STC6434-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6434-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00636-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Juan Jos\u00e9 Mart\u00ednez Portacio frente al fallo proferido el pasado 13 de abril por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada al disponer la nulidad del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[d]ejar sin vigencia el auto de\u2026 11 de noviembre de 2022[,] emitido por la parte accionada\u00bb; y \u00abse restablezca \u00edntegramente, lo resuelto por el\u2026 juez primero penal del circuito de Cartagena mediante auto de\u2026 16 de agosto de 2022 que decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y el archivo de la actuaci\u00f3n penal seguida en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En la causa penal que cursa contra el actor por el delito de extorsi\u00f3n agravada, en grado de tentativa, el 16 de agosto de 2022 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena \u00abdeclar[\u00f3] [la] prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y por tanto, la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n\u2026[,] y [neg\u00f3] la nulidad planteada por el Ministerio P[\u00fa]blico\u00bb; determinaci\u00f3n que el Tribunal convocado, el 11 de noviembre siguiente, revoc\u00f3 para, en su lugar, \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado, desde el auto de\u2026. 27 de mayo de 2021, proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena, en el que se aprob\u00f3 el preacuerdo\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el accionante indic\u00f3 que con tal proceder la Colegiatura acusada contrari\u00f3 lo que hab\u00eda resuelto previamente, permitiendo al Ministerio P\u00fablico, irregularmente, \u00abcontrolar materialmente la acusaci\u00f3n e inmiscuirse en las competencias y facultades de la agencia fiscal\u00bb; que, ante ello, la Fiscal\u00eda ahora \u00abexpone[,] manifiesta y expresamente[,] que\u2026 no puede preacordar con la defensa material ni t\u00e9cnica porque la decisi\u00f3n del Tribunal\u2026 se lo impide\u00bb, cuando esa era \u00abla esperanza que ten\u00eda [esa] defensa de retomar el preacuerdo con la fiscal\u00eda en los t\u00e9rminos de tipicidad objetiva ajustada y no es posible por la negativa del fiscal ante lo resuelto por el\u2026 accionado. La parte accionada condicion\u00f3 al fiscal en desmedro de los derechos del procesado\u00bb; y que \u00ab[e]s una situaci\u00f3n bien at\u00edpica y ex\u00f3tica que\u2026 un procesado quiera preacordar y el fiscal le diga que tiene toda la voluntad de hacerlo pero, los dictados del auto de un Tribunal le impiden hacerlo\u00bb, por lo que no cuenta con un mecanismo diferente al de la acci\u00f3n de tutela para obtener el resguardo de sus derechos, \u00abpese a que el proceso est\u00e1 en curso, el fiscal alega que el dictado del tribunal es expreso y perentorio y el juez y el fiscal est\u00e1n en una camisa de fuerza que les puso el Tribunal con su fallo de noviembre 11 de 2022\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos del reclamante porque sus decisiones fueron \u00abrazonables y consecuentes con el objeto que en su momento se aprestaba a definir\u00bb, sin que ninguna contenga \u00abirregularidades u alg\u00fan defecto que amerite acoger las pretensiones del gestor\u00bb; \u00abjam\u00e1s incursion\u00f3 a analizar o a cuestionar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, no le compet\u00eda\u00bb; y \u00abha tomado postura y determin\u00f3 que el delito que se estructura conforme a los hechos es el de extorsi\u00f3n, previa valoraci\u00f3n de los elementos aportados en la actuaci\u00f3n penal, porque de ninguna manera puede admitirse un preacuerdo sin base f\u00e1ctica y a partir de all\u00ed generar un doble beneficio al procesado, ello est\u00e1 vedado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en todo caso, este reclamo tutelar era improcedente porque \u00abse incumple el requisito general de subsidiariedad\u2026, porque el proceso penal en el que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de controversia se encuentra en curso, al punto que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena detenta [su] conocimiento\u2026 y el procesado tiene todas las posibilidades de preacordar, siempre y cuando se respete la base f\u00e1ctica planteada en la imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n (coherencia)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena sostuvo que \u00abno ha vulnerado derecho alguno al accionante\u00bb, comoquiera que \u00abdurante todo el proceso penal que se viene adelantando, fue garante de los derechos legales y constitucionales que le asisten a todos los sujetos procesales\u00bb; que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que se ha limitado a \u00abacatar una orden impartida por el superior jer\u00e1rquico en el auto de\u2026 11 de noviembre, de ninguna forma le corresponder\u00eda\u2026 la de cuestionar, desacatar o mucho menos revocar dicha providencia, pues escapa del \u00e1mbito de [su] competencia\u00bb; y en todo caso, la petici\u00f3n de amparo insatisface los presupuestos generales y espec\u00edficos para su procedencia. <\/p>\n
