STC6425-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6425-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01050-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de mayo de 2023, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Invepetrol Limited Colombia contra el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2020-00215-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado judicial, la sociedad querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada, en desarrollo del recaudo n\u00b0 2020-00215-00 seguido en su contra.<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que fue llamada a juicio por SLS Energy S.A.S. -en reorganizaci\u00f3n-; Quatum Resources S.A.S. y High Performance Petroleum Services S.A.S., pretendiendo el cobro de una obligaci\u00f3n a su cargo, contenida en el contrato de transacci\u00f3n celebrado el 3 de diciembre de 2019. <\/p>\n
Indica, que el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 quien libr\u00f3 orden de apremio el 19 de noviembre de 2020, y el 29 de agosto de 2022 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, entre otras actuaciones. <\/p>\n
Aduce, que la autoridad acusada previo a emitir el mandamiento de pago debi\u00f3 solicitar autorizaci\u00f3n a la Superintendencia de Sociedades, en la medida que una de las demandantes, SLS Energy S.A.S., se encuentra en proceso de reorganizaci\u00f3n, por lo que considera que \u00abel documento contentivo de la supuesta obligaci\u00f3n, se tornaba INEFICAZ DE PLENO DERECHO, y POR ENDE LA DEMANDA DEBIO HABER SIDO RECHAZADA DE PLANO POR INOBSEVARSE (sic) Y PRETERMITIRSE UN DEBER LEGAL\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se disponga (i) \u00abDECLARAR SIN NINGUN VALOR NI EFECTO, por resultar violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso – principio de legalidad y acceso a la justicia, las decisiones emanadas Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y sea declarada la nulidad constitucional de todo lo actuado, desde la admisi\u00f3n de la demanda – mandamiento ejecutivo, y las medidas cautelares decretadas hasta la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb y (ii) \u00abSe ANULE POR MANDAMIENTO LEGA3 EL CONTRATO DE TRANSACCI\u00d3N CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD INVERPETROL LIMITED COLOMBIA Y LAS SOCIEDADES SLS ENERGY S.A.S EN REORGANIZACI\u00d3N, Y HIGH PERMORMANCE PETROLEUM SERVICES S.A.S Y SUS COMPA\u00d1IAS ASOCIADAS Y \/ RELACIONADAS, por MANDATO DEL LEGISLADOR, contenido en el art\u00edculo 17 de la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el compulsivo que origina el reclamo, se opuso a la prosperidad del auxilio destacando que incumple los presupuestos de la subsidiariedad y la inmediatez, en la medida que la demandada se notific\u00f3 personalmente el 15 de julio de 2021, no obstante, no recurri\u00f3 el auto que libr\u00f3 orden de apremio, y fue s\u00f3lo hasta el 7 de septiembre de esa anualidad que formul\u00f3, de manera extempor\u00e1nea, excepciones previas. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, que \u00abel promotor de la acci\u00f3n constitucional trae a colaci\u00f3n el art\u00edculo 17 de la ley 1116 de 2006 indicando que, uno de los acreedores no ten\u00eda la faculta de celebrar el negocio jur\u00eddico que soporta la acci\u00f3n ejecutiva, de ah\u00ed su ineficacia de pleno derecho. Ante este argumento hay que decir que si bien el citado art\u00edculo en efecto establece una prohibici\u00f3n a los administradores de desarrollar algunas operaciones de la empresa entre ella celebrar acuerdos de transacci\u00f3n, ello es solo en relaci\u00f3n \u201c de obligaciones a su cargo\u201d, supuesto de hecho que en este caso no configura, pues el acuerdo de transacci\u00f3n en lo referente al pago de la obligaci\u00f3n lo es en favor de la empresa en reorganizaci\u00f3n, s\u00famese a esto que el acci\u00f3n ejecutiva la promueven otros suscriptores del acuerdo en su condici\u00f3n de acreedores, respecto de los cuales no se predica la ineficacia alegada por el gestor, aspecto relevante si se tiene en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 15701 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 que el resguardo se torna improcedente, en la medida que no se han vulnerado las prerrogativas que reclama la gestora. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo precisando que incumple el presupuesto de la inmediatez, aunado a que la convocante no hizo uso de los mecanismos ordinarios de defensa con los que contaba al interior del litigio fustigado. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando lo aducido en el escrito inicial y agreg\u00f3 que \u00ablo que se alega se\u00f1or Magistrado, es una v\u00eda de hecho pero a\u00fan mas el desconocimiento por parte del despacho accionado a una efectiva defensa t\u00e9cnica que si se analiza las pruebas anexadas brillo por su ausencia pero m\u00e1s a\u00fan por la imposibilidad sistem\u00e1tica que solo es imputable, al JUZGADO 50 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y una vez superado lo anterior, determinar si el estrado convocado vulner\u00f3 las prerrogativas que reclama la sociedad accionante al ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en el juicio n\u00b0 2020-00215-00 promovida en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que se respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, que neg\u00f3 el resguardo invocado por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda promotora enfila sus cuestionamientos respecto de las determinaciones surtidas en el compulsivo seguido en su contra n\u00b0 2020-00215-00, esto es la orden de apremio y las cautelas decretadas el 19 de noviembre de 2020, la decisi\u00f3n de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de 29 de agosto de 2022, entre otras, sin embargo, formul\u00f3 la presente solicitud de amparo el 11 de mayo de 2023 es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, dado que la querellante adopt\u00f3 una actitud negligente en el tr\u00e1mite del recaudo que cuestiona ya que no agot\u00f3 los mecanismos de defensa ordinarios previstos en el estatuto procesal vigente para controvertir las decisiones que ahora ataca en esta particular senda. <\/p>\n
En efecto, aunque la convocante cuestiona el mandamiento de pago, el auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y las cautelas decretadas, lo cierto es que no formul\u00f3 dentro de la oportunidad legalmente prevista para ello, reparo alguno frente a esas decisiones. <\/p>\n
Al respecto, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez, y porque la convocante actu\u00f3 con incuria al no hacer uso de los medios de defensa previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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