STC6436-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6436-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02437-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo El\u00edas Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero de Familia, ambos de Ibagu\u00e9, as\u00ed como las partes e intervinientes en los procesos de cancelaci\u00f3n de afectaci\u00f3n a vivienda familiar radicado n\u00ba 2015-00118 y ejecutivo singular n\u00ba 2009-00278. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae que, el aqu\u00ed actor (junto a su c\u00f3nyuge Lina Ximena G\u00f3mez) adquiri\u00f3, por compraventa realizada a Nancy Stella Mahecha Ram\u00edrez, el inmueble \u00abcasa-lote n\u00ba 36 de la Urbanizaci\u00f3n Altos de Santa Elena, ubicado en [\u2026] de la ciudad de Ibagu\u00e9\u00bb; dicha negociaci\u00f3n consisti\u00f3 en el pago de un precio de \u00ab$100\u2019.000.000.\u00bb, m\u00e1s la entrega de dos lotes ubicados en el barrio \u00abEl Salado\u00bb de la misma ciudad, propiedad de los compradores. <\/p>\n
Empero, para la vendedora, los precios de los terrenos entregados como permuta resultaron ser muy inferiores, pues, sumados al dinero ya cancelado, no alcanzaba ni siquiera el 50% del valor real del inmueble que les vendi\u00f3, raz\u00f3n por la cual promovi\u00f3 en contra de aqu\u00e9llos proceso ordinario de lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
Dicho asunto, que conoci\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (Rad. 2009-00278) termin\u00f3 el 30 de agosto de 2012 con sentencia que declar\u00f3 la existencia de la lesi\u00f3n enorme en el consabido negocio jur\u00eddico, ordenando a los demandados \u00abcompletar el justo precio equivalente a $150\u2019.193.043.\u00bb, decisi\u00f3n que no fue apelada. <\/p>\n
Para el cobro de la condena se\u00f1alada en aqu\u00e9l fallo, la demandante Mahecha Ram\u00edrez instaur\u00f3 a continuaci\u00f3n el respectivo ejecutivo (bajo el mismo radicado n\u00ba 2009-00278). <\/p>\n
As\u00ed mismo, interpuso demanda de cancelaci\u00f3n de afectaci\u00f3n a vivienda familiar del inmueble objeto de la compraventa, con el fin de hacerlo parte de las medidas cautelares que deprecar\u00eda en el recaudo, causa que igualmente se resolvi\u00f3 a su favor el 4 de octubre de 2016 por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 (rad. 2015-00118). <\/p>\n
De otro lado, en el coercitivo que cursa en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, por auto del 20 de junio de 2013 se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n de la cifra indicada en el fallo que declar\u00f3 la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
El 13 de julio de 2021, el apoderado de los ejecutados (del aqu\u00ed accionante) solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del compulsivo por desistimiento t\u00e1cito. Con auto del d\u00eda 30 de ese mismo mes y a\u00f1o, el juzgado neg\u00f3 la solicitud en consideraci\u00f3n a que el t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os de inactividad a\u00fan no se cumpl\u00eda. <\/p>\n
Posteriormente, el 11 de julio de 2022, el apoderado del aqu\u00ed tutelante reiter\u00f3 la petici\u00f3n, en virtud a que ya hab\u00edan transcurrido \u00abdos (2) a\u00f1os y medio de total inactividad, teniendo en cuenta y descontando incluso el tiempo de suspensi\u00f3n de t\u00e9rmino judiciales por pandemia covid-19\u00bb. Esta \u00faltima solicitud tuvo pronunciamiento del despacho el 11 de noviembre de 2022 desestim\u00e1ndola nuevamente, esta vez, tras considerar que el t\u00e9rmino establecido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso se hab\u00eda interrumpido con la solicitud anterior de terminaci\u00f3n del proceso, es decir, con aquella que tuvo resoluci\u00f3n en prove\u00eddo de 30 de julio de 2021, por lo que, de ese modo, \u00abel t\u00e9rmino de dos a\u00f1os hab\u00eda vuelto a empezar y ahora tampoco se cumpl\u00eda el tiempo\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Civil Familia (unitaria) del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 30 de marzo de 2023, refrendando los razonamientos del juez a quo. <\/p>\n
