STC6430-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6430-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00142-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 1\u00b0 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alirio Mayorga contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Daniela, Luis David y Fabi\u00e1n Andr\u00e9s Mayorga Mar\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al no dar tramitar su \u00abdemanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb. <\/p>\n
2. De la querella y anexos allegados, como fundamentos de hecho se extracta que dentro del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 2011-00398, impetrado por Isabel Mar\u00edn a favor de sus hijos Luis David, Fabi\u00e1n Andr\u00e9s y Daniela Mayorga Mar\u00edn, quienes nacieron \u00abel d\u00eda 01 de octubre de 1995; 13 de enero del 2000 y 22 de diciembre de 2000\u00bb, respectivamente, el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 tas\u00f3 cuota alimentaria a cargo del hoy accionante. <\/p>\n
Que como \u00ablos otrora menores, actualmente son mayores de edad y no se encuentran estudiando, present\u00e9 demanda verbal sumaria de exoneraci\u00f3n de [alimentos]\u00bb, la cual, tras su radicaci\u00f3n bajo el n\u00b0 2023-00031, fue inadmitida por el accionado \u00abmediante auto del 8 de febrero de 2023 (\u2026), argumentando dentro de otros aspectos, que deb\u00eda presentarse la demanda con apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
Que \u00absubsan\u00f3 la demanda\u00bb afirmando que por tratarse de \u00abun proceso verbal sumario de m\u00ednima cuant\u00eda y \u00fanica instancia no requiere la postulaci\u00f3n de abogado\u00bb, y manifestando \u00abbajo la gravedad del juramento (\u2026) que desconozco el correo electr\u00f3nico de Luis David y Fabi\u00e1n Andr\u00e9s Mayorga Mar\u00edn\u00bb, por lo que s\u00f3lo se remiti\u00f3 notificaci\u00f3n a Daniela, aunque \u00abpuede ser el canal v\u00e1lido para surtir las notificaciones [a los otros demandados], por el v\u00ednculo de consanguinidad [entre ellos]\u00bb. <\/p>\n
Que de cara a lo anterior, el acusado, con auto del 22 de febrero de 2023, dispuso que \u00abno son de recibo los argumentos presentados [ya que] la demanda de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, no se tramita como proceso verbal sumario por la cuant\u00eda, sino por la naturaleza del asunto, tal como lo expuso la Corte Suprema de Justicia\u00bb, y en cuanto al otro aspecto, \u00abque los correos electr\u00f3nicos son de uso personal [por lo que] si la parte actora desconoce el canal digital para notificar a los demandados, ten\u00eda la obligaci\u00f3n de remitir por correo certificado el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda y los anexos respectivos a los dem\u00e1s demandados\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene a la autoridad judicial convocada que \u00abinaplique, deje sin efectos o su equivalente los autos de fecha 8 de febrero de 2023 (\u2026), que inadmiti\u00f3 la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos [y] 22 de febrero de 2023, mediante el cual [la] rechaz\u00f3\u00bb, y en su lugar, \u00abque reanude los rituales procesales de admisi\u00f3n de la demanda y dem\u00e1s subsiguientes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Tercera de Familia de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que \u00abpor auto del 8 de febrero se inadmiti\u00f3 [la demanda en cuesti\u00f3n] por los siguientes motivos \u201ci) no presenta la demanda a trav\u00e9s de apoderado judicial, para lo cual deber\u00e1 actuar conforme lo establece el art\u00edculo 73 del C.G.P.; ii) respecto a las direcciones de notificaci\u00f3n de los demandados, se\u00f1ala que ser\u00eda la misma f\u00edsica y electr\u00f3nica aportadas; sin embargo, se evidencia que el correo electr\u00f3nico que refiere corresponde a la joven Daniela, lo cual no es admisible ya que los correos electr\u00f3nicos son personales y solo ser\u00eda v\u00e1lido si existe una declaraci\u00f3n expresa de las partes interesadas en que sea ese el medio a tener en cuenta para recibir notificaciones. Luego, debe aportar la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de cada demandado y allegar prueba de haber remitido el escrito de demanda con las subsanaciones del caso y los respectivos anexos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de cada uno de ellos y, de manera simult\u00e1nea al correo del juzgado (inc. 4\u00b0 Art. 6 Ley 2213 de 2022)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que con auto del 22 de febrero de 2023 no se acogieron los argumentos del demandante, al advertirse respecto del primer punto, \u00abque la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos no se tramita como