SC167-2023 (2019-00025-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC167-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 760013103017 2019 00025 01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por Seguros de Vida Suramericana S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, de 1\u00ba de diciembre de 2020, en el proceso que promovieron Mar\u00eda Renter\u00eda Vente, Sandra Paola Valencia Murillo, en nombre propio y en representaci\u00f3n del menor Duv\u00e1n Felipe Valencia Valencia, Sandra Paola Valencia Renter\u00eda, Kelly Johanna Valencia Valencia, Ana Cilena Ramos Renter\u00eda, \u00c1ngela In\u00e9s Angulo Vence, en nombre propio y representaci\u00f3n de los menores Jeilyn Marlovy y Jihanna Valencia Angulo contra la recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los demandantes solicitaron conminar a la demandada para que se paguen las indemnizaciones debidas por cinco p\u00f3lizas de seguros de la siguiente forma: <\/p>\n
1.1.- Por la p\u00f3liza No. 08100381650 de 17 de junio de 2016 se pidi\u00f3 la suma de $97.000.000, de los cuales el 50% deb\u00eda pagarse a favor de Kelly Johanna Valencia Valencia, Duv\u00e1n Felipe Valencia Valencia y Jihanna Valencia Angulo, y el 50% restante en provecho de Sandra Paola Valencia Renter\u00eda, Ana Cilena Ramos Renter\u00eda, Mar\u00eda Renter\u00eda Vente y \u00c1ngela In\u00e9s Angulo Vence. <\/p>\n
1.2.- Por la p\u00f3liza BAN-024533478 de 10 de septiembre de 2015 se pidi\u00f3 la suma de $80.000.000, de los cuales deb\u00eda pagarse a favor de Kelly Johanna Valencia Valencia, Duv\u00e1n Felipe Valencia Valencia, Jihanna Valencia Angulo y \u00c1ngela In\u00e9s Angulo Vence, fracciones del 20% para cada uno, y en provecho de Jeilyn Marlovy Valencia Angulo y Mar\u00eda Renter\u00eda Vente fracciones del 10% para cada uno. <\/p>\n
1.3.- Por la p\u00f3liza BAN-024533547 de 9 de septiembre de 2015 se pidi\u00f3 la suma de $80.000.000, de los cuales deb\u00eda pagarse a favor de Kelly Johanna Valencia Valencia, Duv\u00e1n Felipe Valencia Valencia, Jihanna Valencia Angulo y \u00c1ngela In\u00e9s Angulo Vence fracciones del 20% para cada uno, y en provecho de Jeilyn Marlovy Valencia Angulo y Mar\u00eda Renter\u00eda Vente fracciones del 10% para cada uno. <\/p>\n
1.4.- Por la p\u00f3liza BAN-024688021 de 10 de septiembre de 2015 se pidi\u00f3 la suma de $20.000.000, de los cuales deb\u00eda pagarse a favor de Kelly Johanna Valencia Valencia, Duv\u00e1n Felipe Valencia Valencia, Jihanna Valencia Angulo y \u00c1ngela In\u00e9s Angulo Vence fracciones del 20% para cada uno, y en provecho de Jeilyn Marlovy Valencia Angulo y Mar\u00eda Renter\u00eda Vente fracciones del 10% para cada uno. <\/p>\n
1.6.- Como consecuencia, solicitaron la actualizaci\u00f3n del valor de las indemnizaciones, y el reconocimiento de los intereses moratorios desde el acaecimiento del siniestro y hasta el pago. <\/p>\n
2.- Para fundamentar sus pretensiones, los demandantes manifestaron que la aseguradora y Jimmi Valencia Renter\u00eda, suscribieron los contratos de seguro incorporados en las p\u00f3lizas mencionadas, en las que se ampar\u00f3 el riesgo de muerte del tomador, y se design\u00f3 como beneficiarios a cada uno de los demandantes en la proporci\u00f3n referida en cada p\u00f3liza. <\/p>\n
2.1.- El tomador falleci\u00f3 el 1\u00ba de noviembre de 2016, debido a asfixia mec\u00e1nica ocurrida en el Corregimiento de Pedregal, Distrito de Panam\u00e1, Rep\u00fablica de Panam\u00e1. <\/p>\n
2.2.- El 24 de marzo de 2017, los demandantes presentaron las reclamaciones de las p\u00f3lizas. <\/p>\n
2.3.- El 5 de mayo de 2017, la aseguradora se neg\u00f3 a pagar las indemnizaciones, aduciendo que el asegurado no declar\u00f3 la diabetes mellitus que le fue diagnosticada en noviembre de 2009. <\/p>\n
2.4.- El 17 de octubre de 2018, la aseguradora cit\u00f3 a Sandra Paola Valencia Murillo, Sandra Paola Valencia Renter\u00eda, Ana Cilena Ramos Renter\u00eda y Mar\u00eda Renter\u00eda Vente para comparecer a diligencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial, con el prop\u00f3sito de declarar la nulidad relativa de los contratos de seguro, invocando los hechos que opuso para no pagar las indemnizaciones. <\/p>\n
2.5.- El 30 de noviembre de 2018, los demandantes citaron a la aseguradora para que concurriera a la diligencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial que se llevar\u00eda a cabo el 14 de noviembre de 2018, pero \u00e9sta solicit\u00f3 el aplazamiento de la reuni\u00f3n. <\/p>\n
2.6.- El tomador jam\u00e1s sufri\u00f3 los s\u00edntomas de la diabetes, toda vez que se someti\u00f3 a un tratamiento alternativo que lo cur\u00f3 para siempre. <\/p>\n
2.7.- El asiento de la historia cl\u00ednica, utilizado por la aseguradora para oponerse a la reclamaci\u00f3n, refiere un acontecimiento sin importancia, pues con posterioridad a su registro el tomador no volvi\u00f3 a consultar por esa causa en Sura, que era la compa\u00f1\u00eda de medicina prepagada en la que estaba afiliado. <\/p>\n
2.8.- Cuando celebr\u00f3 los contratos de seguro, el tomador no padec\u00eda enfermedades que pudieran comprometer en el futuro el pago de la reclamaci\u00f3n; adem\u00e1s, su deceso se produjo por una causa distinta a cualquier enfermedad diagnosticada y persistente. <\/p>\n
2.9.- Y, la aseguradora contaba con la posibilidad de revisar su historia cl\u00ednica, toda vez que le dio autorizaci\u00f3n para consultarla. <\/p>\n
3.- La demanda fue admitida por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, que orden\u00f3 notificar a la demandada. <\/p>\n
4.- La convocada dio contestaci\u00f3n a la demanda, all\u00ed plante\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abnulidad relativa de las p\u00f3lizas de vida\u00bb, \u00abno debe existir una relaci\u00f3n de causalidad entre inexactitud o reticencia y el siniestro ocasionado\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de realizar ex\u00e1menes m\u00e9dicos\u00bb, \u00abimprocedencia del estudio de la responsabilidad civil contractual en el proceso de la referencia\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n en cabeza de Seguros de Vida Suramericana S.A.\u00bb, \u00abimprocedencia del estudio de la responsabilidad civil contractual en el proceso de la referencia (menos a\u00fan la extracontractual)\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de indemnizar en cabeza de Seguros de Vida Suramericana S.A.\u00bb e \u00abimprocedencia de reconocimiento de intereses moratorios\u00bb. Como defensas subsidiarias propuso las intituladas \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00absujeci\u00f3n estricta al contrato de seguros, condiciones generales, particulares, l\u00edmite de valor asegurado, exclusiones del amparo\u00bb y \u00abgen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
5.- El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, mediante sentencia de 16 de octubre de 2019, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abnulidad relativa de las p\u00f3lizas de vida\u00bb, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la demandante. <\/p>\n
6.- Surtido el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandante, el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, en su lugar declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la demandada, a quien conden\u00f3 a pagarle a los demandantes las sumas aseguradas en las p\u00f3lizas, m\u00e1s los intereses moratorios causados desde el 5 de mayo de 2017 hasta el pago total de la obligaci\u00f3n y las costas de ambas instancias. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Despu\u00e9s de resumir el litigio, el Tribunal plante\u00f3 los problemas jur\u00eddicos en tres niveles, en el primero se pregunt\u00f3 si el tomador hab\u00eda incurrido en reticencia al suscribir las declaraciones de asegurabilidad, y si el principio de buena fe que inspira la etapa precontractual del contrato de seguro se reconduce \u00fanicamente a la declaraci\u00f3n del estado del riesgo a cargo del tomador; en el segundo se cuestion\u00f3 si la aseguradora actu\u00f3 como un profesional del ramo con antelaci\u00f3n a la suscripci\u00f3n del contrato de seguro, y si deb\u00eda indagar sobre el estado de salud del asegurado antes de asumir el riesgo; y, en el tercero examin\u00f3 el m\u00e9rito de las excepciones formuladas por la demandada. <\/p>\n
Luego, acot\u00f3 que, sin perjuicio de la obligaci\u00f3n del tomador, la aseguradora tiene la carga de investigar adecuadamente el estado del riesgo, en un inicio a trav\u00e9s de una indagaci\u00f3n pertinente enderezada a procurar del tomador su sincera declaraci\u00f3n, que, de no ser realizada, a pesar de poder hacerlo, le impedir\u00e1 aducir que el tomador incurri\u00f3 en reticencia. <\/p>\n
Despu\u00e9s, con apoyo en citas de decisiones proferidas por esta corporaci\u00f3n, subray\u00f3 que la inexactitud obnubila el consentimiento del asegurador cuando sucede en determinadas y precisas circunstancias, pero aquel no puede invocar la nulidad cuando tuvo la oportunidad de ponderar el estado del riesgo, con base en situaciones advertidas o advertibles durante la etapa de formaci\u00f3n del contrato, bien sea que se perciban a partir de la declaraci\u00f3n del tomador o de pesquisas apoyadas por expertos, pues ah\u00ed puede decidir libremente y contratar sin vicio. <\/p>\n
Con base en esa misma metodolog\u00eda, resalt\u00f3 que la ley le asigna efectos al conocimiento presuntivo del asegurador, al punto de cercenarle la posibilidad de alegar la reticencia sobre hechos que ha podido y debido conocer, lo cual ocurre cuando se contrae a guardar silencio o renuncia a la realizaci\u00f3n de valoraciones que no requieren de pesadas cargas, una vez es enterado de hechos ciertos que le sirven para elucidar las circunstancias que rodean el riesgo. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el asegurador no puede asumir una actitud pasiva o \u00abde mero espectador\u00bb, pues no est\u00e1 a su arbitrio dejar la declaraci\u00f3n del estado del riesgo a la sola voluntad del tomador, e incurre en culpa si deja de conocer los vicios de la declaraci\u00f3n a partir su experiencia y actuar diligente, m\u00e1xime cuando la guarda del principio de la buena fe demanda la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n rec\u00edproca. <\/p>\n
Transcribi\u00f3 el texto de cada una de las declaraciones de asegurabilidad, resaltando que el tomador declar\u00f3 que no padec\u00eda de diabetes u obesidad; adem\u00e1s, se refiri\u00f3 al documento expedido el 7 de junio de 2016, adjuntado con la p\u00f3liza de seguro de vida, en el cual manifest\u00f3 que gozaba de buena salud y autoriz\u00f3 la consulta de la historia cl\u00ednica; y, ponder\u00f3 la solicitud de aseguramiento, acotando que se advirtieron las consecuencias de la declaraci\u00f3n reticente e indag\u00f3 sobre el padecimiento de diabetes. <\/p>\n
Estim\u00f3 que no mediaba controversia sobre la diabetes mellitus que padec\u00eda el tomador, la cual fue diagnosticada desde el a\u00f1o 2009, y que no la declar\u00f3 ante la aseguradora, a pesar que en cada una de las declaraciones de asegurabilidad se le pregunt\u00f3 si la padec\u00eda. <\/p>\n
Adem\u00e1s, era consciente que ten\u00eda dicha enfermedad, pues emiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n de 5 de agosto de 2010, en donde invoc\u00f3 la calidad de \u00abpaciente diab\u00e9tico\u00bb y autoriz\u00f3 a su hermano a retirar la historia cl\u00ednica, y tambi\u00e9n sab\u00eda que era obeso, ya que se someti\u00f3 a un by pass g\u00e1strico el 14 de diciembre de 2015. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el testigo Sergio Plinio Qui\u00f1ones dijo haber estado presente en la suscripci\u00f3n de las p\u00f3lizas, enfatizando que no escuch\u00f3 que le hubieren preguntado al tomador sobre su estado de salud, y que la misma situaci\u00f3n fue comentada por Sandra Paola Valencia, quien manifest\u00f3 que lo acompa\u00f1\u00f3 a suscribir las p\u00f3lizas en el a\u00f1o 2009. <\/p>\n
