STC6444-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6444-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00150-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 12 de abril de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cM\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad y el Ej\u00e9rcito Nacional, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos radicado bajo el n\u00ba \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes2. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, en particular, al m\u00ednimo vital y vida digna, presuntamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que con la \u00abdemanda ejecutiva de alimentos\u00bb que instaur\u00f3 contra \u201cA\u201d y a favor de su menor hija -quien cuenta con 1 a\u00f1o de edad-, el 21 de julio de 2022 el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d libr\u00f3 orden de pago y decret\u00f3 el embargo del \u00absalario y prestaciones sociales\u00bb del ejecutado, expidiendo para ello \u00aboficio (\u2026)\u00bb dirigido al pagador del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
Que el 26 de septiembre de 2022, su abogada elev\u00f3 solicitud al juzgado para requerir al pagador, el 20 de octubre pidi\u00f3 \u00abimpulso al proceso\u00bb, el 29 de noviembre present\u00f3 \u00abincidente de responsabilidad solidaria contra el pagador del Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb, y el 2 de febrero de 2023 solicit\u00f3 \u00abcorrecci\u00f3n de error en el n\u00famero de c\u00e9dula del demandado\u00bb, por lo que \u00abha utilizado las herramientas jur\u00eddicas tendientes a poner fin a la vulneraci\u00f3n de los derechos del infante\u00bb causado al no lograr el \u00abpago oportuno [del] \u00fanico ingreso que tiene\u00bb para cubrir sus alimentos. <\/p>\n
3. Se infiere de lo esbozado, que mediante esta salvaguarda pretende se ordene al juzgado convocado, tramitar sin dilaci\u00f3n las solicitudes elevadas al interior del proceso, y que el pagador del Ej\u00e9rcito Nacional proceda a \u00abdar cumplimiento a la orden de embargo impartida por el juzgado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, manifest\u00f3 que \u00abla parte demandante present\u00f3 solicitud de incidente de responsabilidad solidaria contra el pagador Ejercito Nacional, siendo requerida la entidad mediante auto calendado 24 de febrero de 2023. Por parte de la secretar\u00eda del despacho fueron elaborados los oficios y firmados el d\u00eda 02 de marzo de 2023, siendo enviados a la entidad mediante correo electr\u00f3nico de fecha 23 de marzo de 2023\u00bb, y por ello, \u00abno existe violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que en relaci\u00f3n con el requerimiento efectuado al pagador, \u00abel 24 de febrero de 2023 fue elaborado el oficio n\u00b0 (\u2026) y (\u2026) el 23 de marzo de 2023 con ocasi\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional [y como] la direcci\u00f3n de personal del ej\u00e9rcito nacional da alcance [evidenciando error en los datos del demandado]\u00bb, lo que el juzgado intent\u00f3 corregir con \u00aboficio del 24 de febrero de 2023 (\u2026), pero como le falt\u00f3 el \u00faltimo n\u00famero [al documento de identificaci\u00f3n], por oficio del 27 de marzo de 2023 se hizo la respectiva precisi\u00f3n y se aclar\u00f3\u00bb. Por tanto, \u00abla mora en la remisi\u00f3n del oficio al pagador del demandado, fue superada en el decurso de la presente [querella]\u00bb, dando cabida a una \u00abcarencia actual de objeto\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la pretensi\u00f3n \u00abencaminada a que se ordenara al pagador del ej\u00e9rcito nacional dar cumplimiento a la medida de embargo decretada dentro del proceso, [afirm\u00f3] que en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Carta Fundamental y la reiterada jurisprudencia Constitucional, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento de defensa judicial residual y subsidiario, frente a la existencia de los mecanismos de defensa que ordinariamente han sido dise\u00f1ados por el legislador\u00bb, por lo que para el fin se\u00f1alado, el medio defensivo \u00abser\u00eda el incidente de responsabilidad solidaria radicado el 29 de noviembre de 2022, [en el cual] deben adoptarse las medidas que fueron demandadas en el presente tr\u00e1mite tutelar (\u2026) para que por parte del pagador se atienda de forma efectiva la orden de embargo decretada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante promotora del auxilio sin aducir argumento adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la actora, porque dentro del ejecutivo de alimentos n\u00ba \u201c2022-00000\u201d, no ha dispuesto lo pertinente para hacer efectiva la medida cautelar de embargo dispuesta sobre el salario y prestaciones del obligado. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC1746-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00039-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende las piezas procesales allegadas, esta Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, porque frente a la \u00abmora judicial\u00bb que la demandante le enrostra al despacho querellado, se evidencia una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Para tal aserto, se precisa que la actora motiv\u00f3 esta acci\u00f3n en que no se ha obtenido un resultado efectivo a la medida cautelar de embargo de los emolumentos percibidos por el demandado, pese a que la misma se decret\u00f3 el 21 de julio de 2022 y fue notificada al pagador del Ej\u00e9rcito Nacional el 29 del mismo mes y a\u00f1o. Ello, no obstante haber dirigido solicitudes al accionado -el 26 de septiembre y 20 de octubre de 2022- para que requiriera el cumplimiento de dicha orden y diera impulso al proceso, as\u00ed como para que adelantara el correspondiente \u00abincidente de responsabilidad solidaria\u00bb, esto \u00faltimo el 12 de febrero de 2023. <\/p>\n
Pues bien, el expediente digital muestra que, en respuesta a los pedimentos inicialmente elevados por la parte ejecutante, el juzgado emiti\u00f3 auto el 26 de octubre de 2022 disponiendo \u00ab1. Requerir al pagador del Ej\u00e9rcito Nacional para que explique las razones por las cuales no ha dado cumplimiento a la medida de embargo que recae sobre el se\u00f1or \u201cA\u201d, la cual fue comunicada a su entidad (\u2026) con Oficio No. (\u2026) de fecha julio 21 de 2022; 2. H\u00e1gasele saber al pagador que el incumplimiento a lo all\u00ed ordenado lo hace acreedor a las sanciones establecidas en numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 44 del C.G.P. y a las establecidas en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u00bb. <\/p>\n
El oficio contentivo de dicha decisi\u00f3n (n\u00b0 \u201c\u2026\u201d del 26 de octubre de 2022), se remiti\u00f3 al pagador el 7 de diciembre del mismo a\u00f1o y fue contestado el 28 de marzo de 2023, en el sentido de que los datos suministrados no coincid\u00edan, pues en la comunicaci\u00f3n, el juzgado enunci\u00f3 err\u00f3neamente el n\u00famero de identificaci\u00f3n del demandado. Corregido el yerro, el 17 de abril de 2023, el Jefe de N\u00f3mina del Ej\u00e9rcito Nacional report\u00f3 \u00abuna vez verificado el sistema de informaci\u00f3n de administraci\u00f3n de talento humano (\u2026), a partir de la n\u00f3mina del mes de abril de 2023 se dar\u00e1 cumplimiento al oficio (\u2026) de fecha 21 de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, la dilaci\u00f3n procesal enrostrada se corrigi\u00f3 durante el curso de la presente salvaguarda, espec\u00edficamente a trav\u00e9s de los env\u00edos por correo electr\u00f3nico de los oficios dirigidos al pagador de la entidad empleadora. <\/p>\n
En las condiciones descritas, por cuanto el diligenciamiento de las comunicaciones y con ello la continuidad del litigio se produjo luego de notificada la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n (23 de marzo de 2023), la resoluci\u00f3n del resguardo implorado corresponde a una carencia actual de objeto por hecho superado, pues, aunque a\u00fan no se ha definido de fondo el asunto, para la Sala es claro que la actuaci\u00f3n desplegada por el convocado est\u00e1 encaminada a generar el pronunciamiento deprecado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la figura jur\u00eddica ac\u00e1 advertida, la cual se encuentra consagrada en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagog\u00eda constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que el hecho superado \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, tiene ocurrencia si en el curso del auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n, y, (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Sala ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC5118-2022, 27 abr., rad. 00198-01, y STC5661-2023, 14 jun., rad. 00401-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tambi\u00e9n se avala la desvinculaci\u00f3n que para los efectos ac\u00e1 perseguidos se hizo del Ej\u00e9rcito Nacional, pues lo atinente al eventual desacato del pagador en el cumplimiento de la orden judicial dispuesta en el ejecutivo de alimentos seguido contra un miembro de esa instituci\u00f3n, es a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios y al interior del referido proceso que debe dilucidarse. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del ruego tuitivo, porque las circunstancias descritas como vulneradoras de las prerrogativas superiores invocadas por la reclamante, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Para avocar el conocimiento del recurso de impugnaci\u00f3n, este asunto fue recibido del tribunal a-quo el 21 de junio de 2023. <\/p>\n
2\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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