proceso verbal sumario por la cuant\u00eda, sino por la naturaleza del asunto, tal como lo expuso la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC734-2019\u00bb, y que \u00abcomo lo prev\u00e9 el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 6 de la Ley 2213 de 2022 (\u2026), si la parte actora desconoce el canal digital para notificar a los demandados, ten\u00eda la obligaci\u00f3n de remitir por correo certificado el escrito de subsanaci\u00f3n de la y los anexos respectivos a los dem\u00e1s demandados\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la providencia criticada \u00abqued\u00f3 ejecutoriada el 1 de marzo de 2023 sin que se interpusiera alg\u00fan recurso\u00bb, y, por tanto, la tutela \u00abes improcedente por no haber agotado los medios judiciales disponibles para oponerse oportunamente a lo all\u00ed resuelto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 lo pretendido al aducir que, \u00abla decisi\u00f3n adoptada por el juzgado accionado mediante auto de 23 de febrero pasado, se acompasa con la normatividad que rige la materia y en ese sentido, independientemente de que se comparta o no el criterio acogido por el juzgador accionado, no estima la Sala que pueda se\u00f1alarse como arbitraria o contraria a derecho\u00bb. Por parte del magistrado ponente hubo \u00abadici\u00f3n de voto\u00bb, en el que, con apoyo en el estatuto adjetivo y textos jurisprudenciales, plante\u00f3 que, en esta clase de asuntos, tanto para presentar la demanda como para contestarla, \u00abprevalece con notoriedad la informalidad\u00bb, concluyendo que \u00abla exigencia del apoderado judicial mediante abogado titula, significa a todas luces un grave atento contra el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, se\u00f1alando que \u00aben cuanto a la primera duda relacionada con la postulaci\u00f3n del profesional del derecho, para esta clase de procesos\u00bb, compart\u00eda las consideraciones realizadas por el magistrado ponente en la \u00abadici\u00f3n de voto\u00bb, mientras que el reproche atinente a \u00abnotificaciones\u00bb, constitu\u00eda un requisito de forma subsanable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia del actor, al rechazar la solicitud de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, aduciendo incumplimiento de los requisitos de una demanda. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia, la acci\u00f3n dirigida contra esta clase de decisiones, solamente procede cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo. Ello, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez de tutela no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por tanto, aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento legal, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo y, por tanto, se hace indispensable restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC7763-2022, 22 jun., rad. 00440-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la flexibilizaci\u00f3n de la subsidiariedad. <\/p>\n
Preliminarmente se advierte que para abordar decisi\u00f3n de fondo, si bien el accionante no interpuso oportunamente recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo adiado el 22 de febrero de 2023 -mediante el cual el accionado dispuso \u00abrechazar la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb-, la Corte obviar\u00e1 el requisito de la subsidiariedad del amparo, porque, como seguidamente se ver\u00e1, al condicionar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a formalidades no previstas en la ley, es evidente transgresi\u00f3n de las prerrogativas superiores del actor, configur\u00e1ndose una de las relevantes situaciones que justifican una postura m\u00e1s flexible para abordar la procedencia del ruego tuitivo. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00ab(\u2026) la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01). Del mismo, ha dicho que: <\/p>\n
\u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada entre otras en STC4889-2023, 24 may., rad. 00127-02). <\/p>\n
3.2. De los yerros de procedibilidad. <\/p>\n
En el caso sub j\u00fadice, al haber dispuesto \u00abinadmitir\u00bb y seguidamente \u00abrechazar la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb propuesta por el hoy querellante, el juzgado incurri\u00f3 en defecto procedimental e igualmente en desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues exigi\u00f3 del peticionario presentarla \u00aba trav\u00e9s de apoderado judicial\u00bb, y \u00abaportar la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de cada demandado y allegar prueba de haber remitido el escrito de demanda con (\u2026) los respectivos anexos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de cada uno de [los demandados]\u00bb, cuando tales requerimientos resultaban ajenos a la normativa que rige dicha tem\u00e1tica y contrarios a la interpretaci\u00f3n dada por esta Sala de cara a su aplicaci\u00f3n en estos asuntos. <\/p>\n
