ATC827-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
ATC827-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2023-00150-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 2 de junio de 2023, dentro de las acciones de tutela acumuladas1, promovidas por Jonathan Collazos Vera y Jhon Henry Vel\u00e1squez Saenz, contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal del Espinal, la Corte advierte que se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8.\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en estos asuntos por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 (que contiene el canon 4.\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
2. En efecto, n\u00f3tese que el amparo de la referencia, promovido por los mentados libelistas, en sus calidades de sacerdotes ordenados de la Di\u00f3cesis del Espinal, se ci\u00f1\u00f3 a cuestionar la legalidad de la tramitaci\u00f3n de la causa (rad. n.\u00ba 2023-00050), iniciada por el periodista Juan Pablo Barrientos, en procura de que se garantizara su derecho de petici\u00f3n, toda vez que la congregaci\u00f3n religiosa no habr\u00eda dado respuesta clara y de fondo frente a sus cuestionamientos; petitum al que se accedi\u00f3 en segunda instancia, ordenando a la pasiva entregar la totalidad de la documentaci\u00f3n requerida; dentro de la cual se encontrar\u00edan los datos semi-privados de los aqu\u00ed censores, pese a lo cual no habr\u00edan sido vinculados. <\/p>\n
3. En el primer grado de este mecanismo, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, luego de agotar las etapas de rigor, profiri\u00f3 fallo el 2 de junio de 2023, en el que deneg\u00f3 la salvaguarda, por la pretermisi\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, pues los gestores no acreditaron la invocaci\u00f3n de la nulidad que deprecaron, en el proceso auscultado. <\/p>\n
4. Inconforme, el sacerdote Jonathan Collazos Vera formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, porque, grosso modo, \u00abal no ser parte y no haber tenido forma de intervenir (\u2026), la \u00fanica alternativa jur\u00eddica es la acci\u00f3n de tutela por violaci\u00f3n al debido proceso conforme se relat\u00f3 en la presente acci\u00f3n, por ello carece de peso que el Tribunal Superior del Distrito Judicial en su amplia sabidur\u00eda me exija la interposici\u00f3n de los recursos en un tr\u00e1mite en donde no fui parte\u00bb. <\/p>\n
5. A partir de lo anterior, de la revisi\u00f3n a las pertinentes piezas procesales, se establece que, en la apertura de esta acci\u00f3n, realizada mediante auto de 19 de mayo de 20232, la colegiatura de primer grado omiti\u00f3 notificar a la totalidad de vinculados en la causa constitucional que motiv\u00f3 este reclamo (rad. n.\u00ba 2023-00050), teniendo en cuenta que falt\u00f3 integrar en el contradictorio a la Conferencia Episcopal de Colombia y al Vicario General de la Di\u00f3cesis del Espinal, Gonzalo Ram\u00edrez Guti\u00e9rrez \u2013quien ha suscrito los informes presentados por la pasiva en esa causa, incluso, en el incidente de desacato, lo que tambi\u00e9n motiv\u00f3 la invalidaci\u00f3n de la amonestaci\u00f3n por parte del ad quem en ese asunto3\u2013; y, por tanto, debieron ser convocados para que ejercieran su derecho de defensa y contradicci\u00f3n frente a la salvaguarda interpuesta por los sacerdotes Jonathan Collazos Vera y Jhon Henry Vel\u00e1squez Saenz, pues en esta se involucran sus intereses. <\/p>\n
Ello, porque si bien en la referida admisi\u00f3n se dispuso vincular \u00aba las partes e intervinientes\u00bb y para tal cometido se comision\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil Municipal del Espinal, lo cierto es que, de la verificaci\u00f3n de la foliatura, solo se constatan los enteramientos: (i) del accionante del proceso auscultado, periodista Juan Pablo Barrientos; (ii) as\u00ed como de Monse\u00f1or Miguel Fernando Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o, sin que, se insiste, se haya efectuado la notificaci\u00f3n de todos quienes intervinieron en el referido asunto4. <\/p>\n
6. En materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 ibidem, consagra que el fallo proferido en el resguardo \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 5.\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Sobre la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del auxilio a todos los directamente interesados en sus resultas, la jurisprudencia constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) constituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, por su intermedio, m\u00e1s que pretender formalizar la comunicaci\u00f3n del inicio, desarrollo o agotamiento de una determinada actuaci\u00f3n procesal, lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, la Corte ha dejado sentado que la garant\u00eda constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protecci\u00f3n constitucional derivada de la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CC A-364\/10). <\/p>\n
Ahora, sobre la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, se precis\u00f3 que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). <\/p>\n
7. En este orden, atendiendo las disposiciones legales y los precedentes jurisprudenciales anteriormente referidos, con observancia en los incisos 2.\u00ba y 3.\u00ba del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, se invalidar\u00e1 la sentencia de primera instancia, en tanto es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00abposterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este\u00bb, lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los dem\u00e1s sucesos procesales previos y del acervo probatorio en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
En consecuencia, para la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite se le ordenar\u00e1 al tribunal a-quo, vincular y por ende notificar a todos los interesados. Lo antedicho, para que, si a bien lo tienen, ejerzan sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n; y, una vez cumplida esa actuaci\u00f3n, el tribunal emita nuevo pronunciamiento que defina la instancia a su cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 2 de junio de 2023, dentro de la salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Devolver el expediente al tribunal de origen para que renueve la tramitaci\u00f3n invalidada, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por medio id\u00f3neo y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2\u0002 Respecto del primer convocante, <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, ver: auto de 26 de mayo de 2023, dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, en el curso del incidente de desacato que se promovi\u00f3 con ocasi\u00f3n de la presunta inobservancia de los mandatos impartidos en ese tr\u00e1mite (Archivo 0018AutoDecretaNulidad cd. desacato). <\/p>\n
4\u0002 Lo anterior, de acuerdo con el mismo informe del despacho accionado y de los oficios elaborados por la Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
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