No obstante, concluy\u00f3 que el ocultamiento de la diabetes no obedeci\u00f3 al asesoramiento de Lina Mar\u00eda Echeverry Mondrag\u00f3n, pues aunque el tomador apenas termin\u00f3 la escuela primaria, no era posible que un h\u00e1bil comerciante hubiere firmado lo que le pusieron en frente, menos cuando la sola prima del seguro de vida individual alcanzaba los $8.535.586. <\/p>\n
Coligi\u00f3 que s\u00ed hubo ocultamiento de la diabetes, toda vez que la historia cl\u00ednica revela que la enfermedad hab\u00eda sido diagnosticada desde el a\u00f1o 2009 y, persist\u00eda para el a\u00f1o 2015, seg\u00fan consta en nota dejada por el especialista en medicina interna, lo cual fue corroborado en el dictamen pericial. <\/p>\n
Sin embargo, estim\u00f3 que la aseguradora no pod\u00eda conformarse con la declaraci\u00f3n del estado del riesgo que le declar\u00f3 el tomador, ni renunciar a la realizaci\u00f3n de valoraciones requeridas para ponderarlo, por cuanto \u00e9stas le hubieren permitido conocerlo a cabalidad. <\/p>\n
Record\u00f3 que el tomador se someti\u00f3 a un by pass g\u00e1strico en diciembre de 2015, pesaba 131 kilogramos, seg\u00fan consta en asiento de historia cl\u00ednica registrado el 13 de noviembre de 2009, su ex esposa Sandra Paola Valencia Valencia, con quien convivi\u00f3 hasta el a\u00f1o \u00ab2009-2010\u00bb, declar\u00f3 que ten\u00eda obesidad y estaba muy gordo, mientras el testigo Sergio Plinio Qui\u00f1ones estim\u00f3 que su empleador pesaba \u00abciento y pico\u00bb. <\/p>\n
Frente a estos hechos, consider\u00f3 que la obesidad, o si se quiere, el sobrepeso del tomador era visible para los funcionarios de la aseguradora, quienes no ten\u00edan que diagnosticar la obesidad m\u00f3rbida, menos la diabetes, que padec\u00eda el tomador, pero s\u00ed deb\u00edan contemplar su sobrepeso y sospechar de la existencia de otras patolog\u00edas, por cuanto dicho estado generalmente va asociado con otras enfermedades, tales como la hipertensi\u00f3n, la diabetes y el hipercolesterolemia, etc. <\/p>\n
Por lo anterior, el asegurador dej\u00f3 de obrar como un profesional diligente, pues no solicit\u00f3 la historia cl\u00ednica del paciente, ni le practic\u00f3 ex\u00e1menes m\u00e9dicos, medida que, a pesar de no ser legalmente obligatoria, s\u00ed era aconsejable para conocer cu\u00e1l era el estado del riesgo que iba a asegurar, de modo que al no adoptar esos comportamientos, que s\u00ed deb\u00eda desplegar en su condici\u00f3n de profesional del ramo de los seguros, no advirti\u00f3 hechos atinentes a la salud del tomador que deb\u00eda y pod\u00eda conocer, cuesti\u00f3n que le impide alegar la nulidad relativa prevista en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, despleg\u00f3 comportamientos que no se acompasan con los dictados de la ub\u00e9rrima buena fe, habida cuenta que demand\u00f3 la nulidad relativa del contrato despu\u00e9s de que los demandantes solicitaron el pago de las p\u00f3lizas, aun cuando desde la suscripci\u00f3n del contrato se le autoriz\u00f3 la consulta de la historia cl\u00ednica y percibi\u00f3 el pago de las primas; tambi\u00e9n, objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n por una reticencia que no tiene que ver con las circunstancias en que falleci\u00f3 el causante. <\/p>\n
Una vez descart\u00f3 la nulidad relativa del contrato de seguro, hizo lo propio con la defensa denominada \u00abno debe existir una relaci\u00f3n de causalidad entre inexactitud o reticencia y el siniestro ocasionado\u00bb, aduciendo que la discusi\u00f3n era irrelevante, ya que la raz\u00f3n de la condena estrib\u00f3 en que la aseguradora pod\u00eda y deb\u00eda tener conocimiento del estado del riesgo, m\u00e1s record\u00f3 que la Corte Constitucional en algunas de sus sentencias, de las cuales menciona la T-282 de 2016, ha subordinado el reconocimiento de la nulidad relativa a la existencia de relaci\u00f3n de causalidad entre la informaci\u00f3n omitida y el siniestro. <\/p>\n
Luego, recab\u00f3 que no existe la obligaci\u00f3n legal de practicar ex\u00e1menes m\u00e9dicos antes de la celebraci\u00f3n del seguro, pero enfatiz\u00f3 que esta situaci\u00f3n no constituye una dispensa para que la aseguradora deje de realizar las pesquisas que luzcan aconsejables para esclarecer el estado del riesgo. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la responsabilidad reconocida era la contractual, orientada al pago de las cantidades estipuladas en las p\u00f3lizas. <\/p>\n
Descart\u00f3 la ocurrencia de la prescripci\u00f3n ordinaria, pues aunque la muerte del tomador se produjo el 1\u00ba de noviembre de 2016, el t\u00e9rmino prescriptivo fue interrumpido con la presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n el 24 de marzo de 2017, y con la radicaci\u00f3n de la demanda el 20 de febrero de 2019, \u00abm\u00e1xime cuando, se reitera, el d\u00eda 30 de octubre de 2018 las ahora demandantes convocaron a la aseguradora a la audiencia prejudicial de conciliaci\u00f3n, la cual finaliz\u00f3 con constancia de no asistencia de fecha 28 de noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, apunt\u00f3 que los intereses deben ser reconocidos en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demandada formul\u00f3 dos cargos contra la sentencia del Tribunal. El primero con fundamento en la causal 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el segundo de acuerdo con la causal 1\u00ba de dicho estatuto. <\/p>\n
IV. PRIMER CARGO <\/p>\n
Aduce el recurrente que la decisi\u00f3n incurri\u00f3 en violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, pues aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 1058 (inciso tercero), 1158 y 282 del C\u00f3digo de Comercio y 282 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.- En su consideraci\u00f3n, el tribunal cometi\u00f3 errores de hecho, al dar por probado sin estarlo que: (i) El asegurado padec\u00eda obesidad m\u00f3rbida en la \u00e9poca en que se celebraron los contratos de seguro, es decir, septiembre de 2015 y junio de 2016; (ii) La obesidad o sobrepeso del tomador era visible para los funcionarios de la aseguradora; (iii) El sobrepeso, por regla general, va acompa\u00f1ado de otras patolog\u00edas, en cuyo caso la aseguradora ha debido sospechar de su existencia. <\/p>\n
Los mentados errores recaen tanto por la preterici\u00f3n del dictamen pericial, en el cual se resumi\u00f3 la historia cl\u00ednica, y del testimonio de Sergio Plinio Qui\u00f1ones, como por la suposici\u00f3n de una regla de experiencia, que parte de entender que las personas con sobrepeso tienen otras enfermedades. <\/p>\n
2.- Respecto del dictamen pericial, el perito destac\u00f3 que la informaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica era escasa y correspond\u00eda a las visitas del paciente a los centros m\u00e9dicos para recibir atenci\u00f3n de urgencias o ser hospitalizado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n consign\u00f3 que el paciente consult\u00f3 en el servicio de urgencias del Centro M\u00e9dico Imbanaco en noviembre de 2009, por presentar s\u00edntomas de cetoacidosis diab\u00e9tica, el cual se asumi\u00f3 como debut de la diabetes mellitus; en dicha ocasi\u00f3n fue catalogado con obesidad m\u00f3rbida, se registr\u00f3 un peso de 131 kilogramos, sin incluir anotaciones sobre la talla y el \u00edndice de masa corporal. <\/p>\n
En septiembre de 2015, acudi\u00f3 al referido centro, por celulitis en el miembro inferior derecho como consecuencia de una picadura de insecto; en esa oportunidad, se registr\u00f3 que se encontraba en tratamiento de fenofibrato para una hipertrigliceridemia, inger\u00eda glimepiride y metformina para el seguimiento de la diabetes mellitus, y menciona que era poco adherente a los cambios en su estilo de vida. <\/p>\n
Luego, el perito al absolver la pregunta orientada a que informara las patolog\u00edas que sufr\u00eda el paciente, respondi\u00f3 que una de ellas era la obesidad m\u00f3rbida, la cual padec\u00eda desde 2008, a\u00f1adiendo que era potencialmente curable; al contestar interrogante sobre el estado de esa dolencia, adujo que no era clara, aunque se registraba obesidad clasificada como m\u00f3rbida en 2008 y 2009. <\/p>\n
Posteriormente, en la aclaraci\u00f3n de la experticia, se le indag\u00f3 si el paciente estaba tratando sus enfermedades de manera adecuada, tomando los medicamentos de acuerdo a las indicaciones y realizando los tratamientos ordenados por el m\u00e9dico, y que, de ser as\u00ed, informara si las patolog\u00edas mejoraban o empeoraban; ante lo cual, respondi\u00f3 que \u00abNo, ya que la historia cl\u00ednica se halla fragmentada y hace referencias a visitas al servicio de urgencia y hospitalizaciones por eventos emergentes, y no se encuentra un seguimiento a las patolog\u00edas cr\u00f3nicas del paciente\u00bb. <\/p>\n
Entonces, el dictamen pericial acreditaba que el asegurado ten\u00eda obesidad m\u00f3rbida en el a\u00f1o 2009, pero no indica cual era el estado de las patolog\u00edas en el momento de la celebraci\u00f3n de los contratos de seguro. <\/p>\n
Sin embargo, el tribunal expres\u00f3 que el asegurado padec\u00eda de obesidad m\u00f3rbida, atendiendo a la consulta de 13 de noviembre de 2009, en la que se registra un peso de 131 kilogramos y consigna esa enfermedad como antecedente; y asever\u00f3 que \u00abno pod\u00eda exigirse que los asesores diagnosticaran propiamente la obesidad m\u00f3rbida que padec\u00eda el causante\u00bb, dando por sentado que el tomador ten\u00eda esa patolog\u00eda para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n de los contratos de seguro. <\/p>\n
As\u00ed, el colegiado incurri\u00f3 en errores de hecho al apreciar la historia cl\u00ednica del asegurado, pues extendi\u00f3 una patolog\u00eda registrada en 2009 hasta las calendas en que se ajustaron los contratos de seguro, esto es septiembre de 2015 y junio de 2016; y tambi\u00e9n pretiri\u00f3 el contenido de la experticia, la cual no contiene un seguimiento de las enfermedades cr\u00f3nicas del paciente. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, dio por demostrado sin estarlo, que el sobrepeso del asegurado era visible para los funcionarios de la aseguradora, pues en el pie de p\u00e1gina ocho (8) se mencion\u00f3, que cuatro p\u00f3lizas fueron tomadas antes de la realizaci\u00f3n de la cirug\u00eda bari\u00e1trica, bajo el entendido de que el tomador pesaba 104 kilos, seg\u00fan anotaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica registrada el 18 de septiembre de 2015; y, que la p\u00f3liza restante se firm\u00f3 despu\u00e9s de ese procedimiento quir\u00fargico, cuando el paciente registraba un peso que oscilaba entre 98 y 95 kilos, conforme a los asientos en enero y octubre de 2016. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que constituye una conjetura, pues no puede deducirse que la demandada tuviere sobrepeso para la \u00e9poca del aseguramiento, por cuanto ten\u00eda una altura de 1.78 cent\u00edmetros, que le permit\u00eda disimular un peso de 98 a 100 kilogramos, por ende, los funcionarios de la aseguradora no pod\u00edan deducirlo a partir de la contemplaci\u00f3n de su contextura. <\/p>\n
4. Frente al testimonio de Sergio Plinio Qui\u00f1ones, mencion\u00f3 que \u00e9l dijo haber estado presente cuando se suscribi\u00f3 la p\u00f3liza de vida, refiri\u00f3 que esta fue llevada a la casa de la mam\u00e1 del tomador, y que \u00ablos documentos fueron diligenciados por la se\u00f1ora Lina\u00bb, quien no le pregunt\u00f3 al tomador sobre su estado de salud. <\/p>\n
