SC172-2023 (2014-00050-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC172-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25899-31-03-001-2014-00050-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el accionado Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas, contra la sentencia de 18 de junio de 2020 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del juicio verbal formulado en su contra por Emigdio Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Emigdio Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n declarar la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica N.\u00ba 3376 del 31 de diciembre de 2010 otorgada en la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en la que figura que \u00e9l vendi\u00f3 a su hermano Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas, el predio rural \u201cCiralonga\u201d situado en la vereda Barandillas – La Granja – San Miguel municipio de Zipaquir\u00e1, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 176-43553 y una extensi\u00f3n aproximada de 135.174,90 mts2; en consecuencia, condenar al llamado a pleito a restituirle el fundo \u00abPURIFICADO DE LOS DERECHOS U OBLIGACIONES, que sobre el citado bien inmueble hubieren sido constituidas, por el Demandado, o se constituyan, a partir de la fecha de admisi\u00f3n de la presente demanda\u00bb, junto con los frutos civiles y naturales derivados de \u00e9ste, as\u00ed como las costas del proceso [fl. 20-27 Cd. 1]. <\/p>\n
2.- En respaldo narr\u00f3 los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1.- Adujo que padeci\u00f3 de severos quebrantos de salud, al grado que \u00able impidieron ejercer normalmente sus funciones sacerdotales, cuidar, administrar y continuar explotando econ\u00f3micamente sus propiedades rurales, especialmente, el predio la \u2018Ciralonga\u2019\u00bb, por lo que, ante la imposibilidad de \u00abtrasladarse a las zonas rurales, se vio obligado a recurrir a la ayuda, colaboraci\u00f3n y experiencia agraria de su hermano\u00bb, para que se encargara de la \u00abtenencia, administraci\u00f3n y comercializaci\u00f3n\u00bb de la heredad en menci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Refiri\u00f3 que con el demandado acord\u00f3 verbalmente poner en venta la propiedad para que pudiera \u00abcumplir con algunas obligaciones pecuniarias comerciales, ya que presentaba deudas que cubrir con urgencia\u00bb, de ah\u00ed que, lo facult\u00f3 para \u00abofrecerla en el mercado inmobiliario\u00bb, diligencias que jam\u00e1s emprendi\u00f3, lo que coloc\u00f3 el promotor en \u00absituaci\u00f3n de emergencia\u00bb por la premura de sus acreencias y tras varios meses sin lograr ese cometido ambos se reunieron con el otro hermano Luis Alejandro Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas para agilizar la venta o ver la posibilidad de que el actor otorgara un testamento donde los designaba como herederos, lo que tampoco se logr\u00f3 \u00abal no ponerse de acuerdo los mencionados hermanos\u00bb. <\/p>\n
2.3.- Sostuvo que Carlos Enrique Pi\u00f1eros \u00ablogr\u00f3 trasladarlo a la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1\u00bb, para otorgar la escritura p\u00fablica N.\u00ba 3376 de 31 de diciembre de 2010, en la cual \u00absuscribieron en venta por la suma de $421.000.000,oo\u00bb, precio que \u00abjam\u00e1s fue pagado en su totalidad y por una valor o precio por debajo del catastral vigente para el a\u00f1o 2010 y desde luego varias veces inferior al precio comercial\u00bb. Sin embargo, le advirti\u00f3 a aqu\u00e9l que, en los 3 primeros meses del a\u00f1o 2011 \u00abdeber\u00eda entregarle el saldo del precio convenido en la escritura\u00bb, o venderle a un tercero que \u00abpagara el precio justo\u00bb, sucesos que no acaecieron, pese a los m\u00faltiples requerimientos realizados a su hermano, quien se ha negado contundentemente. <\/p>\n
2.4.- Asever\u00f3 que el valor de $421.000.000,oo no es el precio comercial verdadero y justo del bien, ya que para la fecha de escrituraci\u00f3n \u00e9ste se encontraba en $1.500.000.000. <\/p>\n
3.- El 10 de abril de 2014 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 admiti\u00f3 la demanda disponiendo la notificaci\u00f3n del extremo pasivo [fl. 31 Cd 1]. <\/p>\n
4.- Enterado el enjuiciado se opuso a las pretensiones del pliego genitor y en su defensa aleg\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que titul\u00f3: \u00abinexistencia de lesi\u00f3n enorme\u00bb, \u00abcapacidad mental del actor\u00bb, \u00abbuena fe en las actuaciones de las partes\u00bb, y \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio\u00bb [fl. 46-60 Cd 1]. <\/p>\n
5.- El Juzgado de primer nivel finiquit\u00f3 la instancia en audiencia celebrada el 12 de septiembre de 2019, en la que desestim\u00f3 las excepciones de fondo formuladas por el convocado Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas, declar\u00f3 la rescisi\u00f3n del contrato de compraventa celebrado entre las partes, contenido en la Escritura P\u00fablica No. 3376 del 31 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1, \u00abcuyo valor fuera pactado por $421.000.000,oo, siendo avaluado pericialmente para esa \u00e9poca en la suma de $1.737.644.611,oo\u00bb, orden\u00f3 las restituciones mutuas correspondientes y desestim\u00f3 las restantes pretensiones de la demanda, adem\u00e1s, orden\u00f3 oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y a la Notar\u00eda correspondiente, para que se dispongan las anotaciones del caso, cancel\u00e1ndose la anotaci\u00f3n No. 10 de la matr\u00edcula inmobiliaria 176-43553 [fl. 402 Cd 1]. <\/p>\n
6.- Apelada la decisi\u00f3n por el accionado, el Tribunal la modific\u00f3, con fallo de 18 de junio de 2020, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida en septiembre 12 de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, que para mayor claridad en su parte resolutiva quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
Primero: Declarar rescindido por lesi\u00f3n enorme sufrida por el vendedor, el contrato de compraventa que sobre el inmueble Ciralonga, ubicado en la Vereda Barandillas \u2013 Las Granjas- San Miguel del municipio de Zipaquir\u00e1, con una extensi\u00f3n de 13 hect\u00e1reas y 5.174.90 mts2 identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 176-43553 y cuyos linderos aparecen indicados en la escritura de compraventa, que suscribieron Emigdio Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas como vendedor y Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas como comprador, en la escritura p\u00fablica N\u00ba 3376 del 31 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Segundo: Condenar al demandado Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas a restituir al extremo demandante, en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino que le ser\u00e1 otorgado para completar el justo precio de la venta del inmueble Ciralonga. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al extremo demandante restituir al demandado Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas la suma de $537.139.696,05,oo por concepto del precio de venta indexado que hab\u00eda aquel cubierto por el contrato de venta que se declara rescindido, con los intereses civiles causados del 6% anual, desde el d\u00eda 21 de febrero de 2014, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago ordenado. <\/p>\n
Cuarto: Conceder al demandado Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas la posibilidad de mantener el contrato de compraventa y con ello dejar sin efecto la rescisi\u00f3n declarada en el numeral primero de este fallo, cancelando dentro de los 10 d\u00edas siguientes al de notificaci\u00f3n del auto que ordene obedecer y cumplir lo ac\u00e1 resuelto, la suma de $1.692.549.650.64 correspondiente al saldo indexado o suma restante para completar el pago del justo precio que ten\u00eda el inmueble Ciralonga, para el d\u00eda de su venta 31 de diciembre de 2010, con los intereses civiles causados, del 6% anual, desde el d\u00eda 21 de febrero de 2014, hasta la fecha en que debe hacerse el pago. <\/p>\n
Quinto. Disponer que no hacer uso el demandado del derecho concedido en el numeral Cuarto de esta sentencia, quedar\u00e1 en firme la rescisi\u00f3n del contrato dispuesta en el numeral primero y las prestaciones se\u00f1aladas en los numerales segundo y tercero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sexto. Condenar en costas de primera instancia al extremo demandado, se\u00f1al\u00e1ndose como agencias en derecho de la primera instancia la suma de [\u2026] (sic). <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras rese\u00f1ar los antecedentes del caso, record\u00f3 el alcance de la acci\u00f3n resolutoria por lesi\u00f3n enorme y los presupuestos indispensables para su prosperidad. <\/p>\n
