SC217-2023 (2006-00071-00)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC217-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76520-31-03-005-2006-00071-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por la Compa\u00f1\u00eda Bueno Sociedad Comandita Simple en liquidaci\u00f3n contra la sentencia del Tribunal Superior de Buga, Sala Civil Familia, de 12 de noviembre de 2019, en el proceso que promovi\u00f3 contra la sociedad Jos\u00e9 Phanor Reyes Hurtado e Hijos S. en C en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Solicit\u00f3 la Compa\u00f1\u00eda Bueno S en CS i) se declarara que es due\u00f1a exclusiva del predio rural denominado Galicia N\u00famero uno (1) ubicado en el municipio de Candelaria (Valle) con una extensi\u00f3n de 80 hect\u00e1reas y nueve mil ciento treinta metros cuadros con cuarenta y cinco dec\u00edmetros cuadrados (80 ha. 9.130,45 m\u00b2), al cual le corresponde el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 378-35992, que se identifica con la c\u00e9dula catastral n\u00famero 000200010035000 y se alindera en la forma indicada en la demanda; ii) declarar que la compa\u00f1\u00eda demandante es titular de una cuota equivalente al 50% del derecho de dominio, en com\u00fan y proindiviso, en el inmueble denominado Galicia n\u00famero tres (3), ubicado en el municipio de Candelaria (Valle) con una extensi\u00f3n de seis hect\u00e1reas cinco mil setecientos noventa y seis metros cuadrados (6 ha 5.796 m\u00b2) que corresponde al folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 378-35924 y con c\u00e9dula catastral n\u00famero 0002000100, alinderado como se indica en la demanda; en consecuencia solicita condenar a la sociedad demandada restituir los bienes ra\u00edces atr\u00e1s referidos junto con sus anexidades; condenar a la demandada a pagar los frutos naturales y civiles correspondientes a los bienes objeto del proceso y declarar que la actora no se encuentra obligada a pagarle a la demandada el valor de las mejoras voluptuarias que se hubieran incorporado en los predios ni de las mejoras \u00fatiles. <\/p>\n
2.- Como fundamentos f\u00e1cticos la demandante relat\u00f3 que se trata de una sociedad de familia constituida mediante Escritura P\u00fablica n\u00famero 2360 de 24 de agosto de 1976 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Cali e inscrita en la C\u00e1mara de Comercio de la misma ciudad el 24 de febrero de 1977; que la representaci\u00f3n legal se radic\u00f3 en cabeza de su \u00fanico socio gestor Hernando Bueno Delgado, quien desapareci\u00f3 el 7 de marzo de 1986 y fue declarado muerto por sentencia n\u00famero 0421 de 7 de octubre de 1999 del Juzgado Octavo de Familia de Cali, la cual qued\u00f3 ejecutoriada el 24 de marzo de 2000, una vez fue confirmada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n
Que el se\u00f1or Hernando Bueno Delgado vivi\u00f3 entre diciembre de 1982 y enero de 1986 de manera casi permanente en la hacienda conformada por los lotes Galicia n\u00famero uno (1), Galicia n\u00famero dos (2) y Galicia n\u00famero tres (3) donde se realizaba explotaci\u00f3n agr\u00edcola comercial y para tal efecto la sociedad demandante y La Mar\u00eda Ltda. constituyeron la sociedad Hacienda Galicia Limitada. <\/p>\n
A ra\u00edz de la desaparici\u00f3n del se\u00f1or Hernando Bueno Delgado, sus cuatro hijos, Claudia y Adriana Bueno Buitrago, Felipe Andr\u00e9s y Daniel Bueno Torres, que depend\u00edan exclusivamente de aqu\u00e9l, recibieron ayuda de su t\u00edo Carlos Bueno Delgado quien se puso al frente de la hacienda Galicia y comenz\u00f3 a percibir la totalidad de las utilidades de la finca, sin darle cuenta a los herederos de su hermano, y socios comanditarios de la sociedad Compa\u00f1\u00eda Bueno S.E.C.S. <\/p>\n
Que en comunicaci\u00f3n dirigida por el se\u00f1or Carlos Bueno Delgado a las se\u00f1oras Claudia y Adriana Bueno Buitrago les dio a entender que se hab\u00eda puesto al frente de los negocios de su padre y que iniciar\u00eda las acciones judiciales para que los bienes quedaran en cabeza de sus herederos, sin embargo sorpresivamente procedi\u00f3 a presentar el 27 de junio de 1997 demanda de pertenencia ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, que fund\u00f3 en la falsa aseveraci\u00f3n, que consign\u00f3 en el poder que le otorg\u00f3 a su apoderado el 10 de octubre de 1996 y que \u00e9ste reiter\u00f3 en su demanda, de llevar m\u00e1s de 20 a\u00f1os de posesi\u00f3n sobre los predios que son objeto de la demanda, pero para esa fecha no hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de doce (12) a\u00f1os desde que Hernando Bueno hab\u00eda desaparecido. <\/p>\n
Que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira dict\u00f3 sentencia de fecha 19 de junio de 2001 accediendo a las pretensiones de la pertenencia, pero omiti\u00f3 remitir el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga para que se surtiera el grado de consulta, y a pesar de ello expidi\u00f3 copia aut\u00e9ntica de la sentencia con la constancia de ejecutoria, la que se inscribi\u00f3 en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 378-35922 y 378 -35924 correspondientes a los predios Galicia n\u00famero uno y Galicia n\u00famero tres respectivamente. <\/p>\n
Mediante la Escritura P\u00fablica n\u00famero 928 del 1\u00b0 de abril de 2002 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Cali, Carlos Bueno Delgado, enajen\u00f3, a t\u00edtulo de venta, a la sociedad Jos\u00e9 Phanor Reyes Hurtado e Hijos S. en C., el derecho de dominio, y la plena posesi\u00f3n sobre los predios Galicia n\u00famero uno y Galicia n\u00famero 3 instrumento p\u00fablico que se inscribi\u00f3 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Palmira el 18 de abril de 2002. <\/p>\n
Que como la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira a\u00fan no se encuentra ejecutoriada, Carlos Bueno Delgado, actor en ese proceso de pertenencia, no pod\u00eda enajenar el derecho de dominio sobre los predios, sino \u00fanica y exclusivamente la posesi\u00f3n espuria que detentaba, la cual, por ser de mala fe y sin justo t\u00edtulo, continu\u00f3 con estos mismos vicios en cabeza de la sociedad demandada. <\/p>\n
Que los referidos inmuebles fueron englobados por la sociedad compradora con otros inmuebles de su propiedad. <\/p>\n
Admitida la demanda por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira (Valle), se notific\u00f3 a la sociedad demandada la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: falta de legitimaci\u00f3n en la causa e improcedencia de la acci\u00f3n reivindicatoria, prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n, buena fe, cobro de lo no debido, pago y la innominada. <\/p>\n