De dicha declaraci\u00f3n, se deduce que la documentaci\u00f3n de la p\u00f3liza fue diligenciada en casa del tomador, pero no se desprende que el testigo hubiere informado que ropa tra\u00eda puesta al asegurado, si aquel se hab\u00eda sentado, el sitio en que sent\u00f3 la asesora de la aseguradora, la distancia que mediaba entre ellos y las condiciones de iluminaci\u00f3n del recinto, a pesar de que esas referencias hubieren dado luz sobre las circunstancias del aseguramiento. <\/p>\n
Por lo anterior, endilga al tribunal la materializaci\u00f3n de error de hecho, pues apoyado sobre un dato escueto sobre el peso del tomador, registrado en una fecha muy anterior a la celebraci\u00f3n del contrato, dedujo que la obesidad m\u00f3rbida del causante era ostensible y notoria para la aseguradora, pero no cit\u00f3 criterios adicionales para apoyar la falta de diligencia que le atribuy\u00f3. <\/p>\n
5. El colegiado cometi\u00f3 error de hecho por suposici\u00f3n de prueba, por cuanto \u00abal dar por probado que el sobrepeso va acompa\u00f1ado de otras patolog\u00edas\u00bb, y que en este caso \u00abla aseguradora ha debido sospechar de su existencia en la persona del asegurado\u00bb, pues con la primera afirmaci\u00f3n, \u00abcrea una inquietante regla de la experiencia\u00bb, consistente en que \u00abla obesidad, de por s\u00ed, ordinariamente va de la mano de otras patolog\u00edas, tales como la hipertensi\u00f3n, diabetes, etc.\u00bb. <\/p>\n
Con dicha m\u00e1xima, se tergivers\u00f3 el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la instituci\u00f3n del conocimiento presuntivo del asegurador previsto en el inciso final del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, pues, de un lado, se desconoce que los funcionarios de la aseguradora son legos en el campo m\u00e9dico, cuando se les asigna la carga de detectar, a simple vista, las enfermedades que pueden sufrir los tomadores, y de otro, se les impone el deber de sospechar de las declaraciones de asegurabilidad, pasando por encima de la obligaci\u00f3n de declarar el estado del riesgo que recae sobre el tomador y del principio de buena fe que preside el contrato de seguro. <\/p>\n
Por este motivo, el colegiado pas\u00f3 por alto que el consentimiento presuntivo del asegurado debe ser analizado con mesura, pues se desprende cuando el asegurador, por su calificado oficio, conoci\u00f3 o deb\u00eda conocer de las vicios de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, pero no restarle m\u00e9rito a relevantes inexactitudes o reticencia sin raz\u00f3n atendible; lo anterior porque corrobor\u00f3 la reticencia en que incurri\u00f3 el tomador, pero se neg\u00f3 a declarar la nulidad relativa del contrato del seguro, a partir de sospechas que no deb\u00edan tener los funcionarios de la aseguradora, y pese a que no hab\u00eda pruebas de una conducta negligente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La causal segunda de casaci\u00f3n, consagra la afrenta indirecta de la ley sustancial que puede tener origen en el error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba. El error de hecho por indebida apreciaci\u00f3n de medios de convicci\u00f3n se configura cuando el vicio emerge abrupto y ostensible, de manera que, analizado el contenido material de las pruebas, en contraste con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador por efecto de su valoraci\u00f3n, salte de bulto la disconformidad. Para demostrar la existencia de un defecto de ese calado, es preciso que la apreciaci\u00f3n probatoria que propone la censura sea la \u00fanica admisible, toda vez que \u00abno resulta suficiente presentar deducciones antag\u00f3nicas a las expuestas en la sentencia, porque ellas solas no tienen entidad para demostrar desacierto alguno\u00bb (SC11294-2016). <\/p>\n
2.- Adem\u00e1s, no puede perderse de vista que los juzgadores gozan de autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n probatoria en orden a establecer el m\u00e9rito demostrativo y la credibilidad que le ofrezcan los medios de convencimiento, de ah\u00ed que el cumplimiento de esa labor judicial solo puede ser cuestionado por la existencia de un yerro f\u00e1ctico manifiesto y trascendente. <\/p>\n
3.- En esa medida, para la demostraci\u00f3n de un cargo soportado en la causal segunda de casaci\u00f3n no es suficiente realizar afirmaciones o negaciones amplias, generales o panor\u00e1micas relacionadas con el tema probatorio, con independencia de que puedan resultar pertinentes en relaci\u00f3n con las conclusiones censuradas, sino que es menester acometer frontalmente el reproche contra los argumentos del fallador para efectuar sus deducciones f\u00e1cticas, lo que exige una exposici\u00f3n detallada que deje al descubierto que, en realidad, el error es evidente y su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Sobre el particular, en sentencia de 11 de marzo de 1999, se determin\u00f3 que: <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, en sentencia de 23 de febrero de 2001, se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[e]n materia de conclusi\u00f3n probatoria, son entonces las de \u00edndole contraevidente las \u00fanicas que., por claro mandato de la ley, dan cabida a la casaci\u00f3n, debiendo entenderse por ellas, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte, los juicios del sentenciador alejados en tal forma de la realidad del proceso, que resultan absurdos o sin ninguna justificaci\u00f3n frente a \u00e9sta. Por ser ‘precisamente esa la caracter\u00edstica de \u00e9ste yerro, la Sala ha manifestado que por contrario que resulte a los intereses de un recurrente el resultado probatorio sacado por el sentenciador, esa sola circunstancia no estructura por si misma error de este linaje, sino en cuanto ella no encuentre ninguna correspondencia en las distintas alternativas surgidas del examen objetivo de los medios de convicci\u00f3n, o cuando el resultado probatorio que propone el recurrente como consecuencia del m\u00e9rito de la acusaci\u00f3n es la \u00fanica alternativa posible. No por existir, pues, la posibilidad de que una de las partes traiga del acervo probatorio conclusiones diversas a la del sentenciador, esta \u00faltima deviene sin m\u00e1s en contraevidente, y de ah\u00ed que, cual lo ha puntualizado con insistencia la Corte, sea necesario que la labor del recurrente se encamine a demostrar el error visiblemente grave del juzgador\u00bb (sentencia de Casaci\u00f3n Civil del 24 de septiembre de 1998) (En cas. civ. de 23 de febrero de 2001; exp: 6399). <\/p>\n
4.- Con relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, la jurisprudencia de esta sala ha determinado las siguientes subreglas: (i) el precepto incorpora la obligaci\u00f3n del tomador de declarar sinceramente el estado del riesgo; (ii) dicha prestaci\u00f3n es entendida como una aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica del principio de la buena fe exenta de culpa aplicable en materia mercantil1; (iii) la buena fe es entendida como un postulado de doble v\u00eda, por un lado implica la legitima creencia de la correcci\u00f3n del par negocial, por otro el deber de comportarse con lealtad, honestidad y probidad desde la formaci\u00f3n del contrato hasta su ejecuci\u00f3n2; (iv) la declaraci\u00f3n sincera del estado del riesgo busca garantizar la formaci\u00f3n del consentimiento de la aseguradora, quien, en l\u00ednea de principio, es ignorante del riesgo que proyecta asegurar, cuyo conocimiento proviene de primera mano del tomador \u2013 asegurado3; (v) la manifestaci\u00f3n reticente o inexacta del tomador conduce a la nulidad relativa del contrato de seguro, siempre que la informaci\u00f3n omitida sea trascendente, es decir, que de ser conocida por la aseguradora conducir\u00eda a la abstenci\u00f3n de celebrar el contrato o ajustarlo en condiciones m\u00e1s onerosas para el tomador; (vi) la carga de la prueba de acreditar la reticencia, o inexactitud, y la trascendencia recae en cabeza de la aseguradora; (vii) de mediar cuestionario, la mendacidad del declarante har\u00e1 prueba tanto de la reticencia como de la trascendencia de la informaci\u00f3n omitida para el aseguramiento4; (viii) si la declaraci\u00f3n no est\u00e1 precedida de cuestionario, la anulaci\u00f3n del v\u00ednculo estar\u00e1 sujeta a que el tomador haya encubierto con culpa circunstancias que impliquen agravaci\u00f3n objetiva del estado del riesgo; (ix) si el asegurador se abstiene de recoger la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, de inspeccionar el estado del riesgo, se entiende que asume el riesgo cuya cobertura se le encomend\u00f35; (x) si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, no se impondr\u00e1 la nulidad, pero se reducir\u00e1 la prestaci\u00f3n hasta el porcentaje que represente la prima estipulada respecto de la que debi\u00f3 pactarse de conocerse el estado del riesgo; (xi) las sanciones, entre ellas la nulidad relativa, no se impondr\u00e1n, si el asegurador antes de celebrar el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos sobre los cuales versan los vicios de la declaraci\u00f3n, o si ya celebrado, se allana a subsanarlos o los acepta expresamente6. <\/p>\n
4.1.- La \u00faltima regla enunciada es conocida como conocimiento presunto, o presuntivo, del asegurador sobre los vicios de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad; su materializaci\u00f3n de acuerdo con la jurisprudencia parte de reconocer que: (i) la compa\u00f1\u00eda aseguradora es una profesional del ramo, que debe conducirse como tal en la durante la vigencia del contrato y la etapa precontractual; (ii) debe obrar con diligencia en la identificaci\u00f3n del estado del riesgo; (iii) no basta que se conforme con la declaraci\u00f3n de asegurabilidad del tomador, cuando la naturaleza del riesgo solicitado le impone la carga de conocer cierta informaci\u00f3n, o si en el contexto de cada caso espec\u00edfico, se presentan circunstancias que permitan conocer, o siquiera advertir, cual es el verdadero estado del riesgo. <\/p>\n
4.2.- Y, para demostrarlo en juicio, con arreglo a la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n debe acreditarse, que: (i) el asegurador ha tenido la posibilidad de hacer las averiguaciones para determinar el estado del riesgo; (ii) cuenta con elementos que lo invitan a pensar que existen discrepancias entre la informaci\u00f3n del tomador y la realidad; y, (iii) omite adelantarlas. <\/p>\n
4.3.- Empero, al realizar este test, debe tenerse presente una pauta hermen\u00e9utica que parte de entender que el instituto del consentimiento presuntivo no es un remedio general para indultar o condonar notorias reticencias, sino un correctivo para preservar el contrato frente a controversias suscitadas a ra\u00edz de hechos que el asegurador deb\u00eda y pod\u00eda conocer, pero que no implica dejar de lado el celo, honestidad y transparencia, que el tomador debe observar cuando declara las circunstancias del riesgo que busca trasladar. <\/p>\n