Acto seguido, esboz\u00f3 que el convocado, al objetar el dictamen pericial, en s\u00edntesis, reprochaba que \u00abel auxiliar de la justicia no consider\u00f3 determinar el valor del inmueble para la \u00e9poca en que aquel insiste se realiz\u00f3 la negociaci\u00f3n, en el a\u00f1o 1988 cuando inici\u00f3 el pago del precio pactado, no la de la fecha de la escritura atacada\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese panorama, explic\u00f3 que, desde la regulaci\u00f3n normativa, \u00abel justo precio se refiere al tiempo del contrato (art. 1947 C.C.) y su interpretaci\u00f3n ha sido que el precio a considerar para los efectos de la lesi\u00f3n enorme no puede ser distinto al pactado en el contrato de venta atacado, pues de haberse celebrado un contrato de promesa, que en el caso no acredita, el perfeccionamiento de la compraventa se logra con la suscripci\u00f3n de la escritura de venta y no con la promesa\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo el colegiado, que hubo orfandad probatoria en el prop\u00f3sito de \u00abacreditar que la venta que se recoge en la escritura atacada, tendr\u00eda un antecedente negocial entre las partes y que por ello, el precio de la venta deb\u00eda se\u00f1alarse para la fecha de la suscripci\u00f3n de aquel y no la del contrato posterior, y ello qued\u00f3 en la sola afirmaci\u00f3n del demandado\u00bb. Aunado a esa motivaci\u00f3n, refiri\u00f3 que del mismo antecedente registral del predio Ciralonga, encontr\u00f3 otra circunstancia que resta credibilidad a lo antelado, esto es, que el convocado \u00abpara desvirtuar la existencia de la lesi\u00f3n enorme, adujo que, en realidad el predio objeto material del contrato de Ciralonga, tendr\u00eda 13 hect\u00e1reas de las 24 que lo conformaban cuando era de mayor extensi\u00f3n\u00bb, ya que \u00abse le hab\u00eda vendido desde el a\u00f1o 1988 y que le fue entregado en el a\u00f1o 1993, que las otras 11 hect\u00e1reas fueron vendidas a una persona jur\u00eddica por $470.000.000.00 de pesos; que ese valor, sumado a los $421.000.000.00 de pesos que el pag\u00f3 por su predio, har\u00edan considerar que no se produjo la lesi\u00f3n; pues la venta se hizo en 1988 y es el valor del bien para aqu\u00e9l entonces y no para el 2010 el que se debi\u00f3 establecer por el perito y valorar por el juez, para determinar si existe o no la lesi\u00f3n enorme\u00bb. <\/p>\n
Frente a dicho argumento expuso que, \u00aba m\u00e1s de carecer de sustento probatorio, se desvirt\u00faa si se considera c\u00f3mo en la propia escritura p\u00fablica atacada, que el demandado suscribe como comprador, se hace una minuciosa recopilaci\u00f3n de las compras que realiz\u00f3 en ac\u00e1 demandante y all\u00e1 vendedor, de 11 inmuebles que englob\u00f3 en un solo predio, Carilonga (sic), en la escritura 428 del 23 de febrero de 1990 de la notar\u00eda \u00fanica de Zipaquir\u00e1, anotaci\u00f3n 4 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio en cuesti\u00f3n. Y que la divisi\u00f3n material en dos fracciones de ese globo de terreno all\u00ed conformado, para deducir de aqu\u00e9l el predio La Sacrist\u00eda, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 176-116587, de 11 hect\u00e1reas y 3.330 mts 2, y mantener el predio Carilonga (sic) con una extensi\u00f3n de 13 hect\u00e1reas y 35.174.90 mts conservando el folio 176-43553, s\u00f3lo se vino a dar a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 594 del 24 de marzo de 2010, mismo acto en el que se vende el predio La Sacrist\u00eda; divisi\u00f3n que fuera aprobada por planeaci\u00f3n del municipio de Zipaquir\u00e1 con Resoluci\u00f3n 521 de agosto 31 de 2010, documento anexo a esa escritura de venta\u00bb, desech\u00f3 as\u00ed la posibilidad de que el acuerdo negocial se hubiera dado desde el a\u00f1o 1988, amen que ello aparejar\u00eda su realizaci\u00f3n aun antes de haberse englobado los 11 inmuebles que compr\u00f3 el demandante. <\/p>\n
Descartada esa posibilidad determin\u00f3 que, \u00abclaro es que la venta del inmueble se dio el 31 de diciembre de 2010, en que se firm\u00f3 la escritura No. 3376 de la notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1, 10 meses despu\u00e9s de haberse dividido materialmente el inmueble y haberse reducido la extensi\u00f3n de Ciralonga a 13 hect\u00e1reas y 5.174.90 metros\u00bb y, en ese orden, para esa data -seg\u00fan el trabajo pericial- \u00abel precio pagado fue inferior al comercial en la proporci\u00f3n que all\u00ed se se\u00f1al\u00f3\u00bb, con lo cual desestim\u00f3 la objeci\u00f3n que frente a este se formul\u00f3 y, paralelamente, el reclamo de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 su razonamiento con el reproche atinente a no haberse dado aplicaci\u00f3n a la opci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil de completar el justo precio, poniendo de presente que para ello no era forzoso al accionado \u00abpedirlo al momento de contestar la demanda, ni de prohibirle que lo haga luego de proferida la sentencia de primera instancia y antes de que ella cobre ejecutoria\u00bb, por lo que juzg\u00f3 pertinente concederle a este un plazo para que consignara \u00abla suma de dinero indexada que har\u00eda justo el precio de la venta, con la deducci\u00f3n autorizada en la citada norma; so pena de que si vencido el mismo sin hacer la consignaci\u00f3n en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales se haga efectiva la rescisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Acorde con esto procedi\u00f3 a actualizar la suma que deber\u00eda restituir el vendedor -$421.000.000- obteniendo un total de $537.139.696,05 y para la completitud del justo precio a cancelar por el comprador, partiendo del fijado en la pericia de $1.737.644.611 para el a\u00f1o 2010, estableci\u00f3 que ser\u00eda la suma de $1.692.549.650,64, la cual obtuvo a partir de los siguientes criterios: <\/p>\n
\u00abla diferencia existente entre dicho valor y la suma cancelada, $421.000.000.00., era de $1.316′.644.000.00, deber\u00e1 entregar al vendedor esa diferencia reducida en un 10%, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 1948 del C.C., esto es, descontando la suma de $131’664.400.00 pesos, lo que equivale a $1.184’979.600.00, para completar el justo predio del inmueble comprado, sumas que tambi\u00e9n debe ser indexada as\u00ed: <\/p>\n
V.I. $1.184.979.600. I.P.C. Inicial (A) 31 de diciembre de 2010 72.98. \/ IPC Final (B) Febrero 2020 104,24. B\/A 1,43. K*B\/A $507.570.050,64 <\/p>\n
Liquidaci\u00f3n: $1.184.979.600 m\u00e1s indexaci\u00f3n $507.570.050.64 = $1.692.549.650.64. <\/p>\n
Y reconociendo sobre ellos intereses legales civiles (6% anual. Art. 1617 del C.C.) desde, desde la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, 21 de febrero de 2014, y hasta el momento en que se haga el pago, bien por el demandante, de cobrar firmeza la rescisi\u00f3n, o ya por el demandado si opta por completar el justo precio. <\/p>\n
Agregados de pago de sumas indexadas e intereses civiles causados sobre los mismos que no se consideran violatorios de la restricci\u00f3n de la competencia del juez de segunda instancia, pues est\u00e1n intr\u00ednsecamente ligados con las restituciones ordenadas\u00bb. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido anot\u00f3, que frente a los frutos del inmueble no habr\u00eda pronunciamiento, dada la negativa del a quo y la conformidad del demandante. <\/p>\n
Fijado lo anterior, se ocup\u00f3 de las defensas esgrimidas por el enjuiciado, las cuales descalific\u00f3 ante la acreditaci\u00f3n de la ocurrencia de la lesi\u00f3n enorme y de cara a la prescripci\u00f3n adquisitiva \u00abcuyo sustento estaba ligado con la alegada existencia de un contrato de promesa ofrecido desde 1987 y su entrega en 1993, dado que no se prob\u00f3 la existencia del mismo, ni que desde el lapso de tiempo alegado hubiere ejercido posesi\u00f3n el demandado sobre el inmueble en cuesti\u00f3n que se acredit\u00f3 le hab\u00eda sido entregado el d\u00eda de la suscripci\u00f3n del contrato de venta, diciembre 31 de 2010, que no hay lugar a declarar probada la excepci\u00f3n, pues desde esa fecha a la de presentaci\u00f3n de la demanda tan solo transcurrieron 3 a\u00f1os y 4 meses, tiempo muy inferior al exigido en el art\u00edculo 2528 del C.C., relativa a la posesi\u00f3n regular del inmueble por el tiempo que la ley establece para obtener la propiedad\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El impugnante propuso un (1) cargo contra la providencia impugnada, fincado en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 el prove\u00eddo combatido por ser directamente violatoria de los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, 8\u00b0 de la Ley 153 de 1887 y los art\u00edculos 1617, 1946 y 1948 del C\u00f3digo Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, \u00ablo condujo a reconocer intereses civiles legales del seis por ciento (6%) anual sobre un saldo del justo precio incorrectamente indexado\u00bb. <\/p>\n
