STC6417-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6417-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2023-00058-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n el 29 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Omar Burbano contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, ambos de esa urbe, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y propiedad privada, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
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1. Ante el juzgado cuestionado \u00abse surti\u00f3 el tr\u00e1mite de un proceso ordinario DECLARATIVO DE PERTENENCIA promovido por [el accionante], contra herederos indeterminados del se\u00f1or Andr\u00e9s L\u00f3pez Cobo y personas indeterminadas, [en el cual se] dict\u00f3 el 13 de junio de 2014, el fallo correspondiente, en el cual en la parte resolutiva expresa \u201cPRIMERO: DECLARAR que pertenece en dominio pleno y absoluto por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, al se\u00f1or Juan Omar Burbano, (\u2026) el bien inmueble ubicado actualmente en la vereda Rio Hondo, El Tabl\u00f3n, del municipio de Popay\u00e1n, departamento del Cauca, determinado por los linderos especiales actualizados (\u2026). Con un \u00e1rea de 19 hect\u00e1reas y 8.796 metros cuadrados (\u2026), matr\u00edcula inmobiliaria No. 120-72158 y ficha catastral 000200120089000. SEGUNDO: Ordenar la inscripci\u00f3n de este fallo en el folio correspondiente de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sin embargo, afirma que \u00abno ha sido posible dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral segundo (\u2026), en atenci\u00f3n a que la Oficina de Registro de instrumentos p\u00fablicos informa que no es posible realizar la inscripci\u00f3n y devuelve los documentos con una nota devolutiva indicando que el \u00e1rea del certificado de tradici\u00f3n 120-72158 es de 9 Has. + 2.000 mts.2 y el de la sentencia del 13 de junio de 2014 es de 19 Hect\u00e1reas + 8.796 m2\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A partir de lo anterior, aduce que elev\u00f3 solicitud ante el despacho judicial encartado \u00abpara que se le diera una pronta soluci\u00f3n al inconveniente presentado respecto de la inscripci\u00f3n (\u2026) de la sentencia proferida (\u2026), recibiendo como respuesta, lo siguiente: \u201cNo es procedente la correcci\u00f3n o aclaraci\u00f3n de la sentencia del 13 de junio de 2014, por cuanto las razones expuestas por el memorialista no se adec\u00faan a las exigencias de los arts. 285 y 286, CGP (\u2026)\u201d\u00bb.<\/p>\n
4. Asimismo, dice \u00abfui enviado de manera verbal al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC), para ver c\u00f3mo se solucionaba el inconveniente presentado en el \u00e1rea del predio y de ah\u00ed tambi\u00e9n a las curadur\u00edas de Popay\u00e1n, me han tenido volteando (sic) de oficina en oficina sin que me resolvieran el problema, (\u2026), es as\u00ed que el tiempo se fue pasando, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda interpuesto esta acci\u00f3n constitucional, por estar a la espera de respuestas que no tuvieron ninguna soluci\u00f3n\u00bb y sin que hasta la fecha \u00abpued[a] ejercer la facultad de disposici\u00f3n, ni de uso y goce del bien, por no tener prueba de titularidad del mismo, adem\u00e1s que es una persona de la tercera edad, que solo cuenta con esta propiedad para llevar una vida digna\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos citada \u00abd[\u00e9] cumplimiento a la sentencia del 13 de junio de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popay\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El juez querellado despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el asunto a su cargo, destac\u00f3 que \u00ab[p]ara negar la solicitud de correcci\u00f3n o aclaraci\u00f3n de la sentencia del 13 de junio de 2014, este juzgado consider\u00f3 que no era procedente en tanto no se adec\u00faa a los supuestos regulados en los arts. 285 y 286, CGP, pues ni la parte motiva ni la resolutiva de la referida providencia, contienen conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, como tampoco errores aritm\u00e9ticos que influyan en el fondo del asunto, toda vez que, el \u00e1rea que aparece al inicio del prove\u00eddo es la que se indic\u00f3 en la demanda, de la cual se reprodujo sus pretensiones, y la que se anot\u00f3 en la parte resolutiva, es la que se verific\u00f3 por parte del Juzgado con el perito actuante y las dem\u00e1s pruebas aportadas. En este sentido, se observa que el tutelante utiliza la acci\u00f3n constitucional para reabrir un debate ya finalizado\u00bb; por ende, pidi\u00f3 que se niegue el amparo incoado. <\/p>\n
