{"id":74584,"date":"2024-05-20T22:42:28","date_gmt":"2024-05-20T22:42:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc6438-2023\/"},"modified":"2024-05-20T22:42:28","modified_gmt":"2024-05-20T22:42:28","slug":"stc6438-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc6438-2023\/","title":{"rendered":"STC6438 2023"},"content":{"rendered":"<p>STC6438-2023<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC6438-2023 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00b0 52001-22-13-000-2023-00062-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., cinco &nbsp;(5) de julio de &nbsp;dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp;<\/p>\n<p>Se &nbsp;decide la impugnaci\u00f3n promovida por Alicia del Socorro Cer\u00f3n &nbsp;frente al fallo emitido el pasado 6 de junio por la Sala &nbsp;Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, &nbsp;que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela incoada por ella &nbsp;contra el Juzgado &nbsp;Sexto de Familia de esa ciudad, &nbsp;a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes &nbsp;en el asunto que origin\u00f3 la queja. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La &nbsp;actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales &nbsp;a la \u00abpropiedad, &nbsp;vida, integridad, salud, libre desarrollo de la personalidad\u2026 &nbsp;[y] m\u00ednimo vital\u00bb, &nbsp;presuntamente conculcados por la sede judicial acusada con ocasi\u00f3n &nbsp;del decreto de medidas cautelares sobre un automotor de su propiedad. &nbsp;<\/p>\n<p>Solicit\u00f3, &nbsp;entonces, ordenar al Juzgado encausado \u00abefectuar &nbsp;el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro &nbsp;constituidas sobre el veh\u00edculo de [su] propiedad y posesi\u00f3n[,] &nbsp;de\u2026 placas GDP 306\u00bb, &nbsp;y \u00aboficiar de &nbsp;dicho levantamiento a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y &nbsp;Transporte Municipal de Pasto\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Los &nbsp;siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del &nbsp;presente caso: &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En &nbsp;el juicio ejecutivo de alimentos que Nancy Lorena Escobar Rojas, en &nbsp;nombre de su hija menor de edad, instaur\u00f3 contra el padre de &nbsp;\u00e9sta, Ricardo Andr\u00e9s Parra Cer\u00f3n, el 24 de &nbsp;febrero \u00faltimo, previa solicitud de parte, el Juzgado acusado &nbsp;decret\u00f3 el embargo y secuestro del derecho de posesi\u00f3n &nbsp;que, se adujo, ejerce el ejecutado sobre el veh\u00edculo de placas &nbsp;GDP-306. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En &nbsp;sede de tutela, la accionante aleg\u00f3 que como propietaria y &nbsp;real poseedora del rodante referido a espacio, de materializarse las &nbsp;aludidas cautelas, su supervivencia se ver\u00e1 injustamente &nbsp;afectada, en tanto que requiere dicho automotor para, adem\u00e1s &nbsp;de poder asistir al desarrollo de sus diferentes actividades &nbsp;habituales, desplazarse al casco urbano, desde la vereda donde &nbsp;habita, en tanto que su estado de salud le impone acudir all\u00ed &nbsp;de forma constante para recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica de &nbsp;control y urgencias. &nbsp;<\/p>\n<p>Resalt\u00f3 &nbsp;que \u00ab[su] &nbsp;avanzada edad, [su] deteriorado estado de salud f\u00edsica, &nbsp;psicol\u00f3gica y emocional, y [su] condici\u00f3n de g\u00e9nero &nbsp;como mujer rural, determinan en [ella] un estado de debilidad &nbsp;manifiesta\u2026 e indefensi\u00f3n\u00bb, &nbsp;a m\u00e1s de hallarse ad &nbsp;portas &nbsp;de sufrir un perjuicio irremediable, el que s\u00f3lo podr\u00e1 &nbsp;enfrentar a trav\u00e9s de un incidente de levantamiento de &nbsp;cautelas, cuya resoluci\u00f3n \u00absuele &nbsp;tardar hasta un a\u00f1o\u00bb, &nbsp;por lo que el mismo no es id\u00f3neo ni eficaz para resolver la &nbsp;situaci\u00f3n que denuncia. &nbsp;<\/p>\n<p>LAS &nbsp;RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El &nbsp;Juzgado Sexto de Familia de Pasto pidi\u00f3 declarar \u00abimprocedente &nbsp;la acci\u00f3n constitucional deprecada\u2026 por no ajustarse a &nbsp;las exigencias legales\u00bb, &nbsp;aludi\u00f3 a la procedencia de cautelas sobre el derecho de &nbsp;posesi\u00f3n ejercido sobre veh\u00edculos automotores y &nbsp;manifest\u00f3 que el reclamo insatisface el presupuesto de la &nbsp;subsidiariedad porque la quejosa \u00abno &nbsp;se permiti\u00f3 agotar los medios legales que ostenta o tiene a su &nbsp;favor para solicitar ante [ese] Despacho\u2026 el levantamiento de &nbsp;la medida cautelar de embargo y secuestro que fuera decretada sobre &nbsp;su veh\u00edculo automotor, es m\u00e1s, con los anexos que &nbsp;allega al escrito de tutela, se puede considerar que cuenta con el &nbsp;acervo probatorio suficiente para que\u2026 