ATC842-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7180-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02716-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Erika Patricia Moya M\u00e1rquez instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad, la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas UARIV, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Alcald\u00eda Municipal de Valledupar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 20001-31-21-003-2023-00041-00 y 20001-22-14-004-2023-00108-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista requiri\u00f3 la custodia de los derechos a la igualdad, dignidad humana y \u00abespecial asistencia y protecci\u00f3n a los menores\u00bb, para que se ordenara: <\/p>\n
i.- \u00abuna investigaci\u00f3n contra el tribunal superior tutelado en esta ocasi\u00f3n por violaci\u00f3n al debido proceso y ordene me responda en qu\u00e9 estado se encuentra la tutela seguida contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb; <\/p>\n
ii.- \u00abal juez tutelado garantizar la protecci\u00f3n de mis derechos fundamentales y abrir una investigaci\u00f3n con este juzgado [y enviarme fotocopia de la respuesta enviada de la unidad de v\u00edctima a la tutela presentada ante ese juzgado]\u00bb; y, <\/p>\n
iii.- \u00aba la unidad que sin m\u00e1s dilataciones me haga entrega de las ayudas humanitarias de emergencia para mitigar en parte nuestra situaci\u00f3n de calamidad absoluta debido a la Pobreza dejada por el desplazamiento\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que es madre cabeza de familia en un hogar conformado por ella y siete hijos menores, se encuentra desempleada, en grave estado de salud y fue desplazada por un grupo al margen de la ley desde hace tres meses, tiempo durante el cual solicit\u00f3 a la Unidad de V\u00edctimas la entrega de \u00ablas ayudas humanitarias de emergencia\u00bb, entidad que se limit\u00f3 a asignarle un turno y a indicarle que \u00abdebo esperar a que tengan presupuesto para el desembolso\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que ante la falta de soluci\u00f3n efectiva a su problem\u00e1tica, radic\u00f3 \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb (2023-00041-00) que el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar despach\u00f3 negativamente, por lo que tambi\u00e9n decidi\u00f3 cuestionarlo v\u00eda constitucional (2023-00108-00), sin que se hubiesen protegido sus prerrogativas, dado que el Tribunal de la misma sede, a la fecha de interposici\u00f3n de esta s\u00faplica ius fundamental, no ha proferido su veredicto \u00abponiendo en riesgo la salud y la vida misma de mis hijos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ante las autoridades censuradas pidi\u00f3 \u00abmedida provisional\u00bb que no fue objeto de alg\u00fan pronunciamiento, que el auxilio econ\u00f3mico no ha sido entregado ni por la UARIV, ni por la Alcald\u00eda de Valledupar, mucho menos por la Procuradur\u00eda o la Defensor\u00eda del Pueblo, ante las cuales acudi\u00f3 con ese prop\u00f3sito \u00aby lo \u00fanico que me dicen es que est\u00e1n en valoraci\u00f3n y que debo seguir esperando\u00bb, sin tener en cuenta que no tiene ingresos y que la situaci\u00f3n de su n\u00facleo familiar es de extrema pobreza. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Valledupar manifest\u00f3 que \u00abel d\u00eda 13 de julio de 2023 siendo las 12:17 M, este despacho recibi\u00f3 tutela de primera instancia presentada por la se\u00f1ora ERIKA PATRICIA MOYA M\u00c1RQUEZ contra el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DE VALLEDUPAR, la UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL A LAS V\u00cdCTIMAS, la DEFENSOR\u00cdA DEL PUEBLO, la PROCURADOR\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, la ALCALD\u00cdA DE VALLEDUPAR \u2013 C\u00c9SAR, y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), con medida provisional\u00bb, la cual fue admitida y se encuentra dentro de los t\u00e9rminos para ser fallada. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, luego de narrar su participaci\u00f3n en los hechos expuestos por la gestora, rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, habida cuenta que, no existe \u00abning\u00fan escrito o petici\u00f3n alguna radicada en la entidad accionada, y esta, en su respuesta, manifest\u00f3 que la se\u00f1ora ERIKA PATRICIA MOYA MARQUEZ, en ning\u00fan momento ha realizado solicitud para iniciar el tr\u00e1mite correspondiente para ser incluida junto con su n\u00facleo familiar dentro del Registro \u00danico de Victima (RUV), [de ah\u00ed que] el despacho procedi\u00f3 a negar la acci\u00f3n de tutela interpuesta, teniendo en cuenta que se deb\u00eda agotar v\u00eda gubernativa y realizar el tr\u00e1mite administrativo correspondiente por parte de la accionante\u00bb, determinaci\u00f3n que, en su criterio, no configura la trasgresi\u00f3n pregonada. <\/p>\n
El Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad apunt\u00f3 que \u00aben auto de tr\u00e1mite de 7 de junio de 2023 admiti\u00f3 acci\u00f3n de tutela presentada por la se\u00f1ora ERIKA PATRICIA MOYA MARQUEZ contra la UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACION INTEGRAL A LAS V\u00cdCTIMAS-UARIV por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales Constitucionales a la igualdad, m\u00ednimo vital, dignidad humana, reparaci\u00f3n colectiva, protecci\u00f3n a los menores, igualdad, identificada bajo el radicado 20001-31-87-004- 2023-02877-00 (\u2026) [l]uego el 22 de junio de 2023 se profiri\u00f3 fallo [que neg\u00f3 las pretensiones]\u00bb. <\/p>\n
La Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas explic\u00f3 que \u00abcomo requisito indispensable para que una persona pueda acceder a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, \u00e9sta debe haber presentado declaraci\u00f3n ante el Ministerio Publico y estar incluida en el Registro \u00danico de Victimas \u2013 RUV\u00bb, sin que sea el caso de la precursora, dado que no se encontr\u00f3 registro con su nombre. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al RUV (registro \u00fanico de v\u00edctimas) expres\u00f3 que, \u00abde acuerdo con la informaci\u00f3n aportada por la se\u00f1ora ERIKA PATRICIA MOYA MARQUEZ, con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda: 33.228.128, esta Entidad procedi\u00f3 con la verificaci\u00f3n en el Registro \u00danico de V\u00edctimas – RUV, no encontrando registros a nombre de la accionante\u00bb, pero s\u00ed hall\u00f3 en las bases de gesti\u00f3n documental, \u00abpor lo que es necesario que se allegue copia clara y legible del documento de identidad de la accionante para realizar las validaciones necesarias y dar respuesta de fondo respecto de las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional [ello] teniendo en cuenta que existe una o m\u00e1s personas cuya posible identificaci\u00f3n coincide con la que se informa, por tal raz\u00f3n no es posible brindar la informaci\u00f3n requerida, atendiendo al principio de Confidencialidad de la Informaci\u00f3n del mencionado Registro\u00bb. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar advirti\u00f3 que \u00abno se pudo llevar a cabo la verificaci\u00f3n de derechos de los menores de edad\u00bb, toda vez que \u00abno se pudo ubicar a la peticionaria; los vecinos del sector informaron que desconocen a la familia. Adem\u00e1s, [el] equipo interdisciplinario se comunic\u00f3 al n\u00famero aportado en la demanda de tutela, pero la persona que atendi\u00f3 la llamada coment\u00f3 no conocer a la se\u00f1ora ERIKA PATRICIA MOYA MARQUEZ\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda pidi\u00f3 ser exonerada de cualquier responsabilidad, habida cuenta que, \u00abno se ha recibido peticiones o solicitudes suscritas por el accionante, que este pendiente de ser resuelta por parte de la entidad\u00bb. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de Gobierno Municipal de Valledupar pidi\u00f3 \u00abdeclarar IMPROCEDENTE La presente Acci\u00f3n de Tutela, toda vez, que la Ayuda Humanitaria de Emergencia, as\u00ed como las otras peticiones, no corresponde otorgarla a nuestro Municipio y la Accionante no ha solicitado requerimiento alguno al ente territorial\u00bb (sic). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la prueba allegada al dossier muy pronto se advierte el fracaso del resguardo y la refrendaci\u00f3n de lo opugnado, seg\u00fan se explica a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
