SC174-2023 (2008-00063-02)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC174-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-31-03-001-2008-00063-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n impetrado por el demandante frente a la sentencia de 18 de febrero de 2015, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en el proceso ordinario que aquel promovi\u00f3 contra la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes y personas indeterminadas. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Elkin Anturi Correa acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n para que se declare que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio un predio rural en jurisdicci\u00f3n del municipio de Florencia, comprendido dentro de los linderos especiales que se detallan en la demanda e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 420-0036967. <\/p>\n
Reclam\u00f3, en consecuencia, se ordene la inscripci\u00f3n de la sentencia en el mencionado folio. <\/p>\n
2.- En respaldo del petitum narr\u00f3, en s\u00edntesis, los hechos que admiten el siguiente resumen: <\/p>\n
a.-) Desde el 22 de noviembre de 1991 ha pose\u00eddo de manera p\u00fablica, quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, el fundo rural localizado en el corregimiento de San Mart\u00edn, vereda o paraje Santo Domingo, en jurisdicci\u00f3n del municipio de Florencia, kil\u00f3metro 6 que de aquel conduce a Morelia, que se identifica con la matr\u00edcula inmobiliaria ya mencionada. <\/p>\n
b). Ha ejercido actos permanentes de dominio, tales como desmonte de maleza, siembra de diferentes productos, construcci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de viviendas, conexiones a los servicios de energ\u00eda y acueducto, construcci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de cercas, sementera, potreros para actividades agropecuarias, construcci\u00f3n de tanque de almacenamiento de aguas y ha defendido el inmueble de perturbaciones de terceros, todo ello sin reconocer dominio ajeno. <\/p>\n
c) La heredad est\u00e1 destinada exclusivamente para su vivienda y la de su familia, explotaci\u00f3n agropecuaria, pecuaria y pisc\u00edcola, ha implantado cultivos de pl\u00e1tano, yuca, araz\u00e1, chontaduro, aguacate, palmas de coco, ca\u00f1a entre otros, siembra de pastos de corte, \u00e1rboles frutales y diferentes productos de pan coger, as\u00ed como tambi\u00e9n lo ha reservado para la cr\u00eda de animales como cerdos, pollos y ganado, siendo el bien su \u00fanico patrimonio, del cual deriva el sustento personal y familiar. <\/p>\n
d) Desde el momento en que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del predio, ha transcurrido el t\u00e9rmino legalmente establecido por el ordenamiento civil para adquirirlo por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio de car\u00e1cter agrario <\/p>\n
3.- La causa as\u00ed planteada correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, que lo admiti\u00f3 el seis de junio de 2008, ordenando la notificaci\u00f3n de los convocados (fl. 23, cno. 1). <\/p>\n
4.- Notificada la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes manifest\u00f3 que, en su mayor\u00eda, los hechos de la demanda no le constaban y se opuso a las reclamaciones, argumentando que el demandante ingres\u00f3 al predio como cuidandero de la empresa propietaria, a la cual se le decret\u00f3 extinci\u00f3n de dominio, momento a partir del cual la propiedad se radic\u00f3 en el Estado y, en consecuencia, imprescriptible, sin que en el curso del proceso de extinci\u00f3n se hubiera reconocido a terceros de buena fe, poseedores o tenedores (fls. 56 a 59, cno. 1). <\/p>\n
5.- Se verific\u00f3 el emplazamiento de las personas indeterminadas y notificado su curador ad litem del prove\u00eddo admisorio, \u00e9ste permaneci\u00f3 silente en el t\u00e9rmino de traslado de la demanda (fls. 104 a 107, cno. 1). <\/p>\n
6.- Surtidas las etapas probatoria y de alegaciones, el 16 de julio de 2014, el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Florencia, al que fue remitido el cartulario, dirimi\u00f3 la instancia denegando la declaraci\u00f3n de pertenencia, y ordenando a la convocada pagar a favor del actor $31.000.000 por concepto de mejoras de vivienda, establo y lagos y $14.194.284,80 por las mejoras en cultivos. Adicionalmente, orden\u00f3 inscribir el fallo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y conden\u00f3 a la demandante al pago de las costas del proceso (fls. 202 a 216, cno. 1). <\/p>\n
7.- Apelada la anterior decisi\u00f3n por ambas partes, en sentencia de 18 de febrero de 2015, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia revoc\u00f3 las condenas al pago de las mejoras y de las costas del juicio, as\u00ed como la inscripci\u00f3n del veredicto, y adicion\u00f3 la orden de cancelar la inscripci\u00f3n de la demanda (fls. 10 a 19, cno. Tribunal). <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de precisar que el problema jur\u00eddico principal a resolver ser\u00eda el de determinar si el inmueble objeto de la controversia era prescriptible o si, por el contrario, atendida su naturaleza, correspond\u00eda a un bien fiscal no susceptible de ese modo de adquisici\u00f3n del derecho de propiedad, aludi\u00f3 a la normatividad nacional y jurisprudencia relativas a la imprescriptibilidad de los bienes de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, cit\u00f3 los art\u00edculos 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a cuyo tenor \u00abla declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb y 674 de la codificaci\u00f3n civil que, entre las cosas cuyo dominio es de la Rep\u00fablica, distingue entre los bienes de uso p\u00fablico cuando su utilizaci\u00f3n \u00abpertenece a todos los habitantes de un territorio\u00bb y los denominados \u00abbienes fiscales\u00bb que, por lo general, no est\u00e1n destinados para el uso de aquellos, pero ambas categor\u00edas est\u00e1n reservadas para el \u00abcumplimiento de los fines del Estado, y por ello son objeto de protecci\u00f3n legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares para apropiarse de ellos. Y esa es la raz\u00f3n por la que la Constituci\u00f3n y la ley consagran la prohibici\u00f3n expresa de que se declare la pertenencia de los mismos\u00bb.1 <\/p>\n
Respecto del bien ra\u00edz cuya adquisici\u00f3n por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva pretende el convocante, se\u00f1al\u00f3 que se trata de un fundo de propiedad de una entidad de derecho p\u00fablico, circunstancia que colocaba en evidencia el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 420-36967, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Florencia, obrante en el plenario, seg\u00fan el cual el titular del derecho real de dominio es la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes. <\/p>\n
El indicado ente -explic\u00f3- se hizo a la propiedad del predio en virtud de la sentencia proferida el 12 de septiembre 1995 por el Juzgado Regional de Medell\u00edn, confirmada por la Sala de Decisiones del Tribunal Nacional en fallo de 27 de septiembre de 2002, de lo cual se extrae que es un bien fiscal no destinado al servicio de la comunidad, sino a la utilizaci\u00f3n de su titular con miras a realizar sus fines. <\/p>\n