A partir de la aceptaci\u00f3n de la existencia de la lesi\u00f3n enorme en el negocio confutado expres\u00f3, que, \u00ab[E]l reproche puntual que se le hace a la sentencia objeto de casaci\u00f3n, es que en ella se reconocieron los intereses legales civiles del seis por ciento (6%) anual, sobre una suma de dinero corregida monetariamente en contrav\u00eda con lo dispuesto en las normas sustanciales acusadas como indebidamente interpretadas en este cargo. Esto es as\u00ed, porque la suma de $1.692’549.650.64 de pesos, es decir, la base econ\u00f3mica que tuvo en cuenta el Tribunal para ordenar los intereses legales civiles, fue el resultado de la aplicaci\u00f3n de la correcci\u00f3n monetaria a la suma de $1.184’979.600 de pesos desde la fecha de celebraci\u00f3n del contrato hasta el mes de febrero de 2020, conducta \u00e9sta que a todas luces quiebra de manera directa el contenido del art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil\u00bb, pues considera que, seg\u00fan \u00e9ste precepto \u00abel justo precio faltante indexado que equivale al monto con base en el cual deben pagarse los intereses legales civiles, es el que existe al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda (21 de febrero de 2014), y no el que corresponder\u00eda al justo precio faltante indexado al mes de febrero de 2020, como lo indic\u00f3 el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos que si el tribunal \u00abhubiese interpretado correctamente el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil y le hubiere concedido su genuino alcance al criterio auxiliar y principio general del derecho de la equidad y, por ende, a la indexaci\u00f3n o a la correcci\u00f3n monetaria, el Tribunal habr\u00eda tomado el valor del justo precio faltante indexado para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda y con base en dicho guarismo habr\u00eda ordenado el pago de los intereses legales civiles\u00bb, de suerte que \u00ablo que debi\u00f3 haber hecho el ad quem despu\u00e9s de corregir monetariamente la suma de $1.184.979.600 pesos desde la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa hasta el mes de febrero de 2020, obteniendo como resultado el monto de $1.692.549.650.64 pesos -que corresponde al precio faltante indexado a pagar por el demandado-comprador para mantener los efectos jur\u00eddicos de la compraventa rescindida-, fue haber tomado para efectos de ordenar el pago de los intereses legales civiles del seis por ciento (6%) anual, no la suma de $1.692.549.650.64 pesos como lo hizo, sino el valor de $1.297.911.624.50 pesos, que es el resultado de indexar la cantidad de $1.184.979.600 pesos a partir de la celebraci\u00f3n de dicho negocio jur\u00eddico (31 de diciembre de 2010) hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (21 de febrero de 2014); con otras palabras, el Tribunal debi\u00f3 ordenar el pago de los intereses legales civiles sobre el resultado de la \u00faltima operaci\u00f3n descrita, es decir, $1.297.552.662 pesos, y no sobre el monto de $1.692.549.650.64 pesos que tuvo en cuenta en su sentencia\u00bb, la cual es muy superior a la que legalmente deber\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como cuesti\u00f3n preliminar huelga decir, que la parte interpelada se conform\u00f3 con lo dispuesto por el tribunal, en punto de la declaraci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme del contrato de compraventa que ajust\u00f3 con el demandante y la mayor\u00eda de las determinaciones que de dicha declaraci\u00f3n se derivan, ci\u00f1endo su disenso a la indexaci\u00f3n de la diferencia entre el precio pagado y el justo precio del bien objeto del contrato desde la data de celebraci\u00f3n del convenio y el pago de los intereses sobre este valor actualizado, como carga que le permita mantener indemne el contrato, por lo que aquellos resoluciones declarativas resultan ajenas al recurso extraordinario, ya que el punto en discordia se centra en la suma sobre la cual se deben cancelar esos intereses, motivo por el cual la impugnaci\u00f3n que se examina tendr\u00e1 un alcance parcial, ya que limitar\u00e1 su an\u00e1lisis al \u00fanico tema que comprende el cargo, pues respecto de lo restante la decisi\u00f3n del ad quem cobr\u00f3 firmeza, en atenci\u00f3n a ese principio dispositivo que gobierna la s\u00faplica extraordinaria, que impide a la Corte asumir el examen respecto de aspectos frente a los cuales el censor no expres\u00f3 ninguna objeci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Emigdio Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n para obtener la rescisi\u00f3n del contrato de compraventa que celebr\u00f3 -como vendedor- con Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas -como comprador- el 31 de diciembre de 2010, respecto del predio Ciralonga, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-43553 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Zipaquir\u00e1, contenido en la escritura p\u00fablica 3376 de la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1 de la mentada data. <\/p>\n
3.- El ad quem, al desatar la alzada interpuesta contra la decisi\u00f3n de primera instancia que acogi\u00f3 las suplicas de la demanda, en cuanto al pedido rescisorio, neg\u00f3 el reconocimiento de frutos a favor del demandante y dispuso las restituciones mutuas entre los contratantes, estim\u00f3 necesario modificarla, en el sentido de conceder al comprador la potestad de completar el justo precio de la venta dentro de los diez siguientes a la ejecutoria de la sentencia, se\u00f1alando que para satisfacer lo anterior deb\u00eda cancelar \u00abla suma de $1.692.549.650.64 correspondiente al saldo indexado o suma restante para completar el pago del justo precio que ten\u00eda el inmueble Ciralonga, para el d\u00eda de su venta 31 de diciembre de 2010, con los intereses civiles causados, del 6% anual, desde el d\u00eda 21 de febrero de 2014, hasta la fecha en que debe hacerse el pago\u00bb. <\/p>\n
4.- El ataque \u00fanico se hace radicar en la comisi\u00f3n de yerros in judicando por violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, 8\u00b0 de la Ley 153 de 1887 y 1617, 1946 y 1948 del C\u00f3digo Civil, por indebida interpretaci\u00f3n, que llevaron al colegiado a imponer el pago de intereses sobre un saldo indebidamente indexado. <\/p>\n
5.- El contrato de compraventa es definido en el art\u00edculo 1849 del C\u00f3digo Civil como aquel \u00aben que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y \u00e9sta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio\u00bb; de la mentada definici\u00f3n emergen como elementos esenciales de dicho contrato, a m\u00e1s del consentimiento la cosa y el precio, que en su orden corresponden a la manifestaci\u00f3n de voluntad de las partes, el objeto de la obligaci\u00f3n del vendedor, o sea el objeto que el vendedor est\u00e1 obligado a dar al comprador y el dinero que el comprador da por la cosa vendida. <\/p>\n
Seg\u00fan la doctrina especializada para que el precio cumpla su papel en la compraventa debe 1) consistir en dinero en su totalidad o la mayor parte1; 2) ser determinado de manera voluntaria por las partes , o excepcionalmente por un tercero, cuando estos as\u00ed lo convengan, en una cifra exacta, o bien determinable a trav\u00e9s de expresiones que sirvan para fijarlo (art\u00edculos 1864, 1865 del C\u00f3digo Civil); 3) ser real, esto es que exista, lo que se contrapone al ficticio o irrisorio, debido al car\u00e1cter conmutativo de la compraventa que impone que este equivalga a lo que se compra o se vende. <\/p>\n
El precio irrisorio en todo caso no es igual al precio vil o injusto, que ser\u00eda aquel \u00abseg\u00fan Planiol el precio serio que es de tal inferioridad al valor real de la cosa que el vendedor sufre una p\u00e9rdida que no es proporcionada con los riesgos ordinarios de los negocios. Esta perdida que sufre el vendedor se llama lesi\u00f3n y proviene de no ser justo el precio\u00bb2, el cual puede dar lugar, en trat\u00e1ndose de compraventa de inmuebles, a la rescisi\u00f3n del contrato por lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
Esto, por cuanto, siendo dicho contrato oneroso y conmutativo, al no ser equivalentes el verdadero precio de la cosa vendida y el que se da por ella, de suerte que si el desequilibrio econ\u00f3mico es protuberante el contrato queda viciado en su esencia, por lo que para restaurar ese equilibrio el afectado puede instar la rescisi\u00f3n del contrato, debi\u00e9ndose en todo caso tener presente, que \u00ab[C]ualquier desigualdad en el precio de la venta con el que realmente tenga la cosa, no puede autorizar la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n, porque si la autoriza se puede decirse que no habr\u00eda venta que no fuera rescindible por este motivo debido a la imposibilidad de que el precio en que se compra una cosa puede ser exactamente el que tenga. Por otra parte solo una diferencia de consideraci\u00f3n entre el precio estipulado y el real, puede probarse […] De aqu\u00ed la regla del art\u00edculo 1947 para probar la lesi\u00f3n\u00bb3. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser de esta consecuencia por dicha afectaci\u00f3n negocial, seg\u00fan lo ha indicado esta Corporaci\u00f3n radica <\/p>\n
en la necesidad sentida de asegurar por todos los medios posibles la estabilidad en el tr\u00e1fico de bienes y servicios, tiene que ver con el principio de la conservaci\u00f3n de los contratos, habida cuenta que es justamente en guarda del mismo que la existencia de lesi\u00f3n por encima de los l\u00edmites legales, constatada mediante intervenci\u00f3n judicial a instancia de parte, no determina maquinalmente la ineficacia del negocio con las secuelas restitutorias a que hubiere lugar de conformidad con las reglas en general aplicables en eta materia de conformidad con el Art. 1746 del C. Civil. En \u00faltimo an\u00e1lisis, la rescisi\u00f3n con el alcance retroactivo que este precepto se\u00f1ala, tiende desde luego a reparar el perjuicio experimentado por el demandante (…) pero no pierde de vista el Legislador que los contratantes han querido realizar el negocio que por lo tanto, primando en el esp\u00edritu de las normas \u00abfavor negotti\u00bb, debe subsistir si aquella anomal\u00eda desaparece, resultado este al que se permite llegar, entonces, por el procedimiento menos radical y de relativa complejidad que consagra el tantas veces citado Art. 1948, orientado a reajustar el alcance de las respectivas prestaciones mediante la denominada \u00abreductio ad equitatem\u00bb en virtud de la cual se le ofrece al contratante demandado, si su inter\u00e9s es evitar las consecuencias de la rescisi\u00f3n (…)\u00bb (CSJ Sent. de 8 de jun de 1999, Rad. 5127, reiterada en SC17434-2014 Rad. 2006 00597 01). <\/p>\n
