STC6439-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6439-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02476-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00ab[i]gualdad, (\u2026)[d]efensa\u2026, (\u2026)[a]cceso a la [a]dministraci\u00f3n de [j]usticia, (\u2026)[s]eguridad [j]ur\u00eddica, (\u2026)[c]ontradicci\u00f3n\u00bb y \u00ab[d]oble [i]nstancia\u00bb, presuntamente conculcadas por la corporaci\u00f3n repelida. Y en concreto, se entiende, restar valor a lo zanjado, en segundo nivel, dentro del expediente de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho n.\u00b0 \u00ab2022-00305\u00bb, para que \u00abotr@ [m]agistrad@\u00bb (sic) resuelva a fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como soporte sostuvo la tutelante, grosso modo, que el Tribunal encausado, a trav\u00e9s de auto de 11 de abril de los corrientes -de la funcionaria sustanciadora-, dispuso declarar desierto su recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia oral adversa emitida en primer nivel por el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga (el 8 de febrero anterior) en el descrito litigio, por ella instaurado contra Miguel Antonio Anaya Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Adujo haber rebatido en \u00ab[r]eposici\u00f3n y\/o [s]\u00faplica\u00bb con relaci\u00f3n a la referida deserci\u00f3n, finalmente ratificada, en sede horizontal, con pronunciamiento de 23 de mayo postrero1, luego de que el primer recurso en alusi\u00f3n fuera estimado inviable por el resto de los integrantes de la correspondiente Sala. <\/p>\n
Critic\u00f3, entonces, el decaimiento de la apelaci\u00f3n de fallo, pues en s\u00edntesis la colegiatura ahora accionada, en comisi\u00f3n de \u00abprevaricato\u00bb y en el prop\u00f3sito de \u00abpremi[ar]\u00bb a su contendor en el pleito, quiso pasar por alto que tal alzada se hallaba apropiadamente sustentada en estrados y por escrito, desde la primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se dio apertura al pliego supralegal de marras y, en paralelo, quedaron libradas las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n, al basar sus resoluciones en el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte sobre la tem\u00e1tica tra\u00edda por la aqu\u00ed promotora; y brind\u00f3 enlace del juicio en disenso. El Juzgado de Familia, la C\u00e1mara de Comercio y la Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito \u00eddem enunciaron, por separado, que los ataques le son extra\u00f1os. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de las garant\u00edas fundamentales, susceptible de invocar siempre que resulten agraviadas o en peligro inminente, por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones de los jueces, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por obviedad, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por ese trasegar, en los precisos casos en los cuales el funcionario cognoscente incurra en desempe\u00f1o claramente desviado, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces de tutela pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante contraposici\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, se ha historiado que <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el fallador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De cara al asunto sub examine, anticipa la Corte que el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la ac\u00e1 impulsora el Tribunal acusado incurri\u00f3 en claro y serio defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que, como ella lo pregon\u00f3 en esta senda, ya hab\u00eda atendido esa carga ante el despacho de primer rango -el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga-. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Lo primero a se\u00f1alar es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue interpuesta ante el indicado despacho de familia, en audiencia de 8 de febrero de los cursantes, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022 (la cual dio vigencia permanente al decreto 806 de 2020), norma que en su canon 12, inc. final, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con el decreto 806 referido a espacio \u2013y con la nueva ley 2213\u2013 se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones all\u00ed vertidas, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar(\u2026) sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del decreto 806 (hoy, ley 2213 de 2022, canon 12), ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado decreto 806 de 2020, expuso que este modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas\u2026 (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dijo: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el decreto 806 de 2020 y en la ley 2213 de 2022, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materias civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n2\u2026 (destacado adrede. CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema de oralidad que gobierna el comentado estatuto (criterio respaldado por la Corte Constitucional en SU-418\/19), al devenir improbable la sustituci\u00f3n de las intervenciones orales por escritas; sin que, por obvios motivos, y como lo pretende el despacho judicial impugnante, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural, como sucede con la vigencia del decreto 806 de 2020 y hoy de la ley 2213 de 2022, al estarse aqu\u00ed frente a una formalidad innecesaria en caso de haberse sustentado desde la primera instancia, merced a que esta \u00faltima norma, ins\u00edstase, no busca velar por la oralidad. <\/p>\n