2. La Territorial Cauca del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC, aleg\u00f3 que \u00ab[p]or los hechos narrados y la formulaci\u00f3n de las pretensiones (\u2026) se presenta el fen\u00f3meno jur\u00eddico denominado falta legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que \u00absobre el bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 120-72158 no existe inscripci\u00f3n catastral vigente (\u2026). Aunado a lo anterior con relaci\u00f3n al predio con cedula catastral No. 19-001-00-02-00-00- 0012-0089-0-00-00-0000, tiene una inscripci\u00f3n con \u00e1rea de terreno de 40.020,32 MTS2 y un \u00e1rea de construcci\u00f3n de 87.98 MTS2 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo implorado, al advertir que \u00abno se cumplen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb, pues \u00abel amparo constitucional fue incoado el 17 de mayo de 2023, es decir, casi 9 a\u00f1os despu\u00e9s de la sentencia declarativa de pertenencia que tuvo lugar el 13 de junio de 2014, as\u00ed como pasados m\u00e1s de 8 meses desde que se profiri\u00f3 el auto que neg\u00f3 la correcci\u00f3n del fallo, desbordando el plazo de los seis meses que ha fijado la jurisprudencia (\u2026). Aunado a lo anterior, no se demostr\u00f3 que haya mediado un motivo valedero para la tardanza en acudir al juez constitucional, pues a pesar de que el actor pretende escudarse en la demora de los tr\u00e1mites administrativos que adelant\u00f3 ante el IGAC, seg\u00fan se extrae del escrito por medio del cual solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de la sentencia, desde el 6 de julio de 2022 ya conoc\u00eda la respuesta negativa de la autoridad catastral frente a sus pretensiones\u00bb; aunado a ello, consider\u00f3 que \u00ab[t]ampoco se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, dado que, como se consign\u00f3 en la nota devolutiva, contra dicha decisi\u00f3n proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, sin embargo, no se observa que el actor la haya cuestionado por ese medio o ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, tampoco que haya incoado recurso de reposici\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 la correcci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor se\u00f1alando que la decisi\u00f3n de primera instancia carece de congruencia, toda vez que \u00abno examin\u00f3 mis argumentos acerca de la conducta omisiva por parte del se\u00f1or Juez Segundo Civil del Circuito de Popay\u00e1n, donde es deber como autoridad judicial hacer valer sus fallos en derecho respecto al problema planteado como es la INSCRIPCION DE LA SENTENCIA proferida por ese ente judicial dentro del proceso DECLARATIVO DE PERTENCIA del cual el se\u00f1or Magistrado como Superior Jer\u00e1rquico DEBIO PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO YA RECONOCIDO DENTRO DEL PROCESO DECLARATIVO DE PERTENCIA, (\u2026), no se le est\u00e1 solicitando en el amparo incoado que se reconozca el derecho, sino que SE HAGA CUMPLIR, UN DERECHO EMANADO DE UN ENTE JUDICIAL (\u2026)\u00bb; por lo dem\u00e1s, dijo que \u00abAQU\u00cd NO SE TRATA DE TIEMPOS, SE TRATA ES DE LA INSCRIPCION DE UN DERECHO RECONOCIDO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, i) si el amparo se ejerci\u00f3 de manera oportuna; as\u00ed como, ii) si se agotaron los mecanismos ordinarios por parte del interesado y, de superarse lo anterior, corroborar si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popay\u00e1n y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, vulneraron los derechos fundamentales invocados por el querellante, al abstenerse de adelantar actuaciones tendientes a obtener la inscripci\u00f3n de la sentencia proferida dentro del proceso rad. n.\u00b0 2014-00016. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
3. Caso en concreto. <\/p>\n
3.1. Del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3.1.1. Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed, se desconoce el mentado presupuesto, visto como la urgencia de la protecci\u00f3n, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio. En torno a este t\u00f3pico, el precedente tiene dicho que: <\/p>\n
\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n
3.1.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que, en principio, la sentencia cuya inscripci\u00f3n se depreca, fue proferida desde el 13 de junio de 2014; asimismo, trat\u00e1ndose de la nota devolutiva emitida por el registrador censurado, aquella data del 11 de mayo de 2022 y, por su parte, la providencia finalmente reprochada -mediante la cual el juzgado convocado decidi\u00f3 \u00abNEGAR la correcci\u00f3n o aclaraci\u00f3n de la sentencia del 13 de junio de 2014\u00bb-, del 4 de agosto de esa misma calenda, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 17 de mayo de 20231. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que el accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, es decir, sobrepasado el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte para incoar la salvaguarda. <\/p>\n
3.1.3 Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no s\u00f3lo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones expuestas como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable superarlo o no; sin embargo, en este caso, a pesar de que el actor intent\u00f3 justificar la tardanza en promover el resguardo -a partir de la emisi\u00f3n de la nota devolutiva- debido a las actuaciones adelantadas ante el IGAC, lo cierto es que no acredit\u00f3 haberse dirigido ante esa entidad, aunado a que, de la revisi\u00f3n del expediente digital rad. n.\u00b0 2014-00016, se destaca que, adem\u00e1s de que los tr\u00e1mites para obtener la inscripci\u00f3n de la sentencia fueron retomados en febrero de 20222, aparece tambi\u00e9n que, desde la presentaci\u00f3n del memorial a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 al juzgado convocado la inscripci\u00f3n de la sentencia o bien su correcci\u00f3n, el interesado, a trav\u00e9s de apoderado, manifest\u00f3 \u00abuna vez conocida la nota devolutiva, me dirig\u00ed a la Oficina del IGAV \u2013 Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi Popay\u00e1n, para ahondar sobre una posible soluci\u00f3n al respecto, atendido por uno de los profesionales me informaron que no es competencia de esa entidad; sino de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter extempor\u00e1neo de la salvaguarda hace que se torne improcedente. <\/p>\n