El a quo mediante sentencia del 26 de junio de 2019 deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la parte actora. Contra la anterior decisi\u00f3n la sociedad demandante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el que soport\u00f3 en los siguientes reparos: se reprocha que el juzgado estim\u00f3 que la demandada actu\u00f3 de buena fe amparada por la confianza leg\u00edtima al adquirir el bien de marras, cuando le correspond\u00eda verificar si la sentencia que declar\u00f3 el dominio por usucapi\u00f3n, a favor de Carlos Bueno Delgado, realmente estaba o no ejecutoriada, y al no haberse procedido de ese modo la confianza leg\u00edtima reconocida se resquebraja; la apelante aduce que la convocada conoc\u00eda de la nulidad invocada en el interior del tr\u00e1mite de pertenencia, favorable al se\u00f1or Carlos Bueno Delgado, tal como se comprueba con la acci\u00f3n de tutela que la hoy demandada interpuso contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2011, mediante la cual se revoc\u00f3 la usucapi\u00f3n inicialmente reconocida a favor del citado se\u00f1or Bueno. Para el apelante, no procede la acci\u00f3n de reivindicaci\u00f3n del precio contra el poseedor, como lo sugiri\u00f3 el juez a quo, porque ese mecanismo solo es viable cuando se trata de los bienes muebles adquiridos en el mercado, que luego no son susceptibles de recuperarse. <\/p>\n
El ad quem mediante sentencia de 12 de noviembre de 2019 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El juzgador de segunda instancia respecto del primer reparo formulado, esto es, que la parte demandada no act\u00fao con buena fe y confianza leg\u00edtima, anot\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n ha precisado la posibilidad de estimar que el derecho aparente se considera adquirido cuando hubiese incurrido en el yerro de que se trata incluso a pesar de guardar la prudencia o la diligencia que cualquier otra persona hubiere empleado, por lo que estim\u00f3 que ning\u00fan error de apreciaci\u00f3n cometi\u00f3 el ad quo al decantar que la \u00abdiligencia y cuidado debidos por parte de la sociedad demandada se cumpli\u00f3 al haberse efectuado el estudio del certificado de tradici\u00f3n del inmueble\u00bb, como quiera que la buena fe registral permiti\u00f3 a la parte demandada actuar con la confianza leg\u00edtima en las autoridades del Estado, en particular respecto de las actuaciones de la Oficina de Registro y del despacho judicial que profiri\u00f3 la sentencia que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio a favor de Carlos Bueno Delgado. <\/p>\n
Enseguida dijo que los folios de matr\u00edculas de los inmuebles fueron cerrados y que se abrieron las matr\u00edculas 378-143114 y 378-143115, cuya situaci\u00f3n actual se desconoce, ya que ninguna de las partes alleg\u00f3 los \u00abfolios que en la actualidad se encuentran abiertos, ni los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n respectivo\u00bb agreg\u00f3 que durante el lapso comprendido entre junio de 2001 y marzo de 2006 \u00abning\u00fan motivo exist\u00eda para que la sociedad demandada, que adquiri\u00f3 el bien inmueble en el a\u00f1o 2002, sospechara de la legalidad del t\u00edtulo de dominio deferido a favor de Carlos Bueno Delgado\u00bb. Igualmente la decisi\u00f3n proferida en el grado jurisdiccional de consulta, en el interior del proceso de pertenencia, es inoponible a la sociedad demandada \u00abpues esta \u00faltima no fue vinculada a dicha actuaci\u00f3n\u00bb, en virtud del principio de relatividad de las sentencias. <\/p>\n
En cuanto al conocimiento de la parte demandada respecto de los hechos constitutivos de nulidad en el tr\u00e1mite de pertenencia, precis\u00f3 que la entidad demandante en el proceso de pertenencia la present\u00f3 en marzo de 2006, esto es, poco menos de cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de la enajenaci\u00f3n del inmueble y respecto de la acci\u00f3n de tutela formulada por la demandada contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2011 por el Tribunal de Buga, mediante la cual se revoc\u00f3 la usucapi\u00f3n inicialmente reconocida a favor de Carlos Bueno, estim\u00f3 que hab\u00eda sido en una \u00ab\u00e9poca bastante posterior a la compraventa efectuada el primero de abril de 2002\u00bb, por lo que ninguno de los actos analizados resultan suficientes para acreditar que al momento de la enajenaci\u00f3n la sociedad demandada conoc\u00eda de la irregularidad procesal que afect\u00f3 a la usucapi\u00f3n a la que hace referencia el recurso. <\/p>\n
III. RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dentro de la oportunidad la Compa\u00f1\u00eda Bueno S. en C.S en liquidaci\u00f3n interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue concedido por el ad quem. <\/p>\n
IV. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N. <\/p>\n
Dos cargos formula la recurrente contra la sentencia del Tribunal, ambos por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
PRIMER CARGO. <\/p>\n
Se acusa la sentencia de violar indirectamente los art\u00edculos 946 y 952 del C\u00f3digo Civil por haber incurrido en error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda reivindicatoria y de las siguientes pruebas: sentencia No. 044 de 19 de junio de 2001, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira en el proceso de pertenencia; sentencia de pertenencia proferida en grado de consulta por el Tribunal Superior de Buga, Sala Civil – Familia, el 24 de octubre de 2011, adicionalmente incurri\u00f3 en suposici\u00f3n de prueba al dar por demostrado sin estarlo la existencia de buena fe exenta de culpa y confianza leg\u00edtima de la sociedad demandada. <\/p>\n
En desarrollo del cargo dice el recurrente que el sentenciador de segunda instancia no tuvo en cuenta que los certificados de libertad y tradici\u00f3n de los inmuebles objeto de la reivindicaci\u00f3n solo dan fe del modo de adquisici\u00f3n de tales inmuebles, pero en ning\u00fan caso de la legalidad del t\u00edtulo que fue objeto de inscripci\u00f3n, dado que respecto de la sentencia dictada dentro del proceso de pertenencia que se registr\u00f3 no se hab\u00eda surtido el grado jurisdiccional de consulta, y que resulta inaceptable \u00abque surta efectos una constancia secretarial de ejecutoria de un fallo de primera instancia en un proceso de pertenencia que no se encontraba ejecutoriado\u00bb. <\/p>\n
Refiere que la buena fe cualificada no se presume, sino que requiere plena demostraci\u00f3n, en este caso requer\u00eda que se probar\u00e1 la prudencia y diligencia con la cual dice el Tribunal que procedi\u00f3 el adquirente de esos bienes, lo cual se ajusta a la realidad, pues la \u00abprueba de la diligencia y cuidado en el actuar para excluir la culpa brilla por su ausencia\u00bb, ya que un avezado comerciante no se limita a la revisi\u00f3n del certificado de libertad con la anotaci\u00f3n de una sentencia proferida por un juez de primera instancia, \u00absin realizar el examen de la titulaci\u00f3n respectiva dada la envergadura del negocio jur\u00eddico que se pretend\u00eda realizar\u00bb, por lo que el ad quem incurri\u00f3 en un evidente error de hecho por suposici\u00f3n de la prueba, pues dio por demostrada la diligencia y cuidado. <\/p>\n
