STC6422-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6422-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02466-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andrea Marcela Rinc\u00f3n Caicedo, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Direcci\u00f3n Seccional de Bucaramanga, las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y a \u00abla defensa\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades accionadas, en el marco del incidente de desacato a la orden que le fue impuesta en la acci\u00f3n de tutela que Oscar Grimaldos Mendoza promovi\u00f3 en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones y otros. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, \u00abse ordene declarar la nulidad de lo actuado a partir del inicio del tr\u00e1mite incidental a trav\u00e9s del cual se me vincul\u00f3 de manera errada y como consecuencia de ello dejar sin efectos las decisiones proferidas con posterioridad por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro [del referido tr\u00e1mite] (\u2026) adicional a ello se atendi\u00f3 cabalmente la orden de tutela emitida por este Despacho por parte de la Direcci\u00f3n de Medicina Laboral \u00e1rea competente a cargo de la doctora Ana Mar\u00eda Ruiz y, en su lugar, ordenar la revocatoria e inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n proferida en [su] contra y, en consecuencia, ordene el archivo del tr\u00e1mite incidental y cobro coactivo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Narra la actora que el 25 de enero de 2018 fue nombrada como Directora de Prestaciones Econ\u00f3micas de Colpensiones y ejerce sus funciones acorde con el Acuerdo 131 de 2018 de la Junta Directiva y el Manual de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de Personal de Trabajadores Oficiales de la entidad, modificado por la Resoluci\u00f3n 122 de 2018. <\/p>\n
2.2. Expone que, el 1\u00ba de febrero de 2022 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga dict\u00f3 sentencia dentro del referido tr\u00e1mite, donde le orden\u00f3 a Colpensiones pagar unas incapacidades m\u00e9dicas, decisi\u00f3n impugnada por la entidad, pero entretanto la Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales le inform\u00f3 al juzgado que la Direcci\u00f3n de Medicina Laboral, \u00ab\u00e1rea competente\u00bb, hab\u00eda dado cumplimiento a la orden, no obstante, el 9 de marzo siguiente la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga modific\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia en cuanto al periodo de pago de las incapacidades, por lo cual, el d\u00eda 16 del mismo mes se inform\u00f3 al juzgado sobre el cumplimiento de la imposici\u00f3n, seg\u00fan comunicaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Medicina Laboral. <\/p>\n
2.3. Sostiene la actora que a pesar de lo anterior, el 26 de enero de 2023 fue notificada al correo electr\u00f3nico de Colpensiones el requerimiento previo al incidente de desacato contra ella como Directora de Prestaciones Econ\u00f3micas, sin que estuviera al tanto de la situaci\u00f3n porque, dice, no era la encargada de cumplir la orden, por ser responsabilidad de la Direcci\u00f3n de Medicina Laboral, por lo cual el d\u00eda 30 del mismo mes la Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales le inform\u00f3 nuevamente al juzgado sobre el cumplimiento de la orden por parte del \u00e1rea encargada, pero en auto de 2 de febrero siguiente se dio apertura al tr\u00e1mite accesorio contra ella, y tras no d\u00e1rsele tr\u00e1mite a una solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n, el 8 de febrero postrero el estrado opt\u00f3 por abrir a pruebas, por lo que el 10 de febrero posterior insisti\u00f3 en que se tramitara la solicitud de invalidaci\u00f3n y en el cumplimiento de la orden constitucional, pero en vez de ello, el d\u00eda 13 del mismo mes se le impuso sanci\u00f3n por desacato, decisi\u00f3n que, dice, no le fue notificada personalmente. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1ala que el 17 de febrero de 2023 el superior confirm\u00f3 la sanci\u00f3n en sede de consulta, sin notificarle personalmente la decisi\u00f3n, ante lo cual el d\u00eda 20 del mismo mes la Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales de Colpensiones le inform\u00f3 al juzgado que se hab\u00eda cumplido la orden y le pidi\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n por tener finalidad persuasiva y no punitiva, a lo cual no se accedi\u00f3 el d\u00eda 29 de mayo siguiente, porque la sanci\u00f3n hab\u00eda sido confirmada en consulta y se inici\u00f3 el proceso de cobro de la multa por parte de la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