En este punto, se destaca, por su mayor claridad, la exposici\u00f3n sobre el t\u00f3pico contenida en la sentencia SC de 11 de abril de 2002, Exp. 6825, donde se acot\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abComo se ve, al lado de la protecci\u00f3n que la ley brinda al asegurador cuando sanciona con la nulidad del seguro las declaraciones viciosas que le impidieron conocer el real estado del riesgo, le exige que sea diligente, que use de esos especiales conocimientos que debe de tener en raz\u00f3n de ser un profesional, a fin de percatarse del real estado del riesgo, lo cual conlleva en muchas ocasiones un an\u00e1lisis de delicado equilibrio por parte del juzgador a efectos de que no quede en letra muerta la sanci\u00f3n de la nulidad relativa por reticencias so pretexto de que el asegurador no indag\u00f3 por s\u00ed mismo por el real estado del riesgo, pues \u00e9sta no es obligaci\u00f3n que la ley le imponga, sino deber profesional que es dable sopesar en cada caso, mediante un an\u00e1lisis obviamente posterior, pero en el cual el juzgador debe mentalmente ubicarse antes del perfeccionamiento del contrato de seguro, a fin de verificar c\u00f3mo debi\u00f3 haber actuado el asegurador frente al riesgo que se le propuso asumir. De all\u00ed que la Corte, en reciente ocasi\u00f3n haya se\u00f1alado que \u201cle corresponde al int\u00e9rprete del seguro, en particular al juzgador del contrato, evaluar cuidadosa y racionalmente la conducta asumida por los extremos de la relaci\u00f3n negocial a lo largo del iter contractual, con el prop\u00f3sito de establecer en primer lugar, si en efecto el tomador quebrant\u00f3 la carga de declarar fidedignamente los hechos o circunstancias determinantes del estado del riesgo. Y en segundo t\u00e9rmino, s\u00f3lo en caso de que sea conducente, si no obstante existir un vicio en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, el asegurador conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer \u2013por su calificado oficio- los hechos que le sirvieron de apoyatura, todo sin perjuicio del t\u00f3pico de la carga de la prueba\u00bb (Sentencia del 2 de agosto de 2001, Exp. 6146) <\/p>\n
5.- En el caso examinado, el tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en que: (i) Jimmy Valencia Renter\u00eda, como tomador de cinco p\u00f3lizas, cuatro de bancaseguros y una de seguro de vida, en el interregno trascurrido entre septiembre de 2015 y junio de 2016, ocult\u00f3 la diabetes mellitus y la obesidad m\u00f3rbida que padec\u00eda cuando menos desde noviembre de 2009, a pesar de ser expresamente inquirido en los cuestionarios incorporados en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad de cada una de las aseguranzas; (ii) aunque los actores atribuyeron dicha omisi\u00f3n, a la falta de asesoramiento del funcionario que recogi\u00f3 la documentaci\u00f3n, a saber Lina Echeverry Mondrag\u00f3n, trayendo como apoyo al testigo Sergio Plinio Qui\u00f1ones, el argumento no es admisible porque el tomador, a pesar de su escasa escolaridad, era un h\u00e1bil comerciante, que por dem\u00e1s, invert\u00eda una cantidad significativa en el pago de las primas; (iii) a pesar del ocultamiento, la aseguradora no actu\u00f3 como un profesional diligente durante el tr\u00e1mite del aseguramiento, pues, en tal calidad pod\u00eda y deb\u00eda conocer la informaci\u00f3n callada por el asegurado; (iv) lo anterior, porque sus funcionarios pudieron apreciar el estado de sobrepeso, del entonces candidato a tomador, pues \u00e9l era una persona obesa, como dio cuenta el peritaje fincado sobre la historia cl\u00ednica, las declaraciones de parte y el testimonio de Sergio Plinio Qui\u00f1ones; y, (vi) si bien, esa contemplaci\u00f3n, no implicaba, para la aseguradora, el deber de diagnosticar de un vistazo las patolog\u00edas del paciente, en especial, la diabetes mellitus, s\u00ed surg\u00eda la posibilidad de sospechar de la existencia de potenciales enfermedades, ya que la regla de la experiencia sugiere que las personas con sobrepeso suelen tener comorbilidades asociadas, como la misma diabetes y la hipercolesterolemia; y, (vii) de haber disipado la sospecha, a trav\u00e9s de la pr\u00e1ctica de un examen m\u00e9dico, o de la solicitud de la historia cl\u00ednica, hubiere arribado al conocimiento de las comorbilidades que el paciente dej\u00f3 de declarar. <\/p>\n
6.- Bajo esa \u00f3ptica, cualquier desliz del juzgador en la apreciaci\u00f3n probatoria ha debido atacarse a partir del desacierto del raciocinio que lo condujo a esas deducciones, tarea que result\u00f3 frustr\u00e1nea, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
7.- Los argumentos expuestos por el casacionista para denunciar la materializaci\u00f3n de errores de hecho, son susceptibles de agruparse en dos ejes tem\u00e1ticos, en el primero se cuestiona al tribunal por deducir que el tomador ten\u00eda obesidad m\u00f3rbida para la \u00e9poca de suscripci\u00f3n de las p\u00f3lizas de seguro, mientras en el segundo se le critica por deducir que los funcionarios de la aseguradora deb\u00edan conocer del sobrepeso del tomador y sospechar de la existencia de enfermedades asociadas a dicho estado. <\/p>\n
8.- Para soportar el primer grupo de inconformidades, se sostuvo que el dictamen pericial fue mal apreciado, pues se dio por probado sin estarlo que el tomador ten\u00eda obesidad para la data de ajuste de las aseguranzas, ya que al extender la vigencia de un peso registrado en la historia cl\u00ednica a una \u00e9poca muy posterior al asiento, se termin\u00f3 pretermitiendo, que la experticia se refiere a: (i) la escasez de la historia cl\u00ednica; (ii) las atenciones surtidas en noviembre de 2009, y septiembre de 2015, en el Centro M\u00e9dico Imbanaco; (iii) la posibilidad de curar la obesidad m\u00f3rbida; y, (iv) la imposibilidad de determinar si el paciente se hab\u00eda adherido al tratamiento, o ten\u00eda pron\u00f3stico de mejorar o empeorar. <\/p>\n
9.- Con el fin de evaluar los argumentos con que se sustenta el error de hecho enrostrado al fallador, debe memorarse cu\u00e1l fue el contenido del dictamen pericial, para verificar si su ponderaci\u00f3n fue resultado de una ostensible desatenci\u00f3n f\u00e1ctica. <\/p>\n
En la experticia se sintetiz\u00f3 la historia cl\u00ednica, precisando que el resumen \u00abse hace en base a la informaci\u00f3n allegada la cual es escasa y corresponde a las visitas a dos centros m\u00e9dicos para atenci\u00f3n de urgencias y hospitalizaci\u00f3n\u00bb (folio 662 del cuaderno principal), pero se explic\u00f3 en que consistieron las consultas surtidas en enero de 2008, noviembre de 2009, septiembre de 2015 y diciembre de 2015. <\/p>\n
Al referir las patolog\u00edas del tomador, contest\u00f3 que eran tres \u00abobesidad m\u00f3rbida, diabetes mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia\u00bb, (folio 662) precisando desde qu\u00e9 fecha las padec\u00eda, anot\u00f3 que la primera \u00abfue documentada por primera vez en 2008\u00bb (folio 663), aunque \u00abno significa que no la padeciera antes\u00bb, en la segunda \u00abla informaci\u00f3n es contradictoria\u00bb, pues \u00aben 2008 se establece que el paciente ten\u00eda un antecedente de dicha dolencia\u00bb, pero \u00aben 2009 se menciona que la enfermedad debuta ese a\u00f1o con una cetoacidosis\u00bb, y la tercera \u00abse registr\u00f3 por primera vez en el 2018\u00bb, pero \u00abesto no significa que no la padeciera antes\u00bb (folio 663). <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, explic\u00f3 el tratamiento m\u00e9dico que recib\u00eda el tomador para afrontar esas tres enfermedades, acotando que para la obesidad m\u00f3rbida ten\u00eda \u00absugerencia de cambios en su estado de vida y una gastrectom\u00eda vertical\u00bb, para la diabetes mellitus tipo 2 deb\u00eda aplicarse \u00aben diferentes momentos, metformina, insulina NPH, insulina regular y glimepirida\u00bb, y para la hipertrigliceridemia deb\u00eda tomar \u00abfenofibrato\u00bb (folio 663). <\/p>\n
Luego, contest\u00f3 si las enfermedades ten\u00edan cura, anotando que la obesidad m\u00f3rbida \u00abes potencialmente curable\u00bb , la diabetes mellitus \u00abse puede controlar y en algunos casos curarse, aunque la definici\u00f3n de la cura sigue siendo controversial\u00bb y la hipertrigliceridemia \u00abdependiendo de la causa puede llegar a ser curable\u00bb (folio 663). <\/p>\n
Explic\u00f3 los prop\u00f3sitos de la formulaci\u00f3n de los medicamentos que, en diferentes momentos, se le prescribieron al paciente, aseverando que el fenofibrato \u00abes para el tratamiento de la hipertrigliceridemia\u00bb, la metformina, glimepirida y vilgagliptina son para tratar la diabetes mellitus, la primera \u00abdisminuye la producci\u00f3n hep\u00e1tica de glucosa\u00bb, la segunda \u00abincrementa la secreci\u00f3n de insulina\u00bb, y la tercera \u00abpotencia el efecto incretina aumentando la secreci\u00f3n de insulina\u00bb tambi\u00e9n, refiri\u00f3 que tanto la insulina regular como la NPH \u00abson formas de insulina humana para tratar la diabetes mellitus\u00bb (folio 664). <\/p>\n
Despu\u00e9s indic\u00f3 que \u00abse puede observar que el paciente conoc\u00eda de sus enfermedades puesto que las refiere como antecedente personal\u00bb (folio 664); frente a este t\u00f3pico, en la aclaraci\u00f3n del peritaje, respondi\u00f3 que la menci\u00f3n de antecedentes en una consulta m\u00e9dica, \u00absignifica que bien ha sido informado de padecer esta condici\u00f3n o de alguna manera ha llegado a la conclusi\u00f3n de que padec\u00eda esta condici\u00f3n\u00bb (folio 671), manifest\u00f3 que era posible que el tomador supiera de sus enfermedades desde el momento de su diagn\u00f3stico, porque de estos \u00abse derivaron en algunos casos tratamientos m\u00e9dicos de los cuales el paciente aparentemente ten\u00eda conocimiento, porque las refiri\u00f3 en consulta posterior y tratamientos quir\u00fargicos que fueron realizados al paciente\u00bb (folio 673), y asever\u00f3 que pod\u00eda tener conocimiento de su dolencia debido a la prescripci\u00f3n de insulina \u00abya que es un medicamento que se administra en forma inyectada y su uso se limita casi de manera exclusiva a los pacientes que tienen diabetes\u00bb (folio 674). <\/p>\n
Finalmente, cuando se le pregunt\u00f3 si el paciente \u00abestaba tratando las enfermedades de manera adecuada, es decir, tom\u00e1ndose los medicamentos conforme a los la indicaciones, realizando los tratamientos ordenados por el m\u00e9dico\u00bb, y \u00absi al seguir dichas indicaciones sus patolog\u00edas estaban mejorando o empeorando\u00bb, respondi\u00f3 que \u00abNo\u00bb, por cuanto, la historia cl\u00ednica \u00abest\u00e1 fragmentada y hace referencia al servicio de urgencias y hospitalizaciones relacionados en esos elementos emergentes\u00bb, pero \u00abno se encuentra un seguimiento de las patolog\u00edas cr\u00f3nicas del paciente\u00bb (folio 674). <\/p>\n
Dicha valoraci\u00f3n luce consonante con el contenido del dictamen, pues lo utiliza para deducir que el paciente ocult\u00f3 informaci\u00f3n sobre las enfermedades que padec\u00eda con anterioridad al aseguramiento, lo cual es adecuado dado la exposici\u00f3n que hizo el perito sobre las maneras en que el tomador pod\u00eda conocer las patolog\u00edas que se le diagnosticaron; y, tambi\u00e9n lo emplea como insumo para determinar que la dolencia persist\u00eda para el a\u00f1o 2015, atendiendo el resumen de la consulta de medicina interna llevada a cabo en diciembre de esa calenda. <\/p>\n
11.- Ahora bien, como comenta el recurrente, en la experticia, se mencion\u00f3 que la historia cl\u00ednica estudiada se reconduc\u00eda a cuatro ingresos para atenci\u00f3n de urgencia u hospitalizaci\u00f3n, verificados en enero de 2008, noviembre de 2009, septiembre de 2015 y diciembre de dicha anualidad; se discurri\u00f3 sobre las posibilidades de curar las enfermedades del paciente, entre ellas la obesidad m\u00f3rbida; y, se indic\u00f3 que la informaci\u00f3n disponible era insuficiente, para responder si el paciente hab\u00eda tomado los medicamentos, seguido el tratamiento, o ten\u00eda pron\u00f3stico de mejor\u00eda o agravamiento. <\/p>\n