A\u00f1ade, luego, que el Tribunal incurri\u00f3 en error evidente de hecho en la apreciaci\u00f3n de que la sociedad demandada no es poseedora sino propietaria de los bienes objeto del presente asunto, por lo que no se aplic\u00f3 el art\u00edculo 946 del estatuto civil para ordenar a \u00e9sta a restituir los bienes cuya reivindicaci\u00f3n se pretenden. As\u00ed mismo refiere que si el proceso de pertenencia que sirvi\u00f3 de base para que Carlos Bueno fuera declarado como titular para la \u00e9poca en que se dict\u00f3 la sentencia de primer grado requer\u00eda la revisi\u00f3n integral del fallo en grado jurisdiccional de consulta y no se cumpli\u00f3 tal requisito, tal falencia del t\u00edtulo era suficiente para que se hubiera accedido a las s\u00faplicas de este proceso. <\/p>\n
En cuanto a la inoponibilidad de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga dentro del proceso de pertenencia que present\u00f3 Carlos Bueno, estima el recurrente que dicho argumento no es v\u00e1lido puesto que el referido asunto es de los que la doctrina ha denominado \u00abque se adelanta por edictos p\u00fablicos\u00bb as\u00ed como tampoco se puede sustentar en que la venta fue anterior a que se emitiera la referida decisi\u00f3n por sus efectos erga omnes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Generalidades de la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
El libro 2o., T\u00edtulo XII del C\u00f3digo civil regula la acci\u00f3n reivindicatoria y la consagra como el medio eficaz para hacer efectivo el atributo de persecuci\u00f3n que es consustancial al dominio para as\u00ed poder obtener la restituci\u00f3n de la cosa a su due\u00f1o. Conforme al art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, la referida acci\u00f3n \u00abes la que tiene el due\u00f1o de una cosa singular, de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla\u00bb, ya que siendo el dominio \u00abel derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno\u00bb (art\u00edculo 669 ejusdem), se caracteriza por conferir a su titular el poder de persecuci\u00f3n de la cosa en manos de quien se encuentre. Sobre el particular se ha precisado que: <\/p>\n
Al respecto vale recordar, como se hizo en CSJ SC 7 oct. 1997, rad. 4944, que \u2018(\u2026) uno de los atributos del derecho de dominio es el de persecuci\u00f3n, en virtud del cual el propietario puede ejercer la acci\u00f3n reivindicatoria a fin de obtener la restituci\u00f3n del bien que no se encuentra en su poder, demandando para el efecto a quien lo tenga en posesi\u00f3n. Ello supone, como en forma reiterada ha sido se\u00f1alado por la Corte, que, de un lado, se demuestre el derecho de dominio sobre la cosa que el actor pretende reivindicar y, por otra parte, que este derecho haya sido \u00abatacado en una forma \u00fanica: poseyendo la cosa, y as\u00ed es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesi\u00f3n de la cosa en que radica el derecho. Son dos situaciones opuestas e inconciliables, de las cuales una ha de triunfar en el juicio de fondo\u2019 (Sentencia, Cas. Civil 27 de abril de 1955, G.J. t. LXXX, P\u00e1g. 85). De tales requisitos, sin dificultad se infieren otros dos: la singularidad del bien objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria o de una cuota indivisa sobre el mismo, y la identidad entre el bien respecto del cual el actor es titular del derecho de dominio y el pose\u00eddo por el demandado (SC433, 19 feb. 2020, rad. n.\u00b0 2008-00266-02). <\/p>\n
Ahora, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que para el buen suceso de la acci\u00f3n de dominio seg\u00fan lo reglado en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, se requiere del cumplimiento de cuatro elementos: i) derecho de dominio del demandante; ii) posesi\u00f3n material del demandado; iii) identidad entre la cosa que se pretende y la que es pose\u00edda por el demandado; y iv) que se trate de cosa singular o cuota determinada de cosa singular. <\/p>\n
Respecto del primer elemento, esto es, que se acredite el derecho de dominio en cabeza del actor, implica que quien demanda deba acreditar la existencia del derecho real de dominio, efecto para el cual debe allegarse no s\u00f3lo la escritura p\u00fablica o el t\u00edtulo de dominio respectivo, sino el certificado de tradici\u00f3n que d\u00e9 cuenta que el t\u00edtulo est\u00e1 vigente, dado que quien est\u00e1 legitimado para incoar la acci\u00f3n reivindicatoria es el propietario actual del bien inmueble, tem\u00e1tica sobre la cual esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
Como el demandante en reivindicaci\u00f3n de finca ra\u00edz, tiene el deber de probar no que fue o ha sido due\u00f1o, sino de que lo es actualmente, a m\u00e1s del t\u00edtulo registrado debe aportar la certificaci\u00f3n registratorial de que la inscripci\u00f3n de su t\u00edtulo est\u00e1 vigente por no haber sido cancelada por uno de los tres medios establecidos por el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo Civil (por voluntad de las partes, una nueva inscripci\u00f3n, por la trasferencia del derecho a otro o por decreto judicial). Si no fuera as\u00ed, la formidable presunci\u00f3n de que el poseedor se reputa due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo, podr\u00eda ser arrasada frente a due\u00f1os que fueron y ahora no son, circunstancia por la cual hoy no tienen derecho de propiedad radicado en su cabeza (CSJ. SC 16 de julio 1982) <\/p>\n
De manera m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que: <\/p>\n
el derecho de dominio sobre bienes ra\u00edces se demuestra en principio con la sola copia, debidamente registrada, de la correspondiente escritura p\u00fablica, ya que en esta clase de litigio la prueba del dominio es relativa, pues la pretensi\u00f3n no tiene como objeto declaraciones de la existencia de tal derecho con efectos erga omnes, sino apenas desvirtuar la presunci\u00f3n de dominio que ampara al poseedor demandado (art. 762 del C. Civil), para lo cual le basta, frente a un poseedor sin t\u00edtulos, aducir unos que superen el tiempo de la situaci\u00f3n de facto que ostenta el demandado (CSJ SC, 8 sep. 2000, Expediente No. 5328, reiterada en SC710 de 2022). <\/p>\n
