STC6448-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6448-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00196-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 6 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cL\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad, la Polic\u00eda Nacional de Infancia y Adolescencia, la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e1, la Defensor\u00eda de Familia del ICBF y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Personer\u00eda Municipal de (\u2026), la Defensor\u00eda del Pueblo, as\u00ed como las partes e intervinientes en el pleito n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y \u00aben representaci\u00f3n de mi hija menor \u201cC\u201d, de 6 a\u00f1os\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la ni\u00f1ez, dignidad humana, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho accionado y dem\u00e1s vinculados a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, con \u201cJ\u201d, padre de la menor \u201cC\u201d, se han celebrado acuerdos sobre custodia, alimentos y visitas, tanto en la Comisar\u00eda de Familia de Alcal\u00e1 como en la Defensor\u00eda de Familia del ICBF CZ \u201cX\u201d, pues han sido intermitentes los periodos de convivencia y estabilidad entre ellos como familia. <\/p>\n
Que dentro del proceso judicial que impetr\u00f3 el se\u00f1or \u201cJ\u201d, el 19 de enero de 2022 el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d profiri\u00f3 fallo determinando que la custodia y cuidado personal de la ni\u00f1a la ejercer\u00eda el progenitor, el cual dice haber acatado, pues \u00absin estar de acuerdo asumo la responsabilidad de generar el pago de la cuota [alimentaria] establecida por el juez (\u2026), cumpliendo a cabalidad tanto emocional como econ\u00f3micamente ya que laboro en una instituci\u00f3n privada\u00bb, mientras \u00abel se\u00f1or \u201cJ\u201d constantemente [est\u00e1] poniendo obst\u00e1culos y excusas para el cumplimiento de las visitas [a la] menor [por parte de la] madre\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abpara el 1 de octubre de 2022 me correspond\u00eda el fin de semana de lo acordado con la ni\u00f1a, [empero] el 30 de septiembre v\u00eda WhatsApp [el padre decidi\u00f3] no permitir [tal visita]\u00bb, pese a que ya hab\u00eda \u00aborganizado\u00bb el d\u00eda para la \u00abcelebraci\u00f3n de su cumplea\u00f1os n\u00famero 6\u00bb, y del mismo modo, \u00abcon el \u00e1nimo de indisponer[la] por medio de chat manifiesta que no volver\u00e1 a dejar ver ni compartir momentos\u00bb, se\u00f1alando para ello motivos intrascendentes. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a \u00abestas dilaciones he acudido a diferentes entes del estado como Personer\u00eda de (\u2026), Fiscal\u00eda, Bienestar Familiar y Juzgado como tambi\u00e9n la Polic\u00eda Nacional, buscando la materializaci\u00f3n de los derechos con la ni\u00f1a porque siempre hay una manipulaci\u00f3n del padre hacia las entidades y a la misma menor\u00bb, sin obtener resultados positivos, pues tales autoridades han venido \u00abdejando que el [padre de su hija] contin\u00fae con la negaci\u00f3n del cumplimiento de la resoluci\u00f3n impuesta por un juez de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, por esta senda jur\u00eddica, \u00abse garantice a favor de la menor y el m\u00edo propio la custodia de mi hija \u201cC\u201d [y] se tutele]n] mis derechos como madre, mujer y ciudadana como lo establece la Constituci\u00f3n de 1991 (\u2026)\u00bb, as\u00ed mismo, que \u00abse conmine a la Polic\u00eda Nacional de Infancia y Adolescencia que en lo sucesivo [brinde] acompa\u00f1amiento [para hacer] efectivo el fallo del Juzgado \u201c00\u201d de Familia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, indic\u00f3 que \u00abmediante sentencia del 19-enero-2022, se resolvi\u00f3 lo concerniente a la custodia, visitas y cuota alimentaria, providencia que est\u00e1 en firme y no fue objeto de reparos por las partes; [que] no ha vulnerado derecho fundamental alguno [y si] la accionante pretende modificar lo establecido en la sentencia antes indicada respecto de la custodia de la menor, debe acudir a las acciones judiciales establecidas para esos efectos, de all\u00ed que la tutela para esos fines resulte improcedente por existir otros mecanismos judiciales para la protecci\u00f3n de los derechos que invoca\u00bb. <\/p>\n