Por ese sendero, concluy\u00f3 la imposibilidad de acceder a las pretensiones de la demanda, sin que tuviera cabida alguna de las alegaciones del reclamante, ante la claridad absoluta de la regla de restricci\u00f3n de declaratoria de pertenencia de bienes de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, indic\u00f3 que el incumplimiento del atributo de prescriptibilidad del bien pretendido es una falencia que \u00abrompe inexorablemente el requisito esencial de la posesi\u00f3n\u00bb2, de ah\u00ed que -a\u00f1adi\u00f3- no era necesario profundizar en el an\u00e1lisis de los aspectos subjetivos y objetivos de aquella a partir de la valoraci\u00f3n de otros medios de prueba recaudados, cuando el fracaso de la acci\u00f3n se impon\u00eda por la raz\u00f3n expuesta. <\/p>\n
Para finalizar, recab\u00f3 en la improcedencia de ordenar a la parte demandada al pago de las mejoras levantadas en el inmueble, no s\u00f3lo porque dicha condena no fue reclamada por el demandante, sino comoquiera que no se trata de una cuesti\u00f3n que concierna al resorte de la acci\u00f3n, de ah\u00ed que anunci\u00f3 su revocatoria. <\/p>\n
Situaci\u00f3n an\u00e1loga -indic\u00f3- se presentaba con la orden de inscripci\u00f3n de la sentencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, dado que la parte resolutiva de esa determinaci\u00f3n \u00abno contiene un acto jur\u00eddico que implique modificaci\u00f3n alguna a la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien, conforme lo dispone el art. 4\u00b0 de la Ley 1579 de 2012\u00bb.3 <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre un \u00fanico cargo, soportado en la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, consagrada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Recrimin\u00f3 el quebranto frontal de las disposiciones legales citadas en la sentencia impugnada, desconociendo el precedente jurisprudencial de la Sala, lo que, en definitiva, condujo a la denegaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Adujo que el ad quem sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en la subregla de la imposibilidad de prescribir el bien descrito en la demanda porque, de acuerdo con las normas que mencion\u00f3, esto es, el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo Procedimiento Civil, el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 674 del C\u00f3digo Civil, el referido inmueble corresponde a un bien fiscal, de donde deriv\u00f3 su imprescriptibilidad, teniendo en cuenta los veredictos proferidos el 12 de septiembre 1995 por el Juzgado Regional de Medell\u00edn y 27 de septiembre de 20024 por el Tribunal Nacional, Sala de Decisiones, que lo confirm\u00f3. <\/p>\n
Le reproch\u00f3 al sentenciador colegiado que pese a reconocer que el predio ingres\u00f3 al patrimonio de la demandada -Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes- con la expedici\u00f3n del pronunciamiento de segunda instancia por el Tribunal Nacional, no realiz\u00f3 una correcta hermen\u00e9utica, pues de haberlo hecho, habr\u00eda considerado que para el momento en que, en teor\u00eda, el fundo pas\u00f3 al patrimonio de la entidad p\u00fablica, ya estaba consolidado el derecho adquirido por el actor de acceder, mediante usucapi\u00f3n agraria, a la propiedad del inmueble que ha pose\u00eddo desde el a\u00f1o 1991 de manera quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, cumpliendo el t\u00e9rmino legal para reclamar la declaraci\u00f3n judicial de pertenencia. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, tanto el juzgado como el ad quem, arribaron a la conclusi\u00f3n donde, a rajatabla, le reconocieron el car\u00e1cter de bien fiscal al predio pretendido en el libelo introductorio del juicio, cuando era evidente que, al momento de proferirse los veredictos de primer y segundo nivel, exist\u00edan referentes jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Civil que establec\u00edan par\u00e1metros bajo los cuales se resta eficacia argumentativa a la ratio decidendi de la decisi\u00f3n objeto del recurso extraordinario, que apunta a se\u00f1alar que un bien de propiedad de una entidad p\u00fablica, bajo ninguna consideraci\u00f3n, puede ser adquirido por particulares a trav\u00e9s del modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Al efecto, cit\u00f3 los pronunciamientos de 6 de octubre de 2009 (rad. 2033-00205-02 [sic]) y el aprobado en Sala el 18 de julio de 2013 (rad. 05045310300120070007401). De ambos transcribi\u00f3 algunos apartes en torno a las excepciones que, indic\u00f3, admite el postulado de imprescriptibilidad de los bienes fiscales. Del segundo reprodujo lo siguiente: <\/p>\n
No obstante, hay situaciones en que no es viable aplicar la restricci\u00f3n de la usucapi\u00f3n respecto de los bienes fiscales, por cuanto ello entra\u00f1ar\u00eda desconocer un derecho leg\u00edtimamente adquirido, a saber: <\/p>\n
a.-) Si la posesi\u00f3n apta para prescribir se inici\u00f3 y consum\u00f3 antes de entrar en vigor el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 413, hoy 407, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esto es, el 1\u00ba de julio de 1971. <\/p>\n
(\u2026) b.-) Si el cumplimiento del requisito temporal para usucapir se cumpli\u00f3 dentro de la vigencia del citado numeral 4\u00ba del art\u00edculo 41, hoy 407, pero con anterioridad al d\u00eda en que la entidad de derecho p\u00fablico adquiri\u00f3 la propiedad de la cosa. <\/p>\n
Y del primero, cit\u00f3 la parte conclusiva de las premisas te\u00f3ricas all\u00ed decantadas en cuanto a que \u00ab[l]as referidas circunstancias excepcionales presuponen la consolidaci\u00f3n del derecho a ganar por prescripci\u00f3n el dominio de un bien antes de 1971, cuando entr\u00f3 en vigencia el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 413 del estatuto procesal, hoy 407 en virtud de la reforma del Decreto 2282 de 1989, o, en su defecto, cuando ello ocurre con anterioridad a que un ente p\u00fablico lo adquiera. Y, como se dijo, con ellas se garantizan, seg\u00fan el caso, los derechos adquiridos, la confianza leg\u00edtima y la buena fe\u00bb.5 <\/p>\n
En ese orden, critic\u00f3 que el juez plural hubiera desconocido el precedente judicial del \u00f3rgano de cierre en materia civil, en tanto interpret\u00f3 las disposiciones relativas a la posesi\u00f3n, la naturaleza de los bienes fiscales y su imprescriptibilidad, d\u00e1ndoles un alcance general y absoluto sin exponer las razones por las cuales se apart\u00f3 de lo considerado en otros casos por la Corte, afectando el derecho consolidado del demandante a que se le declare como titular del dominio de la heredad. <\/p>\n