El tercer elemento atinente a la identidad del bien, se refiere \u00abtanto la indispensable coincidencia entre el bien cuya titularidad exhibe el actor y aqu\u00e9l que detenta el demandado poseedor, como a la identidad que debe existir entre \u00e9ste y el se\u00f1alado en la demanda\u00bb (CSJ SC2551 de 2015) y el cuarto, esto es, que se trate de cosa singular hace alusi\u00f3n a \u201cla coincidencia que debe existir entre la heredad cuya reivindicaci\u00f3n se reclama y la de propiedad del demandante, y a la correspondencia de la cosa pose\u00edda por el accionado con la reclamada por aqu\u00e9l\u201d (CSJ, SC211-2017). <\/p>\n
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2. La confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
Se trata de un principio que se desprende de postulados tales como la seguridad jur\u00eddica, el respeto al acto propio y la buena fe, que busca garantizar que ni los particulares ni el Estado van a sorprender con actuaciones que si se analizan de manera solitaria tienen un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas resultan discordantes. Consiste \u00aben que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jur\u00eddico estable y previsible en (el) cual pueda confiar\u00bb1. Para que se genere confianza leg\u00edtima se requiere: i) la objetividad, que implica que debe existir una situaci\u00f3n con la suficiente capacidad para crear la confianza, verbigracia un acto jur\u00eddico; y ii) la validez de la expectativa, por lo que resulta necesario que lo esperado sea leg\u00edtimamente posible de obtener. <\/p>\n
La configuraci\u00f3n de la confianza leg\u00edtima parte de la presencia de tres presupuestos, a saber: \u00ab(i) la necesidad de preservar el inter\u00e9s general; (ii) una desestabilizaci\u00f3n cierta, razonable y evidente en la relaci\u00f3n entre la administraci\u00f3n y los administrados, y (iii) la necesidad de adoptar medidas de car\u00e1cter transitorio\u00bb2. <\/p>\n
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3. Buena fe. <\/p>\n
La buena fe es un principio general del derecho, que ha sido objeto de pronunciamiento por esta Corporaci\u00f3n de manera inveterada, y hace referencia a \u00abque las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los dem\u00e1s una conducta leal\u00bb (C.S.J. SC 23 de junio de 1958. G.J. No. 2198 p\u00e1gs. 230 y s.s.), que encuentra consagraci\u00f3n constitucional y legal. Respecto a la primera el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que \u00ablas actuaciones de los particulares y de las autoridades p\u00fablicas deber\u00e1n ce\u00f1irse a los postulados de la buena fe, la cual se presumir\u00e1 en todas las gestiones que aquellos adelanten ante \u00e9stas\u00bb. En cuanto al segundo, tanto el C\u00f3digo Civil como el estatuto mercantil la desarrollan. <\/p>\n
En el estatuto civil el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 768 prev\u00e9 que \u00abLa buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio\u00bb. A su turno el art\u00edculo 769 prev\u00e9 que \u00abLa buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunci\u00f3n contraria\u00bb y agrega que \u00abEn todos los otros, la mala fe deber\u00e1 probarse\u00bb, <\/p>\n
El C\u00f3digo de Comercio hace menci\u00f3n a la buena fe en la etapa precontractual3, y posteriormente al disponer4 que los contratos deber\u00e1n celebrarse y ejecutarse de buena fe, adem\u00e1s y que \u00abSe presumir\u00e1 la buena fe, a\u00fan la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que esta conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer determinado hecho, deber\u00e1 probarlo\u00bb5. <\/p>\n
4.1 Buena fe y tercero adquirente. <\/p>\n
\u00bfCu\u00e1l es la situaci\u00f3n de quien adquiere un derecho de otro sujeto que en el registro de instrumentos p\u00fablicos figura como su titular, pero que en realidad no lo es? La protecci\u00f3n del tercero exige la concurrencia de dos requisitos: que no exista en el registro elemento que indique la existencia de la inexactitud del derecho del otorgante y que el tercero ignore hechos que den cuenta del anacronismo. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n sobre el tema en an\u00e1lisis en sentencia del 20 de mayo de 1936, publicada en gaceta XLIII-446, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Claro est\u00e1 que la buena fe requerida en el tercero debe reunir un m\u00e1ximum de cualidades: debe estar exenta de toda culpa; es decir, que no basta que el tercero que la invoca haya tenido la creencia o la convicci\u00f3n de estar negociando con el verdadero heredero o con el verdadero propietario, sino que es menester que esa creencia no sea el resultado de una imprudencia o de una negligencia en que no habr\u00eda incurrido una persona avisada y diligente. <\/p>\n
\u00abNadie puede invocar su buena fe -dice el C\u00f3digo Federal suizo- si ella es incompatible con la atenci\u00f3n que las circunstancias permit\u00edan exigir de quien invoca esa buena fe\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en muchos casos no ser\u00e1 suficiente la ignorancia propiamente dicha con respecto a la realidad jur\u00eddica. Ser\u00e1 menester una verdadera convicci\u00f3n de que se est\u00e1 procediendo conforme a esa realidad. <\/p>\n
Ni est\u00e1 por dem\u00e1s advertir que la presunci\u00f3n general de buena fe contenida en el art. 769 de nuestro C\u00f3digo Civil es muy fr\u00e1gil y susceptible de ser destru\u00edda por presunciones simples y especialmente por las que conduzcan a la conclusi\u00f3n de que un hombre prudente y diligente habr\u00eda hecho investigaciones, averiguaciones y gestiones omitidas por el tercero que invoca la buena fe. <\/p>\n
Pero si, al contrario, aparece que hubo un justo motivo para llegar a la convicci\u00f3n de que el heredero aparente era el verdadero heredero o de que el propietario aparente era el verdadero titular del derecho, y adem\u00e1s resulta que cualquiera otra persona, por avisada y diligente que se la suponga, habr\u00eda tenido tambi\u00e9n justo motivo para llegar honesta y lealmente y de manera excusable a la misma convicci\u00f3n, la buena fe puede entonces llegar a tener esa funci\u00f3n creadora de derecho de que habla Gorphe, cuyas caracter\u00edsticas generales y cuyas condiciones de aplicabilidad se precisar\u00e1n en los p\u00e1rrafos siguientes, al estudiar los otros puntos enunciados, que no s\u00f3lo se relacionan \u00edntimamente con este del principio de la buena fe, sino que constituyen el complemento indispensable de lo hasta ahora expuesto. <\/p>\n
Posteriormente en sentencia del 23 de junio de 1958, publicada en gaceta judicial No. 2198 p\u00e1gs. 230 y s.s., se precis\u00f3 respecto de la buena fe cualificada que: <\/p>\n
La regla de la buena fe cualificada o buena fe creadora de derechos, se aplica a casos excepcionales. Esta regla de la buena fe cualificada o buena fe creadora de derechos, se aplica a casos excepcionales. Esta regla de la buena fe cualificada y que ha dado lugar a la conocida teor\u00eda de los derechos aparentes, tiene rasgos que le son caracter\u00edsticos y se concretan a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