Acude el actor a la presente salvaguarda cuestionando principalmente las \u00faltimas de las determinaciones rese\u00f1adas, esto es, las que negaron la terminaci\u00f3n del ejecutivo por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Adem\u00e1s de acusar que se presentaron diversas irregularidades procesales en las otras causas judiciales (el ordinario de lesi\u00f3n enorme y el de cancelaci\u00f3n de afectaci\u00f3n a vivienda familiar) centr\u00f3 su cr\u00edtica en las argumentaciones del juzgado y el tribunal para denegar la terminaci\u00f3n del coercitivo por la causal 2\u00aa del canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sostiene que, la parte actora durante m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os no se pronunci\u00f3 ni impuls\u00f3 el ejecutivo \u00abdemostrando total desinter\u00e9s y abandono del proceso, puesto que es la obligada a moverlo [\u2026] y quien teniendo la carga procesal no hizo nada de lo que le correspond\u00eda luego de la \u00faltima actuaci\u00f3n del juzgado el 20 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
Destaca especialmente que, los accionados desconocieron varios precedentes jurisprudenciales que tratan el tema del entendimiento que debe d\u00e1rsele al literal c, del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que, se ha indicado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil y la Corte Constitucional que \u00absolo las actuaciones relevantes en el proceso pueden dar lugar a la interrupci\u00f3n de los lapsos\u00bb, y en este caso, seg\u00fan alega, la actuaci\u00f3n de su apoderado no puede considerarse relevante, ya que no comprendi\u00f3 un impulso del proceso (cit\u00f3 pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n en sede de tutela que desarrollaron la tesis que trae como sustento de la presente demanda \u2013 STC11191-2020; STC4021-2020; STC12116-2022; STC8911-2020 y AC7100-2017; as\u00ed como la SU-332 de 2019 de la Corte Constitucional que habla del precedente judicial). <\/p>\n
As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que los tutelados incurrieron en defecto f\u00e1ctico porque omitieron valorar las pruebas que alleg\u00f3 respecto a las anomal\u00edas que se presentaron a lo largo del juicio de lesi\u00f3n enorme, las inconsistencias en la escritura p\u00fablica del inmueble y en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del mismo, entre otras; y finalmente, aduce que los autos que negaron la terminaci\u00f3n del litigio, no contienen \u00abun m\u00ednimo razonable de argumentaci\u00f3n\u00bb que expliquen por qu\u00e9 se apartaron de la jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, se dejen sin valor ni efecto las decisiones del Juzgado Tercero Civil del Circuito Ibagu\u00e9 y de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial que negaron la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, y se ordene que \u00abse decrete la terminaci\u00f3n y archivo definitivo del proceso por desistimiento t\u00e1cito conforme al numeral 2 del art\u00edculo 317 del C.G.P., y dar aplicaci\u00f3n a las respectivas consecuencias, como: levantar todas las medidas cautelares liberando el bien en todo sentido, al igual que anular la falsa protocolizaci\u00f3n en escritura, base de datos de toda esta corrupci\u00f3n [\u2026] compulsar copias a la fiscal\u00eda contra mi contraparte y los dem\u00e1s implicados por todos los delitos que hubieren (\u2026) se ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 abstenerse de realizar el secuestro comisionado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada sustanciadora de la decisi\u00f3n refutada, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, manifest\u00f3 atenerse a lo consignado y a las razones jur\u00eddicas que motivaron la decisi\u00f3n del 30 de marzo de este a\u00f1o. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto el juicio cuestionado, \u00abse ha surtido respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa del demandado [quien] ha estado representado por apoderado [\u2026] ha conocido las decisiones adoptadas y ha interpuesto los recursos de ley, los cuales han sido decididos tanto en primera como en segunda instancia por parte del Tribunal Superior\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero de Familia de esa ciudad inform\u00f3 que tramit\u00f3 el proceso de cancelaci\u00f3n de afectaci\u00f3n a vivienda familiar que promovi\u00f3 Nancy Stella Mahecha Ram\u00edrez contra Ricardo El\u00edas Hern\u00e1ndez y su esposa Lina Ximena G\u00f3mez Hern\u00e1ndez, y que finaliz\u00f3 con sentencia el 4 de octubre de 2016, providencia contra la cual, los demandados interpusieron en su momento acci\u00f3n de tutela, la misma que fue denegada por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 21 de noviembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el quejoso al denegar la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito del ejecutivo rad. 2009-00278, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por desconocimiento de precedente jurisprudencial, defecto f\u00e1ctico y falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos que, en primera y segunda instancia, negaron terminar el compulsivo por desistimiento t\u00e1cito, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil Familia (unitaria), por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