3. Ang\u00e9lica Rodr\u00edguez Castilla, v\u00edctima en la actuaci\u00f3n fustigada, anot\u00f3 que ha manifestado, \u00abhasta el cansancio\u00bb, que el accionante la \u00abrepar\u00f3 e indemniz\u00f3 econ\u00f3micamente\u00bb, por lo que no entiende porque el asunto no ha terminado; y que a pesar de tener conocimiento del decurso procesal fustigado, voluntariamente se ha marginado del mismo porque no quiere participar en \u00e9l. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Primera Especializada de Cartagena indic\u00f3 que \u00ab[e]l preacuerdo realizado entre [esa] delegada y\u2026 Mart\u00ednez Portacio, con la presencia y asesor\u00eda de su defensor t\u00e9cnico, fue amparado en virtud del principio de legalidad y estricta tipicidad debido a que, nunca fue modificado el n\u00facleo f[\u00e1]ctico que motivo a dar inicio al proceso penal\u00bb, comoquiera que lo que \u00abrealiz[\u00f3] fue una variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de los sucesos\u00bb, \u00abde la conducta punible de extorsi\u00f3n a constre\u00f1imiento ilegal\u00bb, la que si tiene \u00abbase f\u00e1ctica, porque nunca fue lesionado el patrimonio econ\u00f3mico de la v\u00edctima, quien decidi\u00f3 reintegrar en dinero al procesado todos aquellos bienes que hab\u00eda recibido de su mera liberalidad \u2013Regalos- durante el t\u00e9rmino de la relaci\u00f3n sentimental\u00bb, a m\u00e1s que dicho \u00abcambio del nomen iuris, es procedente durante el preacuerdo, porque\u2026 este equivale al escrito de acusaci\u00f3n, como lo dispone expresamente el art\u00edculo 350 de la ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 291 Judicial Penal I de Cartagena afirm\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo no satisface el presupuesto de la inmediatez, sumado a que lo inviablemente pretendido por el promotor es \u00abpropiciar un escenario en el cual el juez constitucional se inmiscuya dentro del tr\u00e1mite ordinario del proceso y superar las dificultades que ahora se le presentan para un eventual preacuerdo con el fiscal del caso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abes claro que el peticionario equivoc\u00f3 la v\u00eda para proponer su queja, ya que cualquier reclamaci\u00f3n o petici\u00f3n debe presentarla al interior del diligenciamiento que se encuentra en tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que descarta la intervenci\u00f3n del juez de tutela en asuntos ajenos a los de su competencia, porque le est\u00e1 vedado asumir funciones asignadas por la ley y la Constituci\u00f3n a otras autoridades, con mayor raz\u00f3n trat\u00e1ndose de asuntos a\u00fan no finiquitados\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el quejoso insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que los reproches del censor se enfilaron a derruir la declaraci\u00f3n de nulidad dispuesta por el Tribunal convocado. <\/p>\n
En efecto, la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se hab\u00eda dictado sentencia de primer grado para cuando fue propuesta esta salvaguarda, la que de resultarle adversa al quejoso ser\u00eda susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que eventualmente tampoco comparta la determinaci\u00f3n del ad-quem, podr\u00eda acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de sus alegaciones, su reclamo se mostraba presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plante\u00f3, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, en otra oportunidad esta Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada ocasi\u00f3n [Vid sentencia del 9 de octubre de 2003, exp. 02766.] y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ag., rad. 2016-01093-01; y STC2674-2020, 12 mar., rad. 2020-00150-01). <\/p>\n
Por ese rumbo, la eventual conculcaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales que aqu\u00ed se adujo, muy a pesar de la insistencia del quejoso, es un asunto que a\u00fan puede plantear en el juicio recriminado y, de llegar a demostrar que le asiste raz\u00f3n, habr\u00e1n de tomarse all\u00ed las medidas adecuadas para renovar la actuaci\u00f3n, por lo que las v\u00edas atr\u00e1s referidas (recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n frente a las eventuales sentencias adversas) s\u00ed se muestran id\u00f3neas y eficaces para su cometido, evidenci\u00e1ndose que actualmente no se presenta ning\u00fan eventual perjuicio irremediable que torne procedente este resguardo como mecanismo transitorio, m\u00e1xime cuando no existe condena en firme alguna en su contra, de donde insatisfechos est\u00e1n los supuestos jurisprudenciales para la viabilidad excepcional de este ruego supralegal. <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6434-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6434-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00636-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Juan Jos\u00e9 Mart\u00ednez Portacio frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}