Lo anterior, porque, a\u00f1adi\u00f3, se encuentra debidamente acreditado en el expediente que el promotor de la acci\u00f3n ha pose\u00eddo el fundo rural desde 1991 y pese a reconocer y citar la sentencia que declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio y la orden de comiso definitivo en favor de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes adiada el 27 de septiembre de 2002, cuyo registro se efectu\u00f3 el 17 de octubre de ese mismo a\u00f1o (anotaci\u00f3n No. 10 del certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble), desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial que le impon\u00eda dar aplicaci\u00f3n a una de las dos excepciones mencionadas en los pronunciamientos de la Corte, por cuanto \u00abqued\u00f3 demostrado que (\u2026) cumpli\u00f3 el requisito legal para usucapir dentro de la vigencia del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo Procedimiento Civil, pero con anterioridad al d\u00eda en que la entidad de derecho p\u00fablico adquiri\u00f3 la propiedad de la cosa\u00bb6, que ser\u00eda la data de registro del fallo dictado por la Sala de Decisiones del Tribunal Nacional, es decir, el 17 de octubre de 2002, momento para el cual \u00abya ten\u00eda m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os de posesi\u00f3n del predio, es decir el doble del tiempo que se exige para la prescripci\u00f3n agraria\u00bb.7 <\/p>\n
Aludi\u00f3 que la demandada confes\u00f3 que su contradictor si estuvo en posesi\u00f3n del inmueble durante el tiempo alegado y que la decisi\u00f3n del Tribunal Nacional confirm\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio a favor del Estado, lo que ocurri\u00f3 once a\u00f1os despu\u00e9s del inicio de la posesi\u00f3n, y que el actor nunca fue convocado al proceso de extinci\u00f3n del dominio, ni le fue notificada la decisi\u00f3n que afect\u00f3 la propiedad de sus antiguos due\u00f1os, por lo que tal decisi\u00f3n no le es oponible, pues no se le permiti\u00f3 ejercer su derecho de defensa dentro de ese decurso. <\/p>\n
Por las razones precedentes, solicit\u00f3 casar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, revocar el fallo dictado por la jueza a quo, accediendo a la declaraci\u00f3n de pertenencia y ordenando la inscripci\u00f3n del fallo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De manera preliminar debe precisarse que el presente remedio extraordinario se rige por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que fue interpuesto con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia plena del estatuto general del proceso.8 <\/p>\n
2. El yerro iuris in iudicando que se invoca en el \u00fanico cargo planteado se configura, por definici\u00f3n, cuando el sentenciador se equivoca en la aplicaci\u00f3n del derecho material que concierne al asunto objeto de la litis, no obstante haber constatado correctamente el sustrato f\u00e1ctico del asunto, de ah\u00ed que corresponde a desatinos de ralea estrictamente de derecho que suponen la absoluta prescindencia de cualquier reflexi\u00f3n relativa a la demostraci\u00f3n de los supuestos de hecho aducidos como causa petendi de la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
Esta Corte ha puntualizado que la acusaci\u00f3n con venero en este motivo de recriminaci\u00f3n presupone: <\/p>\n
(\u2026) la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor s\u00f3lo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (\u2026) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (CSJ AC5520-2022, 15 dic., rad. 2017-00690-01). <\/p>\n
La transgresi\u00f3n recta v\u00eda revela, entonces, las deficiencias del juzgador en punto de la elecci\u00f3n del cat\u00e1logo normativo aplicable a la especie del juicio, su observancia y hermen\u00e9utica, de modo que infringe por esta senda los mandatos materiales cuando deja de aplicar a la controversia aquellos preceptos que disciplinan el asunto, estima aplicables otros que son ajenos a la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial debatida, o a aquellas disposiciones n\u00edtidamente elegibles por su relaci\u00f3n con el pleito, les otorga una inteligencia contraria a su genuino alcance. <\/p>\n
2.1. En el sub examine, el censor confuta la inteligencia dada por el decisor de segundo grado a las normas implicadas en la contienda, relativas a la posesi\u00f3n, naturaleza e imprescriptibilidad de los denominados \u00abbienes fiscales\u00bb, comoquiera que le dio el car\u00e1cter de absoluto al \u00faltimo axioma, sin reparar en la interpretaci\u00f3n depurada de tales preceptos que la Corte asent\u00f3 en dos de sus pronunciamientos, confiri\u00e9ndoles un entendimiento conforme al cual se except\u00faa la se\u00f1alada directriz cuando, en vigencia del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 407 del anterior ordenamiento procesal civil, el usucapiente logr\u00f3 alcanzar la consolidaci\u00f3n del derecho a adquirir el dominio por el modo de la prescripci\u00f3n, \u00abcon anterioridad al d\u00eda en que la entidad de derecho p\u00fablico adquiri\u00f3 la propiedad de la cosa\u00bb.9 <\/p>\n
2.2. Dado que la controversia planteada en la sede casacional involucra temas como la prescripci\u00f3n adquisitiva, la usucapi\u00f3n de predios agrarios, la definici\u00f3n y caracter\u00edsticas de los bienes fiscales y los efectos de la declaraci\u00f3n judicial de extinci\u00f3n del derecho de dominio, la Sala aborda su estudio a fin de establecer si el fallador plural incurri\u00f3 en los desaciertos de iure que le imputa la censura. <\/p>\n
3. Sobre la prescripci\u00f3n adquisitiva: <\/p>\n
3.1. La usucapio romana, de donde proviene la prescripci\u00f3n adquisitiva que ha llegado hasta nuestros d\u00edas, alud\u00eda a la adquisici\u00f3n de la propiedad de los fundos por su uso durante el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os y la de las cosas muebles si su uso se extend\u00eda a una anualidad. El poseedor se transformaba, entonces, en propietario, por el transcurso del tiempo y la utilizaci\u00f3n del bien, aplicable solo a las cosas susceptibles de dominio quiritario (dominium ex iure quiritium) -exclusiva para ciudadanos romanos y radicadas en la ciudad de Roma-. Entonces, como la instituci\u00f3n no aplicaba a las heredades provinciales, el derecho pretorio estableci\u00f3 la \u00ablongi temporis praescriptio\u00bb, inicialmente como medio de defensa ante la acci\u00f3n reivindicatoria tard\u00eda del verdadero due\u00f1o, aduciendo el excepcionante haber adquirido la posesi\u00f3n en virtud de una justa causa y su permanencia en el bien de buena fe, quieta y p\u00fablica durante el lapso de diez o veinte a\u00f1os10. <\/p>\n
En el derecho justinianeo, desapareci\u00f3 la distinci\u00f3n entre los ciudadanos romanos y quienes no ten\u00edan esa condici\u00f3n y tambi\u00e9n se suprimi\u00f3 el distinto tratamiento de fundos it\u00e1licos y heredades provinciales, am\u00e9n de amalgamarse la usucapio y la longi temporis praescriptio, permitiendo que un adquirente de buena fe, revestido con un justo t\u00edtulo, cuya posesi\u00f3n fue ininterrumpida por cierto tiempo, a la par que pod\u00eda defenderse de la acci\u00f3n dominical, se convert\u00eda en d\u00f3mine. La praescriptio adquisitiva se reserv\u00f3 para los inmuebles y la usucapio fue dejada a las especies muebles, distinci\u00f3n que no conservaron el derecho franc\u00e9s, ni el modelo chileno cuya tradici\u00f3n sigue el nuestro. <\/p>\n
Aunque en la doctrina se ha propendido por una teor\u00eda dualista que distingue ambas figuras en cuanto a su naturaleza, alcance y efectos, nuestra codificaci\u00f3n civil participa de la teor\u00eda unitaria, donde usucapi\u00f3n y prescripci\u00f3n adquisitiva no son dis\u00edmiles. <\/p>\n