6.- El fen\u00f3meno jur\u00eddico de la lesi\u00f3n enorme est\u00e1 regulado en nuestro ordenamiento en los art\u00edculos 1946 a 1954 del C\u00f3digo Civil, indic\u00e1ndose que \u00abel contrato de compraventa podr\u00e1 rescindirse por lesi\u00f3n enorme\u00bb, lo cual es predicable respecto del vendedor cuando el precio que recibe \u00abes inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende\u00bb, o del comprador en el evento en que \u00abel justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella\u00bb, estimaci\u00f3n que se debe determinar al tiempo del negocio. Acci\u00f3n que \u00abexpira en cuatro a\u00f1os, contados desde la fecha de contrato\u00bb. <\/p>\n
Empero, en atenci\u00f3n a los fundamentos de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme, el legislador contempla la posibilidad de preservar el negocio, disponiendo en el canon 1948 del C\u00f3digo Civil que \u00ab[E]l comprador contra quien se pronuncia la rescisi\u00f3n podr\u00e1, a su arbitrio, consentir en ella, o completar el justo precio con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte; y el vendedor, en el mismo caso, podr\u00e1 a su arbitrio consentir en la rescisi\u00f3n, o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una d\u00e9cima parte. No se deber\u00e1n intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podr\u00e1 pedirse cosa alguna en raz\u00f3n de las expensas que haya ocasionado el contrato\u00bb. <\/p>\n
Es decir, pese a la demostraci\u00f3n de la ocurrencia de lesi\u00f3n enorme -cuando el afectado es el vendedor- ello no lleva inmerso de manera inexorable la rescisi\u00f3n de contrato, dado que frente a la reclamaci\u00f3n del demandante el convocado a juicio bien puede aceptar la resoluci\u00f3n, lo cual conducir\u00e1 a que se hagan las correspondientes restituciones que como consecuencia de dicha declaraci\u00f3n se imponen, o persistir en la vigencia del convenio confutado para lo cual estar\u00e1 compelido a completar el justo precio. <\/p>\n
7.- Justamente, en el caso sub examine la inconformidad del recurrente, como se anticip\u00f3, qued\u00f3 restringida a la determinaci\u00f3n econ\u00f3mica de la decisi\u00f3n, en cuanto a la suma que debe cancelar el comprador para completar el justo precio para la pervivencia del negocio atacado. <\/p>\n
7.1.- El cargo pregon\u00f3 la indebida interpretaci\u00f3n de los c\u00e1nones 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, 8\u00b0 de la Ley 153 de 1887 y los art\u00edculos 1617, 1946 y 1948 del C\u00f3digo Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los cuales es preciso destacar la ausencia del car\u00e1cter sustancial tanto del precepto constitucional, que se limita a se\u00f1alar el sometimiento que tienen los jueces a la ley en la toma de sus decisiones, como principio orientador del ejercicio de la funci\u00f3n judicial, al igual que el art\u00edculo invocado de la ley 153 de 1887 que para el mismo fin autoriza la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica cuando quiera que no haya \u00abley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar\u00e1n las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho\u00bb y el 1617 del C\u00f3digo Civil que se ocupa de la forma de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios en obligaciones de dinero. <\/p>\n
7.2.- El dislate fundamental en que, al sentir del censor, incurri\u00f3 en tribunal en su decisi\u00f3n radica, en que \u00aben ella se reconocieron los intereses legales civiles del seis por ciento (6%) anual, sobre una suma de dinero corregida monetariamente en contrav\u00eda con lo dispuesto en las normas sustanciales acusadas\u00bb, lo cual considera es consecuencia de la indebida comprensi\u00f3n del art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Bien pronto se advierte el fracaso del reproche, por cuanto, si bien es cierto que en tiempo postreros esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 inviable el reconocimiento de la correcci\u00f3n monetaria de las sumas a devolver por el vendedor o la que deb\u00eda cancelar el comprador para completar el justo precio, esa tesis fue olvidada para aceptar, expresamente, dicha procedencia, ante la indiscutible depreciaci\u00f3n que afecta la moneda por el fen\u00f3meno inflacionario, que impone tal proceder por razones de equidad, sumado al pago de los intereses que la disposici\u00f3n acusada establece a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Y es que esta Corte atendiendo el hecho inocultable que la afectaci\u00f3n al justo precio en el acuerdo negocial surge desde el momento mismo de la celebraci\u00f3n del contrato, ha considerado indispensable reconocer el derecho a que ese justo precio se complemente, conservando su poder adquisitivo, en atenci\u00f3n a la incidencia que tiene el fen\u00f3meno inflacionario que afecta las econom\u00edas emergentes como la colombiana y que lleva inmerso una permanente devaluaci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n a claros principios de equidad y de esa manera restablecer verdaderamente el equilibrio perdido. <\/p>\n
Es as\u00ed, que en la sentencia SC10291-2017, a m\u00e1s de memorar algunas decisiones anteriores que en ocasiones conllevaban cierta dicotom\u00eda en el tratamiento seg\u00fan el afectado fuera el vendedor o el comprador, dej\u00f3 sentadas las pautas de entendimiento del mentado precepto, criterio hermen\u00e9utico respecto del cual al no hallarse en este momento motivo que justifique un cambio en la postura de la Corporaci\u00f3n es preciso reafirmarlo y para ello se permite reproducir aquellos argumentos in extenso, como sigue: <\/p>\n
Tanto para el caso de restituci\u00f3n de lo recibido por la demandante, como para la eventual facultad de complementar el precio por el demandado, se dispondr\u00e1 la correcci\u00f3n monetaria hasta una fecha cercana a esta sentencia, con base en el criterio que ha venido tallando la Corte, puesto que se trata de un reconocimiento de la desvalorizaci\u00f3n de la moneda a las partes, como se ha sostenido por la doctrina de esta Corte desde la sentencia civil de 8 de junio de 1999 (expediente 5127), en que se rectific\u00f3 la jurisprudencia sobre el particular, con reiteraci\u00f3n posterior . <\/p>\n
Rememorase que esta primero fue reacia a aceptar la correcci\u00f3n monetaria en la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme , como fue recordado en el fallo antes citado, que la acept\u00f3, pues en este se consider\u00f3 que las prestaciones de la lesi\u00f3n, en especial la de \u00abpago del suplemento del precio a cargo del comprador demandado e interesado en hacer subsistir el contrato en los t\u00e9rminos en que lo permite el Art. 1948 del C. Civil, tienen por fuerza que recibir el tratamiento de las obligaciones pecuniarias de valor estable\u00bb, en procura de evitar el efecto nocivo de la inflaci\u00f3n sobre las obligaciones dinerarias, con inspiraci\u00f3n en la \u00abidea justa de realismo monetario\u00bb que, en buenas cuentas, lo \u00fanico que pretende \u00abes atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta \u00faltima, nada equiparable a una sanci\u00f3n o un resarcimiento\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
Aunque en esa providencia se estableci\u00f3 como l\u00edmite inicial para el reconocimiento de la correcci\u00f3n monetaria, la demanda y no la fecha del contrato, acaso imbuida la Corte por \u00abel sistema legal consagrado en el Art. 1948 del C. Civil\u00bb, bajo cuyo texto no se deben intereses o frutos \u00absino desde la fecha de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Esa postura y la referida restricci\u00f3n del tiempo inicial, fue reiterada en las citadas sentencias de 1\u00ba de marzo de 2001 y 13 de diciembre de 2001; pero en la primera estas dos, se plante\u00f3 una dicotom\u00eda para las imposiciones derivadas de la prosperidad de la lesi\u00f3n enorme, pues se reconoci\u00f3 la correcci\u00f3n monetaria a partir de la fecha del negocio para la restituci\u00f3n de sumas que deb\u00eda hacer el vendedor, pero desde la data de la demanda para completar el justo precio por el comprador, si deseaba mantener el contrato. <\/p>\n
Con todo, a diferencia de esa doctrina jurisprudencial, ahora la Sala considera adecuado unificar que esa correcci\u00f3n debe reconocerse para las cargas de ambas partes, desde el \u00abtiempo del contrato\u00bb, que es cuando, en condiciones normales, se pacta el precio impugnado (art. 1947 del C.C.) y se ejecutan las obligaciones, cual aconteci\u00f3 en el caso de autos, pues hay varias razones de equidad, inclusive invocadas por la Corte en aquellas, que impiden ver el mantenimiento del valor real de la moneda como un lucro o inter\u00e9s (puro), que caiga en las restricciones que en materia de frutos e intereses establece el art\u00edculo 1948 del estatuto civil, \u00abdesde la fecha de la demanda\u00bb, o como una sanci\u00f3n, como pasa a anotarse. <\/p>\n
La correcci\u00f3n monetaria -o indexaci\u00f3n- es una remuneraci\u00f3n equitativa y razonable para contrarrestar la p\u00e9rdida de poder adquisitivo del dinero por la inflaci\u00f3n, es decir, una retribuci\u00f3n para que la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica tenga un valor igual -o similar- al que tuvo en el momento en que se ejecutaron las obligaciones del respectivo negocio, que fue cuando se pag\u00f3 el precio pactado, o debi\u00f3 pagarse el justo. <\/p>\n
Por eso debe atenderse, conforme a la doctrina de esta Corte para entronizar la correcci\u00f3n pecuniaria como una forma de justicia en las obligaciones que lo admiten, que cumplir estas sin ese mecanismo, impondr\u00eda al acreedor la recepci\u00f3n de un dinero envilecido por la merma de su valor real o poder de compra, pues para que reine la equidad en el verdadero valor de esas cargas o restauraciones pecuniarias, es menester que la tra\u00edda a valor presente de ellas cobije todo el tiempo en que estuvieron sujetas a la depreciaci\u00f3n por causa de la inflaci\u00f3n. <\/p>\n