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Direcci\u00f3n Regional (\u2026), se\u00f1al\u00f3 que el asunto planteado \u00abes bastante complejo en raz\u00f3n a las numerosas audiencias de conciliaci\u00f3n, todas declaradas fallidas por falta de acuerdo\u00bb, y que \u00abla \u00fanica oportunidad donde se tomaron medidas [fue] a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No. 012 de 23\/03\/2021\u00bb, donde se dej\u00f3 la custodia de la menor en cabeza del padre, se regularon las visitas por parte de la madre y se tas\u00f3 cuota alimentaria a cargo de esta. <\/p>\n
Que, pese a la intervenci\u00f3n del juez de familia, \u00abel asunto no qued\u00f3 resuelto de fondo [y] el se\u00f1or \u201cJ\u201d ha venido haciendo un ejercicio arbitrario de la patria potestad, al dar una interpretaci\u00f3n acomodada a sus decisiones e intereses (\u2026), impidi\u00e9ndole a la ni\u00f1a el goce de su derecho a compartir con su progenitora\u00bb. Pidi\u00f3, \u00aben beneficio del inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a\u00bb, se reconozcan los derechos fundamentales de la menor, ordenando \u00abla pr\u00e1ctica de valoraciones psicol\u00f3gicas y estudios sociofamiliares que permitan al juez tomar una decisi\u00f3n que ponga fin a las controversias permanentes entre las partes, en beneficio del inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
3. \u201cJ\u201d, padre de la menor, afirm\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento ha existido vulneraci\u00f3n a los derechos de la [actora] y mucho menos los de nuestra hija\u00bb; que el 13 de marzo de 2023, la Defensora de Familia respondi\u00f3 \u00abla solicitud presentada por [la se\u00f1ora \u201cL\u201d] de restablecimiento de derechos por incumplimiento de visitas, [concluyendo que la ni\u00f1a] no presenta vulneraci\u00f3n en sus derechos en el medio familiar donde se desenvuelve\u00bb. Y acot\u00f3 que la acci\u00f3n incumple el requisito de subsidiariedad, pues la interesada \u00abpodr\u00eda iniciar el proceso ejecutivo de obligaci\u00f3n de hacer\u00bb, pese a que \u00aben ning\u00fan momento he impedido que [ella] comparta con su hija, por el contrario, ha sido la Defensora de Familia quien le ha recomendado iniciar el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de visitas, donde se retome de manera gradual, debido al tiempo en que se han distanciado\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador Judicial (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d, afirm\u00f3 que la actora \u00abno agot\u00f3 los recursos que ten\u00eda a su alcance para lograr el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas\u00bb, toda vez que, \u00abcompeten al juez de familia en \u00fanica instancia, la revisi\u00f3n de las decisiones administrativas proferidas por el defensor o el comisario de familia, en cumplimiento de lo regulado en la Ley 1098 de 2016\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiscal (\u2026) Seccional de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que en ese despacho \u00abse adelanta el proceso [\u201c2022-00000\u201d], por la conducta punible de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad art. 230 C\u00f3digo Penal, en el que funge como denunciante \u201cL\u201d y como indiciado \u201cJ\u201d\u00bb, asunto que \u00abse encuentra activo y en etapa de indagaci\u00f3n, en desarrollo del programa metodol\u00f3gico por parte del ente investigador\u00bb. <\/p>\n
6. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional (\u2026), dijo que como la accionante \u00abno ha puesto en conocimiento ante esta Regional su caso, directamente ni por intermedio de otra persona, ni ha solicitado acompa\u00f1amiento o asesor\u00eda\u00bb, proced\u00eda declarar a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. En similar sentido se pronunci\u00f3 el Personero Municipal de (\u2026). <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al advertir que la actora \u00abno le ha elevado al juzgado ninguna queja sobre el presunto incumplimiento al r\u00e9gimen de visitas [ni] le ha presentado ninguna petici\u00f3n para que se modifiquen las visitas o para que, ahora, se le otorgue la custodia de la menor, tal como lo pretende con esta demanda\u00bb, y ante ello, \u00abes imposible endilgarle una omisi\u00f3n al juez que conoce de esa causa, pues no se le ha dado la posibilidad de valorar los nuevos acontecimientos que, seg\u00fan se afirma en la demanda, est\u00e1n