3.2. En su aspecto m\u00e1s general, la prescripci\u00f3n adquisitiva es un modo de adquirir derechos reales, entre ellos la propiedad de bienes corporales, inmuebles o muebles, que se encuentran en el comercio humano, mediante su posesi\u00f3n sostenida en un periodo determinado, siempre que aquella tenga lugar en las condiciones establecidas en la ley, acepci\u00f3n acogida en el canon 2518 de la codificaci\u00f3n civil, la cual, enseguida precisa que \u00ablos bienes de uso p\u00fablico no se prescriben en ning\u00fan caso\u00bb (art. 2519). <\/p>\n
El corpus desprovisto del elemento psicol\u00f3gico (animus) no configura posesi\u00f3n sino tenencia, pero el poseedor puede tener el presupuesto subjetivo (animus) y carecer de la aprehensi\u00f3n material directa de la cosa (corpus), sin que por ello pierda la posesi\u00f3n, lo que ocurre cuando un tercero detenta f\u00edsicamente la res, en su lugar o a su nombre. Tal es el sentido de la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 786 del compendio civil, a cuyo tenor: \u00abEl poseedor conserva la posesi\u00f3n, aunque transfiera la tenencia de la cosa, d\u00e1ndola en arriendo, comodato, prenda, dep\u00f3sito, usufructo, o cualquiera otro t\u00edtulo no traslaticio de dominio\u00bb. <\/p>\n
La posesi\u00f3n con entidad para hacerse al dominio de la cosa que se pretende usucapir o adquirir por el modo de la prescripci\u00f3n debe revestirse con ciertos caracteres: ha de ser p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, exteriorizada a trav\u00e9s de hechos ostensibles y visibles a los dem\u00e1s, ejercidos, bien directamente por el usucapiente, o de manera mediata, esto es, por conducto de terceros que le reconozcan su se\u00f1or\u00edo sobre el bien. Pero, adem\u00e1s, se impone que su objeto material o la cosa, sea susceptible de adquirirse por pertenencia, esto es, pasible de ingresar al patrimonio del particular que lo reclama. <\/p>\n
La regulaci\u00f3n civil contempla dos clases de prescripci\u00f3n adquisitiva: ordinaria y extraordinaria, pero a ellas se suma una tercera cuando el bien que pretende adquirirse es r\u00fastico, como en el caso que resuelve la Sala. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de las dos primeras, se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) [E]l legislador ha regulado de manera espec\u00edfica lo atinente a los modos de adquirir, uno de los cuales es la prescripci\u00f3n adquisitiva, ya ordinaria, ora extraordinaria. Respecto de la primera, dispone el art\u00edculo 2528 del C\u00f3digo Civil, que exige para su operancia posesi\u00f3n regular no interrumpida del usucapiente por el t\u00e9rmino que las leyes requieren, es decir de diez a\u00f1os para los bienes ra\u00edces, o de tres para los bienes muebles, conforme lo precept\u00faa el art\u00edculo 2529 del mismo C\u00f3digo. De la misma manera, para la prescripci\u00f3n extraordinaria, exige la ley tan solo la posesi\u00f3n del bien inmueble sin interrupci\u00f3n por espacio de veinte a\u00f1os, sin que interese para nada en este caso la existencia o ausencia de justo t\u00edtulo y regularidad de la posesi\u00f3n, pues el art\u00edculo 2531, en su numeral 2o. establece una presunci\u00f3n de derecho de la buena fe del prescribiente \u00absin embargo de la falta de un t\u00edtulo adquisitivo de dominio (\u2026)\u00bb (CSJ SC 13 sep. 1995, rad. 4576, reiterada en CSJ SC2776-2019, 25 jul., rad. 2008-00056-01 y en CSJ SC3934-2020, 19 oct., rad. 201200365-01). <\/p>\n
3.3. La usucapi\u00f3n del dominio agrario: <\/p>\n
El art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936, modificado por el canon 4\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1973, consagra una prescripci\u00f3n adquisitiva en favor de quien \u00abcreyendo de buena fe que se trata de tierras bald\u00edas posea en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1\u00ba de esta ley, durante cinco (5) a\u00f1os continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su due\u00f1o en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotaci\u00f3n, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo art\u00edculo\u00bb, cuyo objeto es solamente \u00abel terreno aprovechado o cultivado con trabajos agr\u00edcolas, industriales o pecuarios y que se haya pose\u00eddo quieta y pac\u00edficamente durante los cinco (5) a\u00f1os continuos y se suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos\u00bb. <\/p>\n
Del trasuntado precepto emana que los requisitos para la prosperidad de esa usucapi\u00f3n especial son: i) recaer sobre un inmueble de propiedad privada; ii) buena fe del ocupante materializada en la convicci\u00f3n, al momento de ingresar al fundo, de ser aqu\u00e9l un terreno bald\u00edo; iii) ausencia, a la fecha de la ocupaci\u00f3n, de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica por parte del titular del derecho de dominio; iv) posesi\u00f3n continua durante cinco (5) a\u00f1os y, v) explotaci\u00f3n del terreno por el usucapiente a trav\u00e9s de cerramientos, plantaciones o sementeras, cultivos, ocupaci\u00f3n con ganados y actos de similar significaci\u00f3n econ\u00f3mica.11 <\/p>\n
La indicada normatividad fue derogada por la Ley 1152 de 2007, a excepci\u00f3n de sus c\u00e1nones 20 a 23; empero, la Corte Constitucional, en el pronunciamiento C-175 de 2009, declar\u00f3 inexequible la \u00faltima regulaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, quien demuestre haber pose\u00eddo un inmueble rural por el t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os, ejerciendo los actos se\u00f1alados en la regla 1\u00aa de la citada ley de tierras, esto es, \u00abcon explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb, y haya ingresado al inmueble con la creencia de ser aquel un terreno bald\u00edo, puede reclamar la declaraci\u00f3n de pertenencia agraria. <\/p>\n
La raz\u00f3n de lo anotado reside en que siendo la usucapi\u00f3n un modo originario de obtener la propiedad de las cosas ajenas (art. 765 C.C.), seg\u00fan lo ha acotado esta Sala, \u00abse configura por los hechos, es decir, cuando se cumplen los requisitos propios que la estructuran, independientemente de que el poseedor haya o no demandado su reconocimiento, o de que se hubiere resuelto favorablemente su solicitud, mediante sentencia judicial en firme, providencia \u00e9sta que es meramente declarativa de haber operado la adquisici\u00f3n, de ah\u00ed que \u00abel detentador de una cosa con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o se vuelve su propietario, apenas cumple los requisitos legales necesarios para ello\u2026\u00bb (CSJ SC,1 sep. 2014, rad. 2002-02246-01). <\/p>\n
Ahora bien, la presunci\u00f3n legal de la buena fe originaria o inicial que exige la Ley 200 al prescribiente, se desvirt\u00faa si la parte pose\u00edda o el globo general de terreno del que forma parte aquella, tiene cerramientos artificiales, o existen se\u00f1ales o vestigios de que el bien ra\u00edz ten\u00eda un propietario, pues ante tal evidencia no cabr\u00eda predicar que el reclamante tiene la plena convicci\u00f3n de tratarse de un fundo que no ha salido del dominio de la Naci\u00f3n. Es necesario, a efectos de dar por acreditada la buena fe pedida al usucapiente, que el bien carezca de cualquier indicio o rastro de dominio ajeno. Incluso, si al comenzar la posesi\u00f3n, esta es ejercida en contra del due\u00f1o del terreno, no puede hablarse de buena fe, porque en tal supuesto, estar\u00eda ausente la creencia sobre la calidad del bien, esto es, la de ser un bald\u00edo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n debe repararse en que la posesi\u00f3n que da derecho a la prescripci\u00f3n adquisitiva agraria es de un cariz diferente a la exigida en el r\u00e9gimen com\u00fan del C\u00f3digo Civil para la usucapi\u00f3n ordinaria y extraordinaria, que es la general. <\/p>\n