I. Ciertamente todo derecho es susceptible de ser ejercido ya personalmente, ya mediante un representante. En todo caso, a quien ejerce un derecho se le presume titular de \u00e9l. Normalmente as\u00ed suceden las cosas en el comercio; los poseedores de las cosas suelen coincidir con los due\u00f1os leg\u00edtimos; pero en ocasiones se rompe esta simetr\u00eda: se rompe cuando una persona aparece ante los dem\u00e1s como titular de un derecho sin serlo. <\/p>\n
Si en tales circunstancias quien aparece como titular de un derecho que todos los elementos de existencia, lo enajena, el adquirente de buena fe se convierte en propietario definitivo. Lo cual indica que el verdadero titular que permanec\u00eda escondido a los ojos de los dem\u00e1s, pierde definitivamente su derecho. <\/p>\n
II. En los casos en que la ley convierte en real un derecho o situaci\u00f3n jur\u00eddica aparentes, para satisfacer las exigencias de la buen a fe, se est\u00e1 refiriendo a la concurrencia conjunta de estos elementos: <\/p>\n
a. Que el derecho o situaci\u00f3n jur\u00eddica aparentes, tengan en su aspecto ex jur\u00eddica aparentes, tengan en su aspecto exterior todas las condiciones de existencia real, de manera que cualquier persona prudente o diligente no pueda descubrir la verdadera situaci\u00f3n. La apariencia de los derechos no hace referencia a la acreencia subjetiva de una persona, sino a la objetiva o colectiva de las gentes. (\u2026).<\/p>\n
b. Que la adquisici\u00f3n del derecho se verifique normalmente dentro de las condiciones exigidas por la ley; y<\/p>\n
c. Finalmente, se exige la concurrencia de la buena fe en el adquirente, es decir, la creencia sincera y leal adquirir el derecho de quien es leg\u00edtimo due\u00f1o. <\/p>\n
4.2. Fe registral. <\/p>\n
El registro inmobiliario es un servicio del Estado que tiene por objeto \u00abla publicidad oficial de las situaciones jur\u00eddicas de los bienes inmuebles\u00bb7, a trav\u00e9s del cual se da a conocer el estado de los derechos reales que recaen sobre los bienes ra\u00edces buscando dar seguridad a quienes participan en el mercado inmobiliario, esto es, que quien adquiere lo hace con la certeza de que lo que all\u00ed consta se corresponde con la realidad, y dentro de este juega un papel fundamental el principio de la fe p\u00fablica registral, que significa que el contenido de los folios de matr\u00edcula emitidos por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos para la fecha y hora de su expedici\u00f3n es exacto, aunque pueda ocurrir que no lo sea. <\/p>\n
De la evoluci\u00f3n del sistema registral en nuestro pa\u00eds esta Sala se ha pronunciado en extenso entre otras, en sentencias SC3671 de 2019 y SC3540 de 2021, en esta \u00faltima se precis\u00f3 respecto del Decreto 1250 de 1970 que: <\/p>\n
Por \u00faltimo y en concordancia con el precepto mencionado, facult\u00f3 a las oficinas de registro para que certificaran la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los inmuebles sometidos a la ley, \u00abmediante la reproducci\u00f3n fiel y total de las inscripciones respectivas\u00bb (art\u00edculo 60). <\/p>\n
Tal atribuci\u00f3n, de cara a la creaci\u00f3n de un estatuto especializado para el ejercicio de la actividad administrativa, signific\u00f3 un espaldarazo al valor jur\u00eddico del registro, al concebir cada anotaci\u00f3n como un acto administrativo, gobernado por la presunci\u00f3n de legalidad y sometido a los mecanismos de control propios de la administraci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, del Decreto 1250 de 1970 as\u00ed como de la Ley 1579 de 2012 se pueden deducir, entre otros, como principios registrales los de la inscripci\u00f3n, la rogaci\u00f3n, la legalidad, legitimaci\u00f3n y publicidad. <\/p>\n
El de inscripci\u00f3n implica que el registro es necesario para el nacimiento, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de derechos reales sobre los inmuebles conforme se deduce de lo reglado en el art\u00edculo 2 del decreto 1250 de 1970, vigente para la \u00e9poca de los hechos, y del art\u00edculo 4 de la Ley 1579 de 2012, estatuto de registro vigente. <\/p>\n
El principio de rogaci\u00f3n significa que toda actuaci\u00f3n del Registrador conlleva una solicitud o petici\u00f3n del interesado, esto es, de un particular o una autoridad judicial o administrativa, que es la que pone en funcionamiento el sistema (art\u00edculo 22 del decreto 1250 de 1970 y art\u00edculo 3 de la Ley 1579 de 2012). <\/p>\n
El principio de legalidad implica que s\u00f3lo los actos que la ley se\u00f1ale se inscribir\u00e1n (art\u00edculo 2 del decreto 1250 de 1970 y art\u00edculo 4 de la Ley 1579 de 2012), siempre que no adolezcan de vicios de invalidez y que se encuentren en sinton\u00eda con la realidad jur\u00eddica registral. <\/p>\n
El principio de legitimaci\u00f3n hace alusi\u00f3n a la presunci\u00f3n legal de certeza y validez que se deriva de la publicidad registral, esto es, que toda inscripci\u00f3n refleja una situaci\u00f3n jur\u00eddica cierta. <\/p>\n
El prop\u00f3sito del principio de publicidad es otorgar a los particulares certeza respecto de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de determinado predio; de los efectos frente a terceros, recu\u00e9rdese que conforme el art\u00edculo 46 del decreto 1250 de 1970 \u00abpor regla general ning\u00fan t\u00edtulo sujeto a registro o inscripci\u00f3n surtir\u00e1 efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n\u00bb (resaltado fuera de texto). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n sobre la fe registral ha precisado que: <\/p>\n
[N]o pueden hacerse cesar mec\u00e1nicamente conocidas reglas de protecci\u00f3n de la apariencia establecidas en favor de terceros de buena fe exenta de culpa, v\u00edctimas en cuanto tales de error, excusable a plenitud, ante determinadas circunstancias objetivas cre\u00edbles que, en la especie de cuyo estudio ahora se ocupa esta corporaci\u00f3n, derivan nada menos que de la llamada \u201cfe p\u00fablica registral\u201d, espina dorsal como se sabe del sistema de publicidad inmobiliaria hoy en d\u00eda regulado en sus lineamientos centrales por el Decreto Ley 1250 de 1970. En efecto, para nadie es desconocido que aun con menoscabo de principios inspirados en la m\u00e1s pura l\u00f3gica racional, expresados de distintas maneras en textos positivos y en consonancia con los cuales se afirma que nadie puede transferir lo que no tiene y, asimismo, se predica la exigibilidad de razonable diligencia en la penetraci\u00f3n de meras apariencias para seguridad propia de quienes act\u00faan en el tr\u00e1fico jur\u00eddico, el derecho moderno ha adelantado mucho en la protecci\u00f3n de la buena fe, lo que depende, al decir de autorizados expositores (Andreas Von Thur. Teor\u00eda