No puede haber un verdadero restablecimiento del equilibrio patrimonial en las prestaciones de las partes, si el valor del dinero se deja sin actualizar durante una parte del tiempo transcurrido, esto es, entre el tiempo de la convenci\u00f3n y la presentaci\u00f3n del libelo inicial, en trat\u00e1ndose de la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
Es que si el concepto del \u00abjusto precio se refiere al tiempo del contrato\u00bb, como de manera paladina concreta el art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil, es razonable contemplar que el reconocimiento de la actualizaci\u00f3n monetaria para las obligaciones a cargo de los part\u00edcipes, una vez prospera la lesi\u00f3n enorme, sean a partir de ese hito temporal, pues s\u00f3lo as\u00ed puede considerarse, ya se trate de mantener el acuerdo ora de consentir en la rescisi\u00f3n, que las cifras dinerarias para complementar ese justo precio, o que deban ser restituidas, sean cubiertas con el poder adquisitivo que ten\u00edan en aquel entonces. De donde emana que se trunca el restablecimiento del equilibrio, si la actualizaci\u00f3n dineraria s\u00f3lo opera desde la fecha de la demanda, cual fue explicado. <\/p>\n
Este criterio, adem\u00e1s, acompasa con el car\u00e1cter objetivo reconocido a la lesi\u00f3n enorme, bajo cuya concepci\u00f3n es independiente de cuestiones subjetivas relacionadas con incumplimiento, dolo, culpa o nociones similares. Basta la prueba del defecto de ultramitad para que opere. <\/p>\n
Am\u00e9n de que no debe confundirse la actualizaci\u00f3n monetaria con los intereses o frutos, que s\u00ed restringe el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil desde la fecha del escrito genitor de la litis, porque como ha quedado explicado, en t\u00e9rminos reales, aquella no agrega nada a la obligaci\u00f3n, s\u00f3lo la pone en su valor real presente, y la mayor cantidad de unidades monetarias son meramente nominales, mas no representan un valor adicional. <\/p>\n
Tampoco cabe distinguir entre las distintas obligaciones a cargo de las partes, de ocurrir la rescisi\u00f3n del contrato, pues sea que se trate de completar del justo precio o de restituci\u00f3n de lo pagado en los otros casos, no hay justificaci\u00f3n para que se les d\u00e9 un trato diferenciado en cuanto a la fecha partir de la cual se actualizan las prestaciones correspondientes. <\/p>\n
Por manera que, en compendio, preciso es dejar sentado que la correcci\u00f3n monetaria debe aplicarse para las contraprestaciones derivadas de la lesi\u00f3n enorme, sea la de complementar el justo precio o la de restituir las sumas pertinentes, desde el \u00abtiempo del contrato\u00bb, siempre que esa oportunidad se hubiesen ejecutado las obligaciones del correspondiente negocio jur\u00eddico) Subrayas de la Sala)4. <\/p>\n
7.3.- Sabido es que la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Sala tiene lugar cuando el sentenciador, pese fijar adecuadamente la especie litigiosa puesta a su conocimiento y valorar adecuadamente el material demostrativo arrimado a la contienda, equivoca su tratamiento jur\u00eddico deja de aplicar el derecho sustancial que le corresponde o se aplica distorsionando real alcance del llamado a regular la controversia o aplica uno diferente. <\/p>\n
Al definir esta contienda el tribunal en su determinaci\u00f3n hall\u00f3 cabalmente acreditada la existencia de lesi\u00f3n enorme en el contrato de compraventa celebrado entre los hermanos Emigdio y Carlos Enrique Pi\u00f1eros C\u00e1rdenas, respecto del predio rural \u201cCiralonga\u201d, situado en la vereda Barandillas – La Granja – San Miguel municipio de Zipaquir\u00e1, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 176-43553, instrumentado en la escritura p\u00fablica n\u00ba 3376 del 31 de diciembre de 2010 otorgada en la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 y a efecto de fijar la prestaci\u00f3n a cargo del demandado para completar el justo precio procedi\u00f3 de la manera que enseguida se expone <\/p>\n
Tom\u00f3 inicialmente el precio que pericialmente se determin\u00f3 como justo precio para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato para extraer la diferencia entre este y el valor efectivamente pagado por el comprador. <\/p>\n
<\/p>\n
JUSTO PRECIO REAL <\/p>\n
PRECIO PAGADO <\/p>\n
DIFERENCIA <\/p>\n
$1.737.644.611 <\/p>\n
$421.000.000 <\/p>\n
$1.316.644.400 <\/p>\n
A la suma obtenida de dicha operaci\u00f3n procedi\u00f3 a restarle la d\u00e9cima parte para obtener el valor pendiente de pago as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Diferencia entre lo pagado y lo pactado <\/p>\n
D\u00e9cima parte del precio faltante <\/p>\n
Saldo pendiente que pagar <\/p>\n
$1.316.644.400 <\/p>\n
$131.664.440 <\/p>\n
$1.184.979.600 <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el ad quem index\u00f3 este \u00faltimo valor -$1.184.979.600- desde la calenda de celebraci\u00f3n del contrato hasta la fecha de la sentencia de segundo grado, tomando para ello la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor, aplicando la formula generalmente aceptada por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Valor Inicial = IPC Inicial \/IPC Final= Valor indexaci\u00f3n <\/p>\n
Valor Inicial + Valor Indexaci\u00f3n = Valor Indexado. <\/p>\n
Con ello obtuvo como valor actualizado para completar el justo precio, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
(Vh) Valor faltante hist\u00f3rico <\/p>\n
(Vp) Valor faltante indexado <\/p>\n
$1.184.979.600 <\/p>\n
$1.692.549.650 <\/p>\n
Consonante con lo establecido por el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil, en torno a los intereses dispuso su pago sobre el monto pendiente indexado desde la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
7.4.- Es lo cierto que el mentado art\u00edculo 1948 ense\u00f1a que el comprador puede persistir en el negocio, para lo cual deber\u00e1 \u00abcompletar el justo precio con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte\u00bb, lo que significa que esa deducci\u00f3n se debe hacer, no sobre la diferencia mermada de este, sino sobre el justo precio, que ser\u00eda entonces la totalidad del valor del bien para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato y no de la fracci\u00f3n faltante para complementarlo, lo que conlleva a que en este particular caso, siendo el valor fijado pericialmente como justo precio para la \u00e9poca en que se ajust\u00f3 el negocio la suma de $1.737.644.611, realizadas las operaciones aritm\u00e9ticas correspondientes, conforme lo previsto en la norma, obtendr\u00edamos los siguientes resultados: <\/p>\n
<\/p>\n
D\u00c9CIMA PARTE DEL JUSTO PRECIO <\/p>\n
DIFERENCIA <\/p>\n
$1.737.644.611 <\/p>\n
$173.764.461,1 <\/p>\n
$1.563.880.150 <\/p>\n
<\/p>\n
Justo precio con deducci\u00f3n de la d\u00e9cima parte <\/p>\n
Valor pagado por el comprador <\/p>\n
Diferencia entre el justo precio y el valor pagado <\/p>\n
$1.563.880.150 <\/p>\n
$421.000.000 <\/p>\n
$1.142.880.150 <\/p>\n
Y aplicada la formula antes mencionada para la indexaci\u00f3n se tendr\u00eda el siguiente resultado <\/p>\n
<\/p>\n
(Vh) Valor faltante hist\u00f3rico <\/p>\n
(Vp) Valor faltante indexado <\/p>\n
$1.142.880.150 <\/p>\n
$1.632.417.468 <\/p>\n
Esto es, que el valor hist\u00f3rico pendiente de pago para completar el justo precio ser\u00eda inferior al determinado por el tribunal, esto es, $1.142.880.150 y no $1.184.979.600, como se dedujo en la sentencia; valor que, en todo caso, conforme antes se anot\u00f3 debe traerse a valor presente y sobre la suma actualizada cancelar los intereses legales desde la presentaci\u00f3n de la demanda hasta la fecha de pago. <\/p>\n
Si esto es as\u00ed, emerge palmario que, en estrictez, el tribunal no se equivoc\u00f3 en el entendimiento dado a la disposici\u00f3n acusada, pues este se encuentra acorde con la comprensi\u00f3n que ha prohijado esta Corte, solo que, al realizar las operaciones aritm\u00e9ticas correspondientes incurri\u00f3 en error que es pasible de correcci\u00f3n por parte del mismo funcionario, bien de oficio o a petici\u00f3n de parte. <\/p>\n
7.5.- S\u00edguese entonces, que el dislate interpretativo de la norma llamada a regular el pleito sometido a conocimiento de la jurisdicci\u00f3n endilgado en la censura resulta inexistente, lo que conlleva el fracaso de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
8. Finalmente, ante el fracaso de la s\u00faplica extraordinaria, en aplicaci\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 condena en costas en contra del recurrente, y en favor de la parte demandante. <\/p>\n
Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, por la magistrada ponente, seg\u00fan el numeral 3\u00b0 \u00eddem y para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1n en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia del 18 de junio de 2020 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del asunto referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR en costas de la casaci\u00f3n al recurrente. En su oportunidad, la magistrada ponente se\u00f1alar\u00e1 las agencias en derecho que deber\u00e1n incluirse en la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR que, cumplido lo de rigor, se remita el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