hubiera atendido su &nbsp;petici\u00f3n\u00bb, &nbsp;sin que \u00abse &nbsp;puede excusar en que un incidente de levantamiento de medida &nbsp;cautelar, puede durar m\u00e1s de un a\u00f1o, sin ni siquiera &nbsp;intentar su tr\u00e1mite, sin ni siquiera informar a [ese] Despacho &nbsp;la dif\u00edcil situaci\u00f3n que seg\u00fan su decir &nbsp;enfrenta, sin allegar las pruebas que anexa al escrito de tutela, &nbsp;pretendiendo evitar el tr\u00e1mite legal para el levantamiento de &nbsp;la medida\u2026 y buscando que por v\u00eda de tutela se le &nbsp;defina una situaci\u00f3n que a todas luces debe elevar primero &nbsp;ante [esa] Judicatura\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ricardo &nbsp;Andr\u00e9s Parra Cer\u00f3n refrend\u00f3 las manifestaciones &nbsp;de la accionante, indic\u00f3 desconocer los pronunciamientos &nbsp;efectuados en el juicio reprochado, que es falso que ejerza el &nbsp;derecho de posesi\u00f3n sobre el veh\u00edculo cautelado y que, &nbsp;ciertamente, se encuentra en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica &nbsp;compleja que le impide asumir sus obligaciones alimentarias para con &nbsp;su hija, sumado a que la madre de \u00e9sta tiene suficientes &nbsp;recursos para solventarlas. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;SENTENCIA IMPUGNADA &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;a-quo &nbsp;constitucional deneg\u00f3 la &nbsp;protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la &nbsp;subsidiariedad, comoquiera que la quejosa \u00abno &nbsp;ha solicitado ante el estrado querellado el levantamiento de las &nbsp;preventivas promulgadas, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo &nbsp;597 del C\u00f3digo General del Proceso e incluso, acogiendo la &nbsp;misma norma, en caso de presentarse el secuestro del automotor, &nbsp;tambi\u00e9n puede oponerse a la diligencia, no siendo admisible &nbsp;que la acci\u00f3n de amparo se utilice como una herramienta &nbsp;paralela a los mecanismos ordinarios previstos por el legislador\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 &nbsp;que \u00abel &nbsp;posible retraso en [la] definici\u00f3n [de tal solicitud] sea &nbsp;suficiente para dejar de lado ese medio de defensa. Del mismo modo, &nbsp;es la misma actora quien manifiesta que es pensionada, lo que permite &nbsp;inferir que podr\u00e1 atenuar de alguna manera, los detrimentos &nbsp;que la potencial retenci\u00f3n del veh\u00edculo le ocasione, &nbsp;mientras acude ante el juez natural\u00bb; &nbsp;y que \u00ab[su] &nbsp;afirmaci\u00f3n\u2026, de encontrarse en debilidad manifiesta e &nbsp;indefensi\u00f3n -por su estado de salud y avanzada edad-, no &nbsp;resulta suficiente para otorgar la salvaguarda\u2026, pues se debe &nbsp;demostrar un m\u00ednimo de vulneraci\u00f3n de los derechos a &nbsp;proteger, elemento ausente en este caso\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, &nbsp;los cuales, afirm\u00f3, desconoci\u00f3 el Tribunal a-quo, &nbsp;emitiendo un veredicto con motivaciones \u00absuperficiales &nbsp;e intrascendentes\u00bb, &nbsp;pasando por alto \u00ablas &nbsp;rotundas pruebas relacionadas [con el]\u2026 perjuicio inminente y &nbsp;el estado de indefensi\u00f3n y debilidad manifiesta que &nbsp;afront[a]\u00bb, &nbsp;m\u00e1xime cuando su asignaci\u00f3n pensional no supera el &nbsp;monto de un salario m\u00ednimo, siendo insuficiente para su &nbsp;sostenimiento, y que el incidente de levantamiento de cautelas s\u00f3lo &nbsp;podr\u00e1 intentarlo tras la materializaci\u00f3n de las mismas, &nbsp;para cuando ya habr\u00eda sufrido el da\u00f1o que pretende &nbsp;conjurar. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al &nbsp;tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, &nbsp;la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para &nbsp;la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las &nbsp;personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse &nbsp;de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas &nbsp;o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. &nbsp;<\/p>\n<p>Por &nbsp;lineamiento jurisprudencial, &nbsp;este instrumento excepcional no procede respecto de providencias &nbsp;judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por &nbsp;completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna &nbsp;objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo &nbsp;que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda &nbsp;de hecho\u00bb, &nbsp;situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para &nbsp;restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y &nbsp;cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado &nbsp;el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por &nbsp;supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su &nbsp;ejercicio. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En &nbsp;este asunto la quejosa, &nbsp;como tercera en el juicio recriminado, pretende se disponga el &nbsp;levantamiento de las cautelas dispuestas sobre el rodante de su &nbsp;propiedad, de placas GDP-306; para tal prop\u00f3sito sostuvo que &nbsp;la materializaci\u00f3n de tales medidas le generar\u00e1 un &nbsp;perjuicio irremediable y que es falso que el all\u00ed ejecutado &nbsp;ejerza el derecho de posesi\u00f3n sobre tal rodante. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Puestas &nbsp;as\u00ed las cosas, aflora indiscutible el fracaso de las &nbsp;alegaciones de la censora, en tanto que el fallo de primer grado debe &nbsp;respaldarse, porque &nbsp;este excepcional medio de protecci\u00f3n judicial deviene inviable &nbsp;por inobservar el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo &nbsp;gobierna, pretendiendo que se usurpen funciones propias del &nbsp;funcionario judicial com\u00fan encargado de resolver, previa &nbsp;solicitud de la interesada, lo tocante con el eventual levantamiento &nbsp;de cautelas, tanto m\u00e1s cuando, para el momento de la &nbsp;interposici\u00f3n de este ruego tutelar, su promotora ni siquiera &nbsp;lo hab\u00eda pedido ante el juzgador acusado, lo que impide al &nbsp;constitucional anticiparse a las decisiones que, se insiste, previa &nbsp;petici\u00f3n de la accionante, son del resorte exclusivo del &nbsp;fallador natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir &nbsp;injustificadamente sus privativas funciones y competencia. &nbsp;<\/p>\n<p>Sobre &nbsp;el particular, esta Sala ha puntualizado que la &nbsp;tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o &nbsp;procedimientos comunes creados por el legislador para debatir t\u00f3picos &nbsp;espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en &nbsp;obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su &nbsp;alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius &nbsp;fundamental, &nbsp;\u00abno &nbsp;est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar &nbsp;falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la &nbsp;acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades &nbsp;precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb &nbsp;(CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en &nbsp;STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. &nbsp;2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01); de donde, &nbsp;\u00ab\u2026si &nbsp;no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la &nbsp;acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues\u2026 &nbsp;no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de &nbsp;las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o &nbsp;desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los &nbsp;derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de &nbsp;otro medio de defensa judicial\u00bb &nbsp;(CSJ &nbsp;STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01). &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;id\u00e9ntico sentido esta Corte ha dejado dicho que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u2026el &nbsp;amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de &nbsp;que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la &nbsp;preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n &nbsp;es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable &nbsp;quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos &nbsp;fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad &nbsp;de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por &nbsp;lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se &nbsp;pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para &nbsp;tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para &nbsp;reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, &nbsp;que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse &nbsp;anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a &nbsp;decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para &nbsp;que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho &nbsp;fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un &nbsp;instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni &nbsp;mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale &nbsp;la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC &nbsp;11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ &nbsp;STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Aunado &nbsp;a lo dicho, atendiendo a que el proceso ejecutivo que se reprocha &nbsp;actualmente est\u00e1 en curso y que, de all\u00ed d\u00e1rsele &nbsp;la raz\u00f3n a la quejosa, \u00e9sta podr\u00e1 exigir las &nbsp;respectivas reparaciones, asisti\u00e9ndole la posibilidad de &nbsp;formular todas las solicitudes que a bien tenga, es incuestionable &nbsp;que el