General del Derecho Civil Alem\u00e1n, Vol. II, Cap. Primero, Num. 49), \u2018….de que, en muchos casos, el amplio y multiforme desarrollo de la circulaci\u00f3n econ\u00f3mica actual no permite a las partes conocer exactamente la situaci\u00f3n jur\u00eddica; deben poder confiar en que sea ella tal como se les presenta. Luego cuando existen ciertas condiciones, la ley protege esa confianza y hace que se produzcan los efectos que a ra\u00edz de su opini\u00f3n err\u00f3nea el agente ten\u00eda raz\u00f3n de esperar, y que para el agente de buena fe sean menos graves los efectos que el factum real producir\u00eda en perjuicio suyo\u2026\u2019, agregando a rengl\u00f3n seguido que esta acci\u00f3n tutelar de la ley en defensa de la buena fe, concebida como un estado de conocimiento err\u00f3neo y no reprochable con relaci\u00f3n a un t\u00edtulo o relaci\u00f3n jur\u00eddica que interesa a quien padece una equivocaci\u00f3n de tal naturaleza, \u2018…no es posible sin perjuicio para el titular verdadero; los derechos existentes son da\u00f1ados en la misma medida en que la circulaci\u00f3n negocial resulta beneficiada…\u2019 Dicho en otras palabras, la ley toma en consideraci\u00f3n la buena fe libre de toda culpa con el exclusivo prop\u00f3sito de proteger la honestidad en la circulaci\u00f3n de los bienes, honestidad que por lo dem\u00e1s el ordenamiento presume debido a lo que suele identificarse en la teor\u00eda como una prerrogativa general de probidad consagrada inclusive como valor superior a nivel constitucional (Art. 83 de la C. N), y es por eso, precisamente, por lo que los genuinos terceros que llevan a cabo negocios adquisitivos o traslaticios de derechos reales tomando causa de quien es titular registral investido de la indispensable legitimaci\u00f3n para el efecto, confiando por ende en aquello que sobre el particular el registro inmobiliario hace p\u00fablico y exige en consecuencia consultar, adquieren por principio una posici\u00f3n inatacable no obstante la ineficacia sobreviniente, o la eficacia claudicante por motivos ocultos, de los actos jur\u00eddicos que les sirvieron de base a esas inscripciones anteriores, evit\u00e1ndose entonces, por este camino transitado de vieja data por la doctrina jurisprudencial en nuestro medio (G, J. Ts. XLIII, p\u00e1g. 45, XLV, p\u00e1g. 403, y LIII, p\u00e1g. 508). (SC, 23 jul. 1996, rad. 4713). <\/p>\n
<\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
El recurrente se duele de que la sentencia no tuvo en cuenta que el certificado de tradici\u00f3n y libertad de los inmuebles solo dan fe del modo de adquisici\u00f3n, pero en ning\u00fan caso de la legalidad del t\u00edtulo que fue objeto de inscripci\u00f3n; que la buena fe cualificada no se presume y que el ad quem supuso la prueba de dicho aspecto y finalmente que se incurri\u00f3 en un error de hecho al haber deducido que la demandada era propietaria de los bienes objeto del proceso. <\/p>\n
5.1. Advi\u00e9rtase que el cargo tiene defectos en su formulaci\u00f3n, ya que no ataca todos los fundamentos que sirvieron de base al ad quem para confirmar la sentencia que neg\u00f3 las pretensiones, puesto que no se atac\u00f3 el argumento dirigido a que no se conoce la situaci\u00f3n jur\u00eddica actual de los bienes ra\u00edces sobre los cuales recae el proceso con ocasi\u00f3n al cierre de los folios de matr\u00edcula iniciales y no haber aportado los generados con ocasi\u00f3n del englobamiento realizado con otros predios, ni tampoco se hizo alusi\u00f3n a los medios de prueba de los que el Tribunal dedujo la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
5.2. Pero aun haciendo abstracci\u00f3n de lo anterior, el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar por las razones que a continuaci\u00f3n se indican. <\/p>\n
5.2.1. En cuanto a que el Tribunal no tuvo en cuenta que el certificado de tradici\u00f3n solo da fe del t\u00edtulo que fue objeto de inscripci\u00f3n, es de reiterar que el certificado es un documento p\u00fablico, que muestra la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble para la fecha y hora de su expedici\u00f3n, y en virtud del principio de legitimaci\u00f3n se presume que la inscripci\u00f3n es v\u00e1lida, no obstante, admite prueba en contrario. No menos cierto es que por virtud de la publicidad registral los terceros adquirentes parten de la certeza de que lo registrado corresponde a la realidad y en esas precisas circunstancias la sociedad demandada adquiri\u00f3 los bienes con la confianza leg\u00edtima de que el se\u00f1or Carlos Bueno era su propietario, pues as\u00ed lo hab\u00eda declarado el juez competente y se inscribi\u00f3 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos competente. <\/p>\n
Luego no es exigible a quien adquiere un bien ra\u00edz con fundamento en lo que aparece inscrito en el certificado de tradici\u00f3n que deba hacer una verificaci\u00f3n de la legalidad de los mismos, por tanto lo expresado el ad quem en el sentido de que \u00abla buena fe registral le permiti\u00f3 al extremo pasivo actuar con la confianza leg\u00edtima en las autoridades del Estado; en este caso, respecto de las actuaciones de la oficina de registro y del ente jurisdiccional que profiri\u00f3 la sentencia que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb, resulta razonable atendiendo lo reglado en nuestro ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
5.2.2. De otro lado en lo relacionado con la titularidad de los bienes objeto del proceso, el ad quem no hizo alusi\u00f3n a esta tem\u00e1tica en particular, sino que indic\u00f3 que con posterioridad a la venta realizada por Carlos Bueno Delgado a la sociedad demandado \u00abel predio de marras fue englobado con otro bien, por lo que se cerr\u00f3 la foliatura de ambos inmuebles y en su lugar, se dio apertura a la matr\u00edcula inmobiliaria No.378-143107. En este \u00faltimo acto, conforme a lo registrado en el certificado tradici\u00f3n, adquiri\u00f3 derechos el se\u00f1or Gilberto Cadena Ant\u00eda (fls. 147 y 149 vuelto, c.1). A continuaci\u00f3n, el citado Cadena Ant\u00eda y la sociedad demandada procedieron a dividir materialmente el predio motivo por el cual el folio inmobiliario de este \u00faltimo fue cerrado para, en su lugar, abrir las matr\u00edculas 378-143114 y 378-143115 (f. 149 vuelto, c. 1). Sobre la situaci\u00f3n actual de estos inmuebles no existe noticia en el proceso, pues ninguna de las partes aport\u00f3 los certificados de tradici\u00f3n de lo folios que en la actualidad se encuentran abiertos, ni los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n respectiva\u00bb (C. segunda instancia, sentencia, p\u00e1g. 8). <\/p>\n