CON SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25899-31-03-001-2014-00050-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto por las decisiones de la Sala, en lo subsiguiente me permito revelar las razones por las cuales disiento de la presente, al considerar que se adentra en materias que no fueron objeto de censura y, en todo caso, la casaci\u00f3n debi\u00f3 abrirse paso. <\/p>\n
1. Incongruencia del fallo mayoritario. <\/p>\n
1.1. Congruencia en las decisiones judiciales. <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, la sentencia judicial debe limitarse a resolver las estrictas materias sometidas a conocimiento del funcionario judicial, eso s\u00ed, sin dejar de lado ninguna de ellas, ni exceder de su contenido, sin perjuicio de los casos de excepci\u00f3n se\u00f1alados por el legislador. <\/p>\n
Esta regla es conocida como la congruencia o consonancia, \u00abpor cuya fuerza el sentenciador tiene el deber de que su veredicto guarde coherencia con las pretensiones aducidas en el tr\u00e1mite judicial, los hechos que sirven de sustento a la causa petendi, y las excepciones invocadas por los demandados o que aparezcan acreditadas en el tr\u00e1mite\u00bb (SC2850, 25 oct. 2022, rad. n.\u00b0 2017-33358-01). <\/p>\n
Existir\u00e1 incongruencia, entonces, cuando el veredicto se adentra en cuestiones que no fueron sometidas a decisi\u00f3n judicial, salvo que se trate de aquellas en que se permite una intromisi\u00f3n oficiosa para la protecci\u00f3n de intereses superiores. <\/p>\n
1.2. El principio dispositivo. <\/p>\n
Como se anticip\u00f3, el fundamento de la congruencia se encuentra en el principio dispositivo, seg\u00fan el cual \u00abson las partes quienes trazan el marco dentro del que se han de desenvolver las instancias del proceso y, por consiguiente, delimitan la actividad del Juez al momento supremo de dictar sentencia\u00bb (SC, 10 mar. 1997, exp. n.\u00b0 4331). <\/p>\n
M\u00e1xima que es \u00abimperante en el proceso civil\u00bb (SC018, 8 jun. 1999, exp. n.\u00b0 5127), am\u00e9n de los intereses que se encuentran en juego, los cuales, por regla general, son patrimoniales, privados y de libre disposici\u00f3n. <\/p>\n
Por aplicaci\u00f3n de \u00e9sta, \u00ablas partes tienen la iniciativa de la acci\u00f3n, el impulso del proceso, la disposici\u00f3n del derecho material, la fijaci\u00f3n de los l\u00edmites de la decisi\u00f3n, la formulaci\u00f3n de los recursos, e incluso, los efectos de la cosa juzgada\u2026 En particular, las partes tienen la potestad para acotar las materias sobre las cuales versar\u00e1 el debate probatorio y la decisi\u00f3n judicial, sin que sea posible que el juzgador desatienda el thema decidendum – tema sobre lo que el juez decidir\u00e1- o la causa petendi -causa de la petici\u00f3n-, so pena de exceder el \u00e1mbito de sus atribuciones\u00bb (SC1641, 8 jun. 2022, rad. n.\u00b0 2016-00522-01). <\/p>\n
1.3. La casaci\u00f3n y el principio dispositivo. <\/p>\n
El principio bajo reflexi\u00f3n tiene cabida, con igual fuerza, en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, de all\u00ed que \u00abla actividad jurisdiccional de la Corte est\u00e1 reducida al campo que para la impugnaci\u00f3n le demarque el recurrente\u00bb, sin que sea dable \u00abconsiderar oficiosamente el quebranto de normas sustanciales no acusadas, ni cambiar el concepto de la violaci\u00f3n indicado en ella, o alterar los fundamentos en que el recurrente basa sus censuras (Cas. Civ. de 1\u00ba de abril de 1975; CLI, 60)\u00bb (SC119, 9 ag. 1993). <\/p>\n
Deviene de lo expuesto que es una carga del recurrente \u00absu formulaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n a fin de que la Corte asuma la competencia para su correspondiente conocimiento\u00bb (SC, 29 sep. 1998, exp. n.\u00b0 5191). No en vano, conforme al nuevo estatuto procesal: (I) \u00ab[l]a Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante\u00bb (art\u00edculo 336); (II) el remedio se torna inadmisible \u00absi la providencia no es susceptible de casaci\u00f3n, por ausencia de legitimaci\u00f3n, por extemporaneidad, o por no haberse pagado las copias necesarias para su cumplimiento\u00bb (art\u00edculo 342); y (III) el escrito de sustentaci\u00f3n debe repelerse \u00ab[c]uando no re\u00fana los requisitos formales\u00bb o \u00abse planteen cuestiones de hecho o de derecho que no fueron invocadas en las instancias\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, le est\u00e1 vedado a la Corte: <\/p>\n
(I) \u00abcompletar, modificar o recrear los cargos propuestos para que sea ella, y no el impugnante como debe ser, quien a su modo atine a verificar las apreciaciones f\u00e1cticas y probatorias y la consiguiente violaci\u00f3n de la ley sustancial\u00bb (SC, 31 ag. 2000, exp. n.\u00b0 5545); <\/p>\n
(III) \u00abinvolucrar en su examen aspectos frente a los cuales el censor no expres\u00f3 ninguna objeci\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto, SC, 14 jul. 2000, exp. n.\u00b0 5351). <\/p>\n
Es cierto que modernamente se ha flexibilizado este principio por la intrusi\u00f3n de la oficiosidad, reconocida en el art\u00edculo 336 del actual estatuto adjetivo, \u00aben la que ya no s\u00f3lo interesa, como fin primordial o estelar, la m\u00edtica unidad del derecho objetivo por medio de pronunciamientos destinados a unificar la jurisprudencia y crear procedentes vinculantes, sino tambi\u00e9n la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y fundamentales de los sujetos involucrados en el litigio, traducida en un respeto a la garant\u00eda al debido proceso como derecho humano\u00bb (SC1171, 8 ab. 2022, rad. n.\u00b0 2012-00715-01). Sin embargo, de esta atribuci\u00f3n tiene que hacerse uso en casos excepcionales, en garant\u00eda, precisamente, de la naturaleza extraordinaria del recurso. <\/p>\n
1.4. Caso concreto. <\/p>\n
1.4.1. En el sub examine, se tiene que el \u00fanico cargo planteado por el demandado gir\u00f3 alrededor de la condena que se impuso, en su contra, para ordenar el pago \u00abintereses legales civiles del seis por ciento (6%) anual sobre un saldo del justo precio incorrectamente indexado\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, fundado en que el veredicto de segunda instancia reconoci\u00f3 <\/p>\n
\u2026los intereses legales civiles del seis por ciento (6%) anual, sobre una suma de dinero corregida monetariamente en contrav\u00eda con lo dispuesto en las normas sustanciales acusadas como indebidamente interpretadas en este cargo. Esto es as\u00ed, porque la suma de $1.692\u2019549.650.64 de pesos, es decir, la base econ\u00f3mica que tuvo en cuenta el Tribunal para ordenar los intereses legales civiles, fue el resultado de la aplicaci\u00f3n de la correcci\u00f3n monetaria a la suma de $1.184\u2019979.600 de pesos desde la fecha de celebraci\u00f3n del contrato hasta el mes de febrero de 2020, conducta \u00e9sta que a todas luces quiebra de manera directa el contenido del art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan esta disposici\u00f3n, aplicada al presente caso, el justo precio faltante indexado que equivale al monto con base en el cual deben pagarse los intereses legales civiles, es el que existe al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda (21 de febrero de 2014), y no el que corresponder\u00eda al justo precio faltante indexado al mes de febrero de 2020, como lo indic\u00f3 el Tribunal al haber interpretado err\u00f3neamente el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1.4.2. A pesar de que la acusaci\u00f3n tuvo un \u00fanico objetivo, esto es, cuestionar el cobro de intereses pasados sobre una suma corregida monetariamente en la actualidad, la sentencia de la cual me separo se adentr\u00f3 en un punto por completo extra\u00f1o, tocante al guarismo sobre el cual debe aplicarse la deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte a que se refiere el canon 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para claridad, conviene transcribir lo se\u00f1alado por la Sala en el veredicto aprobado: <\/p>\n
Es lo cierto que el mentado art\u00edculo 1948 ense\u00f1a que el comprador puede persistir en el negocio, para lo cual deber\u00e1 \u00abcompletar el justo precio con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte\u00bb, lo que significa que esa deducci\u00f3n se debe hacer, no sobre la diferencia mermada de este, sino sobre el justo precio, que ser\u00eda entonces la totalidad del valor del bien para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato y no de la fracci\u00f3n faltante para complementarlo, lo que conlleva a que en este particular caso, siendo el valor fijado pericialmente como justo precio para la \u00e9poca en que se ajust\u00f3 el negocio la suma de $1.737.644.611, realizadas las operaciones aritm\u00e9ticas correspondientes, conforme lo previsto en la norma, obtendr\u00edamos los siguientes resultados: <\/p>\n
<\/p>\n
JUSTO PRECIO REAL <\/p>\n
D\u00c9CIMA PARTE DEL JUSTO PRECIO <\/p>\n
DIFERENCIA <\/p>\n
$1.737.644.611 <\/p>\n
$173.764.461,1 <\/p>\n
$1.563.880.150 <\/p>\n
<\/p>\n
Justo precio con deducci\u00f3n de la d\u00e9cima parte <\/p>\n
Valor pagado por el comprador <\/p>\n
Diferencia entre el justo precio y el valor pagado <\/p>\n
$1.563.880.150 <\/p>\n
$421.000.000 <\/p>\n
Y aplicada la formula antes mencionada para la indexaci\u00f3n se tendr\u00eda el siguiente resultado <\/p>\n
<\/p>\n
(Vh) Valor faltante hist\u00f3rico <\/p>\n
(Vp) Valor faltante indexado <\/p>\n
$1.142.880.150 <\/p>\n
$1.632.417.468 <\/p>\n