En efecto, no es suficiente la posesi\u00f3n convencional que contemplan los art\u00edculos 762 y 981 de ese compendio, sino que este modo de adquirir la propiedad ha de tener un tinte \u00abecon\u00f3mico\u00bb, y aunque el legislador no defini\u00f3 esta clase de posesi\u00f3n, si refiri\u00f3, a manera de ejemplo, una serie de actos que la configuran como las plantaciones o sementeras, la explotaci\u00f3n con ganado y otros que tengan la misma relevancia cremat\u00edstica. No bastar\u00eda, entonces, como lo explica la doctrina, que tan solo se edificara una vivienda, pues tal acto posesorio, que es bastante para fundar la usucapi\u00f3n del derecho com\u00fan, no lo es en el r\u00e9gimen agrario, comoquiera que es \u00abun hecho material positivo, pero no esencialmente econ\u00f3mico\u00bb.12 <\/p>\n
En ese orden, la prescripci\u00f3n adquisitiva agraria se configura, tal como, desde hace muchos a\u00f1os lo precis\u00f3 la jurisprudencia de esta Corte, cuando: <\/p>\n
(\u2026) por la ausencia de toda mejora, cerramientos, construcciones o hechos que revelen la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica anterior del suelo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1o. de la mencionada ley, d\u00e9 ocasi\u00f3n a presumir de buena fe al colono que penetra en ellas, que se trata de tierras bald\u00edas de la Naci\u00f3n susceptibles de la apropiaci\u00f3n mediante su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y que las mismas no est\u00e1n comprendidas dentro de las reservas de explotaci\u00f3n, que corresponde a todo predio rural, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo precepto\u00bb (G.J. LXVIII, p\u00e1g. 582; en el mismo sentido CSJ SC6504-2015, 27 may., rad. 2002-00205-01). <\/p>\n
3.4. Las cosas susceptibles de ser adquiridas por el modo de la prescripci\u00f3n: <\/p>\n
De acuerdo con el ya citado mandato 2518 del ordenamiento civil, \u00ab[s]e gana por prescripci\u00f3n el dominio de los bienes corporales, ra\u00edces o muebles, que est\u00e1n en el comercio humano, y se han pose\u00eddo con las condiciones legales\u00bb (se resalta). <\/p>\n
La anterior pauta normativa deja entrever que la comercialidad de los bienes se erige en presupuesto de su prescriptibilidad. El \u00abcomercio humano\u00bb al que alude la disposici\u00f3n, no es otra cosa que lo que hoy definimos como tr\u00e1fico jur\u00eddico. <\/p>\n
Luego, se parte de la premisa de que algunos bienes, en raz\u00f3n de su naturaleza, destinaci\u00f3n o titularidad, se sit\u00faan en la esfera \u00abextra comercium\u00bb, condici\u00f3n entendida como \u00abuna cierta incapacidad natural de ciertos tipos de bienes para ser objeto de derechos reales en sentido t\u00e9cnico y por tanto para convertirse en objetos de relaciones jur\u00eddicas privadas\u00bb13, o como lo indic\u00f3 un conocido estudioso del derecho de Roma, \u00abla imposibilidad legal de que la cosa sea objeto de un negocio jur\u00eddico patrimonial\u00bb.14 <\/p>\n
Y es que nuestro ordenamiento positivo discrimina, en sentido gen\u00e9rico, la existencia de dos clases de dominio de dis\u00edmil r\u00e9gimen jur\u00eddico: el que ejercen las personas particulares -naturales y morales-, reconocido en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en las leyes civiles (propiedad privada) y el dominio p\u00fablico, el cual est\u00e1 en cabeza del Estado, ya sea que se afecte al uso directo de la comunidad (bienes de uso p\u00fablico) o que se utilice para servicio a la sociedad, el funcionamiento o los fines de los entes estatales (bienes fiscales). El constituyente consagr\u00f3 esta \u00faltima tipolog\u00eda de dominio en los mandatos 63, 82, 102 y 332 de la Ley Fundamental. <\/p>\n
3.5. Los bienes no susceptibles de adquirirse por el modo de la usucapi\u00f3n: <\/p>\n
La noci\u00f3n de dominio, como bienes sustra\u00eddos al r\u00e9gimen legal aplicable a las cosas privadas, se remonta al Derecho Romano, que en el \u00e1mbito de las res publicae, cuyo titular era el populus romanus, o sea, el Estado, hac\u00eda una distinci\u00f3n entre res publica usui destinatate y res in pecunia populi. Estas \u00faltimas, aunque pertenec\u00edan al Estado, comprend\u00edan su patrimonio, del cual el ente p\u00fablico era titular como pod\u00eda serlo cualquier ciudadano respecto de sus cosas. En cambio, las res publica usui destinatate eran consideradas extra commercium y, por tanto, sobre ellas no era posible ninguna relaci\u00f3n de car\u00e1cter patrimonial. <\/p>\n
Explica el maestro Biondi que \u00ab[l]a primera modificaci\u00f3n de la noci\u00f3n de res publicae existe en el mismo mundo romano por efecto de la constante presi\u00f3n del poder absoluto del Pr\u00edncipe. En principio, y durante toda la \u00e9poca del principado, era distinto el aerarium, entendido como patrimonio del Estado, del fiscus, que ten\u00edan como titular personalmente el pr\u00edncipe; por tanto se distingu\u00edan las res publicae, o sea bienes que ten\u00edan como titular al populus, de las res fiscales, esto es, cosas pertenecientes al pr\u00edncipe. Pero cuando el Estado se personifica en el Pr\u00edncipe, las res fiscales se identifican con las res publicae en el sentido de que tambi\u00e9n \u00e9stas lo ten\u00edan como titular; las res populi por esto se confunden con las res fiscales\u00bb\u001f -se destaca-.15 <\/p>\n
El derecho civil chileno, del cual se inspir\u00f3 don Andr\u00e9s Bello para dar fisonom\u00eda al nuestro, consagra, como lo explica Claro Solar, una divisi\u00f3n entre \u00ablos bienes p\u00fablicos y los bienes privados de la acci\u00f3n, o como suelen decir los tratadistas, los bienes que forman el dominio p\u00fablico del Estado y los que constituyen su dominio privado. El c\u00f3digo da a los primeros el nombre de bienes nacionales de uso p\u00fablico, y a los segundos, el de bienes del Estado o bienes fiscales\u00bb, siendo los \u00faltimos, aquellos \u00abcuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes\u00bb, que no son \u00fanicamente los nacionales cuya administraci\u00f3n corresponde a las autoridades centrales, sino tambi\u00e9n \u00ablos bienes que forman el patrimonio municipal o comunal y el de los establecimientos p\u00fablicos (\u2026)\u00bb.17 <\/p>\n
En el ordenamiento interno colombiano, el canon 63 de la Carta Magna ense\u00f1a que \u00ab[l]os bienes de uso p\u00fablico, los parques naturales, las tierras comunales de grupos \u00e9tnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueol\u00f3gico de la Naci\u00f3n y los dem\u00e1s bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables\u00bb -subrayado propio-. <\/p>\n
Igualmente, al tenor de los art\u00edculos 72 y 75 ibidem, tambi\u00e9n tienen el car\u00e1cter de imprescriptibles \u00abel patrimonio cultural de la Naci\u00f3n\u00bb, \u00abel patrimonio arqueol\u00f3gico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional\u00bb, as\u00ed como \u00abel espectro electromagn\u00e9tico\u00bb. <\/p>\n