Lo que s\u00ed dijo el ad quem es que la sociedad demandante no demostr\u00f3 tener la calidad de propietaria actual de los bienes que pretende reivindicar, a pesar de tener la carga de la prueba, argumento que resulta suficiente para sostener la sentencia recurrida por esta v\u00eda extraordinaria, por tratarse de un presupuesto para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
5.2.3. Respecto a la buena fe cualificada carece de asidero lo dicho por el recurrente toda vez que, el juzgador de segunda instancia no la presumi\u00f3, estim\u00f3 que la sociedad demandada fue diligente y prudente al estudiar el certificado de tradici\u00f3n, es m\u00e1s dijo: <\/p>\n
Para reforzar la buena fe y la confianza leg\u00edtima con la que actu\u00f3 la sociedad demandada al adquirir el bien de marras, se destaca el interrogatorio de parte surtido con su representante legal, recaudado en la audiencia inicial. Este \u00faltimo refiri\u00f3, que antes del acto de enajenaci\u00f3n cumplido el primero de abril de 2002, no ten\u00eda conocimiento de la existencia de la familia Bueno (min. 37, registro 1) El extremo pasivo tuvo noticia del bien adquirido por cuenta de la oferta que les realizara un comisionista, como suele ser usual en la compraventa de finca ra\u00edz (min. 39, registro 1). <\/p>\n
Y es que recu\u00e9rdese que del interrogatorio de parte se desprende la confesi\u00f3n y la declaraci\u00f3n de parte, en cuanto a esta \u00faltima es un medio de prueba (art\u00edculo 165 del C.G.P.), y resulta claro que de la declaraci\u00f3n rendida por el representante legal de la sociedad demandada, la que no fue desvirtuada, se desprende no s\u00f3lo la calidad de tercero de la sociedad demandada, sino su absoluto desconocimiento de lo ocurrido en los inmuebles objeto del proceso antes de su adquisici\u00f3n, y en esas circunstancias era predicable la buena fe y la confianza leg\u00edtima deducida por el ad quem, pero si en gracia de discusi\u00f3n se dijese que el Tribunal presumi\u00f3 la buena fe exenta de culpa tal afirmaci\u00f3n no resultar\u00eda inexacta, dado que el contrato celebrado entre Carlos Bueno Delgado y la sociedad Jos\u00e9 Phanor Reyes Hurtado e Hijos S. en C., es mercantil conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 21 del c\u00f3digo de comercio, recay\u00f3 sobre predios rurales dedicados al cultivo de la ca\u00f1a y en esas circunstancias deb\u00eda aplicarse el art\u00edculo 835 ibidem, que prev\u00e9 que la buena fe incluso la exenta de culpa se presume y por ende, quien alega la mala fe es quien tiene la carga de la prueba. <\/p>\n
5.2.4. Finalmente, en lo que toca con los efectos erga omnes de la sentencia que se profiera en el proceso de pertenencia, advi\u00e9rtase que no puede confundirse con lo planteado por el ad quem respecto de la inoponibilidad de la sentencia que revoc\u00f3 el fallo que hab\u00eda accedido a la pertenencia a favor de Carlos Bueno, por tratarse de temas distintos. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 407, numeral 11, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en materia de declaraci\u00f3n de pertenencia establec\u00eda que \u00abla sentencia que acoja las pretensiones de la demanda ser\u00e1 consultada y una vez en firme producir\u00e1 efectos erga omnes\u00bb8, esto es, no toda sentencia dictada en desarrollo de un proceso de pertenencia adquir\u00eda el efecto erga omnes solo aquellas en las que prosperaban las pretensiones y era consultada, por lo que la dictada en el proceso de pertenencia que promovi\u00f3 Carlos Bueno no ostentaba ese car\u00e1cter, si bien se accedi\u00f3 en primera instancia y se dispuso su consulta, \u00e9sta solo se realiz\u00f3 varios a\u00f1os despu\u00e9s, con la revocatoria de la sentencia consultada con la consecuente desestimaci\u00f3n de las pretensiones, luego como ese supuesto no se cumpli\u00f3, no surti\u00f3 el fallo ese efecto. <\/p>\n
Ahora, la inoponibilidad, hace referencia a una situaci\u00f3n jur\u00eddica en virtud de la cual un acto no surte efectos jur\u00eddicos respecto de determinadas personas, sobre el particular la Corporaci\u00f3n en sentencia SC3644 de 2021 precis\u00f3: <\/p>\n
La inoponiblidad, guarda relaci\u00f3n con que los efectos jur\u00eddicos de los actos o negocios solo se surten entre los intervinientes, pero no frente a terceros. Respecto a esta figura, en CSJ SC9184-2017 reiterada en SC3201-2018 y SC3251-2020, se expuso que, <\/p>\n
(\u2026) es la ineptitud frente a terceros de buena fe, de un negocio jur\u00eddico v\u00e1lido entre las partes, o de su declaraci\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Es decir que la inoponibilidad es una garant\u00eda que tienen los terceros adquirentes de buena fe para que un negocio del que no hicieron parte no los afecte cuando no se cumpli\u00f3 el requisito de publicidad; de suerte que ni su celebraci\u00f3n ni su eventual nulidad pueden perjudicarlos, por lo que la declaraci\u00f3n judicial que se haga respecto de la validez de aquel acto no tiene la aptitud de afectar su propio derecho leg\u00edtimamente conseguido. La inoponibilidad valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como v\u00e1lidamente celebrados. <\/p>\n
\u00abEn t\u00e9rminos generales, terceros son todas aquellas personas extra\u00f1as a la convenci\u00f3n. Todos aquellos que no han concurrido con su voluntariedad a su generaci\u00f3n. Toda persona que no es parte, es tercero\u00bb (Ra\u00fal Diez Duarte. La simulaci\u00f3n de contrato en el C\u00f3digo Civil Chileno. Santiago de Chile, 1957. p. 64.). Son terceros relativos quienes no tuvieron ninguna intervenci\u00f3n en la celebraci\u00f3n del contrato, ni personalmente ni representados, pero con posterioridad entran en relaci\u00f3n jur\u00eddica con alguna de las partes, de suerte que el acto en el que no participaron podr\u00eda acarrearles alguna lesi\u00f3n a sus intereses, por lo que les importa establecer su posici\u00f3n jur\u00eddica frente al v\u00ednculo previo del que son causahabientes, y esa certeza s\u00f3lo la pueden adquirir mediante una declaraci\u00f3n judicial; como por ejemplo el comprador, el acreedor hipotecario, el acreedor quirografario, el legatario, el donatario, el cesionario, etc. Son terceros absolutos (penitus extranei) todas las dem\u00e1s personas que no tienen ninguna relaci\u00f3n con las partes, por lo que el v\u00ednculo jur\u00eddico no les concierne ni les afecta de ninguna manera, pues sus consecuencias jur\u00eddicas no los alcanzan en virtud del principio de relatividad de los efectos del negocio jur\u00eddico; o sea que carecen de todo inter\u00e9s en la causa. <\/p>\n
Por lo que al haberse revocado la sentencia que acced\u00eda a la pertenencia por parte del Tribunal Superior de Buga tal decisi\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente para la \u00e9poca de los hechos, no tiene efectos erga omnes, sino evidentemente de inoponibilidad como lo soport\u00f3 el ad quem, de manera que por este t\u00f3pico tampoco asiste raz\u00f3n al recurrente. <\/p>\n