Esto es, que el valor hist\u00f3rico pendiente de pago para completar el justo precio ser\u00eda inferior al determinado por el tribunal, esto es, $1.142.880.150 y no $1.184.979.600, como se dedujo en la sentencia\u2026 (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Trasluce que la Corte, de forma particular y oficiosa, se adentr\u00f3 en la revisi\u00f3n del monto que el comprador deb\u00eda solucionar en caso de que deseara conservar el contrato de compraventa, se\u00f1alando el error que detect\u00f3, la forma en que deb\u00eda corregirse y el procedimiento a seguir, en desatenci\u00f3n del embiste casacional. <\/p>\n
Al actuar de esta manera, no s\u00f3lo se transgredi\u00f3 el principio dispositivo, al salirse de los contornos definidos por el interesado en el escrito de sustentaci\u00f3n, sino que se afectaron los derechos de defensa y contradicci\u00f3n del demandante, que no pudo plantear sus argumentos alrededor de la forma en que deb\u00eda aplicarse la deducci\u00f3n del 10%, situaci\u00f3n de especial relevancia pues, fruto de la intervenci\u00f3n oficiosa, perder\u00e1 $42.099.450. <\/p>\n
1.4.3. Proceder que no puede justificarse, a\u00fan de acudirse a la casaci\u00f3n de oficio, tanto porque el fallo est\u00e1 hu\u00e9rfano de invocaci\u00f3n de esta figura procesal, como por la improcedencia de esta instituci\u00f3n, ya que el asunto analizado es eminentemente patrimonial y s\u00f3lo concierne al interesado, materias en las que si \u00abninguna queja se alz[a]\u2026, [se] desvela la determinaci\u00f3n impl\u00edcita de la opugnante de que este asunto qued[e] saldado con la providencia que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n\u00bb, pues \u00ab[l]a ausencia de formulaci\u00f3n de un embiste, en el marco del principio dispositivo\u2026, trasluce una decisi\u00f3n impl\u00edcita de abandonar el reclamo\u2026 La oficiosidad, en este contexto, no puede servir para socavar un acto de renuncia v\u00e1lido, frente al abandono de derechos patrimoniales que s\u00f3lo interesan al renunciante; m\u00e1xime porque no se advierte una afrenta grave contra el orden o el patrimonio p\u00fablicos, ni a los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb (SC5453, 16 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2014-00085-01). <\/p>\n
1.4.4. Por las consideraciones precedentes estimo que, la decisi\u00f3n impl\u00edcita de modificar el valor que el lesionante debe solucionar para mantener la compraventa, no se ajusta a las normas adjetivas vigentes, de all\u00ed que deba separarme de la misma. <\/p>\n
2. Ausencia de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. La motivaci\u00f3n como elemento esencial de las decisiones judiciales. <\/p>\n
La motivaci\u00f3n, entendida como la sumatoria de razones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que el juez esgrime para soportar su resoluci\u00f3n, es fruto de la necesidad de alcanzar legitimaci\u00f3n con los asociados, as\u00ed como de permitir su control por los mecanismos vigentes. <\/p>\n
Y es que, \u00abya no es suficiente el argumento de autoridad, que en alg\u00fan momento residi\u00f3 en la personalidad del juez y despu\u00e9s se traslado a la ley; ahora son m\u00e1s importantes las razones que justifican la decisi\u00f3n adoptada\u2026 que exponga las razones que le han llevado a dicho fallo, pero que justifique, tambi\u00e9n, por qu\u00e9 ha tomado esa decisi\u00f3n entre distintas alternativas\u00bb5. <\/p>\n
Su ausencia conduce a que la sentencia pierda uno de sus componentes esenciales y, por ende, est\u00e9 llamada a perder efectos jur\u00eddicos. Tendr\u00eda \u00abuna especie de vida artificial hasta el d\u00eda de su efectiva invalidaci\u00f3n; pero la gravedad de su defecto impide que sobre \u00e9l se eleve un acto v\u00e1lido\u00bb6. <\/p>\n
De all\u00ed que la doctrina especializada asevere, en punto a la ausencia de fundamentaci\u00f3n, que la sentencia \u00abdebe revocarse\u2026 pues le falta un elemento inherente a su existencia\u00bb7. <\/p>\n
2.2. Objeto de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Una vez la Corte admite a estudio una demanda de casaci\u00f3n, le corresponde examinar \u00aben orden l\u00f3gico las causales alegadas por el recurrente\u00bb (art\u00edculo 349 del C.G.P.), con el fin de establecer si procede la rescisi\u00f3n del veredicto de segundo grado, evento en el cual har\u00e1 el reenv\u00edo o proferir\u00e1 decisi\u00f3n de reemplazo, seg\u00fan el caso, sin que sea dable hacerlo \u00abpor el solo hecho de hallarse err\u00f3neamente motivada\u00bb. <\/p>\n
Para desarrollar esta labor, la Corporaci\u00f3n tiene el deber de expresar sus consideraciones, bien sea de orden t\u00e9cnico, o de fondo, seg\u00fan el motivo esgrimido por el casacionista, sin que sea dable acudir a un simple argumento de autoridad. <\/p>\n
Por ejemplo, por su importancia para el presente, trat\u00e1ndose de acusaciones por la senda directa, deber\u00e1 indicarse la correcta hermen\u00e9utica de las normas sustanciales invocadas por el opugnante, indicando los criterios que sirven para establecerla. <\/p>\n
2.3. Caso concreto. <\/p>\n
Para claridad se transcribe lo se\u00f1alado en la decisi\u00f3n aprobada: <\/p>\n
[E]l valor hist\u00f3rico pendiente de pago para completar el justo precio ser\u00eda\u2026 $1.142.880.150\u2026; valor que, en todo caso, conforme antes se anot\u00f3 debe traerse a valor presente y sobre la suma actualizada cancelar los intereses legales desde la presentaci\u00f3n de la demanda hasta la fecha de pago\u2026 <\/p>\n
S\u00edguese entonces, que el dislate interpretativo de la norma llamada a regular el pleito sometido a conocimiento de la jurisdicci\u00f3n endilgado en la censura resulta inexistente, lo que conlleva el fracaso de la acusaci\u00f3n (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Descuella la falta de razonamientos tendientes a soportar el colof\u00f3n de que el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil fue correctamente interpretado por el Tribunal, lo que se traduce en la aceptaci\u00f3n de que la suma actualizada -al momento de la sentencia-, debe servir para calcular los intereses \u00abdesde la fecha de la demanda\u00bb <\/p>\n
Omisi\u00f3n que no fue saciada en p\u00e1ginas anteriores del veredicto, pues la Sala se acot\u00f3 a justificar la procedencia de la indexaci\u00f3n y la forma en que debe establecer el guarismo que permite al comprador-lesionante conservar el contrato, sin mostrar, de ninguna forma, las premisas que permitan sustentar cu\u00e1l es el valor que debe servir para el cobro de intereses. <\/p>\n
De esta forma queda al descubierto una ausencia de motivaci\u00f3n, que socava la integridad de la providencia emitida por esta Colegiatura. <\/p>\n
3. La conservaci\u00f3n del negocio rescindible por lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
3.1. Art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Cumplidos los requisitos para la prosperidad de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme, la ley faculta al lesionante para que, si lo decide, pueda impedir sus efectos, para lo cual basta que restablezca el equilibrio negocial quebrantado, completando el precio o devolviendo lo cobrado en exceso. <\/p>\n
Tal es la directriz contenida en el canon 1948 del estatuto privado: <\/p>\n
No se deber\u00e1n intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podr\u00e1 pedirse cosa alguna en raz\u00f3n de las expensas que haya ocasionado el contrato (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Sobre esta norma, explica con detalle la doctrina especializada: <\/p>\n
Una vez probada la lesi\u00f3n\u2026 el comprador podr\u00e1 aun impedir la recisi\u00f3n. El art\u00edculo 1948 le permite completar el justo precio con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte. El vendedor, por su parte, puede impedirla devolviendo el exceso de dicho justo precio aumentado en una d\u00e9cima parte. <\/p>\n
Este derecho lo tienen las partes antes de que se entable el juicio, durante el curso y una vez dictada la sentencia, antes de su cumplimiento. Pero el demandante puede solicitar el juzgado la fijaci\u00f3n de un t\u00e9rmino para que el demandado decida la opci\u00f3n que tiene entre consentir en la rescisi\u00f3n o completar el justo precio, si se trata del comprador, o devolver el exceso, si del vendedor\u2026 <\/p>\n
El complemento o la devoluci\u00f3n del exceso, en su caso, se debe con los intereses desde la fecha de la demanda (inc. 2\u00b0 art. 1948)8. <\/p>\n
Huelga enfatizarlo, el comprador que lesion\u00f3 a su vendedor podr\u00e1 impedir la rescisi\u00f3n si satisface los siguientes requerimientos: (I) manifiesta su decisi\u00f3n de hacerlo dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en la sentencia o, en su defecto, dentro del plazo de ejecutoria; (II) completa el precio hasta concurrencia del justo, con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte; y (III) paga intereses legales civiles. <\/p>\n
3.2. Procedencia de la indexaci\u00f3n. <\/p>\n
La doctrina jurisprudencial agreg\u00f3, a las anteriores exigencias, la indizaci\u00f3n del valor que debe completarse hasta alcanzar el justo -deducido en una d\u00e9cima parte-, am\u00e9n del reconocimiento de los efectos nocivos que, sobre el dinero, tiene la inflaci\u00f3n. <\/p>\n
Total, este fen\u00f3meno econ\u00f3mico, provoca que deban emplearse m\u00e1s recursos para adquirir los mismos productos, haciendo que el dinero valga menos. Aqu\u00ed se abre paso la indexaci\u00f3n o indizaci\u00f3n, esto es, \u00abla revaluaci\u00f3n de la deuda de dinero en funci\u00f3n de los \u00edndices oficiales. Estos \u00edndices al medir las oscilaciones del costo de la vida o de precios al consumidor, de los precios mayoristas, del valor de la construcci\u00f3n, etc\u00e9tera, dan una pauta indirecta acerca de las variaciones experimentadas por la moneda en su poder adquisitivo\u00bb9. <\/p>\n