Ciertamente, tras recordar que el fuero de atracci\u00f3n o conexidad aplica en relaci\u00f3n con los asuntos previstos en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, e igualmente en el numeral 6\u00b0 del canon 397 ibidem, la Corte, al resolver asuntos de similares contornos al que ahora se revisa, ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para este tipo de asuntos, no puede desconocerse lo previsto en el art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, que enlista las cuestiones que deben ser tramitadas bajo el procedimiento verbal sumario. <\/p>\n
As\u00ed, el numeral segundo de la mentada disposici\u00f3n contempla los de \u201cfijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n, exoneraci\u00f3n de alimentos y restituci\u00f3n de pensiones alimenticias\u201d, siempre y cuando, -res\u00e1ltese- \u201cno hubieren sido se\u00f1alados judicialmente\u201d. <\/p>\n
De, lo anterior, den\u00f3tese que el caso, como el que es ahora objeto de revisi\u00f3n, qued\u00f3 excluido de la regla general descrita, comoquiera que la solicitud elevada ante el despacho acusado, se present\u00f3 luego de que, contra \u00e9l, se fijara una cuota alimentaria en sentencia de 29 de septiembre de 2015. <\/p>\n
En otras palabras, al tener, al tener a su cargo una obligaci\u00f3n alimentaria, declarada por v\u00eda judicial, lo que le correspond\u00eda entonces al alimentante, era sencillamente solicitar al mismo juez que fij\u00f3 aquella prestaci\u00f3n, exonerarlo de la cuota, para que, a esta petici\u00f3n, se le diera el tr\u00e1mite descrito en el numeral sexto del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). <\/p>\n
En suma, la citada prerrogativa, no enuncia ning\u00fan otro requisito que deba contemplase para efectos de solicitar la exoneraci\u00f3n de alimentos, basta \u2013rep\u00edtase-, con solicitarlo al juez de la causa, para que \u00e9ste, a continuaci\u00f3n del proceso de alimentos, proceda a resolverla en audiencia, con la comparecencia y participaci\u00f3n, claro est\u00e1, de la parte contraria, como se dej\u00f3 visto\u00bb (CSJ STC5710-2017, 27 abr., rad. 00122-01, reiterada en STC19138-2017, 17 nov., rad. 00704-01). Se resalta. <\/p>\n
Siguiendo esa misma directriz, en un caso semejante, expuso que \u00abresult\u00f3 desatinado el actuar del juzgado (\u2026) cuestionado toda vez que, err\u00f3 al rechazar la demanda de incremento de cuota alimentaria y dio un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, en esa medida, equivoc\u00f3 la direcci\u00f3n del asunto de marras, ello a la luz del a normatividad aplicable y la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado\u00bb (STC10326-2018, 10 ago. 2018, rad. 00318-01, reiterada en STC11756-2018, 12 sep. 2018, rad. 00379-01). <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la cuota de alimentos ya se encuentra determinada por la autoridad judicial competente, los asuntos atinentes al aumento, reducci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de dicha obligaci\u00f3n, corresponde conocerlos y dirimirlos el mismo juez que la fij\u00f3, precisando que para ello no se requiere agotar conciliaci\u00f3n prejudicial ni las dem\u00e1s exigencias formales de una nueva demanda, sino que solo es menester la petici\u00f3n elevada por la parte interesada. <\/p>\n
Lo anterior en momento alguno impide que la contraparte haga uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues de acuerdo al precepto 397 del estatuto adjetivo general, el asunto se tramita y decide \u00aben audiencia previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb; tampoco implica que la decisi\u00f3n se adopte sin un adecuado sustento probatorio, porque adem\u00e1s de la oportunidad para que las partes aporten y soliciten los pertinentes medios de convicci\u00f3n, la normativa en comento establece que \u00abel juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante (\u2026)\u00bb (CSJ STC13655-2021, 13 oct., rad. 00105-01, citada en STC5487-2022, 5 may., rad. 00129-01; STC11795-2022, 7 sep., rad. 00170-01, y STC4884-2023, 34 may., rad. 00075-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, por cuanto el accionado requiri\u00f3 del reclamante el cumplimiento de formalidades que s\u00f3lo ser\u00edan verificables en trat\u00e1ndose de una demanda, no de una simple solicitud de exoneraci\u00f3n, la soluci\u00f3n al presente caso no puede ser otra que la dada por la Corte a los eventos indicados en precedencia, en los que se concedi\u00f3 el resguardo invocado por violaci\u00f3n a las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del peticionario. <\/p>\n