El mandato 102 del mismo texto constitucional precept\u00faa que \u00ab[e]l territorio, con los bienes p\u00fablicos que de \u00e9l forman parte, pertenecen a la naci\u00f3n\u00bb, y acorde con el precepto 332 eiusdem, \u00ab[e]l Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes\u00bb. <\/p>\n
A su turno, consigna el art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil que los \u00abbienes de la Uni\u00f3n\u00bb son aquellos \u00abcuyo dominio pertenece a la Rep\u00fablica\u00bb, y si el uso de tales cosas \u00abpertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio\u00bb. En cambio, los bienes de la Uni\u00f3n cuyo uso no pertenece a los habitantes, se llaman \u00abbienes fiscales\u00bb -negrilla a\u00f1adida-. <\/p>\n
Luego, seg\u00fan nuestro sistema normativo, el patrimonio del Estado se integra por los bienes de uso p\u00fablico o afectados al uso p\u00fablico y los denominados \u00abbienes fiscales\u00bb. <\/p>\n
3.5.1. Bienes de uso p\u00fablico: <\/p>\n
Se caracterizan por ser utilizados por la comunidad, que puede aprovecharlos en forma directa, libre, gratuita, impersonal, individual o colectivamente, pues se encuentran dispuestos al servicio de la colectividad en forma permanente y ofrecen una utilidad que es de beneficio com\u00fan, como, por ejemplo, las calles, puentes, caminos y r\u00edos. El art\u00edculo 2519 de la codificaci\u00f3n civil se\u00f1ala que estas especies \u00abno se prescriben en ning\u00fan caso\u00bb. <\/p>\n
3.5.2. Bienes fiscales: <\/p>\n
Tambi\u00e9n se les conoce como bienes patrimoniales del Estado \u00abque no estando adscritos a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, forman parte del patrimonio estatal, ya sea por disposici\u00f3n constitucional, o porque han sido adquiridos por la Naci\u00f3n, los departamentos, los municipios y, en general las entidades de derecho p\u00fablico, para destinarlos a la organizaci\u00f3n de los fines que le son propios, siendo su uso com\u00fan restringido o reprimido, distinci\u00f3n \u00e9sta que, como es sabido, se funda en conceptos de un n\u00edtido perfil romanista\u00bb (CSJ SC 29 jul. 1999, rad. 5074). <\/p>\n
Se trata de bienes que, en raz\u00f3n de hacer parte del dominio privado del Estado, \u00abno se diferencian de los que forman el patrimonio particular de cualquier individuo\u00bb18, de modo que se rigen, en palabras de Claro Solar, \u00abpor las mismas leyes a que est\u00e1n sometidos los bienes de los particulares; pero las exigencias mismas de los servicios p\u00fablicos han obligado al legislador a dictar algunas disposiciones especiales relativas a la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes, a los trabajos p\u00fablicos y a los contratos que, como leyes especiales, deben aplicarse con preferencia, sin cambiar, por lo dem\u00e1s, la naturaleza jur\u00eddica de los bienes\u00bb.19 <\/p>\n
Esta categor\u00eda se descompone a su vez en fiscales comunes, estrictamente fiscales y fiscales adjudicables. Los bienes fiscales propiamente dichos pertenecen a la Naci\u00f3n, los entes territoriales y las entidades p\u00fablicas, como lo son los edificios en que funcionan sus oficinas y dependencias. <\/p>\n
En cambio, los fiscales adjudicables -enti\u00e9ndase bienes bald\u00edos-, son aquellos que est\u00e1n asignados a la Naci\u00f3n y no a los entes territoriales ni a las entidades de derecho p\u00fablico, cuyo destino es el de transferirse a las personas particulares, siempre que ellos cumplan los requisitos fijados por el legislador; la Naci\u00f3n asume la titularidad del dominio hasta que se los adjudique. Recu\u00e9rdese que, acorde con la definici\u00f3n que, de esta tipolog\u00eda de fundos, efect\u00faa el precepto 675 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[s]on bienes de la Uni\u00f3n todas las tierras que estando situadas dentro de los l\u00edmites territoriales carecen de otro due\u00f1o\u00bb y \u00abla Naci\u00f3n los conserva para adjudicarlos a quienes re\u00fanan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley\u00bb (CC, C-595-95, 7 dic., rad. D-971). <\/p>\n
Inicialmente, la doctrina privatista consideraba que frente a ellos el Estado se comportaba como lo hace un particular respecto de las cosas que son de su propiedad, raz\u00f3n por la cual se ha expresado que este conjunto de bienes \u00abconstituye su patrimonio privado\u00bb20, sujet\u00e1ndose a las reglas del derecho com\u00fan y, por tanto, se hallaban excluidos de las reglas de inalienabilidad e imprescriptibilidad21, de modo que se consideraban cosas comerciables y susceptibles de adquirirse a trav\u00e9s de la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Tal convicci\u00f3n en el orden positivo patrio vino a cambiar con el Decreto 1400 de 1970 (C\u00f3digo de Procedimiento Civil), al establecer en su art\u00edculo 413 [407 con la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989], que \u00abla declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb, lineamiento de crucial importancia que reproduce el canon 375 del actual estatuto procesal. <\/p>\n
Por ello, desde el a\u00f1o 1971, los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho p\u00fablico carecen del atributo de ser prescriptibles, \u00abno porque est\u00e9n fuera del comercio o sean inalienables, como s\u00ed ocurre con los de uso p\u00fablico, sino porque la norma citada niega esa tutela jur\u00eddica, por ser `propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00b4, como en efecto el mismo art\u00edculo lo distingue (ordinal 4\u00ba.), sin duda alguna guiado por razones de alto contenido moral, colocando as\u00ed un dique de protecci\u00f3n al patrimonio del Estado, que por negligencia o corrupci\u00f3n de los funcionarios encargados de la salvaguardia, estaba siendo esquilmado a trav\u00e9s de fraudulentos procesos de pertenencia\u00bb (CSJ, SC 12 feb. 2001, rad. 5597; CSJ SC 31 jul. 2002, rad. 5812; CSJ SC 10 sep. 2013, rad. 00074; CSJ SC3934-2020, 19 oct., rad. 2012-00365-01; en el mismo sentido CC T-488-2014 y CC T-461-2016). <\/p>\n
El art\u00edculo 4\u00b0 del C\u00f3digo Fiscal -Ley 112 de 1917-, enumera algunos bienes fiscales del Estado, destacando los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a). Los que tienen este car\u00e1cter entre los enumerados en el art\u00edculo 202 de la constituci\u00f3n, sin perjuicio de los derechos adquiridos por personas naturales o jur\u00eddicas. <\/p>\n
b). Las minas de cobre existentes en el territorio nacional, sin perjuicio tambi\u00e9n de los derechos adquiridos por personas naturales o jur\u00eddicas. <\/p>\n
c). Las minas distintas de las mencionadas en el art\u00edculo 202 de la constituci\u00f3n y el aparte anterior de este art\u00edculo, como las de carb\u00f3n, hierro, azufre, petr\u00f3leo, asfalto, etc., descubiertas o que se descubran en terrenos bald\u00edos y en los que con tal car\u00e1cter hayan sido adjudicados con posterioridad al 28 de octubre de 1874, sin perjuicio asimismo de los derechos adquiridos por personas naturales o jur\u00eddicas. <\/p>\n
d). Los dep\u00f3sitos de huano y otros abonos descubiertos o que se descubran en terrenos que sean o hayan sido bald\u00edos, con la misma limitaci\u00f3n; y <\/p>\n
e). Los dem\u00e1s bienes que por cualquier t\u00edtulo pertenezcan al Estado y los que \u00e9ste adquiera conforme a derecho. <\/p>\n