2.5. Indica que el 31 de mayo pasado la Direcci\u00f3n de acciones Constitucionales insisti\u00f3 en la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, pero el 2 de junio siguiente se le orden\u00f3 estarse a lo dispuesto en auto del 29 de mayo, ante lo cual, solo hasta el d\u00eda 5 de junio siguiente la precitada Direcci\u00f3n le inform\u00f3 a su correo institucional que hab\u00eda sido confirmada la sanci\u00f3n, \u00abfecha en la cual [se] enter[\u00f3] del tr\u00e1mite adelantado en [su] contra\u00bb, por lo que el d\u00eda 6 del mismo mes le pidi\u00f3 al juzgado declarar la nulidad de lo actuado desde el inicio del incidente de desacato, porque seg\u00fan el manual de funciones no es la encargada de cumplir la orden constitucional, pero el d\u00eda 8 siguiente se le indic\u00f3 estarse a lo resuelto en auto de 29 de mayo anterior. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bucaramanga precis\u00f3 que su funci\u00f3n consiste en ejecutar coactivamente las sanciones impuestas en decisiones judiciales, que cumplan con los requisitos del art\u00edculo 99 de la Ley 1437 de 2011, por lo cual adelanta el aludido cobro contra la gestora en cumplimiento de su deber legal, sin que tenga competencia para dejar sin efecto la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado y resalt\u00f3 que la accionante \u00absolo intervino en el proceso luego de impon\u00e9rsele la sanci\u00f3n correspondiente\u00bb y en todo caso se accedi\u00f3 a la inaplicaci\u00f3n de la orden de arresto. <\/p>\n
4. La EPS Sanitas manifest\u00f3 que no ha incurrido en ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que vulnere los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca. <\/p>\n
5. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. Sea lo primero resaltar que, por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02) <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine, se constata que lo pretendido por la accionante es que se deje sin efecto el incidente de desacato seguido en su contra por supuestamente no ser la persona encargada de cumplir con la orden constitucional emitida en la acci\u00f3n de tutela que Oscar Grimaldos Mendoza promovi\u00f3 en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones y otros, adem\u00e1s de que tal imposici\u00f3n ya fue obedecida, por lo que corresponde levantar la sanci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis del expediente del tr\u00e1mite accesorio cuestionado se constata que mediante auto de 29 de mayo del presente a\u00f1o el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, frente a la solicitud de inaplicar la sanci\u00f3n por desacato que le impuso a la gestora, decidi\u00f3, <\/p>\n
negar la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de multa por desacato impuesta mediante auto de fecha 13 de febrero de 2023, confirmado en prove\u00eddo adiado 17 de febrero del presente a\u00f1o por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este distrito judicial. <\/p>\n
Inaplicar la sanci\u00f3n de arresto impuesta mediante auto de fecha 13 de febrero de 2023, confirmado en prove\u00eddo adiado el 17 de febrero del presente a\u00f1o por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de este distrito judicial <\/p>\n
Ello tras considerar que, <\/p>\n
La mencionada providencia se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada [que impuso la sanci\u00f3n], adem\u00e1s que el tr\u00e1mite de cobro coactivo ya se inici\u00f3, seg\u00fan da cuenta la informaci\u00f3n suministrada por la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
Luego, en estas condiciones, la destinataria de la sanci\u00f3n pecuniaria debe solicitar su inaplicaci\u00f3n dentro del proceso de cobro coactivo. <\/p>\n
Ahora bien, probado el cumplimiento, aunque extempor\u00e1neo, de las \u00f3rdenes de tutela aqu\u00ed impuestas a la entidad accionada y en favor del actor, es procedente la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de arresto. <\/p>\n
Se constata que, para tomar la determinaci\u00f3n, el juzgado accionado constat\u00f3 el cumplimiento de la orden constitucional y en consecuencia orden\u00f3 el levantamiento de la orden de arresto a la aqu\u00ed accionante, pero no as\u00ed de la multa, bajo el argumento de que hab\u00eda sido confirmada en sede de consulta por su superior, adem\u00e1s de que ya inici\u00f3 el proceso para su cobro coactivo, por lo que le correspond\u00eda a la interesada pedir la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n ante el funcionario de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
4. El anotado razonamiento amerita la injerencia extraordinaria por parte del juez constitucional porque, el cumplimiento de la orden de tutela impone el levantamiento de todas las sanciones impuestas por su previo desacato, aun cuando estuvieran refrendadas en sede de consulta, y, es una solicitud que le compete resolver al juez que impuso la sanci\u00f3n, m\u00e1s no al funcionario que est\u00e9 materializando la misma, como lo ser\u00eda en este caso el funcionario que adelanta el cobro coactivo de la multa. <\/p>\n
4.1. Se ha insistido en que, aunque el tr\u00e1mite del incidente de desacato busca sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte del responsable, su prop\u00f3sito final es lograr el cumplimiento efectivo de la orden constitucional, y por ende, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales con ella protegidos. <\/p>\n