Se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada v\u00eda de hecho. <\/p>\n
La incursi\u00f3n en los referidos \u00abdefectos\u00bb, habilita eventualmente la injerencia del juez constitucional si advierte, por ejemplo, que ha dejado de aplicarse una norma que gobierna la tem\u00e1tica o se hace en un sentido manifiestamente contrario a su contenido; o si el operador jur\u00eddico, sin ofrecer argumentos suficientes y aptos, se aleja del precedente o del criterio lineal del \u00f3rgano judicial de cierre o si resuelve en contrav\u00eda de sus propios pronunciamientos, vulnerando el derecho a la igualdad de las parte frente a un caso id\u00e9ntico. <\/p>\n
3.3. Sobre el desconocimiento del precedente judicial como causal espec\u00edfica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, el Alto Tribunal Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se evidencia un apartamiento de la jurisprudencia de forma aut\u00f3noma, esto es, se produce cuando una autoridad judicial: <\/p>\n
\u00abi) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u00bb (CC SU-298\/15) Negrillas de la Corte. <\/p>\n
En punto de esta circunstancia, resulta necesario precisar que para la comprobaci\u00f3n de tal irregularidad debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que constituya un derrotero a seguir. Puede hablarse de precedente horizontal, cuando en una misma corporaci\u00f3n existe una posici\u00f3n consolidada y\/o un\u00e1nime por parte de las salas que la componen respecto a una materia, y de precedente vertical cuando ello tiene lugar en relaci\u00f3n con decisiones del superior funcional de quien la ha de emplear. <\/p>\n
La misma Corte Constitucional, en decisi\u00f3n posterior, recalc\u00f3 la preponderancia del precedente judicial como criterio de soluci\u00f3n, <\/p>\n
En los sistemas jur\u00eddicos contempor\u00e1neos, la interpretaci\u00f3n que realizan los jueces incluye el derecho legislado y la norma jur\u00eddica que se deriva de una sentencia. N\u00f3tese que el derecho jurisprudencial es un criterio interpretativo insoslayable para que los jueces fundamenten sus decisiones. La mayor\u00eda de los argumentos jur\u00eddicos act\u00faan mediante analog\u00eda y la distinci\u00f3n, como sucede con la jurisprudencia, puesto que se relacionan, de un lado, los hechos con las decisiones pasadas; de otro lado, los supuestos f\u00e1cticos de un caso anterior con una causa similar en el futuro para aplicar la regla de decisi\u00f3n fijada y resolver la disputa. <\/p>\n
En ese contexto, esta Corporaci\u00f3n ha entendido por precedente judicial \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d\u00bb (CC. SU-068\/18) Subrayado de fuera de texto. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
El asunto que se analiza se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis ya que, el tribunal accionado, al resolver como lo hizo, esto es, confirmando la decisi\u00f3n del juez a quo que neg\u00f3 la finalizaci\u00f3n del coercitivo por cuenta del acaecimiento del t\u00e9rmino del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del estatuto adjetivo al entender que, se hab\u00eda interrumpido el mismo por virtud de una anterior solicitud en id\u00e9ntico sentido, es decir, de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito impetrada por la parte ejecutada, en este caso en particular, contrar\u00eda la interpretaci\u00f3n que la Sala ha venido refrendando en recientes pronunciamientos frente a dicha normativa. <\/p>\n
4.1. En efecto, obs\u00e9rvese, el tribunal accionado ratific\u00f3 el razonamiento de la primera instancia acerca de los eventos y actuaciones que sirven para interrumpir el conteo del t\u00e9rmino del referido canon 317, tras se\u00f1alar que, <\/p>\n
\u00abBasta revisar las piezas procesales allegadas en esta sede para colegir el fracaso de las censuras formuladas, si en la cuenta se tiene que la \u00faltima actuaci\u00f3n obrante en el plenario digital data del 30 de julio de 2021, \u00e9poca en la que el juzgador primario cerr\u00f3 la discusi\u00f3n planteada en esa oportunidad sobre la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito solicitada por los ejecutados, el 9 de julio de la citada anualidad , siendo aquella la \u00faltima actuaci\u00f3n que debe tenerse en cuenta entre tanto gener\u00f3 alteraci\u00f3n al proceso e interrumpi\u00f3 el lapso contabilizado para los efectos del art\u00edculo 317 del estatuto procedimental civil. <\/p>\n