Desde el a\u00f1o 1978, esta Corte aval\u00f3 lo antedicho estimando que, si los bienes de uso p\u00fablico y los denominados \u00abfiscales\u00bb o \u00abpatrimoniales\u00bb tienen en com\u00fan que se rigen bajo el marco del derecho p\u00fablico, aun guardando ciertas diferencias en cuanto a su administraci\u00f3n y la posibilidad de celebrar actos dispositivos, no existe raz\u00f3n valedera para que \u00abest\u00e9n unos amparados con el privilegio estatal de imprescriptibilidad y otros no, siendo unos mismos su due\u00f1o e igual su destinaci\u00f3n final, que es el del servicio de los habitantes del pa\u00eds. Su afectaci\u00f3n, as\u00ed no sea inmediata sino potencial al servicio p\u00fablico, debe excluirse de la acci\u00f3n de pertenencia, para hacer prevalecer el inter\u00e9s p\u00fablico o social sobre el particular\u00bb (CSJ SC 16 nov. 1978), razonamiento que retom\u00f3 la Corte Constitucional en el fallo C-530-1996, 10 oct., rad. D-1262, al declarar la exequibilidad del numeral 4\u00b0 del citado art\u00edculo 407 instrumental. <\/p>\n
En el indicado pronunciamiento de control de constitucionalidad se acot\u00f3: <\/p>\n
Los bienes fiscales comunes o bienes estrictamente fiscales dejaron de ser prescriptibles, se convirtieron en bienes imprescriptibles. Si no procede la declaraci\u00f3n de pertenencia en relaci\u00f3n con los bienes de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico, tampoco procede oponer la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n ante la demanda reinvindicatoria de uno de tales bienes. Hoy d\u00eda los bienes fiscales comunes o bienes estrictamente fiscales son imprescriptibles. Lo relativo a los bienes p\u00fablicos o de uso p\u00fablico: siguen siendo imprescriptibles, al igual que los fiscales adjudicables que tampoco pueden adquirirse por prescripci\u00f3n. No se quebranta la igualdad, porque quien posee un bien fiscal, sin ser su due\u00f1o, no est\u00e1 en la misma situaci\u00f3n en que estar\u00eda si el bien fuera de propiedad de un particular. En la medida en que se impide que los particulares se apropien de los bienes fiscales, se asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender las necesidades de la comunidad. No hay acci\u00f3n para que se declare que se ha ganado por prescripci\u00f3n el dominio de un bien que la ley declara imprescriptible, porque no hay derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
En suma, en Colombia, todos los bienes p\u00fablicos, cualquiera sea su categor\u00eda (de uso p\u00fablico o fiscales), y pese a lo que sobre el t\u00f3pico expone la doctrina privatista enunciada l\u00edneas atr\u00e1s, son ajenos al derecho que disciplina la propiedad o dominio privado de las personas particulares naturales o jur\u00eddicas, y comparten las caracter\u00edsticas de ser \u00abinembargables, imprescriptibles e inalienables\u00bb, tal como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n en las providencias recientes CSJ SC1727-2016, 15 feb., rad. 2004-01022-00 y CSJ SC3793-2021, 1 sep., rad. 2011-00025-01. <\/p>\n
Con todo, el anterior axioma, trat\u00e1ndose de bienes fiscales, no es absoluta, pues la misma jurisprudencia de la Sala, ha reconocido unas situaciones muy particulares y con precisas exigencias, donde el car\u00e1cter de imprescriptibles cede ante la protecci\u00f3n de derechos adquiridos, principio de car\u00edsima val\u00eda en el orden constitucional y legal. Muestra de ello, el canon 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que consagra: \u00abSe garantizan la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u00bb -se enfatiza-. <\/p>\n
3.6. Excepciones a la imprescriptibilidad de los bienes fiscales: <\/p>\n
Esta Colegiatura ha desarrollado una l\u00ednea jurisprudencial en torno de la inaplicabilidad de la prohibici\u00f3n legal de adquirir por usucapi\u00f3n el dominio de los bienes fiscales, pues en algunos casos mantener dicho impedimento desconoce derechos previa y leg\u00edtimamente adquiridos por particulares, los cuales se han consolidado a su favor. <\/p>\n
Una primera excepci\u00f3n fue reconocida en la sentencia CSJ SC 31 jul. 2002, rad. 5812, al precisar la Sala que el juzgador a quien un particular acudiera en v\u00eda del proceso de pertenencia sobre un bien ra\u00edz localizado en las urbes, deb\u00eda reparar en \u00abel contenido del art\u00edculo 7\u00b0 de la ley 200 de 1936, con arreglo al cual \u201cAcreditan propiedad privada sobre la respectiva extensi\u00f3n territorial urbana, los t\u00edtulos inscritos otorgados con anterioridad a esta ley, en que consten tradiciones de dominio, por un lapso no menor del t\u00e9rmino que se\u00f1alen las leyes para la prescripci\u00f3n extraordinaria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El fallo CSJ SC 6 oct. 2009, rad. 2003-00205-01, a\u00f1adi\u00f3, en torno a las excepciones a la imprescriptibilidad de los bienes fiscales, la ocurrencia de dos eventos, de modo que no pod\u00eda predicarse imprescriptible el inmueble si: <\/p>\n
a.-) La posesi\u00f3n del reclamante se inici\u00f3 y consum\u00f3 antes del 1\u00b0 de julio de 1971, fecha en la cual entr\u00f3 a regir el art\u00edculo 413 (hoy 407), numeral 4\u00b0, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
b.-) El se\u00f1or\u00edo del promotor de la pertenencia se consuma durante la vigencia del precepto citado, pero antes de la fecha en que la entidad de derecho p\u00fablico se convierta en propietaria del bien. <\/p>\n
En ambos, se\u00f1al\u00f3 la Corte, deb\u00eda protegerse el \u00abderecho adquirido\u00bb por el particular en cumplimiento del mandato contenido en el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica, \u00abque en ejercicio y amparo de las facultades que le daba el sistema legal imperante le permiti\u00f3 poseer un bien con vocaci\u00f3n de adquirir su dominio por el transcurso del tiempo y con el lleno de los restantes requisitos previstos por el legislador. Negarle el reconocimiento de esta prerrogativa prevista en el ordenamiento jur\u00eddico nacional implicar\u00eda un atentado contra la buena fe y la confianza leg\u00edtima de estar actuando dentro del marco de lo permitido y autorizado\u00bb (ibidem). <\/p>\n
3.6.1. La primera de las circunstancias exceptuadas encuentra justificaci\u00f3n en que la ley no puede afectar una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada, que ha permitido el ingreso de un derecho al patrimonio de una persona bajo el amparo del canon 58 de la Constituci\u00f3n Nacional, enf\u00e1tico en el respecto y resguardo de la propiedad privada y otros derechos adquiridos de manera leg\u00edtima y con arreglo a las leyes civiles, sin que sea posible ni constitucional su desconocimiento por la normatividad legal posterior. <\/p>\n
3.6.2. La segunda, por su parte, resguarda los principios de la buena fe y la confianza leg\u00edtima sobre las razonables expectativas del usucapiente de adquirir un bien ra\u00edz antes de que se torne fiscal por pasar al patrimonio de una entidad de derecho p\u00fablico, a la vez que protege de los actos fraudulentos mediante los cuales se pretenda realizar la transferencia ama\u00f1ada de heredades cuya propiedad se radicaba en particulares, a entidades de derecho p\u00fablico, con el evidente fin de desposeer a quienes hab\u00edan consolidado su derecho de dominio mediante el ejercicio de la posesi\u00f3n por el t\u00e9rmino establecido en la ley, falt\u00e1ndole s\u00f3lo la correspondiente declaratoria judicial, postura que fue reiterada en el pronunciamiento CSJ SC 10 sep. 2013, rad. 2007-00074-01. <\/p>\n