resguardo tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, &nbsp;dado que, contrario a lo aducido por ella, no se est\u00e1 ante la &nbsp;potencial ocurrencia de un perjuicio irremediable que imponga la &nbsp;adopci\u00f3n de medidas urgentes de cara a la protecci\u00f3n de &nbsp;sus garant\u00edas fundamentales, debi\u00e9ndose recordar que la &nbsp;jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida &nbsp;de la tutela como medio temporal, deben acreditarse los siguientes &nbsp;supuestos, los cuales aqu\u00ed se hallan ausentes: &nbsp;<\/p>\n<p>\u2026[E]sta &nbsp;Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su &nbsp;existencia; veamos: \u201cla &nbsp;inminencia, &nbsp;que exige medidas inmediatas, la &nbsp;urgencia que &nbsp;tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la &nbsp;gravedad de los hechos, &nbsp;que hace evidente la &nbsp;impostergabilidad de &nbsp;la tutela como &nbsp;mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los &nbsp;derechos &nbsp;constitucionales fundamentales. &nbsp;La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la &nbsp;necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que &nbsp;legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y &nbsp;como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de &nbsp;los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran &nbsp;amenazados\u201d &nbsp;(CC &nbsp;T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y &nbsp;STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Finalmente, &nbsp;destaca la Sala, en relaci\u00f3n con las solicitudes probatorias &nbsp;tra\u00eddas en el libelo inicial, que, muy a pesar de las &nbsp;alegaciones de la impugnante, su pr\u00e1ctica resultaba &nbsp;innecesaria para resolver el asunto, pues la censura recay\u00f3 &nbsp;sobre la actuaci\u00f3n surtida ante el funcionario natural, de la &nbsp;cual, como qued\u00f3 visto, con suficiencia, daba cuenta el &nbsp;expediente contentivo del asunto fustigado, el que al haber sido &nbsp;efectivamente acopiado en este tr\u00e1mite permiti\u00f3 &nbsp;establecer, sin ambages, la inacci\u00f3n de la reclamante de cara &nbsp;a deprecar all\u00ed lo rogado en este tr\u00e1mite supralegal, &nbsp;lo que torn\u00f3 improcedente el decreto de otros medios &nbsp;suasorios, de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 22 del &nbsp;Decreto 2591 de 1991. &nbsp;<\/p>\n<p>Frente &nbsp;a la no obligaci\u00f3n del juzgador constitucional en cuanto a &nbsp;decretar las pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha &nbsp;considerado que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u2026el &nbsp;juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las &nbsp;pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de &nbsp;las circunstancias que originaron la controversia y la forma de &nbsp;desatar el pleito, para que pueda resolver. &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed &nbsp;lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta &nbsp;claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala &nbsp;que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto &nbsp;llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, &nbsp;podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las &nbsp;pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de &nbsp;1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ &nbsp;STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, &nbsp;rad. 2016-00122-01). &nbsp;<\/p>\n<p>6. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se &nbsp;impone, entonces, ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre &nbsp;de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma &nbsp;el fallo impugnado. &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, &nbsp;rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte &nbsp;Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Presidenta &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC6438-2023 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp; Magistrado &nbsp;ponente &nbsp; STC6438-2023 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00b0 52001-22-13-000-2023-00062-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., cinco &nbsp;(5) de julio de &nbsp;dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp; Se &nbsp;decide la impugnaci\u00f3n promovida por Alicia del Socorro Cer\u00f3n &nbsp;frente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74584","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74584","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74584"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74584\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74584"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74584"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74584"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}