En efecto, es claro el precepto legal al determinar que el t\u00e9rmino de inactividad debe ser contado \u201c(\u2026) desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n\u201d, sin condicionar que aquella haya acaecido producto de lo solicitado por el demandante o el demandado en el interior del proceso, pues se advierte a regl\u00f3n seguido que, \u201ccualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, complement\u00f3 indicando que, esta Sala con anterioridad resalt\u00f3 que (STC7537-2016), <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Una sana hermen\u00e9utica del texto legal referido, indica entonces, que para que podamos considerar que un expediente estuvo \u201cinactivo\u201d en la secretar\u00eda del despacho, debe permanecer hu\u00e9rfano de todo tipo de actuaci\u00f3n, es decir, debe carecer de tr\u00e1mite, movimiento o alteraci\u00f3n de cualquier naturaleza y ello debe ocurrir durante un plazo m\u00ednimo de un a\u00f1o, si lo que se presente es aplicarle v\u00e1lidamente la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito\u201d. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, ha esbozado la doctrina nacional que, \u201ccon relaci\u00f3n al c\u00f3mputo del plazo respectivo, que es de un a\u00f1o si a\u00fan no se ha proferido sentencia de primera instancia o de dos cuando \u201cexiste sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u201d, queda establecido que debe correr de manera ininterrumpida y para que as\u00ed suceda es menester que dentro del lapso respectivo no exista ninguna actuaci\u00f3n del juez, ni de la parte demandante, lo que supone que el primero no ha dictado providencia alguna y que el segundo no ha presentado solicitud de ninguna naturaleza\u201d \u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, a partir del precedente enunciado y de la doctrina precitada, la magistratura tutelada concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es claro que la \u00faltima actuaci\u00f3n obrante en el plenario digital data del 30 de julio de 2021 y que, a la fecha en que se instaur\u00f3 nuevamente la solicitud de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1ctico (7 de julio de 2022), no hab\u00edan transcurrido los dos a\u00f1os de inactividad requeridos en asuntos de esta \u00edndole, de cara a lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C.G.P.\u00bb <\/p>\n
4.2. No obstante, como se anticip\u00f3, esa determinaci\u00f3n no presenta una soluci\u00f3n acorde con las reglas establecidas por esta Corporaci\u00f3n para la correcta hermen\u00e9utica de la referida disposici\u00f3n \u2013 literal c, numeral 2\u00ba, art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013, al considerar que una actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza interrumpe el t\u00e9rmino all\u00ed consagrado para dar por finiquitado un proceso por aplicaci\u00f3n de ese instituto jur\u00eddico. <\/p>\n
Por el contrario, la postura de la Sala ha sido lineal en el sentido de explicar que, una aplicaci\u00f3n literal de ese precepto permitir\u00eda dilatar de manera injustificada el tr\u00e1mite e impedir\u00eda la pronta resoluci\u00f3n del mismo a partir de intervenciones inocuas o inid\u00f3neas para el impulso procesal, como por ejemplo, solicitudes de copias, presentaciones de poderes o peticiones diversas sin efectiva incidencia en el acontecer litigioso, a las cuales no podr\u00eda d\u00e1rseles la entidad o preponderancia como para interrumpir el lapso fijado en la disposici\u00f3n legal en comento. <\/p>\n
Es decir, una ex\u00e9gesis restrictiva de la referida normativa desvirtuar\u00eda principios orientadores del C\u00f3digo General del Proceso como los de econom\u00eda procesal, celeridad, razonabilidad, proporcionalidad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales, y en definitiva, se apartar\u00eda del prop\u00f3sito que busc\u00f3 el legislador con la incorporaci\u00f3n de dicha figura. <\/p>\n
Por lo tanto, el juzgador a la hora de evaluar la finalizaci\u00f3n del pleito como sanci\u00f3n a la inactividad, deber\u00e1, por un lado, analizar si la par\u00e1lisis del juicio le es imputable a la parte que promovi\u00f3 la causa o que, en todo caso, resultar\u00eda afectada con el decreto de desistimiento; y de otro, si las actuaciones surtidas durante el transcurso del t\u00e9rmino previsto en el canon 317 del estatuto adjetivo fueron relevantes y estuvieron orientadas a la culminaci\u00f3n de la controversia, de manera que se aprecien aptas y suficientes para evadir la consecuencia legal de la inercia. <\/p>\n