4. Seg\u00fan se expuso al rese\u00f1ar la demanda de casaci\u00f3n, el impugnante reproch\u00f3 al iudex de segundo grado, la inadecuada interpretaci\u00f3n de los preceptos relativos a la imposibilidad de adquirir por prescripci\u00f3n los bienes de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico, pues le dio un alcance absoluto inobservando la existencia de excepciones por cuya aplicaci\u00f3n aboga. <\/p>\n
Empero, no encuentra la Sala que el entendimiento dado por el sentenciador a las referidas normas haya sido equivocado; por el contrario, el tribunal, pleg\u00f3, en todo, su raciocinio en torno de la hermen\u00e9utica de tales disposiciones, a lo que genuinamente se extrae de su tenor y al precedente consolidado de esta Sala, el cual constituye doctrina probable, cuyo acatamiento es, por tanto, obligatorio de acuerdo con el art\u00edculo 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso y la Ley 169 de 1896 (CC, C-836 de 2001), y que cobija tanto el t\u00f3pico referente a la imprescriptibilidad de los bienes de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico, como las situaciones excepcionales admitidas por la jurisprudencia, en las cuales no opera, por las razones anotadas, la decantada regla de prohibici\u00f3n. <\/p>\n
Cosa distinta es que la tesis de la apelante no haya encontrado eco en las consideraciones del ad quem, por cuanto su situaci\u00f3n en particular no encaja dentro de una de las excepciones descritas, comoquiera que aun aceptando, en gracia de discusi\u00f3n, que haya entrado en posesi\u00f3n del predio en el a\u00f1o 1991, para el momento en que la entidad p\u00fablica convocada al litigo se hizo titular del derecho de dominio sobre el predio -1995-, y aun despu\u00e9s de la ejecutoria de dicha determinaci\u00f3n, lo que ocurri\u00f3 en la anualidad 2002, el demandante no hab\u00eda completado el tiempo requerido para consolidar a su favor la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque, tal como lo puso de presente el veredicto confutado, y este fue un aspecto que no discuti\u00f3 el censor en esta sede excepcional de la casaci\u00f3n -dado que propuso un \u00fanico cargo por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n directa de normas sustanciales (causal primera art\u00edculo. 336 C.G.P.)-, y con ello dej\u00f3 fuera de debate todos los aspectos f\u00e1cticos que encontr\u00f3 acreditados el juez plural, la prescripci\u00f3n adquisitiva aplicable lo era la extraordinaria de veinte a\u00f1os o de una d\u00e9cada contada a partir de la vigencia de la Ley 791 de 2002, y no la especial agraria prevista en el art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936, pues a partir del interrogatorio de parte rendido por el actor, qued\u00f3 claro en el proceso que aquel no pudo tener la creencia de haber ingresado a un terreno bald\u00edo, pues al ocupar el bien ra\u00edz, all\u00ed encontr\u00f3 vestigios de la propiedad privada ejercida con anterioridad, como lo fue, seg\u00fan as\u00ed lo asever\u00f3: una casa de habitaci\u00f3n, \u00e1reas de cultivo y piscinas para explotaci\u00f3n pisc\u00edcola, de ah\u00ed que no pod\u00eda prevalerse de esa usucapi\u00f3n de corto tiempo. <\/p>\n
Luego, adquirida la propiedad por el ente p\u00fablico llamado a la litis, se desvanecieron las pretensiones del pretendido poseedor, en la medida que antes de consolidar el derecho de propiedad que anhela y situarse en uno de los eventos excepcionales admitidos por la doctrina jurisprudencial de la Corte, oper\u00f3 la imprescriptibilidad del inmueble al pasar a ser \u00e9ste, un bien fiscal. <\/p>\n
5. Consecuente con lo discurrido, no se abre paso la singular censura formulada en la s\u00faplica extraordinaria. <\/p>\n
Se condenar\u00e1 en costas de la opugnaci\u00f3n al recurrente. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR en costas de la casaci\u00f3n al opugnante. En su oportunidad, la magistrada sustanciadora se\u00f1alar\u00e1 las agencias en derecho que deber\u00e1n incluirse en la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR que, cumplido lo de rigor, se efect\u00fae la devoluci\u00f3n del expediente f\u00edsico a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 15,cno. Tribunal. <\/p>\n
2\u0002 Folio 17, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 La sentencia de segunda instancia en el proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio se profiri\u00f3 el 11 de septiembre de 2022. <\/p>\n
5\u0002 Folios 19 vto. y 20, ib. <\/p>\n
6\u0002 Folio 20 vto., ib. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 El Acuerdo PSAA15-10392 de 2015, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso que el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 en vigencia en todo el territorio nacional a partir del 1\u00b0 de enero de 2016. <\/p>\n
10\u0002 El t\u00e9rmino de diez a\u00f1os operaba para la posesi\u00f3n entre presentes, y veinte a\u00f1os entre ausentes. <\/p>\n
11\u0002 Actos demostrativos de la explotaci\u00f3n del bien r\u00fastico destacados por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4ta. de 1973. <\/p>\n
12\u0002 G\u00d3MEZ R., Jos\u00e9 J. Bienes, Bogot\u00e1, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1981, p. 505. <\/p>\n
13\u0002 D\u00cdEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo III. Las relaciones jur\u00eddico \u2013 reales, el registro de la propiedad, la posesi\u00f3n. Pamplona, 2003, Thomson Reuters, p. 192. <\/p>\n
14\u0002 IGLESIAS, Juan. Derecho Romano. Historia e Instituciones. Barcelona, 2010, Sello Editorial, p. 155. <\/p>\n
15\u0002 BIONDI, Biondo. Los Bienes, trad. por Antonio de la Esperanza Mart\u00ednez Rad\u00edo, Bosch, Barcelona, 2003, p. 285-287). <\/p>\n
16\u0002 Op. cit., p. 193. <\/p>\n
17\u0002 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Tomo VI. De los Bienes I, Imprenta Cervantes, 1930, p\u00e1gs. 170, 172 y 248. <\/p>\n
18\u0002 CLARO SOLAR, Op. Cit., p\u00e1g. 178. <\/p>\n
19\u0002 Ibidem. <\/p>\n
20\u0002 ALESSANDRI, Arturo et al. Derecho Civil. Los Bienes y los derechos reales, Imprenta Universal, p. 100-101. <\/p>\n
21\u0002 En ese sentido, CLARO SOLAR, Luis, en op. cit., p\u00e1g. 249, precisa que \u00ab[s]ometidos as\u00ed al derecho com\u00fan, los bienes que forman el dominio privado del Estado se diferencian de los bienes que constituyen su dominio p\u00fablico en que son comerciales, y por lo mismo, enajenables, y prescriptibles\u00bb. <\/p>\n
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SC174-2023 (2008-00063-02) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente SC174-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-31-03-001-2008-00063-02 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n impetrado por el demandante frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74560","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74560"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74560\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}