STC6426-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6426-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2022-00295-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Unidad M\u00e9dico Asistencial del Putumayo \u2013 UNIMAP- E.U., contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, a la defensa y \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb y al acceso \u00abreal y efectivo\u00bb a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n
En concreto solicita se ordene \u00abinvalidar de manera efectiva y oportuna, toda actuaci\u00f3n judicial realizada hasta el momento en el proceso ejecutivo con radicado 2022-00175-00 por parte del juzgador que se acciona\u00bb. <\/p>\n
2. Tienen relevancia para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes hechos, <\/p>\n
2.1. La Cl\u00ednica Uros S.A.S. promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra la aqu\u00ed accionante con el prop\u00f3sito de cobrar el importe de unas facturas de venta por prestaci\u00f3n de servicios de salud, asunto que correspondi\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, radicado \u00ab41001-31-03-004-2022-00175-00\u00bb, y dentro del cual se libr\u00f3 mandamiento de pago, pese a que la ejecutada est\u00e1 domiciliada en la ciudad de Mocoa, Putumayo, por lo cual \u00e9sta aleg\u00f3 la falta de competencia mediante el recurso de reposici\u00f3n, pero la decisi\u00f3n fue mantenida el 19 de septiembre de 2022, con el argumento de que se escogi\u00f3 el juzgador con fundamento en \u00abel lugar de prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, criterio que seg\u00fan la gestora no aplica para el caso particular e involucra un \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
2.3. La aqu\u00ed accionante atac\u00f3 la precitada decisi\u00f3n mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, sin que a la fecha se haya decidido la misma, pero que, alega \u00e9sta, \u00abseg\u00fan da cuenta el acontecer caprichoso del se\u00f1or Juez accionado, no se espera sea resuelta en derecho a [su] favor\u00bb, por lo cual pide el amparo de manera transitoria para \u00abevitar m\u00e1s perjuicios irremediables\u00bb, m\u00e1xime porque en casos similares el jugador ha decidido de manera diferente, sin hacer diferenciaci\u00f3n en el objeto del mandato, lo que \u00abhace m\u00e1s evidente la inclinaci\u00f3n procesal desproporcionada que viene desplegando el despacho judicial en favor de las partes actoras del proceso que se solicita invalidar toda actuaci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Hospital de Alta Complejidad del Putumayo S.A.S. ZOMAC inform\u00f3 que formul\u00f3 demanda ejecutiva acumulada en contra de la aqu\u00ed accionante, y \u00e9sta al presentar nuevo poder, se equivoc\u00f3 al indicar que esa acumulaci\u00f3n la present\u00f3 la ejecutante principal Cl\u00ednica Uros S.A.S., adem\u00e1s de que la excepci\u00f3n previa contra el mandamiento de pago de dicha demanda fue presentada extempor\u00e1neamente. <\/p>\n
2. La Cl\u00ednica Uros S.A.S. resalt\u00f3 que demand\u00f3 en la ciudad de Neiva porque corresponde al lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n reclamada y donde se prestaron los servicios cobrados. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva limit\u00f3 su actuaci\u00f3n a compartir el enlace para acceder al expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva neg\u00f3 el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, porque est\u00e1 en tr\u00e1mite el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n que la accionante present\u00f3 contra el auto de 10 de noviembre de 2022, con que el juzgado accionado rechaz\u00f3 de plano el recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo de 6 de octubre anterior y reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado de aquella pero solo para el proceso principal, sin que, de otro lado, se advierta la posible consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable mientras se resuelve el disenso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora del resguardo, insistiendo en sus reproches iniciales, a los que agreg\u00f3 que con auto de 9 de diciembre de 2022 el juzgado accionado mantuvo la decisi\u00f3n que tom\u00f3 el 10 de noviembre anterior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, la accionante se duele del auto de 19 de septiembre de 2022 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, que mantuvo en reposici\u00f3n la decisi\u00f3n de 2 de agosto de 2022 de librar mandamiento de pago en su contra y a favor de la Cl\u00ednica Uros S.A.S., pues en sentir de la promotora, debi\u00f3 declararse la falta de competencia por el factor territorial que aleg\u00f3; y la decisi\u00f3n de 10 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, con que dicho estrado rechaz\u00f3 de plano el recurso de reposici\u00f3n que present\u00f3 contra el mandamiento de pago librado el 6 de octubre anterior, en la demanda acumulada que la Cl\u00ednica Putumayo S.A.S. Zomac present\u00f3 en su contra, pues en criterio de \u00e9sta su mandatario s\u00ed contaba con poder para incoar el mecanismo horizontal. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo invocado frente a la primera inconformidad no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que, en lo argumentado por el juzgado accionado para mantener el mandamiento de pago de 2 de agosto de 2022, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada decisi\u00f3n, el estrado cognoscente consider\u00f3 que, <\/p>\n