La jurisprudencia reconoci\u00f3 la procedencia de la indexaci\u00f3n desde la sentencia del 21 de febrero de 1984, a saber: <\/p>\n
[E]l pago de obligaciones dinerarias, en \u00e9poca de depreciaci\u00f3n monetaria, debe hacerlo el deudor de acuerdo con el correspondiente ajuste o correcci\u00f3n monetaria a fin de que no se produzca el rompimiento del equilibrio de las relaciones contractuales, no se enriquezca de manera injusta una de las partes de la relaci\u00f3n sustancial a costa de la otra, ni tampoco se solucione la deuda de manera incompleta so pretexto de atender postulados nominalistas de la moneda con desconocimiento de fen\u00f3menos que tienen alcance mundial sobre todo a partir de las dos grandes conflagraciones del presente siglo. <\/p>\n
No cabe la menor duda, por ser un hecho permanente, p\u00fablico y evidente, acerca de la continua depreciaci\u00f3n de la moneda o p\u00e9rdida de su poder adquisitivo, pues cada vez se requiere una mayor cantidad de \u00e9sta para la consecuci\u00f3n de los bienes que a diario se negocian a fin de satisfacer las distintas necesidades. Por lo tanto, si un sujeto devuelve a otro la misma suma de dinero que recibi\u00f3 cierto tiempo atr\u00e1s, tal valor nominal, es verdad, lo estar\u00eda recibiendo el acreedor disminuido en alg\u00fan porcentaje seg\u00fan la mayor o menor fluctuaci\u00f3n del medio circulante. <\/p>\n
En concreto, frente al complemento del precio, la Corte dej\u00f3 sentado: <\/p>\n
[L]as prestaciones en menci\u00f3n y de modo espec\u00edfico la consistente en el pago del suplemento del precio a cargo del comprador demandado e interesado en hacer subsistir el contrato en los t\u00e9rminos en que lo permite el Art. 1948 del C. Civil, tienen por fuerza que recibir el tratamiento de las obligaciones pecuniarias de valor estable que, por definici\u00f3n, han de medirse en su equivalente monetario al momento de ser satisfechas, evit\u00e1ndose as\u00ed, a la luz de un razonable criterio de equidad y buena fe adecuado a la \u00e9poca de acentuada inflaci\u00f3n que por m\u00e1s de tres d\u00e9cadas ha padecido el pa\u00eds, que la depreciaci\u00f3n del dinero y las fluctuaciones negativas en su poder adquisitivo, tenga que soportarlas el contratante v\u00edctima de la lesi\u00f3n; lo que ocurre, en s\u00edntesis, es que aqu\u00e9l contrae una obligaci\u00f3n de completar la cantidad que a t\u00edtulo de precio debi\u00f3 recibir el vendedor cuando se perfeccion\u00f3 la venta, cantidad que si se ha desvalorizado con el correr del tiempo hasta el momento del pago, es necesario, tomando pie en la naturaleza de la ameritada obligaci\u00f3n e inspir\u00e1ndose en una idea justa de realismo monetario que es vital en orden a restablecer en verdad el equilibrio patrimonial roto, reajustarla en igual proporci\u00f3n al deterioro del signo monetario, ello en el bien entendido que en casos como el que aqu\u00ed es materia de estudio, este reajuste o recomposici\u00f3n econ\u00f3mica lo \u00fanico que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d (G. J, Ts. CLXXXIV, p\u00e1g. 25, y CC P\u00e1g. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta \u00faltima, nada equiparable a una sanci\u00f3n o un resarcimiento (negrilla fuera de texto, SC, 8 jun. 1999, exp. n.\u00b0 5127). <\/p>\n
Indizaci\u00f3n que debe operar desde el tiempo del contrato, \u00abpues s\u00f3lo as\u00ed puede considerarse, ya se trate de mantener el acuerdo ora de consentir en la rescisi\u00f3n, que las cifras dinerarias para complementar ese justo precio, o que deban ser restituidas, sean cubiertas con el poder adquisitivo que ten\u00edan en aquel entonces\u00bb (SC10291, 18 jul. 2017, rad. n.\u00b0 2008-00374-01). <\/p>\n
3.3. Intereses sobre el complemento del precio. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, seg\u00fan el inciso final del art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil, para mantener el negocio jur\u00eddico lesivo, el comprador debe pagar intereses \u00abdesde la fecha de la demanda\u00bb y hasta la fecha de pago efectivo, sobre el precio que debe complementar. <\/p>\n
As\u00ed lo reconoci\u00f3 este \u00f3rgano de cierre en sentencias del 16 de julio de 1993 (exp. n.\u00b0 3269), 6 de octubre de 1999 (exp. n.\u00b0 5127) y 15 de diciembre de 2009 (exp. n.\u00b0 1998-17323-01). <\/p>\n
Ahora bien, como el reconocimiento de la indizaci\u00f3n devino por la jurisprudencia, descuella que el referido art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil no previ\u00f3 el monto que debe servir para tasar los intereses civiles, en particular, el valor hist\u00f3rico o el actualizado, y, en este \u00faltimo caso, si la correcci\u00f3n debe operar a la fecha de la demanda o a la fecha de la sentencia. <\/p>\n
Vac\u00edo normativo que puede resolverse acudiendo a tres (3) diferentes criterios hermen\u00e9uticos: <\/p>\n
(I) Sistem\u00e1tico, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l contexto de la ley servir\u00e1 para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armon\u00eda\u00bb (art\u00edculo 30 del C.C.). <\/p>\n
En el caso, como el legislador previ\u00f3 que los intereses se deben desde el momento en que se promueva la reclamaci\u00f3n judicial, \u00e9ste debe ser el hito a considerar, lo que se traduce en la utilizaci\u00f3n del valor hist\u00f3rico o, en el escenario m\u00e1s gravoso, con la correcci\u00f3n monetaria hasta esta data. <\/p>\n
(II) Doctrinal, consistente en buscar el \u00abverdadero sentido\u00bb de la norma, seg\u00fan los \u00abhechos e intereses peculiares\u00bb se acomoden en \u00ablas determinaciones generales de la ley\u00bb (art\u00edculo 26 del C.C.) <\/p>\n
Sobre el punto se tiene que la Corte, en sentencia del 12 de enero de 2007 (exp. n.\u00b0 17.191), fij\u00f3 un derrotero doctrinal sobre la problem\u00e1tica, en el sentido de que los \u00abintereses civiles remuneratorios\u00bb se determinan \u00absobre el importe nominal de dicho suplemento desde la fecha de la reclamaci\u00f3n judicial\u00bb, siguiendo las directrices de las \u00absentencias de 8 de junio y 6 de octubre de 1999, exp. 5127, entre otras\u00bb. <\/p>\n
Al existir una doctrina jurisprudencial vinculante, corresponde velar por su estricto acatamiento, salvo que se cumpla con una carga argumentativa superior para separarse de la misma. <\/p>\n
Dentro de este contexto, el vac\u00edo normativo que nos ocupa debe resolverse buscando un equilibrio entre los intereses del comprador-lesionante y el vendedor-lesionado, lo cual se logra al asentir en que los intereses se liquiden con base en una cifra actualizada a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda. As\u00ed se distribuye entre ambas partes los riesgos por el no uso del dinero. <\/p>\n
Significa que, hasta el momento en que se eleve la queja jurisdiccional, s\u00f3lo procede la indizaci\u00f3n, a partir de all\u00ed se causar\u00e1 de forma concomitante la correcci\u00f3n monetaria y el inter\u00e9s legal civil. <\/p>\n
De permitirse que, sobre la suma corregida hasta la fecha del fallo, se causen intereses de forma retroactiva, equivaldr\u00eda a permitir una acumulaci\u00f3n excesiva, similar a una capitalizaci\u00f3n, la que s\u00f3lo resulta posible por expresa permisi\u00f3n legislativa. <\/p>\n
3.4. Caso concreto. <\/p>\n
En el caso, como el contrato de compraventa se celebr\u00f3 el 31 de diciembre de 2010, demand\u00e1ndose la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme el 21 de febrero de 2014, es claro que los intereses deb\u00edan calcularse con el monto actualizado del precio a completar a esta \u00faltima data, como bien lo reclam\u00f3 el casacionista en el \u00fanico cargo planteado. <\/p>\n
Se evidencia, entonces, el error de juzgamiento en que incurri\u00f3 el sentenciador de alzada, abri\u00e9ndose paso la casaci\u00f3n del veredicto de segunda instancia, con el fin de emitir un fallo sustitutivo con alcance parcial. <\/p>\n
4. En los t\u00e9rminos precedentes dejo sentado mi salvamento de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2\u0002Planiol citado por Alessandri Rodr\u00edguez Arturo. De la compraventa y de la promesa de compraventa Editorial Jur\u00eddica de Chile Tomo I Volumen I a\u00f1o 2003, p\u00e1g. 259. <\/p>\n
3\u0002 V\u00e9lez Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano Tomo S\u00e9ptimo. Editorial Imprenta Paris Am\u00e9rica p\u00e1g. 302 <\/p>\n
4\u0002 Ver adem\u00e1s las sentencias del 13 de diciembre de 2001 Exp. No. 6480, AC030-2018 de 16de enero, Rad 2008-00374-01. <\/p>\n
5\u0002 Omar V\u00e1squez S\u00e1nchez, De lo que la teor\u00eda de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica puede hacer por la pr\u00e1ctica de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica. En Revista Telem\u00e1tica de Filosof\u00eda del Derecho, n.\u00b0 12, 2009, p. 106. <\/p>\n
6\u0002 Jos\u00e9 Ovalle Favela, Teor\u00eda General del Proceso, Oxford, M\u00e9xico, 2015, p. 325. <\/p>\n
7\u0002 Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial Bogot\u00e1, 1991, p. 515. <\/p>\n
8\u0002 \u00c1lvaro P\u00e9rez Vives, Compraventa y Permuta en Derecho Colombiano, Universidad Nacional de Colombia, 1957, p. 180. <\/p>\n
9\u0002 Jorge Joaqu\u00edn Llambias, Patricio Raffo Benegas y Rafael A. Sassot, Manual de Derecho Civil. Obligaciones, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 260. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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