12.- Sin embargo, no puede deducirse error de hecho, porque el juzgador hubiere dejado de incluir esos ac\u00e1pites de la prueba en la parte motiva de la sentencia, por cuanto esto desconocer\u00eda su facultad de ponderar las pruebas en conjunto y seleccionar del contenido de estas lo m\u00e1s relevante para estructurar la premisa f\u00e1ctica de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se advierte que dicha informaci\u00f3n se subsuma dentro de la tesis planteada por el casacionista, consistente en que no hab\u00eda prueba de que el paciente padeciera de obesidad para la \u00e9poca de suscripci\u00f3n de las aseguranzas cuyo cumplimiento se reclam\u00f3 en el proceso, ya que ese aserto no es mencionado literalmente por el perito en el dictamen y su aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, de la informaci\u00f3n cuya preterici\u00f3n se endilga, no se desprende que el asegurado no padeciera de obesidad m\u00f3rbida o diabetes mellitus para la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n de los contratos del seguro, por el contrario, del peritaje, confeccionado a partir de la historia cl\u00ednica, se colige que el paciente ten\u00eda esas enfermedades, cuando menos, en el lapso comprendido entre noviembre de 2009 y diciembre de 2015, tal como lo identific\u00f3 el tribunal, cuando se refiri\u00f3 al peso tomado en la primera fecha, y la subsistencia de dichas patolog\u00edas para la segunda data. <\/p>\n
Para rematar, el planteamiento del reproche termina naufragando en una contradicci\u00f3n l\u00f3gica, pues al predicarse que el juzgador se equivoc\u00f3 al dar probado sin estarlo que el paciente ten\u00eda obesidad y diabetes para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato, necesariamente deb\u00eda plantear y comprobar que el peritaje cuya preterici\u00f3n denuncia acreditaba la situaci\u00f3n contraria, es decir, que no padec\u00eda de esas dolencias para esa calenda, lo cual no ocurri\u00f3, y no contentarse con sostener que no hab\u00eda registro del peso para la v\u00edspera de suscripci\u00f3n de los contratos de seguro. <\/p>\n
Admitir lo contrario, conducir\u00eda al desconocimiento del principio l\u00f3gico de identidad, conforme al cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, que para el caso se traducir\u00eda en que el tomador no puede tener un peso adecuado o superior en una misma \u00e9poca, am\u00e9n de desconocer que el juzgador pod\u00eda deducir el estado de salud para la \u00e9poca de ajuste, esto es, septiembre de 2015 y junio de 2016, con base en el registro del peso en fechas razonablemente cercanas, tal como lo hizo al recurrir a las anotaciones tomadas antes y despu\u00e9s de la cirug\u00eda bari\u00e1trica, llevada a cabo el 14 de diciembre de 2015, m\u00e1xime cuando en este punto no est\u00e1 sometido a tarifa legal. <\/p>\n
13.- Con miras a soportar el segundo grupo de inconformidades, se sostuvo que el tribunal supuso que la aseguradora pod\u00eda conocer del sobrepeso del asegurado, a partir de: (i) el cercenamiento del testimonio de Sergio Plinio Qui\u00f1ones; (ii) el registro de peso referido en dos asientos de la historia cl\u00ednica, sobre los cuales se plante\u00f3 una conjetura en el pie de p\u00e1gina No. 8 de la parte considerativa; y, (iii) una regla de la experiencia desprovista de soporte cient\u00edfico. <\/p>\n
Conviene recordar el contenido del testimonio de Sergio Plinio Qui\u00f1ones, quien manifest\u00f3 que \u00abtrabaj\u00e9 como jefe de seguridad del se\u00f1or Jimmy Renter\u00eda Valencia\u00bb (min. 8:35 a 8:40) y, \u00ablo conoc\u00ed durante tres a\u00f1os, trabaj\u00e9 con \u00e9l un a\u00f1o\u00bb (min. 8:50 a 8:55), precisando que \u00abpermanec\u00edamos con \u00e9l siempre en todos los lugares donde estaba, pero normalmente \u2026 yo era el que estaba con \u00e9l\u2026 en todo su c\u00edrculo \u00edntimo en todo estaba yo presente\u00bb (min. 8:19 a 9:31). <\/p>\n
Al ser interrogado sobre el oficio de su empleador, coment\u00f3 que era \u00abcomerciante, viajaba a Panam\u00e1 a traer mercanc\u00eda, ropa y ten\u00eda un establecimiento de licores\u00bb (min 10:09 a 10:14), y respecto de la residencia dijo que viv\u00eda \u00abcon la esposa y los hijos\u00bb (min. 11:38 a 11:40). <\/p>\n
Fue indagado sobre los seguros asumidos por su jefe, acotando que, s\u00ed los tom\u00f3, \u00aben Bancolombia, septiembre de 2015, fueron tres o cuatro, \u00e9l fue a abrir una cuenta a Bancolombia, le ofrecieron unos seguros y \u00e9l los tom\u00f3\u00bb (min. 13:57 a 14:12), aqu\u00ed dijo que en ese momento no estaba presente \u00abpero s\u00e9 que se los ofreci\u00f3 una asesora cuando \u00e9l abri\u00f3 la cuenta y \u00e9l los tom\u00f3, y en el 2016 tom\u00f3 otro seguro\u00bb, (min. 14:17 a 14:31), aunque luego indic\u00f3 que \u00abestaba pendiente de la seguridad, pero s\u00ed estuve a un lado, cuando el asesor le ofreci\u00f3 los seguros, y luego los tomaron\u00bb (min. 14:48 a 15:02). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que su jefe hizo \u00abhasta quinto de primaria\u00bb (min 8:16 a 18:18), pero al discernir sobre su pericia laboral asever\u00f3 que \u00ab\u00e9l era muy h\u00e1bil en sus negocios que hac\u00eda, en su ropa, en sus negocios\u00bb (min. 18:49 a 18:57); al contestar si aquel era f\u00e1cil de enga\u00f1ar, observ\u00f3 que \u00abpuede ser una persona muy h\u00e1bil, pero todos tenemos un momento en que fallamos\u00bb (min. 19:09 a 19:32); e indic\u00f3 que la letra del tomador era normal. <\/p>\n
Con posterioridad, cuando fue interrogado sobre el conocimiento que ten\u00eda sobre el estado de salud de su empleador, expuso que \u00abestaba normal, \u00e9l siempre estaba normal\u00bb (min. 21:55 a 21:57), enfatizando que \u00ab\u00e9l estaba bien de salud, lo \u00fanico era que estaba con peso relativamente, unos ciento y pico de kilos, pero no padec\u00eda ninguna enfermedad\u00bb (min. 21:59 a 22:18); sin embargo, expres\u00f3 que el tomador \u201cestuvo hospitalizado porque \u00e9l se hizo un by pass\u00bb (min. 22:35 a 22:37), aclarando que \u00ab\u00e9l se lo hizo porque ten\u00eda obesidad, pero no porque \u00e9l estuviere enfermo, por est\u00e9tica se hizo eso, y qued\u00f3 delgado\u00bb (min. 22:52 a 23:45); cuando se le pregunt\u00f3 si aquel inger\u00eda medicamentos, cont\u00f3 que \u00abno, \u00e9l era muy dado a la medicina alternativa, medicina, esta, natural, pues del pueblo, era de Buenaventura, entonces cre\u00eda mucho en su medicina natural del pueblo\u00bb (min. 26:24 a 26:40); y, expres\u00f3 que aqu\u00e9l no se quejaba de ning\u00fan padecimiento. <\/p>\n
Frente a la p\u00f3liza de seguro de vida, afirm\u00f3 que se suscribi\u00f3 en el 2016, pues \u00ab\u00e9l estuvo presente, fui yo quien lo pago con una ni\u00f1a Lina\u00bb (min. 15:13 a 15:23), al pregunt\u00e1rsele si le hab\u00edan preguntado a su empleador sobre su estado de salud, adujo que \u00abno, el asesor le ofreci\u00f3 los seguros y \u00e9l los tom\u00f3\u00bb (min. 16:14 a 16:19), y luego dijo que \u00abla ni\u00f1a le coloc\u00f3 varios documentos all\u00ed, ella los llen\u00f3, firm\u00f3 y hasta ah\u00ed\u00bb (min. 17:41). <\/p>\n
Cuando se le pregunt\u00f3 sobre las circunstancias que rodearon la firma de la p\u00f3liza de vida, declar\u00f3 que fue firmada \u00aben el sur, en el Barrio Piedad C\u00f3rdoba, en la casa de la mam\u00e1\u00bb (min 24:53 a 24:56), reiterando que estuvo presente en dicho acto, aqu\u00ed, al responder si la aseguradora indag\u00f3 sobre el estado de salud del tomador, contest\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento, del estado de salud no dijo nada, porque nunca escuche que le hubieren preguntado, si estaba enferma o si ten\u00eda esto o lo otro\u00bb (min 24:08 a 24:18); y, respecto de su conocimiento sobre las condiciones de la aseguranza, especific\u00f3 que \u00abla ni\u00f1a le pregunt\u00f3, por cuanto la iba a tomar, ella le ofreci\u00f3 lo que ella ten\u00eda, eran los montos, llegaron a quinientos setenta, el valor y, luego le pregunt\u00f3 cu\u00e1les eran los beneficiarios, y \u00e9l le dio los nombres, ella misma estaba llenando todo\u00bb (min. 29:08 a 29:32). <\/p>\n
14.- El ad quem valor\u00f3 de modo expreso la atestaci\u00f3n, resaltando que el testigo presenci\u00f3 la suscripci\u00f3n de la p\u00f3liza, no recuerda si su empleador fue indagado sobre su estado de salud y que en ese punto coincid\u00eda con la declaraci\u00f3n de Sandra Paola Valencia; empero, consider\u00f3 que esas manifestaciones no concordaban con lo expresado por el tomador en cada una de las p\u00f3lizas contratadas, y que por esa raz\u00f3n no eran atendibles, ya que no era posible que un h\u00e1bil comerciante hubiere firmado lo que le pusieron de presente, m\u00e1xime cuando esto implicaba una erogaci\u00f3n considerable. <\/p>\n
Luego, record\u00f3 que el testigo estimaba que su jefe pesaba alrededor de ciento y pico. En ese momento, encontr\u00f3 que el testimonio concordaba con el interrogatorio de parte de los demandantes, la declaraci\u00f3n de Sandra Paola Valencia Renter\u00eda, quien estimaba que su exesposo era obeso, y con los asientos de la historia cl\u00ednica que registraban un peso de 131 kilogramos para el 13 de noviembre de 2009 y la pr\u00e1ctica de un by pass g\u00e1strico en diciembre de 2015. <\/p>\n
15.- El censor cuestion\u00f3 dicha hermen\u00e9utica probatoria, argumentando que el testigo manifest\u00f3 que la p\u00f3liza fue suscrita en casa de la mam\u00e1 del tomador y su diligenciamiento estuvo a cargo de la funcionaria de la aseguradora, pero que de dichas respuestas no se desprende que hubiere referido circunstancias que permitieran inferir que la obesidad era visible para la aseguradora, tales como la ropa tra\u00eda puesta, si estaba sentado, el sitio en que sent\u00f3 la asesora de la empresa, la distancia que mediaba entre aquella y el tomador, y las condiciones de iluminaci\u00f3n del recinto. <\/p>\n
16.- Puestos los dos extremos de comparaci\u00f3n, despunta que el juzgador tuvo en cuenta manifestaciones del testigo, que efectivamente fueron realizadas, conforme a las cuales el asesor de la aseguradora no inquiri\u00f3 al tomador sobre su estado de salud, durante el procedimiento que condujo a la suscripci\u00f3n de la p\u00f3liza, y descart\u00f3 su m\u00e9rito bajo el entendido de que el candidato a asegurarse ocult\u00f3 informaci\u00f3n sobre su estado de salud al diligenciar las declaraciones de asegurabilidad, y que no se justificaba que un comerciante rubricara lo que le pusieron por delante, menos cuando era una decisi\u00f3n importante desde la arista econ\u00f3mica. Entendimiento que, por dem\u00e1s, no es disputado por el casacionista. <\/p>\n
De otro lado, se avista que recogi\u00f3 la referencia que el testigo hizo en torno al peso de su empleador, para enlazarla con otros medios probatorios, tales como los interrogatorios de parte, entre ellos el de Sandra Paola Valencia y, los asientos en la historia cl\u00ednica relativos al peso tomado el 13 de noviembre de 2019 y la cirug\u00eda surtida en diciembre de 2015, para inferir que el sobrepeso del tomador era contemplable por la empresa del riesgo. <\/p>\n
Aqu\u00ed se advierte que la inferencia en comento, parte de articular un hecho que el testigo refiri\u00f3 textualmente, al dar respuesta a una pregunta en la diligencia que absolvi\u00f3, con los elementos de juicio ya mencionados, para arribar a la conclusi\u00f3n desde\u00f1ada por la censura, deducci\u00f3n, que se itera, no es el resultado exclusivo del testimonio sometido a examen, sino de la apreciaci\u00f3n en conjunto de varias probanzas. <\/p>\n
De ah\u00ed que le correspondiera al casacionista, comprobar que el colegiado incurri\u00f3 en error de hecho en el an\u00e1lisis de las pruebas contempladas para construir esa inferencia, pues todas ellas contribuyen a soportar la conclusi\u00f3n desde\u00f1ada, la cual est\u00e1 llamada a permanecer inc\u00f3lume mientras no se derriben todos los fundamentos que la soportan. Empero, tal labor\u00edo no se despleg\u00f3, ya que se contrajo a desdecir del testimonio, sin enrostrar errores a la apreciaci\u00f3n de las declaraciones de parte, aunado a que el reproche realizado respecto de la ponderaci\u00f3n del peritaje fue inerte. <\/p>\n