3.2. Del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3.2.1. Jurisprudencialmente se tiene igualmente decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. <\/p>\n
De ah\u00ed que, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
3.2.2. Revisado el asunto, con observancia en las premisas que anteceden, deviene di\u00e1fano para la Sala que, en lo que respecta al embate frente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos citada, con ocasi\u00f3n de la nota devolutiva emitida a partir de la solicitud de inscripci\u00f3n de la aludida sentencia de 13 de junio de 2014 en el inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula n.\u00b0 120-72158, el interesado desperdici\u00f3 la oportunidad de refutar lo all\u00ed decidido a trav\u00e9s de los recursos ordinarios informados en el aludido acto administrativo (reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n), y que resultaban id\u00f3neos para controvertir la situaci\u00f3n que ahora expone. <\/p>\n
3.2.3. Sobre la tem\u00e1tica que viene siendo estudiada, en un asunto an\u00e1logo al que ahora es objeto de estudio, en el que la promotora pretend\u00eda \u00abse ordene al juzgado accionado, aclarando, corrigiendo el error que adolece la sentencia y contra REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS P\u00daBLICOS DE CARTAGENA\u2026ordenando la inscripci\u00f3n se (sic) la sentencia de pertenencia\u00bb, esta Sala concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abla improcedencia del ruego en estudio respecto de la sentencia proferida por autoridad judicial convocada. Ciertamente, se advierte el incumplimiento del requisito de la inmediatez, (\u2026) a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n recriminada, esto es, 16 de mayo de 2016 y, la presentaci\u00f3n del resguardo, el 09 de diciembre de 2020; es decir, que pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada3. A la misma conclusi\u00f3n se llega en cuanto al auto que neg\u00f3 la solicitud de correcci\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n, proferida el 5 de febrero de 20204. (\u2026) 3. Tampoco se advierte el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que la actora omiti\u00f3 agotar los medios ordinarios con los que contaba para rebatir las posturas adoptadas por el Juzgado interpelado. 3.1. <\/p>\n
En efecto, de las probanzas allegadas a este tr\u00e1mite se extra\u00f1a la interposici\u00f3n oportuna de una solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o correcci\u00f3n contra la sentencia que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva en favor de la demandante sobre el inmueble cuya nomenclatura ahora se discute. Por el contrario, fue solo transcurridos m\u00e1s de 3 a\u00f1os que la demandante pretendi\u00f3 tal pronunciamiento, el cual, fue despachado desfavorablemente por el Juzgador mediante auto del 5 de febrero de 2020. Frente a tal prove\u00eddo, a su turno, la promotora tambi\u00e9n guard\u00f3 silencio. 3.2. De manera que aparece ineludible que se desperdiciaron los remedios que tuvo a su alcance. (\u2026) 4. La misma situaci\u00f3n se predica respecto a la pretensi\u00f3n de la promotora para que se requiera a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, con el fin de que inscriba la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena. Ciertamente, en el plenario no obra prueba de que la tutelante haya agotado los recursos dispuestos por el ordenamiento en contra de la nota devolutiva que neg\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia en el registro inmobiliario. Por lo tanto, ante la ausencia de agotamiento de todos los mecanismos ordinarios para la salvaguarda de los intereses de la accionante, no puede este Despacho hacer pronunciamiento alguno sobre la controversia so pena de desconocer injustificadamente el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela.\u00bb (STC1544-2021, 22 feb.). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio debido a que i) el accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; y ii) porque tampoco se presenta el presupuesto de subsidiaridad de la acci\u00f3n, debido a que el interesado no ejerci\u00f3 los medios de defensa disponibles para atacar lo que ahora reclama. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan consta en el acta de reparto obrante en formato digital. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 108, archivo C01PERTENENCIA 2014-00016-00.pdf. <\/p>\n
3\u0002 M\u00e1s de 4 a\u00f1os. <\/p>\n
4\u0002 Aproximadamente 10 meses. <\/p>\n
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STC6417-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6417-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2023-00058-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74574","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74574\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}