Al respecto esta Colegiatura ha indicado, que <\/p>\n
\u00ab[C]uando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, as\u00ed sea extempor\u00e1neamente e incluso despu\u00e9s de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis de que es del caso levantar las sanciones respectivas\u2026 \u2018pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3. (\u2026) Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que \u2018(\u2026) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia\u00bb (CSJ STC2013 31 oct. exp. 00393-01, reiterada en STC2013, 18 dic. rad. 02975-00, STC-2014, 29 oct., rad, 02356-00, STC3077-2015 19mar. rad. 00554-00, STC5815-2015, 13 may. rad. 00928-00 y STC9613-2015, 23 jul. rad. 01598-00 STC204-2016 y STC6709-2017). <\/p>\n
De ah\u00ed que, si en el tr\u00e1mite cuestionado, el incidente de desobedecimiento log\u00f3 su prop\u00f3sito disuasivo, porque como se anot\u00f3 en el auto cuestionado, se cumpli\u00f3 con la orden de tutela, lo procedente era la inaplicaci\u00f3n de las sanciones de arresto y multa impuestas por el desacato, no \u00fanicamente de aquel castigo, como lo hizo el estrado accionado. <\/p>\n
4.2. Sobre la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n le corresponde decidir al juez que tramit\u00f3 el incidente de desacato, por tener competencia para conocer de la actuaci\u00f3n hasta tanto se verifique el cumplimiento de la orden de tutela, ya que, <\/p>\n
como [e]n la sentencia T-098\/2002 se record\u00f3 que el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que a consecuencia de la acci\u00f3n de tutela la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se traduce en una ORDEN, es decir, una decisi\u00f3n que debe ser obedecida o satisfecha. \u2026 Seg\u00fan el decreto 2591 de 1991 es el Juez de primera instancia el encargado del cumplimiento cabal de la orden impartida. La labor del Juez no es solamente tramitar el incidente de desacato, cuando se instaure por incumplimiento de lo ordenado, sino lo fundamental es que sea efectivo el respeto a los derechos fundamentales. El Juez de primera instancia no pierde competencia hasta tanto la orden sea completamente cumplida\u00bb. <\/p>\n
En la sentencia T-942\/00 la Corte Constitucional expres\u00f3: \u20186. Competencia y funciones del juez de primera instancia. En conclusi\u00f3n, el incidente de desacato no es el punto final de una tutela incumplida. El desacato es un simple incidente que puede o no tramitarse. Lo que es obligatorio para el juez de primera instancia, en cuanto no pierde competencia para ello, es hacer cumplir la orden de tutela\u2019 (sent. T-235\/02, se subraya) (enunciada en CSJ ATC317-2017). <\/p>\n
De manera que, al haberse establecido dentro del tr\u00e1mite accesorio en comento, que se cumpli\u00f3 con la orden de tutela, la competencia para decidir sobre el levantamiento de todas las sanciones reca\u00eda en el juez del desacato, pues sus funciones cesan solo hasta tal hito, lo que descarta que tal solicitud deba elevarse ante el funcionario ejecutor de la sanci\u00f3n, m\u00e1xime en este caso, donde la competencia de \u00e9ste se limita a materializar el cobro de la multa en firme impuesta por el juez del desacato, siempre que conste de forma clara, expresa y exigible, sin que pueda eliminar la fuerza ejecutoria de la providencia que impuso la obligaci\u00f3n cobrada, pues ello ser\u00eda resultado de la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n por parte del juez que la impuso. <\/p>\n
5. La situaci\u00f3n evidenciada habilita la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez constitucional, sin que sea necesario entrar a analizar la otra queja de la gestora, consistente en que no era la persona encargada de cumplir la orden tutela, ya que el amparo concedido logra el cometido de \u00e9sta, esto es, la inaplicaci\u00f3n de todas las sanciones impuestas en su contra, as\u00ed como la terminaci\u00f3n del incidente de desacato y del proceso de cobro coactivo de la multa. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se impone conceder el amparo impetrado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga que deje sin valor y efecto la decisi\u00f3n que tom\u00f3 en el numeral 1\u00ba de la parte resolutiva del auto de 29 de mayo de 2023, emitido dentro del incidente de desacato a la orden dada en la acci\u00f3n de tutela que Oscar Grimaldos Mendoza promovi\u00f3 en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones y otros, y toda decisi\u00f3n que dependa ella, y en su lugar decida nuevamente sobre la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de multa que impuso en auto de 13 de febrero de 2023. <\/p>\n
Ejecutoriada la decisi\u00f3n que se ordena emitir, deber\u00e1 el juzgado comunicar lo decidido a la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bucaramanga, para que decida lo pertinente dentro del proceso de cobro coactivo de tal multa que all\u00ed se adelanta. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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