17.- Por dem\u00e1s, el casacionista no demostr\u00f3 que el testigo no hubiere emitido la manifestaci\u00f3n que el tribunal utiliz\u00f3 para construir esa inferencia, la cual s\u00ed fue mencionada durante el testimonio; por el contrario, pretende hallar la pifia f\u00e1ctica en aspectos que no fueron referidos por el testigo, como son la iluminaci\u00f3n del recinto, la postura del tomador y el intermediario, o su respectivo vestuario, desconociendo que el juzgador no ten\u00eda que tenerlos en cuenta, esto s\u00ed, por ser ajenos al contenido de la prueba cuya indebida valoraci\u00f3n denuncia en esta sede extraordinaria. <\/p>\n
Cumple precisar que el censor debe demostrar el error y su ostensibilidad, es decir, que sea notorio e identificable con la simple observaci\u00f3n de la prueba, sin necesidad de acudir a alambicados razonamientos o ejercicios especulativos; en otros t\u00e9rminos, demanda dar cuenta de la sinraz\u00f3n de la ponderaci\u00f3n del tribunal, y hacer ver que la interpretaci\u00f3n ofrecida por el recurrente es la \u00fanica admisible. <\/p>\n
No obstante, ese labor\u00edo no se cumple cuando se enfoca el juicio del tribunal sobre la base de aspectos que no se encuentran incorporados en el medio de prueba cuya apreciaci\u00f3n se tilda de incorrecta, pues proceder semejante es extra\u00f1o al examen de yerros de facto que se realiza en casaci\u00f3n, que necesariamente recae sobre el contenido material de cualquiera de las probanzas incorporadas al plenario, pero no sobre conjeturas del recurrente sobre situaciones que \u00e9stas no plasman. <\/p>\n
\u00abdebe tenerse en cuenta que las cuatro p\u00f3lizas de bancaseguros fueron tomadas antes de la realizaci\u00f3n del by pass g\u00e1strico, registrando la historia cl\u00ednica para el 18 de septiembre de 2015 un peso de 104 kilos y un diagn\u00f3stico de obesidad II y que para el momento de tomar la p\u00f3liza de seguro de vida individual el se\u00f1or Valencia a\u00fan pesaba entre 98 y 95 kilos como lo refleja la nota en la historia cl\u00ednica en las atenciones de enero y octubre de 2016\u00bb. <\/p>\n
Juicio controvertido por el recurrente, quien lo cataloga como una mera conjetura, argumentando que el tomador ostentaba una altura de 1,78 metros, la cual le permit\u00eda disimular su peso. <\/p>\n
Por tratarse de una referencia al pie, tambi\u00e9n debe recordarse cu\u00e1l fue el contexto en que fue citada, que corresponde a los siguientes motivos de la sentencia enjuiciada: <\/p>\n
\u00abEn este asunto, tampoco es motivo de discusi\u00f3n que el se\u00f1or JIMMI VALENCIA RENTER\u00cdA en el mes de diciembre del a\u00f1o 2015 se someti\u00f3 a un bypass g\u00e1strico y que de contera, era una persona obesa como as\u00ed aparece consignado en su historia cl\u00ednica desde el a\u00f1o 2009 (folios 218 y ss. donde se registra para el 13 de noviembre de 2009 un peso de 131 kilos) y como as\u00ed lo informaron los propios demandantes en sus interrogatorios de parte: la se\u00f1ora SANDRA PAOLA VALENCIA (ex \u2013 esposa del causante que vivi\u00f3 con \u00e9l hasta el a\u00f1o 2009-2010) dijo que el se\u00f1or Valencia Renter\u00eda ten\u00eda obesidad, estaba muy gordo, mientras que el testigo Sergio Plinio Qui\u00f1ones dijo que el peso de su empleador era de unos ciento y pico <\/p>\n
Conforme con lo anterior, para la Sala la obesidad o, si se quiere, el sobrepeso del se\u00f1or Valencia Renter\u00eda, aspecto visible para los funcionarios de la aseguradora 8 , debi\u00f3 llevar a que \u00e9sta realizara indagaciones adicionales sobre el real estado de salud del tomador de las p\u00f3lizas si se tiene en cuenta que si bien no podr\u00eda exigirse a los asesores que diagnosticaran propiamente la obesidad m\u00f3rbida que padec\u00eda el causante, toda vez que \u00e9sta ostenta unas caracter\u00edsticas m\u00e9dicas particulares (como el \u00edndice de masa corporal) y menos a\u00fan la diabetes, s\u00ed les era exigible que ante el sobrepeso del tomador sospecharan de otras patolog\u00edas, pues bien es sabido que la obesidad por regla general va aparejada con otros padecimientos tales como la hipertensi\u00f3n, la diabetes, la hipercolesterolemia, etc.\u00bb. <\/p>\n
19.- Acorde con esta contextualizaci\u00f3n, se deduce que en el p\u00e1rrafo donde se cit\u00f3 el pie de p\u00e1gina, se concluy\u00f3 la inferencia probatoria construida en l\u00edneas que le antecedieron, en la que, tras ponderar el asiento de la historia cl\u00ednica de 13 de noviembre de 2009 y diciembre de 2015, los interrogatorios de los demandantes, la declaraci\u00f3n de Sandra Paola Valencia y el testimonio de Sergio Plinio Qui\u00f1ones, se coligi\u00f3 que los funcionarios de la aseguradora pod\u00edan contemplar la obesidad, o el sobrepeso, del tomador. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, se deduce que el prop\u00f3sito de la nota de pie de p\u00e1gina ocho (8) fue proporcionar un apoyo, o abundar en razones, para sostener la conclusi\u00f3n de esa inferencia, es decir, la visibilidad del sobrepeso del candidato a tomador para la v\u00edspera del aseguramiento, pero el razonamiento que respalda fue edificado sobre la base de otros medios de prueba. <\/p>\n
De ah\u00ed que, antes, de enrostrarle desatino a la evaluaci\u00f3n probatoria de la referencia de pie de p\u00e1gina, que se insiste fue citada como raz\u00f3n accesoria para respaldar la inferencia elaborada sobre la base de otras probanzas, deb\u00eda socavar los cimientos sobre las cuales fue edificado el razonamiento principal, pero tal carga no fue cumplida por el casacionista, quien, en modo alguno, demostr\u00f3 que \u00e9ste hubiere sido determinado por la comisi\u00f3n de error de hecho en alguna de las pruebas utilizadas para construirla, y que est\u00e9 desatino la torn\u00f3 contraevidente. <\/p>\n
20.- Al margen de lo anterior, el casacionista no esgrimi\u00f3 motivos que permitan poner en entredicho la debida contemplaci\u00f3n de la prueba tenida en cuenta para soportar el razonamiento del pie de p\u00e1gina, esto es, los asientos de la historia cl\u00ednica extendidos el 18 de septiembre de 2015, \u00abenero\u00bb y \u00aboctubre\u00bb de 2016. En efecto, tales anotaciones registran que el tomador pesaba 104, 98 y 95 kilogramos, respectivamente, de modo que no se observa que el tribunal hubiere cercenado o supuesto la informaci\u00f3n que all\u00ed se consigna. <\/p>\n
21.- El \u00faltimo reproche del censor, se centra en que el tribunal supuso la existencia de una prueba, cuando consider\u00f3 que el sobrepeso va acompa\u00f1ado de otras patolog\u00edas, ya que con esta afirmaci\u00f3n cre\u00f3 una regla de la experiencia desprovista de soporte cient\u00edfico, y partiendo de esta coligi\u00f3, equivocadamente, que la aseguradora deb\u00eda sospechar que el tomador ten\u00eda dichas enfermedades. <\/p>\n
22.- Verificado el \u00faltimo p\u00e1rrafo de la sentencia, de los que se trascribieron con antelaci\u00f3n, se observa que el colegiado: (i) a partir de la inferencia ya comentada, determin\u00f3 que los funcionarios de la aseguradora pod\u00edan percibir el sobrepeso del tomador; (ii) esa situaci\u00f3n, no implica que contara con la facultad de diagnosticar la diabetes o la obesidad m\u00f3rbida, padecida por aqu\u00e9l, ya que estas tienen caracter\u00edsticas m\u00e9dicas particulares; pero, (iii) s\u00ed le permit\u00eda sospechar de la existencia de patolog\u00edas en la persona del asegurado, pues, \u00abpor regla general\u00bb, la obesidad va acompa\u00f1ada de otras enfermedades, de las cuales cita la diabetes o la hipercolesterolemia. <\/p>\n
A partir de ah\u00ed, se colige que, el tribunal dedujo que los funcionarios de la aseguradora pod\u00edan percibir sensorialmente el sobrepeso del tomador, y que partiendo de esa percepci\u00f3n deb\u00edan sospechar que dicho estado estaba acompa\u00f1ado de otras dolencias, aplicando para tal prop\u00f3sito, una regla de la experiencia, consistente en que las personas obesas suelen tener enfermedades. <\/p>\n
23.- Las reglas de la experiencia son criterios utilizados para establecer si un hecho est\u00e1 probado; se infieren por el juzgador, partiendo de la apreciaci\u00f3n de situaciones que ocurren en la vida, y de consecuencias que generalmente suceden; se distinguen porque puede ser identificadas por cualquier persona de conocimientos medios en un contexto determinado, toda vez que se reconducen al sentido com\u00fan; debido a su naturaleza experiencial no est\u00e1n compendiadas en estatuto sustantivo, por ende su aplicaci\u00f3n es una cuesti\u00f3n de hecho, no de derecho, por ende las desavenencias que se susciten respecto de ellas han de estudiarse bajo el sendero de la v\u00eda indirecta, ora por la comisi\u00f3n de errores de hecho o de derecho en la valoraci\u00f3n las pruebas utilizadas para deducir su aplicaci\u00f3n en el caso concreto. <\/p>\n
La utilizaci\u00f3n de las reglas de la experiencia para ponderar medios probatorios incorporados al expediente es cuesti\u00f3n \u00edntimamente vinculada a la autonom\u00eda con que cuenta el juzgador para apreciar el contenido del conjunto probatorio y de cada elemento convictivo en particular, en la medida en que tiene que ver con la selecci\u00f3n de los est\u00e1ndares, pautas o criterios que emplea para examinar el plenario con sujeci\u00f3n a los dictados de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
Por estas razones, en l\u00ednea de principio, la selecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la m\u00e1xima de la experiencia no es susceptible de atacarse en sede de casaci\u00f3n, pues de admitirse, esa posibilidad con amplitud se terminar\u00eda interfiriendo abruptamente en la metodolog\u00eda empleada por el juzgador para dirimir el caso, asumiendo atribuciones propias de la instancia, que como es sabido, son extra\u00f1as a la decisi\u00f3n de este recurso extraordinario. <\/p>\n
23.1. Sin embargo, admiten un control residual, el cual se presenta cuando se cometen errores de hecho manifiestos y trascendentes en la evaluaci\u00f3n de las pruebas, que sirvieron de base para aplicarla, ya que en este caso el proceso de subsunci\u00f3n carecer\u00eda de sind\u00e9resis, en la medida en que se emplear\u00eda la m\u00e1xima como criterio de ponderaci\u00f3n de hechos contraevidentes; tambi\u00e9n, cuando su aplicaci\u00f3n conduzca a la infracci\u00f3n de disposiciones que gobiernen la ritualidad probatoria o el aporte de pruebas al proceso, es decir, a un error de derecho. <\/p>\n
23.2. Al abordar las m\u00e1ximas de la experiencia, el tratadista Manuel de Plaza, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa dogm\u00e1tica parece inclinada a catalogar bajo la expresi\u00f3n m\u00e1ximas de la experiencia, ciertas normas de estimaci\u00f3n y valoraci\u00f3n inducidas de las realidades pr\u00e1cticas de la vida, que son fruto de la observaci\u00f3n de los hechos que acaecen en la vida social. CHIOVENDA, cuando se ocupa de ellas, precisamente al tratar de la casaci\u00f3n, dice que el concepto es equivalente al de <<juicios generales, no privativos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica de que se trate, fundados sobre la observaci\u00f3n de lo que com\u00fanmente acontece y que, como tales, pueden hacerse en abstracto por cualquier persona sana de mente y de un nivel medio de cultura>>. Y, por su parte, GAUPP-STEIN, en sus comentarios a la ordenanza procesal alemana, las define de este modo: <<reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducci\u00f3n, mediante la observaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica y las reglas especiales de la t\u00e9cnica de las artes, en las ciencias y en la vida social, en el comercio y en la industria, que impl\u00edcitamente, sin relaci\u00f3n directa con el caso concreto debatido, se aplican siempre en el proceso, como premisas de los hechos litigiosos>>\u00bb7. <\/p>\n