4.3. En un caso de perfiles similares, es decir, en el contexto de un juicio ejecutivo en el que se suscit\u00f3 el mismo debate, la Sala en sede de tutela \u2013 STC11191-2020 \u2013 se ocup\u00f3 de unificar las reglas jurisprudenciales de interpretaci\u00f3n del literal \u00abc\u00bb del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del ejusdem, al explicar que, <\/p>\n
El \u00faltimo de tales preceptos [literal c, numeral 2\u00ba, art\u00edculo 317 C.G.P.] es uno de los m\u00e1s controvertidos, como quiera que hay quienes sostienen, desde su interpretaci\u00f3n literal, que la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que trunca la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno es \u00abcualquiera\u00bb, sin importar si tiene relaci\u00f3n con la \u00abcarga requerida para el tr\u00e1mite\u00bb o si es suficiente para \u00abimpulsar el proceso\u00bb, en tanto otros afirman que aquella debe ser eficaz para poner en marcha el litigio. <\/p>\n
(\u2026) Es cierto que la \u00abinterpretaci\u00f3n literal\u00bb de dicho precepto conduce a inferir que \u00abcualquier actuaci\u00f3n\u00bb, con independencia de su pertinencia con la \u00abcarga necesaria para el curso del proceso o su impulso\u00bb tiene la fuerza de \u00abinterrumpir\u00bb los plazos para que se aplique el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb. Sin embargo, no debe olvidarse que la ex\u00e9gesis gramatical no es la \u00fanica admitida en la \u00abley\u00bb. Por el contrario, como lo impone el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Civil, su alcance debe determinarse teniendo en cuenta su \u00abcontexto\u00bb, al igual que los \u00abprincipios del derecho procesal\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: (\u2026) cuando el derecho procesal en su conjunto, percibido por lo tanto en su cohesi\u00f3n l\u00f3gica y sistem\u00e1tica cual lo exige el Art. 4 de la codificaci\u00f3n, denota con claridad suficiente que determinada regla debe tener un alcance distinto del que hab\u00eda de atribu\u00edrsele de estarse \u00fanicamente a su expresi\u00f3n gramatical, es sin duda el primero el que prevalece (\u2026). La ley constituye un todo fundado en ideas b\u00e1sicas generales, articulado seg\u00fan determinados principios de ordenamiento, y que a su vez est\u00e1 ubicado en el ordenamiento jur\u00eddico global. La tarea de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica consiste en asignar a cada norma dentro de ese todo y de ese ordenamiento global, el lugar que le corresponde seg\u00fan la voluntad reconocible de la ley y extraer de esa ubicaci\u00f3n conclusiones l\u00f3gicas sobre el contenido de la misma…\u2019 (AC 8 abr. 2013, rad. 2012-01745- 00). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en aquella providencia se dej\u00f3 sentado que, en tanto que el desistimiento t\u00e1cito busca solucionar la \u00abpar\u00e1lisis\u00bb de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, \u00abla \u201cactuaci\u00f3n\u201d que conforme al literal c) de dicho precepto \u201cinterrumpe\u201d los t\u00e9rminos para que se \u201cdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u201d, es aquella que lo conduzca a \u201cdefinir la controversia\u201d o a poner en marcha los \u201cprocedimientos\u201d necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con ello, en la decisi\u00f3n que se cita se recalc\u00f3 que la actuaci\u00f3n que se eval\u00faa, a efecto de establecer si es relevante o no como para interrumpir la terminaci\u00f3n por la v\u00eda del 317, debe ser <\/p>\n
\u00ab(\u2026) apta y apropiada y para \u201cimpulsar el proceso\u201d hacia su finalidad, por lo que, \u201c[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u201d carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u201cponen en marcha\u201d (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020). <\/p>\n
Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que adem\u00e1s que all\u00ed se afirma que el \u00abliteral c\u00bb aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jur\u00eddica. No obstante, dado que prev\u00e9n hip\u00f3tesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cu\u00e1l es la \u00abactuaci\u00f3n eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento\u00bb. <\/p>\n
Como en el numeral 1\u00b0 lo que evita la \u201cpar\u00e1lisis del proceso\u201d es que \u201cla parte cumpla con la carga\u201d para la cual fue requerido, solo \u201cinterrumpir\u00e1\u201d el t\u00e9rmino aquel acto que sea \u201cid\u00f3neo y apropiado\u201d para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, solo la \u201cactuaci\u00f3n\u201d que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino. <\/p>\n
