la que se encontraba internado, debido a que el contrato que exist\u00eda con esta instituci\u00f3n finaliz\u00f3, por razones netamente imputables a las incidentadas, las cuales no habr\u00edan adelantado gesti\u00f3n alguna para internarlo en otra instituci\u00f3n y menos a\u00fan demostrado la idoneidad de la Cl\u00ednica San Juan de Dios a la que ofrecieron remitirlo. <\/p>\n
Sobre el particular, la evidencia probatoria muestra que, en 2020, las incidentadas manifestaron a la madre del paciente su intenci\u00f3n de trasladarlo a la Cl\u00ednica San Juan de Dios, en Manizales, pero ella se opuso, porque consideraba que en ese lugar su hijo permanec\u00eda dopado todo el tiempo y sin las terapias requeridas; sin embargo, no obra prueba alguna en el expediente que respalde su dicho, pues se echa de menos un informe m\u00e9dico o especializado que compruebe lo afirmado y, por lo mismo, la negativa de trasladar a Carlos Daniel a la mencionada Cl\u00ednica obedeci\u00f3 a una decisi\u00f3n netamente personal de su madre, quien opt\u00f3 por cuenta propia recluirlo en una instituci\u00f3n particular en Pereira. <\/p>\n
Est\u00e1 acreditado, igualmente, que a la se\u00f1ora Martha Liliana Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba se le ofreci\u00f3 la posibilidad de rembolso por los gastos ocasionados, pues, seg\u00fan lo manifestado por la Mayor Hellen Johanna Jim\u00e9nez Orejuela, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional tiene conformado un Comit\u00e9 Central de Reembolsos, que sesiona una vez al mes y se encarga de estudiar el reintegro en casos en que no se ha prestado el respectivo servicio de salud y el usuario ha incurrido en gastos particularmente. <\/p>\n
Al respecto, el 21 de junio de este a\u00f1o, la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba solicit\u00f3 el reembolso de gastos, por los servicios de institucionalizaci\u00f3n de su hijo en el Refugio Nazaret, de Pereira, el cual fue aprobado y pagado por el Comit\u00e9 de Reembolsos de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, seg\u00fan se acredita con el escrito que aqu\u00e9lla remiti\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales el 12 de julio de 2023. <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar, asimismo, que en julio de este a\u00f1o Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez fue valorado por una Junta o equipo interdisciplinario del Hospital Mental Universitario de Risaralda Homeris E.S.E., que determin\u00f3 que el paciente requiere de una institucionalizaci\u00f3n acorde a sus necesidades, las cuales, seg\u00fan dijo, hoy est\u00e1n siendo atendidas en el lugar en el que permanece recluido. <\/p>\n
Adicionalmente, la prueba documental evidencia que, a lo largo de varios a\u00f1os, el paciente ha recibido permanentemente atenci\u00f3n m\u00e9dica y hospitalaria en sus distintas dependencias, como lo muestra su larga historia cl\u00ednica, al igual que ha recibido atenci\u00f3n especializada en pacientes de autismo, como ocurri\u00f3 entre el 2004 y el 2014 en la IPS Magusi. <\/p>\n
3. En situaciones similares, la Sala ha establecido que, como el tr\u00e1mite de desacato es eminentemente sancionatorio, es pertinente demostrar el dolo o la culpa, evidenciados en la voluntariedad manifiesta de no cumplir con la orden de tutela, pues si ello no se acredita no hay lugar a emitir sanci\u00f3n, menos aun cuando se trata de obligaciones de tracto sucesivo y frente a las cuales se ha venido dando cumplimiento a lo largo del tiempo o se acredita su acatamiento as\u00ed sea posterior al incidente o a la misma sanci\u00f3n. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
para resolver la consulta del presente desacato no puede perderse de vista que, acorde con la jurisprudencia constitucional, deben valorarse los factores objetivos, as\u00ed como los subjetivos, referidos al \u201c(dolo o culpa) del obligado\u201d, \u201csi existi\u00f3 allanamiento a las \u00f3rdenes\u201d y si el responsable \u201cdemostr\u00f3 acciones positivas orientadas al cumplimiento\u201d; de manera que, \u201csi no hay contumacia o negligencia comprobadas (\u2026) no puede presumirse la responsabilidad\u201d. Aunado a ello, se ha establecido que es procedente el levantamiento de las sanciones impuestas por desacato en los eventos en que se acredita el cumplimiento, as\u00ed sea extempor\u00e1neo (SU034-2018). <\/p>\n