Precisamente, la parte final del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso impone a los falladores abstenerse de exigir y cumplir formalidades innecesarias, pues el norte del derecho procesal est\u00e1 en servir de instrumento para lograr la eficacia de las prerrogativas sustanciales. Esto se traduce en que en vigencia de la descrita codificaci\u00f3n adjetiva la segunda instancia deb\u00eda ser oral y, por tanto, se justificaba que la alzada tuviera que sustentarse necesariamente durante la audiencia que para tal efecto se convoca; por el contrario, como el decreto 806 de 2020 y ahora la ley 2213 de 2022 fijaron la escrituralidad del segundo grado, deviene procedente que se tenga como v\u00e1lida la sustentaci\u00f3n que de esa manera se haga ante el juez a-quo. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (subrayas propias. CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, con auto de 11 de abril de la anualidad en curso el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que propusiera la tutelante, al concluir el desperdicio del \u00abtraslado para la sustentaci\u00f3n\u00bb del recurso -en segunda instancia-, acorde a la ley 2213 de 2022. Decisi\u00f3n ratificada por el mismo ente corporado en providencia de 23 de mayo \u00faltimo, en sede de reposici\u00f3n interpuesta por ella (luego de que la \u201cs\u00faplica\u201d paralelamente invocada fuera desestimada por inviable), sobre la base de que, grosso modo, era imperioso sustentar ante el ad-quem a voces de la doctrina vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar la gesti\u00f3n de la colegiatura encartada \u2013al proveer la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de fallo\u2013 con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto procedimental ahora atisbado, pues al margen de que la impulsora del amparo sustentara o no su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de desierta en cita se mostraba inviable porque, como ella lo dijo, s\u00ed cumpli\u00f3 con la carga sustentatoria ante el juzgado de primer grado, en \u00faltimas, mediante escrito radicado dentro del t\u00e9rmino legal, el 13 de febrero de los corrientes (tres d\u00edas ulteriores a la realizaci\u00f3n de audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento); memorial en el que no s\u00f3lo exterioriz\u00f3 los reparos concretos, sino que pregon\u00f3 las razones de disenso, desarroll\u00e1ndolas a manera de real sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado por la tutelante a esa corporaci\u00f3n judicial le impidi\u00f3 obtener la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la ley 2213 de 2022 -en cuyo imperio se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-. Se sigue la l\u00ednea trazada por esta Magistratura en mayor\u00eda desde CSJ STC5499-2021 (18 may., rad. 01437-00). <\/p>\n
De suerte que, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el despacho a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado de segunda instancia para el efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la accionante, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, abrir paso a la clama dispensada, habida cuenta del desacierto de procedimiento atr\u00e1s vislumbrado. La pretensora tiene al alcance otros caminos para denunciar cualquier conducta penal o disciplinariamente reprobable que aprecie fue cometida al interior del pleito disentido. Tampoco hay motivo legal para que \u00abotr@ [m]agistrad@\u00bb (sic) atienda su recurso de apelaci\u00f3n de sentencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo implorado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del litigio fustigado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 23 de mayo de los corrientes, y los que de \u00e9l dependan, adopte una nueva resoluci\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por la tutelante frente al auto de 11 de abril previo, atendiendo lo diserto en las motivaciones de este veredicto. <\/p>\n
Segundo. Conminar al Juzgado Cuarto de Familia de la misma urbe, para que remita en un lapso no superior a un (1) d\u00eda, el dossier contentivo del asunto objeto de la queja tutelar a la referida colegiatura, para que pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02476-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Sandra Ximena Almeida Diettes instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes, <\/p>\n
En el proceso declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que propuso contra Miguel Antonio Anaya Gonz\u00e1lez, el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga en sentencia de 8 de febrero de 2023 neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que interpuso recurso de apelaci\u00f3n y remitido el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en providencia de 11 de abril siguiente lo declar\u00f3 desierto, determinaci\u00f3n que mantuvo el 23 de mayo de 2023. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo reclamado por Sandra Ximena Almeida Diettes, tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 3. De cara al asunto sub examine, anticipa la Corte que el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la ac\u00e1 impulsora el Tribunal acusado incurri\u00f3 en claro y serio defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que, como ella lo pregon\u00f3 en esta senda, ya hab\u00eda atendido esa carga ante el despacho de primer rango -el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga-. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Lo primero a se\u00f1alar es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue interpuesta ante el indicado despacho de familia, en audiencia de 8 de febrero de los cursantes, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022 (la cual dio vigencia permanente al decreto 806 de 2020), norma que en su canon 12, inc. final, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, con auto de 11 de abril de la anualidad en curso el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que propusiera la tutelante, al concluir el desperdicio del \u00abtraslado para la sustentaci\u00f3n\u00bb del recurso -en segunda instancia-, acorde a la ley 2213 de 2022. Decisi\u00f3n ratificada por el mismo ente corporado en providencia de 23 de mayo \u00faltimo, en sede de reposici\u00f3n interpuesta por ella (luego de que la \u201cs\u00faplica\u201d paralelamente invocada fuera desestimada por inviable), sobre la base de que, grosso modo, era imperioso sustentar ante el ad-quem a voces de la doctrina vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar la gesti\u00f3n de la colegiatura encartada \u2013al proveer la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de fallo\u2013 con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto procedimental ahora atisbado, pues al margen de que la impulsora del amparo sustentara o no su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de desierta en cita se mostraba inviable porque, como ella lo dijo, s\u00ed cumpli\u00f3 con la carga sustentatoria ante el juzgado de primer grado, en \u00faltimas, mediante escrito radicado dentro del t\u00e9rmino legal, el 13 de febrero de los corrientes (tres d\u00edas ulteriores a la realizaci\u00f3n de audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento); memorial en el que no s\u00f3lo exterioriz\u00f3 los reparos concretos, sino que pregon\u00f3 las razones de disenso, desarroll\u00e1ndolas a manera de real sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado por la tutelante a esa corporaci\u00f3n judicial le impidi\u00f3 obtener la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la ley 2213 de 2022 -en cuyo imperio se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-. Se sigue la l\u00ednea trazada por esta Magistratura en mayor\u00eda desde CSJ STC5499-2021 (18 may., rad. 01437-00). <\/p>\n
De suerte que, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el despacho a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado de segunda instancia para el efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la accionante, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, abrir paso a la clama dispensada, habida cuenta del desacierto de procedimiento atr\u00e1s vislumbrado. La pretensora tiene al alcance otros caminos para denunciar cualquier conducta penal o disciplinariamente reprobable que aprecie fue cometida al interior del pleito disentido. Tampoco hay motivo legal para que \u00abotr@ [m]agistrad@\u00bb (sic) atienda su recurso de apelaci\u00f3n de sentencia. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, no incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Sandra Ximena Almeida Diettes. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, consagra en el art\u00edculo 12, \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, norma que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo dem\u00e1s, en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02476-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Sandra Ximena Almeida Diettes contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga con ocasi\u00f3n del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho n.\u00b0 2022-00305. En consecuencia, orden\u00f3 a la Corporaci\u00f3n acusada que, \u00ab(\u2026), tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 23 de mayo de los corrientes, y los que de \u00e9l dependan, adopte una nueva resoluci\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n propuesto por la tutelante frente al auto de 11 de abril previo, atendiendo lo diserto en las motivaciones de este veredicto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para ello, ab initio anticip\u00f3 que \u00ab(\u2026) el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la ac\u00e1 impulsora el Tribunal acusado incurri\u00f3 en claro y serio defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que, como ella lo pregon\u00f3 en esta senda, ya hab\u00eda atendido esa carga ante el despacho de primer rango -el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga-. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la Ley 2213 de 2022 que adopt\u00f3 el Decreto 806 de 2020 como legislaci\u00f3n permanente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del decreto 806 (hoy, ley 2213 de 2022, canon 12), ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema de oralidad que gobierna el comentado estatuto (criterio respaldado por la Corte Constitucional en SU-418\/19), al devenir improbable la sustituci\u00f3n de las intervenciones orales por escritas; sin que, por obvios motivos, y como lo pretende el despacho judicial impugnante, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural, como sucede con la vigencia del decreto 806 de 2020 y hoy de la ley 2213 de 2022, al estarse aqu\u00ed frente a una formalidad innecesaria en caso de haberse sustentado desde la primera instancia, merced a que esta \u00faltima norma, ins\u00edstase, no busca velar por la oralidad (\u2026). <\/p>\n
De suerte que, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el despacho a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado de segunda instancia para el efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la accionante, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la precursora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n-. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n de la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la resoluci\u00f3n del juez plural confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Cuya \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb de la ac\u00e1 quejosa, fue denegada en prove\u00eddo de 7 de junio. <\/p>\n
2\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6439-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6439-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02476-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. La […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74585","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74585\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}