En el supuesto de que el expediente \u201cpermanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n (\u2026) en primera o \u00fanica instancia\u201d, tendr\u00e1 dicha connotaci\u00f3n aquella \u201cactuaci\u00f3n\u201d que cumpla en el \u201cproceso la funci\u00f3n de impulsarlo\u201d, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo. As\u00ed, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la \u201csecretar\u00eda del juzgado\u201d por un (1) a\u00f1o sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podr\u00e1 afectar el conteo de la anualidad con el \u201cemplazamiento\u201d exigido para integrar el contradictorio\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se resalt\u00f3 que, en los compulsivos que cuenten con sentencia o auto que ordena seguir adelante con el cobro, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la \u201cactuaci\u00f3n\u201d que valdr\u00e1 ser\u00e1 entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las \u201cliquidaciones de costas y de cr\u00e9dito\u201d, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada. Lo dicho, claro est\u00e1, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194\/2008), en cuanto a que el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d no se aplicar\u00e1, cuando las partes \u201cpor razones de fuerza mayor, est\u00e1n imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia\u201d (\u2026)\u00bb (STC11191-2020, 9 dic.). <\/p>\n
4.4. De modo que, se recalca, para la Corte no toda actuaci\u00f3n interrumpe el plazo para la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, sino \u00fanicamente aquella que tiende al cumplimiento id\u00f3neo del acto procesal requerido a la parte para el impulso del proceso, es decir, que resulte eficaz para llevar adelante el tr\u00e1mite y conducirlo a su finalizaci\u00f3n, tesis que se ha replicado en recientes pronunciamientos en los que, en sede de tutela, se abord\u00f3 la discusi\u00f3n (STC1130-2021; STC422-2023; y, STC4639-2023 entre otros). <\/p>\n
Entonces, concern\u00eda a los jueces cognoscentes, particularmente al de segundo grado, verificar, adem\u00e1s de las circunstancias f\u00e1cticas y preceptos normativos, las reglas jurisprudenciales aplicables al caso concreto, como las contenidas en las providencias que se acaban de citar; no obstante, esa labor no fue desarrollada, por lo que se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional para conjurar la situaci\u00f3n an\u00f3mala, en aras de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso y restablecer el orden constitucional quebrantado. <\/p>\n
4.5. Por lo anterior, se dejar\u00e1 sin efectos el auto de 30 de marzo de 2023 emanado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 dentro del compulsivo 2009-00278, a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 el prove\u00eddo del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad que deneg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n de la providencia materia de la queja constitucional, de cara a las particulares connotaciones que encierra la situaci\u00f3n cuestionada, desatendi\u00f3 el criterio actual consolidado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte en torno a la interpretaci\u00f3n del literal c, del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que emerge viable la concesi\u00f3n de la salvaguarda en los t\u00e9rminos indicados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso del accionante. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 30 de marzo de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en el curso del compulsivo que se sigue contra el aqu\u00ed convocante (rad. n.\u00ba 2009-00278). <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad que, dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n a su cargo, con observancia en las consideraciones plasmadas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado, en oportunidad remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6436-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6436-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02437-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo El\u00edas Hern\u00e1ndez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74583","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74583"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74583\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}