[F]rente a la competencia por factor territorial, nos remitimos al art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso en su numeral 1, en donde se establece que salvo disposici\u00f3n legal en contrario, en todo proceso contencioso ser\u00e1 competente el juez del domicilio del demandado; sin embargo, el numeral 3\u00b0 indica que, en los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos, es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Y el numeral 5\u00b0 establece que, en los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal; Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta. <\/p>\n
La H. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en reiteradas ocasiones ha dispuesto que: <\/p>\n
\u201c[P]ara las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o de t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (F\u00f3rum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (F\u00f3rum contractui). Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb. (AC2421 19 abr. 2017 rad. 2017- 00576-00\u201d <\/p>\n
En auto APL509 de 2018, bajo este argumento, la Corte favoreci\u00f3 el juez seleccionado por la parte demandante, por el lugar de prestaci\u00f3n del servicio, y en auto APL2106 de 2018, se otorg\u00f3 la competencia al juzgado del lugar indicado en la demanda para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Descendiendo al casi objeto de estudio, se tiene que el recurrente afirma se configura la exceptiva de falta de competencia, respecto a esto el despacho considera que atendiendo los apartes normativos y jurisprudenciales antes citados y revisada la demanda y sus anexos, se observa, que no se configura la exceptiva de falta de competencia, toda vez que seg\u00fan la demanda, se prestaron los servicios m\u00e9dicos-quir\u00fargicos, ex\u00e1menes realizados y suministro de medicamentos a los usuarios de la unidad medico asistencial del putumayo \u2013 UNIMAP E.U en la ciudad de Neiva, lo cual consta en las autorizaciones, cuentas de cobro y facturas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el juzgado accionado determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las normas procesales que rigen el caso y un pronunciamiento emitido sobre el particular por esta Corte, que era elecci\u00f3n de la ejecutante demandar en el lugar de domicilio de la ejecutada o en el de cumplimiento de la obligaci\u00f3n reclamada, optando por el \u00faltimo. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. De otro lado, frente a la queja contra el auto de 10 de noviembre de 2022, de los elementos de convicci\u00f3n recolectados la Sala constata que mediante prove\u00eddo de 9 de diciembre siguiente el juzgado accionado resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que la gestora present\u00f3 contra esa decisi\u00f3n, manteni\u00e9ndola con fundamento en que, <\/p>\n
En el asunto de la referencia se tiene que, mediante auto del 6 de octubre de 2022, se libr\u00f3 mandamiento de pago en favor de la Cl\u00ednica Putumayo S.A.S; que, contra la anterior decisi\u00f3n, el apoderado de la demandada present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, el cual fue rechazado en providencia del 10 de noviembre de 2022, al no tener derecho de postulaci\u00f3n. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para el despacho que contra el auto recurrido no procede ning\u00fan tipo de recurso, sin embargo, como lo que se est\u00e1 debatiendo es lo concerniente al derecho de postulaci\u00f3n, al ser este un punto nuevo de debate, se proceder\u00e1 emitir decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Para resolver se tiene que, el art\u00edculo 73 del C.G.P, establece que \u201cLas personas que hayan de comparecer al proceso deber\u00e1n hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervenci\u00f3n directa.\u201d <\/p>\n
En ese sentido, el derecho de postulaci\u00f3n, es aquella prerrogativa que posee una persona para actuar en causa propia, en los casos que la ley lo permita; o la que ostenta un abogado como profesional del derecho, para defender los intereses o causas ajenas seg\u00fan las facultades expresamente otorgadas en el poder especial o general, siempre y cuando este habilitado por la ley y por el consejo superior de la judicatura. <\/p>\n
Es as\u00ed, que el art\u00edculo 74 del C.G.P. dispone que, \u201cLos poderes generales para toda clase de procesos solo podr\u00e1n conferirse por escritura p\u00fablica. El poder especial para uno o varios procesos podr\u00e1 conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deber\u00e1n estar determinados y claramente identificados.\u201d <\/p>\n
De lo anterior se extrae que, al momento de suscribir un poder especial, se debe dejar claramente especificado, adem\u00e1s de las facultades del apoderado, el objeto o asuntos concretos en los cuales puede intervenir, igualmente se debe expresar la autoridad ante la cual va dirigida, el nombre e identificaci\u00f3n del poderdante y del apoderado y, la aceptaci\u00f3n del poder expresa o por su ejercicio. <\/p>\n