1.1. Una de las inconformidades de la impulsora es porque el Tribunal Superior de Valledupar no ha definido la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb que el 11 de julio de esta anualidad promovi\u00f3 por el supuesto actuar irregular del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la misma ciudad (n.\u00b0 2023-00108-00). <\/p>\n
Sin embargo, se avizora que, de acuerdo con el art\u00edculo 29 del Decreto 2591 de 1991, a la presentaci\u00f3n de este remedio excepcional (13 jul. 2023) no hab\u00eda transcurrido el lapso dispuesto en la ley para resolver sobre la viabilidad o no de lo pretendido, por lo que se colige, contrario a lo arg\u00fcido por la querellante, que no existi\u00f3 omisi\u00f3n o proceder negligente del iudex plural recriminado. <\/p>\n
En consecuencia, el socorro no puede salir avante, teniendo en cuenta que dentro de este asunto no hay conculcaci\u00f3n alguna de las garant\u00edas ius fundamentales invocadas. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que, para la viabilidad de la tutela, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC3764-2021, citada hace poco en STC1035-2023). <\/p>\n
De igual manera, se necesita: <\/p>\n
(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC8053-2019, reiterada recientemente en STC2038-2023). <\/p>\n
1.2. Se memora que, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es posible el examen de las \u00abtutelas contra tutelas\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, reiterada en STC3147-2022 y STC2683-2023), siempre y cuando se cumplan los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
1.2.1.- En el sub lite Erika Patricia Moya M\u00e1rquez intenta dejar sin efectos el fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, en la guarda n.\u00b0 2023-00041 que inco\u00f3 contra la UARIV (5 may. 2023); empero, lo observado es que dicha providencia no fue impugnada por la quejosa, quien opt\u00f3 por interponer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb n.\u00b0 2023-00108-00 contra lo all\u00ed dirimido; en tal sentido, despreci\u00f3 la oportunidad para debatir ante el juez natural las irregularidades que ahora exhibe, de ah\u00ed que deba soportar los efectos adversos de su negligencia, por no haber hecho uso de tal herramienta. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Magistratura tiene dicho que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026). STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023. <\/p>\n
Ello, en virtud de que, <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, citada en STC7199-2022 y en la STC1032-2023). <\/p>\n
Por consiguiente, es incuestionable que tal anhelo no cumple la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb y, por tanto, que no es factible estudiar el fondo del asunto suscitado, debido al car\u00e1cter residual del medio tuitivo. <\/p>\n
1.2.2. Adicionalmente, Moya M\u00e1rquez tiene a su alcance el remedio previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para atacar el \u00abfallo de tutela\u00bb que refuta y as\u00ed corregir la irregularidad que alega, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, dado que, seg\u00fan se pudo verificar de la p\u00e1gina Web de esa Colegiatura, la Sala de Selecci\u00f3n a\u00fan no ha adoptado ninguna resoluci\u00f3n respecto de dicha encuadernaci\u00f3n, lo que cierra la posibilidad de auscultar por este camino una pauta de otro \u00abJuez constitucional\u00bb. <\/p>\n
1.2.3.- Igualmente, nada impide que, en caso de no ser elegido el dossier, haga uso de la \u00abfacultad de insistencia\u00bb, concesi\u00f3n de la que esta Colegiatura ha predicado: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, rese\u00f1adas, entre otras, en STC16306-2021, STC5025-2022 y STC3658-2023. <\/p>\n
1.3.- Finalmente, en lo que concierne a las dem\u00e1s entidades reconvenidas, cabe se\u00f1alar que, no existe en el infolio prueba de solicitud que ante alguna de ellas hubiese formulado Erika Patricia con la finalidad aqu\u00ed perseguida y, por ende, tampoco de la \u00abomisi\u00f3n\u00bb que les achaca, de ah\u00ed que la salvaguarda no puede concederse, como en efecto se declarar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Erika Patricia Moya M\u00e1rquez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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