En este caso, como se evidencia, se trata de una orden constitucional cuyo cumplimiento es de tracto sucesivo, de forma que no se extingue con un solo acto, por lo que se requiere del ejercicio de actividades peri\u00f3dicas\u2026 <\/p>\n
En ese sentido, en asuntos similares, se ha establecido que, cuando \u201cla incidentada ha realizado los tr\u00e1mites pertinentes para que se presten los servicios m\u00e9dicos reclamados (\u2026) no resulta razonable para la Sala mantener la sanci\u00f3n impuesta, pues, con lo acreditado en esta instancia, no se vislumbra la negligencia o la intenci\u00f3n de no acatar la orden constitucional, por el contrario, se demuestra que se avanz\u00f3 y realizaron las gestiones correspondientes para su cumplimiento\u201d (ATC1747-2021, expediente 2016-00087-01). (Se subraya, CSJ ATC584-2022). <\/p>\n
3.1. Aplicados los presupuestos anteriores al caso concreto, se advierte que no est\u00e1 acreditado el elemento subjetivo necesario para emitir una sanci\u00f3n por desacato, pues se prob\u00f3 que, con posterioridad a la desvinculaci\u00f3n de Carlos Daniel Salgado Gonz\u00e1lez de la Cl\u00ednica de Salud Mental FUNPAZ, en el 2020, las incidentadas ofrecieron trasladarlo a la Cl\u00ednica San Juan de Dios, pero su madre se opuso, supuestamente porque en ese lugar su hijo permanec\u00eda dopado y sin las terapias requeridas, lo cual no acredit\u00f3, optando m\u00e1s bien por su traslado particular a una instituci\u00f3n especializada en Pereira, cuyos gastos, si bien han corrido por cuenta de la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba, esta solicit\u00f3 el rembolso y a ello accedi\u00f3 la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, de manera que s\u00ed ha habido voluntad y se han efectuado acciones afirmativas para acatar la sentencia de tutela. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no es viable mantener la providencia sancionatoria emitida el 7 de julio de 2023 y, por tanto, se revocar\u00e1. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. REVOCAR la sanci\u00f3n impuesta el 7 de julio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el tr\u00e1mite del desacato de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Por Secretar\u00eda, comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y devu\u00e9lvase las presentes diligencias al Despacho de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Con Impedimento) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En la misma decisi\u00f3n, el Tribunal absolvi\u00f3 al Capit\u00e1n Juan David Palacio Tamara, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, de la Polic\u00eda Nacional, y a la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, Directora General de Sanidad de dicha Instituci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Hoy mayor de edad. <\/p>\n
3\u0002 Archivo 2 PDF, expediente incidente de desacato. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 3 PDF, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Archivo 5 PDF, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Archivo 6 PDF, expediente digital incidente de desacato. <\/p>\n
7\u0002 Respuesta del Capit\u00e1n Guill\u00e9n Agudelo (Archivo 10 PDF ibidem) Archivos 7, 8 y 9 PDF (prueba documental que soporta lo afirmado por el Oficial). <\/p>\n
8\u0002 Archivo 11 PDF, ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Archivo 13 PDF, ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Archivo 14 PDF, ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Archivo 15 PDF, ibidem <\/p>\n
12\u0002 Archivo 17 PDF, ibidem <\/p>\n
13\u0002 Archivo 18 PDF, ibidem <\/p>\n
14\u0002 Archivo 21 PDF, ibidem <\/p>\n
15\u0002 Archivo 22 PDF, ibidem <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC819-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente ATC819-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2016-00273-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la consulta de la providencia proferida el 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74543","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74543","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74543"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74543\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74543"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74543"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74543"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}