En ese orden, reit\u00e9rase que al haberse fijado la cuota alimentaria por el mismo juez, las pretensiones enfiladas a modificarla (aumento, reducci\u00f3n, restituci\u00f3n o exoneraci\u00f3n), no conllevan la carga de una acci\u00f3n independiente y menos con el lleno de los requisitos formales de una demanda; s\u00f3lo debe formularse la solicitud enunciando los fundamentos f\u00e1cticos que denoten justificaci\u00f3n para la variaci\u00f3n, aportar los medios de prueba que est\u00e9n a su alcance y solicitar los que considere deben practicarse en audiencia, a la cual debe concurrir su contraparte, a quien debe citarse previamente y otorgarle las oportunidades de ley para que ejerza sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que el fallo citado por el estrado encartado como criterio de autoridad para soportar su decisi\u00f3n, no deviene aplicable en el sub lite, pues la necesidad de acreditar el derecho de postulaci\u00f3n, viene dada frente al proceso ejecutivo de alimentos, no para los asuntos que acaban de referirse, y de ello claramente da cuenta la constante y reiterada jurisprudencia de esta Sala1. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el defecto procedimental aqu\u00ed advertido, en primer lugar se tipifica en la modalidad de absoluto, porque so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, el accionado desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular del demandante, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en los art\u00edculos 390 y 397 del C\u00f3digo General del Proceso; en segundo lugar, dicho yerro se configur\u00f3 por exceso ritual manifiesto, al exigir rigurosamente formalidades de una demanda, cuando, como se observ\u00f3 en precedencia, ello es contrario a los postulados de una pronta y eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre tal desafuero, se ha sostenido que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable, ya que se incurre en \u00e9l cuando el juez procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que para incursionar en el defecto en cuesti\u00f3n, el acusado tambi\u00e9n soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que previene: \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Ahora, sobre el defecto de \u00abdesconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb, se ha precisado que el que obliga es el especializado y vertical, en la medida que: \u00ablos jueces \u201cest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u201d (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01), por ello, cuando se enfrente a un caso que guarda connotaciones similares, el juez est\u00e1 llamado a atenderlo para no lesionar las prerrogativas que se protegen en sede constitucional. <\/p>\n
Dicha figura ha sido definida como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb. Tambi\u00e9n se ha indicado que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb (CC T-1029\/12). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se revocar\u00e1 lo resuelto en primer grado y en su lugar se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada; en consecuencia, se invalidar\u00e1 tanto el auto que inadmiti\u00f3 como el que rechaz\u00f3 la exoneraci\u00f3n de alimentos deprecada, y se ordenar\u00e1 al convocado que, atendiendo lo ac\u00e1 considerado, emita nuevo pronunciamiento. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por el demandante. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin efecto los autos proferidos por el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 el 8 y el 22 de febrero de 2023, dentro del asunto radicado bajo el n\u00b0 2023-00031, mediante los cuales, en su orden, inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la \u00abdemanda\u00bb de exoneraci\u00f3n de alimentos elevada por el ac\u00e1 reclamante. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la titular del despacho accionado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, se pronuncie nuevamente sobre la referida petici\u00f3n de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, con observancia en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (CSJ, STC, 15 feb. 1995, exp. 1986, citada en STC, 9 nov. 2011, exp. 00285-01; STC, 18 mar. 2013, exp. 2012-00393-01; STC, 19 nov. 2013 exp. 00217-02; STC, 29 nov. 2013, exp. 00334-01; STC5261-2016, 28 abr., rad. 00060-01; STC15994-2017, 4 oct., rad. 00492-01; STC15996-2017, 4 oct., rad. 00298-01; STC5247-2018, 25 abr., rad. 00061-01, y STC734-2019, 31 ene., rad. 00331-01, entre otras). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6430-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6430-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00142-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}