De tal forma, encuentra el Despacho que el poder conferido al abogado Martin Fernando Vargas Ortiz, no cumple con los requisitos para actuar en la demanda acumulada, pues si bien se le otorg\u00f3 poder amplio y suficiente, es claro que el mismo es especial y no general, ya que fue realizado mediante documento privado, adem\u00e1s, este se limit\u00f3 a la demanda presentada por la Cl\u00ednica Uros S.A.S., raz\u00f3n por la cual, debi\u00f3 aportarse un nuevo poder, en donde se ampli\u00e9 los asuntos en los cuales puede intervenir. <\/p>\n
Se observa que la autoridad convocada estim\u00f3 que el poder especial conferido por la ejecutada habilitaba al mandatario para intervenir solo dentro de la demanda ejecutiva principal, por lo cual el abogado carec\u00eda del derecho de postulaci\u00f3n para atacar las decisiones de la demanda acumulada, m\u00e1s precisamente, no estaba habilitado para recurrir el auto con que se libr\u00f3 el mandamiento de pago, lo que por ende impon\u00eda el rechazo de plano del recurso. <\/p>\n
No obstante, para la Sala el anterior razonamiento desconoci\u00f3 que, seg\u00fan el art\u00edculo 77 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abel poder para litigar se entiende conferido para \u2026 adelantar todo el tr\u00e1mite [del proceso]\u00bb entendi\u00e9ndose por tal el principal, incluidas las posibles demandas acumuladas que dentro del mismo se hayan presentado o se llegaren a presentar, tanto as\u00ed que en caso de que se sigan acumulando m\u00e1s solicitudes de cobro por parte de los ejecutantes o de terceros, no habr\u00eda necesidad de ampliar las facultades del mandatario para que pueda agenciar los derechos de la parte que ya viene actuando. <\/p>\n
Del mismo modo, seg\u00fan el art\u00edculo 75 ibidem, \u00aben ning\u00fan caso podr\u00e1 actuar simult\u00e1neamente m\u00e1s de un apoderado judicial de una misma persona\u00bb, lo que, aunado con la consideraci\u00f3n anterior, impedir\u00eda que una misma parte act\u00fae mediante un apoderado judicial para la ejecuci\u00f3n principal y mediante otro u otros para las ejecuciones acumuladas, lo que refuerza la regla de que el mandato se entiende conferido para todo el proceso. <\/p>\n
De ah\u00ed que, a pesar de que en el encabezado del poder conferido por el aqu\u00ed accionante, se\u00f1al\u00f3 que el demandante era \u00fanicamente la Cl\u00ednica Uros S.A.S., sin mencionar al ejecutante en acumulaci\u00f3n, el Hospital de Alta Complejidad del Putumayo S.A.S. ZOMAC, y sin especificar que tambi\u00e9n hab\u00eda una demanda acumulada, una interpretaci\u00f3n conjunta de las normas adjetivas que rigen el apoderamiento judicial conlleva entender que el mandato fue conferido para todo el proceso, mas no solo para la ejecuci\u00f3n principal. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n criticada afect\u00f3 la garant\u00eda de defensa del ejecutado en el tr\u00e1mite del cobro acumulado, al restringir la actuaci\u00f3n de su mandatario a \u00fanicamente el cobro principal, afectaci\u00f3n que le imped\u00eda al juzgador optar por ese entendimiento normativo, pues, al tenor del art\u00edculo 11 ibid., \u00ab(\u2026) las dudas que surjan en la interpretaci\u00f3n de las normas del presente c\u00f3digo deber\u00e1n aclarase mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, el proceder del juzgado enjuiciado, deja en evidencia la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso alegado por la gestora, por configuraci\u00f3n del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el cual, seg\u00fan ha indicado la Corte Constitucional <\/p>\n
\u2026 puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
Total, el juzgado accionado debi\u00f3 acceder al reconocimiento de personar\u00eda al abogado de la ejecutada para representarla judicialmente en todo el proceso, y por ende, no pod\u00eda justificar el rechazo del recurso de reposici\u00f3n presentado por \u00e9ste contra el mandamiento de pago de la demanda acumulada, en la supuesta ausencia del derecho de postulaci\u00f3n del recurrente. <\/p>\n
6. En consecuencia, se dejar\u00e1 sin efecto el auto de 9 de diciembre de 2022 y se ordenar\u00e1 al estrado accionado que vuelva a resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el auto de 10 de noviembre anterior. <\/p>\n
7. Lo consignado impone revocar la sentencia constitucional de primer grado, para en su lugar acceder parcialmente a la protecci\u00f3n en la forma antes se\u00f1alada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y en su lugar concede parcialmente el amparo. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n deje sin valor y efecto el auto que emiti\u00f3 el 9 de diciembre de 2022 en el tr\u00e1mite de la demanda acumulada que El Hospital de Alta Complejidad del Putumayo S.A.S. ZOMAC present\u00f3 dentro del proceso ejecutivo que la Cl\u00ednica Uros S.A.S. promovi\u00f3 contra la Unidad M\u00e9dico Asistencial del Putumayo UNIMAP E.U. y en su lugar, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, resuelva el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n presentado contra el auto de 10 de noviembre anterior, teniendo en cuenta lo plasmado en las precedentes consideraciones. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6426-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6426-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2022-00295-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74577","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74577"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74577\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}