23.3. As\u00ed mismo, el tratadista Hernando Morales Molina, apunt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLas m\u00e1ximas de la experiencia constituyen pues, normas de apreciaci\u00f3n probatoria inducidas de las realidades de la vida y fruto de la estimaci\u00f3n de los hechos, ya que se fundan en lo que generalmente sucede. Se deducen por cualquier persona sana de mente y de tipo medio en determinado lugar. Por eso var\u00edan seg\u00fan las peculiaridades geogr\u00e1ficas, econ\u00f3micas, sociales y raciales. Algunos las llaman standars jur\u00eddicos, o sea reglas de sentido com\u00fan. Otros distinguen cualitativamente entre estos y aquellos, seg\u00fan se funden en reglas de derecho o reglas de conducta social. <\/p>\n
Pero debe distinguirse entre la apreciaci\u00f3n de los hechos que configuran dichas conductas, que es lo que depende de la discrecionalidad del juez de instancia, de que ellos sean los exigidos por la ley para la configuraci\u00f3n de determinada conducta, pues este aspecto, si cae bajo el control de la casaci\u00f3n, ya que estimar como constitutivos de culpa, v.gr., hechos que revelan prudencia y diligencia, implicar\u00eda craso error de hecho y por ende contraevidencia. <\/p>\n
En los supuestos indicados, el juez emplea las m\u00e1ximas de la experiencia para establecer si un hecho se acomoda o no a la conducta o inconducta prevista en la norma sustancial para que \u00e9sta opere, ya que para apreciar tales conceptos se acude al resultado de las observaciones de muchos casos, de conocimiento general. El juez entonces aplica su experiencia y observaci\u00f3n, sobre pruebas que le ayudan a precisar las conductas en el proceso en relaci\u00f3n con los hechos concretos, lleg\u00e1ndose inclusive a los hechos notorios que no requieren prueba, porque constituyen constantes sociales de objetiva apreciaci\u00f3n, a los cuales debe reconocerse esta categor\u00eda en un momento dado dentro de cada pa\u00eds o regi\u00f3n\u00bb8. <\/p>\n
23.4. Al respecto, la Sala en SC3249-2020, adver\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De ah\u00ed que deba decirse que si el sentenciador valor\u00f3 determinada prueba en forma arbitraria e irracional, es decir, distanciado de toda l\u00f3gica, o si es manifiestamente absurda su inferencia respecto de ella por haber aplicado una inexistente regla de la experiencia, o haber dejado de aplicar una que en criterio del censor debi\u00f3 tomarse en cuenta, tal yerro de estimaci\u00f3n probatoria constituye un error de hecho que debe demostrarse como tal, no de derecho, cabalmente porque, como ya se dijera, las m\u00e1ximas de la experiencia no son normas jur\u00eddicas cuyo quebrantamiento sea el medio que conduzca a la violaci\u00f3n de la norma sustancial. <\/p>\n
Qui\u00e9rese poner de presente, entonces, que si, como ha quedado establecido, el sistema de valoraci\u00f3n de las pruebas se fundamenta en la libertad del juzgador para discernir sobre ellas, librado, por consiguiente, de las ligaduras propias de la tarifa legal, es patente, igualmente, como ya lo dijo esta Corporaci\u00f3n, que \u00e9l \u201cgoza de autonom\u00eda o, mejor, soberan\u00eda en el ejercicio de tal labor, sin que le sea dado a la Corte, como tribunal de casaci\u00f3n, imponer l\u00edmites a esa facultad legal o establecer confines dentro de los cuales ella puede realizarse, pues de ese modo la tasa legal que el estatuto procedimental repudia, se ver\u00eda sustituida por una tarifa de car\u00e1cter jurisprudencial. <\/p>\n
\u201cComo la soberan\u00eda del juzgador de instancia en el punto no puede desbocarse hac\u00eda la arbitrariedad, cabalmente, porque su ponderaci\u00f3n debe ser razonada, es decir, fundada en el sentido com\u00fan y las m\u00e1ximas de la experiencia, la labor del recurrente en casaci\u00f3n sube de punto cuando trata de cuestionar la cr\u00edtica que de la prueba haga el Tribunal, pues puede acontecer que \u00e9ste la hubiese percibido en su realidad objetiva, solo que al razonar sobre ella, o sea, al pasarla por el tamiz que el sentido com\u00fan y las reglas del saber emp\u00edrico conforman, le reste credibilidad, de modo que ser\u00eda vana una confrontaci\u00f3n entre lo que el medio dice con lo que el Tribunal afirm\u00f3 de \u00e9l, desde luego que en tal evento ambos coincidir\u00edan. Por el contrario, debe circunscribirse a demostrar que el fallador, desligado de toda l\u00f3gica y sensatez, valor\u00f3 antojadiza e inicuamente la prueba, o que la supuesta regla de la experiencia de que se vale, raya en lo absurdo, o porque se equivoca manifiestamente al creer ver en el proceso la hip\u00f3tesis de aquella regla, sin que ella en verdad exista\u201d (casaci\u00f3n del 24 de marzo de 1998). Y tal incorrecci\u00f3n de la sentencia debe denunciarse, como ha quedado asentado y all\u00ed mismo se dijera, como un error de facto en la apreciaci\u00f3n de la misma. [subraya intencional]. <\/p>\n
(\u2026) Infi\u00e9rese de lo dicho que, en tal hip\u00f3tesis, la acusaci\u00f3n del recurrente debe orientarse a denunciar la comisi\u00f3n de un error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, no de derecho, cabalmente, porque dichas reglas carecen de contenido normativo, es decir, no son normas legales reguladoras de la actividad probatoria\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con estas pautas, no se advierte que la regla de la experiencia que el juzgador emple\u00f3 para deducir que la aseguradora pod\u00eda sospechar de la existencia de potenciales patolog\u00edas en cabeza del tomador, sea absurda, il\u00f3gica, irrazonable o contraria al sentido com\u00fan, habida cuenta que la obesidad ha sido considerada, en contextos sociales y cient\u00edficos, como un problema de salud p\u00fablica, precisamente porque constituye tanto una enfermedad, en s\u00ed misma, como una condici\u00f3n que coadyuva al surgimiento o agravaci\u00f3n de otro tipo de padecimientos. <\/p>\n
La razonabilidad de esta regla no se desdice, aduciendo que supone que una persona obesa siempre est\u00e1 enferma, pues se insiste en que las m\u00e1ximas de la experiencia son inducciones que realiza el juzgador sobre asuntos que generalmente suceden, sin que esto implique negar la posibilidad de que concurran circunstancias de excepci\u00f3n, lo cual pudo demostrarse durante la instancia, pero no se hizo; tampoco puede tildarse de il\u00f3gica, argumentando que comporta un trato discriminatorio en perjuicio de los individuos obesos, ya que no se observa que las diferencie con los sujetos delgados en torno al otorgamiento de una prestaci\u00f3n, o que mancille el principio de igualdad ante la ley. <\/p>\n
Ahora bien, no se detecta que en la determinaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos sobre los cuales se aplic\u00f3 la regla de la experiencia se hubiere incurrido en un error de hecho, toda vez que el reproche, en este especial t\u00f3pico, se contrajo a decir que la m\u00e1xima no estaba soportada cient\u00edficamente dentro del proceso, desconociendo que es un criterio valorativo que utiliza el juzgador dentro de la autonom\u00eda que la ley le otorga para valorar las pruebas con arreglo a la sana cr\u00edtica, tal como se explic\u00f3 en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
Por lo expuesto, el cargo deviene frustr\u00e1neo. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Esgrime el casacionista que el fallo del tribunal incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, pues interpret\u00f3 equivocadamente el alcance de dicha preceptiva. <\/p>\n
El tribunal, despu\u00e9s de concluir que la aseguradora hab\u00eda dejado de ser diligente por no advertir hechos que deb\u00eda y pod\u00eda conocer sobre el real estado de salud del tomador de las p\u00f3lizas, la cuestion\u00f3 por incoar la nulidad relativa despu\u00e9s de que los beneficiarios presentaran la reclamaci\u00f3n, y por alegar la reticencia por hechos que no tienen que ver con las circunstancias en que se produjo la muerte del tomador. <\/p>\n
Argumentaci\u00f3n que no comparte, pues desconoce que la obligaci\u00f3n del tomador de declarar con sinceridad el estado del riesgo, se remonta a la etapa anterior a la contrataci\u00f3n, y tiene por objetivo garantizar la expresi\u00f3n inmaculada de la voluntad del asegurador, protegi\u00e9ndolo del fraude del tomador, sin que interese la raz\u00f3n del ocultamiento de la informaci\u00f3n, es decir el dolo o la culpa, ni los m\u00f3viles concretos que determinaron al tomador a declarar de modo reticente o inexacto. <\/p>\n
Expuso que la disposici\u00f3n infringida no consagra un l\u00edmite temporal para que el asegurador pueda invocar la nulidad relativa derivada de la inexactitud o reticencia, ni supedita su alegaci\u00f3n a una forma procesal espec\u00edfica, ya que puede aducirse como acci\u00f3n, es decir mediante la promoci\u00f3n de un proceso judicial para el reconocimiento de esa invalidez, o como excepci\u00f3n, para resistir el litigio que en su contra se promueva para obtener el pago de las cantidades determinadas en la p\u00f3liza. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el tribunal no pod\u00eda distorsionar el alcance de la norma en comento, recortando la posibilidad de incoar la nulidad relativa hasta antes de la presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n, ni menos catalogar su invocaci\u00f3n posterior como conducta contraria a la probidad contractual, m\u00e1xime cuando el descubrimiento de la reticencia, por regla general, se produce cuando el asegurador examina los comprobantes presentados para acreditar los requisitos del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, lo cual ocurre, con independencia de que se haya autorizado la consulta de la historia cl\u00ednica desde la suscripci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
Estim\u00f3 que el tribunal incurri\u00f3 en desatino, por sostener que no es adecuado que la aseguradora objete la reclamaci\u00f3n por circunstancias que no se relacionan con la manera en que se materializ\u00f3 el deceso del tomador, por cuanto dicha interpretaci\u00f3n desconoce que el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, no condiciona la sanci\u00f3n de nulidad a la relaci\u00f3n de causalidad entre reticencia y siniestro ulterior, por el contrario, la reconduce al quebrantamiento de la carga de declarar con sinceridad el estado del riesgo, resaltando as\u00ed el principio de buena fe que preside la relaci\u00f3n aseguraticia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, pas\u00f3 por alto que la sanci\u00f3n de nulidad relativa responde a criterios objetivos, consistentes en que la reticencia o inexactitud, de ser conocida por el asegurador, hubiere conducido a que no se celebrara el contrato o hacia la estipulaci\u00f3n de condiciones m\u00e1s onerosas para el tomador. <\/p>\n
Ignor\u00f3 que el contrato celebrado, mediando el incumplimiento del tomador de su obligaci\u00f3n de declarar sinceramente el estado del riesgo, conduce inexorablemente a la declaraci\u00f3n de nulidad relativa, pues dicha sanci\u00f3n reprime la conducta del tomador contraria a la buena fe contractual, que se exterioriza durante la etapa formativa del contrato, sin que interese que el siniestro se produzca por una causa relacionada, o no, con la reticencia, ya que este es un hecho que ocurre durante la ejecuci\u00f3n del negocio. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el entendimiento del tribunal desconoce la sentencia C-232 de 1997, mediante la cual se declar\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, entre otras razones, bajo el entendido, de que la infidelidad en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo sumerge al contrato en el error, cuya ocurrencia debe ser declarada, con independencia de consideraciones extempor\u00e1neas sobre la relaci\u00f3n entre reticencia y siniestro. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El recurrente centr\u00f3 su ataque por la v\u00eda directa, aduciendo que el tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2.- La admisibilidad del ataque por la v\u00eda directa es incompatible con el planteamiento de debates probatorios, ya que en esta causal se presupone la aceptaci\u00f3n del an\u00e1lisis f\u00e1ctico realizado en la sentencia opugnada, por consiguiente la censura debe circunscribirse a la inobservancia de normas jur\u00eddicas sustanciales, bajo las modalidades de falta de aplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