De acuerdo con lo expresado el cargo no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO. <\/p>\n
Se acusa la sentencia de violar indirectamente la ley sustancial, al haber incurrido en error de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria por violaci\u00f3n de lo dispuesto en los 164 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso, que condujo a la violaci\u00f3n por falta de aplicaci\u00f3n de las normas contenidas en los art\u00edculos 946 y 952 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Soporta el cargo en que el ad quem incurri\u00f3 en yerro de derecho al no haber valorado en su integridad el expediente contentivo del proceso de pertenencia promovido por Carlos Bueno Delgado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira que declar\u00f3 la pertenencia de los bienes cuya reivindicaci\u00f3n se pretende en primera instancia mediante sentencia de 19 de junio de 2001, sentencia que fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil \u2013 Familia, en el grado de consulta que finalmente se surti\u00f3, por sentencia proferida el 24 de octubre de 2011. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el Tribunal tan solo tuvo como prueba, que en primera instancia se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, sin valorar el fallo emitido el 24 de octubre de 2011 por esa misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed mismo guard\u00f3 silencio sobre los efectos de esta \u00faltima decisi\u00f3n, \u00abcon lo cual adquiere mayor dimensi\u00f3n el yerro de apreciaci\u00f3n probatorio que aqu\u00ed se denuncia, pues la sentencia de primera instancia y la de segundo grado forman un todo jur\u00eddico pues es un solo proceso\u00bb, lo que conduce a concluir que la revocatoria del fallo de primera de instancia implica que \u00abnunca oper\u00f3 la usucapi\u00f3n a favor de Carlos Bueno\u00bb. <\/p>\n
En lo que corresponde a la inoponibilidad de la decisi\u00f3n del Tribunal de revocar la sentencia que hab\u00eda accedido a la usucapi\u00f3n respecto de la sociedad demandada, asevera que es contraria al ordenamiento jur\u00eddico, ya que la referida sociedad estuvo representada por el curador ad litem de las personas indeterminadas y que se desconoce que en este tipo de procesos la relatividad de las sentencias no opera, por que tiene efectos erga omnes. Y que \u00abel m\u00ednimo cuidado que debe exigirse en este caso al comprador impon\u00eda un estudio no solo del certificado de tradici\u00f3n del inmueble que da cuenta del modo de adquirir, sino, tambi\u00e9n de los antecedentes que permitieran establecer la legalidad de los t\u00edtulos sobre esos inmuebles\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Aduce el recurrente que no se valor\u00f3 en su integridad el expediente contentivo del proceso de pertenencia promovido por Carlos Bueno Delgado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, pero aun aceptando en gracia de discusi\u00f3n que tal vicio ocurri\u00f3 lo cierto es que el cargo no atac\u00f3 todos los medios probatorios que sirvieron de sustento a la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Como quiera que la decisi\u00f3n no se soport\u00f3 exclusivamente en el referido proceso de pertenencia, sino en otros medios de convicci\u00f3n correspond\u00eda al recurrente atacarlos todos, pues la Sala ha precisado que \u00ab[c]uando la sentencia impugnada se fund\u00f3 en varios medios de convicci\u00f3n, si la causal de casaci\u00f3n es la primera y por v\u00eda indirecta, es menester que se ataquen todas las pruebas en que se apoy\u00f3 el sentenciador para decidir como lo hizo, pues si la acusaci\u00f3n no comprende todos los soportes, el cargo no es completo y, en tal evento, el fallo no puede ser quebrado…\u00bb (sentencia de 8 de abril de 1.992, reiterada en CSJ SC, 28 ab. 1995, Exp. 4174 y SC065 de 2023) <\/p>\n
Al recurrente no le bastaba con aducir la indebida valoraci\u00f3n de un medio de prueba, el expediente contentivo del proceso de pertenencia que promovi\u00f3 Carlos Bueno, sino que debi\u00f3 indicar la trascedencia del error, esto es, como dicha prueba modificaba la decisi\u00f3n tomada por el ad quem. <\/p>\n
Finalmente, en el presente asunto no puede predicarse el efecto erga omnes de la sentencia dictada dentro del proceso de pertenencia pues, como en el cargo anterior se explic\u00f3, ese efecto solo se deriva de las sentencias dictadas a favor del prescribiente y respecto de las cuales se surti\u00f3 el grado de consulta requisitos que no se cumplen en el presente asunto. <\/p>\n
Por lo expuesto, el cargo de la misma manera ser\u00e1 desechado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. No casar la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2019, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil Familia, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
SEGUNDO. Condenar en costas a la sociedad recurrente. F\u00edjense como agencias en derecho la suma de $10\u2019000.000 que el a quo deber\u00e1 incluir dentro de la liquidaci\u00f3n de costas que efect\u00fae. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. C-131 de 2004. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. C-131 de 2004 <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 893. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 897. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 835. <\/p>\n
6\u0002 Igualmente se encuentra publicada en Antolog\u00eda Jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia 1886 \u2013 2006. Tomo I Sala Civil, p\u00e1g. 120 a 146. <\/p>\n
8\u0002 Sobre el particular en sentencia S-178 de 2000 la Sala preciso que \u00abexigencia que se explica porque, de un lado, en esa clase de procesos es forzoso llamar a los que se crean con derecho a los bienes materia de dicha declaraci\u00f3n, quienes estar\u00e1n representados por un curador ad litem, con lo cual se protege tanto a los titulares de derechos reales como a los eventuales terceros que puedan resultar afectados con la definici\u00f3n judicial positiva; y de otro lado, porque s\u00f3lo cumplido ese tr\u00e1mite adquiere firmeza la respectiva sentencia y alcanza a producir efectos frente a todo el mundo\u00bb. <\/p>\n
12 <\/p>\n
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SC217-2023 (2006-00071-00) MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ Magistrada Ponente SC217-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76520-31-03-005-2006-00071-01 (Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por la Compa\u00f1\u00eda Bueno […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74564","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74564"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74564\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}