3.- Antes de analizar el reproche planteado, debe examinarse si cumple con los requisitos establecidos para atacar una sentencia en casaci\u00f3n, pues aunque se hubiere superado el examen de admisibilidad de la demanda, la connotaci\u00f3n extraordinaria del recurso impide pronunciarse de m\u00e9rito sobre un ataque mal formulado, toda vez que carecer\u00eda de sentido entrar a resolver sobre cuestionamientos ajenos a la providencia censurada (desenfocados), desprovistos de la incidencia necesaria para modificar el sentido de la decisi\u00f3n de instancia (intrascendentes), o despreocupados de arremeter en contra de los fundamentos basilares que condujeron al fallo opugnado (incompletos). <\/p>\n
4.- Con respecto a la regla de completitud, se recuerda que para el reproche casacional sea admisible se necesita que conduzca a infirmar todas las motivaciones que determinaron al ad quem a expedir la sentencia controvertida, por consiguiente, no ser\u00e1n admisibles las desavenencias que omiten por completo dicha cr\u00edtica, por centrarse en asuntos ajenos al litigio o al planteamiento de alegaciones de instancia; o que solo la cumplen parcialmente, por reconducirse a cuestionar espec\u00edficos pilares de la decisi\u00f3n, pero dejando inc\u00f3lume el peso de otros cimientos que la soportan. <\/p>\n
En este orden, se recalca que las sentencias atacadas en esta sede extraordinaria est\u00e1n cubiertas por una presunci\u00f3n de acierto y legalidad, la cual acompa\u00f1a a la integridad de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica y apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica que condujeron a su parte resolutiva, de manera que cuando el casacionista abandona en todo, o en parte, la disputa respecto de este conjunto de razonamientos se entiende que acepta la correcci\u00f3n de la porci\u00f3n que dej\u00f3 de atacar, y que esta es suficiente para mantener la sind\u00e9resis de la providencia. <\/p>\n
5.- Entre otros pronunciamientos, la corporaci\u00f3n ha abordado la regla de completitud en el recurso de casaci\u00f3n, ilustrando que: <\/p>\n
\u00abEn cuanto refiere a la precisi\u00f3n que debe caracterizar los cargos, se ha dicho tambi\u00e9n que \u00b4resulta indispensable que, entre otros aspectos, exista una \u2018relaci\u00f3n\u2019 entre la \u2018sentencia y el ataque que se le formula\u2019 (auto de 19 de noviembre de 1999, Exp. No. 7780), simetr\u00eda que debe entenderse, adem\u00e1s, seg\u00fan recientemente puntualiz\u00f3 la Corte, \u2018como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n\u2019 (auto de 8 de agosto de 2003, Exp. No. 40301, que hace eco de otro anterior, G.J. CCLV-116). <\/p>\n
Como la sentencia tiene una arquitectura l\u00f3gica, soportada en los argumentos y pruebas que fueron basilares para la soluci\u00f3n del litigio, la impugnaci\u00f3n, para que sea precisa, debe recorrer el itinerario inverso al seguido por el Tribunal, para as\u00ed derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyatura a la decisi\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reiter\u00f3 que \u2018los cargos en casaci\u00f3n han de ser totalizadores, lo viene pregonando de continuo la Corporaci\u00f3n, pues aunque \u2018el recurrente acuse la sentencia por violaci\u00f3n de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violaci\u00f3n, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido atacada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u2019 (LXXI, p\u00e1g. 740; LXXV, p\u00e1g. 52; CXLVIII, p\u00e1g. 221. Sent. Cas. Civ. de 29 de septiembre de 2004, Exp. 4664)\u00bb. (Casaci\u00f3n Civil de 21 de febrero de 2001, Exp. 05001-3103-007-2001-00263-01, reitera Casaci\u00f3n Civil de 22 de enero de 2007, Exp. 54405-31-89-001-1994-00184-02). <\/p>\n
6.- Conforme a dicha explicaci\u00f3n, luego de revisar la sentencia se divisa que su raz\u00f3n medular fue la aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, el cual regula un supuesto de excepci\u00f3n a la sanci\u00f3n de nulidad relativa derivada de la reticencia del tomador, edificada sobre el consentimiento presunto del asegurador sobre el estado del riesgo, el cual se materializa cuando aquel conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer circunstancias sobre las que versan los vicios de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que el sentenciador estudi\u00f3 la obligaci\u00f3n de declarar sinceramente el estado del riesgo que recae sobre el tomador, y de concluir que la desatendi\u00f3, cuando dej\u00f3 de informar la diabetes mellitus que padec\u00eda desde antes de la suscripci\u00f3n de las aseguranzas, estim\u00f3 que la aseguradora no fue acuciosa y diligente en su investigaci\u00f3n sobre el objeto del aseguramiento, en la medida en que contempl\u00f3 la obesidad – o sobrepeso \u2013 del candidato a tomador, y dej\u00f3 de sospechar que tal circunstancia era indicativa de otras enfermedades, que pod\u00edan detectarse antes de asumir la cobertura del riesgo. <\/p>\n
7.- Con base en esta recapitulaci\u00f3n, se observa que el censor, en el planteamiento de este cargo, centr\u00f3 su ataque, \u00fanicamente, sobre el ac\u00e1pite de la sentencia, en donde se cuestiona su probidad contractual por haber demandado la nulidad relativa de los seguros con posterioridad al recibo de su reclamaci\u00f3n, y por objetar esta \u00faltima con base en hechos ajenos a la causa del siniestro. <\/p>\n
Por este motivo, al margen de la posici\u00f3n, que pudiere tener la corporaci\u00f3n, en torno a los reproches realizados por el sentenciador a la oportunidad de la acci\u00f3n de nulidad y la razonabilidad de la reclamaci\u00f3n, lo cierto es que su estudio no debe acometerse en esta sede extraordinaria, por cuanto el cargo nada dijo respecto del argumento central de la providencia cuestionada, esto es sobre la aplicaci\u00f3n de la norma sustancial contentiva de la dispensa de nulidad concebida sobre el consentimiento presunto del asegurador, es decir, el inciso final del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
8.- As\u00ed las cosas, sin perjuicio de que se concordara o discrepara del fondo del embate del recurrente, es n\u00edtido que conforme a la sustentaci\u00f3n del cargo, qued\u00f3 inc\u00f3lume la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica expuesta por el colegiado tanto para entender que el asegurador pod\u00eda conocer la informaci\u00f3n ocultada por el tomador, como para abstenerse de reconocer la excepci\u00f3n de nulidad relativa de la aseguranza, toda vez que el censor, cuando soport\u00f3 este cargo por infracci\u00f3n directa, nada dijo respecto de la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, atinente a la instituci\u00f3n del conocimiento presunto o presuntivo del asegurador sobre hechos o circunstancias del estado del riesgo. <\/p>\n
No puede admitirse interpretaci\u00f3n contraria, pues el tribunal consign\u00f3, de manera expresa, cu\u00e1l fue el argumento crucial de su decisi\u00f3n, pues al dirimir la excepci\u00f3n denominada \u00abno debe existir una relaci\u00f3n de causalidad entre inexactitud o reticencia y el siniestro ocasionado\u00bb, manifest\u00f3 que la discusi\u00f3n all\u00ed planteada, \u00abtermina siendo irrelevante en el presente litigio por cuanto se termina de condenar a la aseguradora con fundamento en lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, como ampliamente se explic\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s\u00bb (folio 35 del pdf de sentencia de segunda instancia). <\/p>\n
9.- Y, tal situaci\u00f3n era conocida por el censor, pues al formular el cargo afirm\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn la sentencia impugnada, despu\u00e9s de concluirse que mi representada hab\u00eda dejado de ser un asegurador acucioso y diligente por no advertir hechos que debi\u00f3 o pudo conocer sobre el real estado de salud del tomador de las p\u00f3lizas -en clara muestra de subjetividad judicial-, el Tribunal a\u00f1adi\u00f3, a manera de colof\u00f3n, dos reproches puntuales a Suramericana: el primero, por haber ejercido la acci\u00f3n de nulidad de los contratos de seguro celebrados entre las partes, despu\u00e9s de que los beneficiarios presentaron la reclamaci\u00f3n para que les fueran pagados los valores asegurados mencionados en cada una de las cinco p\u00f3lizas expedidas y, el segundo, por alegar una reticencia del asegurado que no ten\u00eda relaci\u00f3n con las circunstancias en las que se produjo su muerte\u00bb (\u00c9nfasis es de la Corporaci\u00f3n). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, emerge que aquel comprend\u00eda que la deducci\u00f3n del conocimiento presuntivo del asegurador era la columna vertebral del fallo, y que el \u00e9xito del recurso extraordinario se circunscrib\u00eda a demostrar la sinraz\u00f3n de dicho argumento; sin embargo, dirigi\u00f3 sus esfuerzos a demeritar la juridicidad de razones expuestas como \u00abadici\u00f3n\u00bb o \u00abcolof\u00f3n\u00bb, sin formular reproches sobre la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de la norma jur\u00eddica sustancial que sirvi\u00f3 de soporte central de la sentencia recurrida, consintiendo con su silencio en su acierto o correcci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, el cargo no prospera. <\/p>\n
10.- Debido al fracaso del recurso de casaci\u00f3n, se condenar\u00e1 a la recurrente a pagar las costas causadas durante su tr\u00e1mite, lo anterior de acuerdo con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NO CASAR la sentencia proferida el 1\u00ba de diciembre de 2020, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta sede extraordinaria a la parte recurrente. Para su cuantificaci\u00f3n, incl\u00fayase el equivalente de diez s.m.l.m.v. como agencias en derecho. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 SC de 2 de agosto de 2001, Exp. 6146; SC de 27 de febrero de 2012, Exp. 11001 3103 002 2003 14027 01 <\/p>\n
2\u0002 SC de 26 de abril de 2007, Exp. 11001-31-03-022-1997-04528-01 <\/p>\n
3\u0002 SC de 30 de noviembre de 2000, Exp. 5473. <\/p>\n
4\u0002 SC de 30 de noviembre de 2000, Exp. 5473; SC de 1 de septiembre de 2010, Exp. 05001 3103 001 2003 00400 01. <\/p>\n
5\u0002 SC de 19 de mayo de 1999, G.J. t. CCLVIII, p\u00e1g. 185; SC de 9 de diciembre de 2004, Exp. 1994-14978-02 <\/p>\n
6\u0002 SC de 18 de octubre de 1995, Exp. 4640; SC de 2 de agosto de 2001, Exp. 6146; SC de 1 de abril de 2002, Exp. 6825; SC de 26 de abril de 2007, Exp. 1997-04528-01, SC2803 de 4 de marzo de 2016, Exp. 005001 31 03 003 2008 00034 01 <\/p>\n
7\u0002 DE LA PLAZA, Manuel. La Casaci\u00f3n Civil. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. Reimpresi\u00f3n 2021, P\u00e1gs. 263 y 264. <\/p>\n
8\u0002 Morales Molina, Hernando. T\u00e9cnica de Casaci\u00f3n Civil. Bogot\u00e1, D.C: Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia. Reimpresi\u00f3n de la segunda edici\u00f3n, diciembre de 2014, P\u00e1g. 162. <\/p>\n
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SC167-2023 (2019-00025-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente SC167-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 760013103017 2019 00025 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74558","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74558\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}