atentando contra el derecho de visitas que les asiste a la mam\u00e1 y a la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a las dem\u00e1s autoridades, dijo que \u00abtampoco hay como imputarles desidia (\u2026), dado que no se demostr\u00f3 que se les hubiera presentado un requerimiento formal para que contribuyan en el cumplimiento de lo decidido en la sentencia proferida en el juicio de alimentos. Solo se sabe que ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se instaur\u00f3 una denuncia por el delito ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad contra el se\u00f1or \u201cJ\u201d, a la cual se le est\u00e1 dando tr\u00e1mite, y en la actualidad el caso se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente se\u00f1al\u00f3 \u00abpor la importancia que reviste el inter\u00e9s superior de la menor de edad, se oficiar\u00e1 al Juzgado [accionado] para que eval\u00fae la posibilidad de iniciar un tr\u00e1mite incidental tendiente a verificar el cumplimiento al r\u00e9gimen de visitas establecido en la sentencia del 19 de enero de 2022 (\u2026), y determinar si en la actualidad ese r\u00e9gimen sigue siendo adecuado [y] establecer si se ha ejercido alg\u00fan tipo de violencia en contra de la mujer, aqu\u00ed demandante, y si eventualmente se cumplen los criterios para resolver el asunto atendiendo a la perspectiva de g\u00e9nero\u00bb, y tambi\u00e9n dispuso oficiar al agente del Ministerio P\u00fablico, \u00abpara que acompa\u00f1e y asesore a la accionante en el eventual tr\u00e1mite incidental\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al no hacer cumplir la regulaci\u00f3n de visitas que estableci\u00f3 al interior del pleito radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirige contra otras entidades del orden nacional y local, es la autoridad judicial la llamada a ejercer el control y ejecuci\u00f3n de la sentencia judicial, adoptando las medidas que el ordenamiento legal tiene previsto para su cumplimiento. <\/p>\n
2. Del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, en principio, el amparo no procede contra las referidas actuaciones judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez extraordinario con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Cotejada la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales allegadas con los argumentos de la querella al tenor de la normativa y jurisprudencia aplicables, la Sala respaldar\u00e1 la sentencia impugnada mediante la cual se declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n solicitada, comoquiera que no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad, en la medida en que no se han agotado los medios judiciales de defensa al alcance de la demandante. <\/p>\n
3.1. Esto, porque al pretenderse con el resguardo la efectividad del fallo proferido por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 19 de enero de 2022, concretamente lo relacionado con la regulaci\u00f3n de visitas a su menor hija, prontamente se advierte su inviabilidad, porque para tal prop\u00f3sito, la interesada no acredit\u00f3 haber acudido previamente al juez cognoscente empleando el mecanismo jur\u00eddico id\u00f3neo, y en esas circunstancias, este instrumento excepcional no puede convertirse en un medio alternativo o adicional, ya que su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites ordinarios que estableci\u00f3 el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n
N\u00f3tese que la determinaci\u00f3n que en esta sede extraordinaria se cuestiona, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino \u00fanicamente formal, ello implica la posibilidad de alterar mediante un procedimiento breve y sumario que defina su pretensi\u00f3n (art\u00edculos 21 y 392-3 del C\u00f3digo General del Proceso), el cual se muestra con total aptitud y eficacia para salvaguardar los derechos invocados. Ante esa perspectiva jur\u00eddica, no puede obviarse el uso de la pertinente herramienta legal so pretexto de la incursi\u00f3n en defectos espec\u00edficos de procedibilidad, cuyo estudio se condiciona a la superaci\u00f3n de los esenciales presupuestos generales entre los cuales est\u00e1 el de la subsidiariedad. <\/p>\n
Ahora, cuando se est\u00e1 ante una sentencia de reglamentaci\u00f3n de visitas debidamente ejecutoriada, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que la parte interesada en que la misma se materialice, puede recurrir a un tr\u00e1mite incidental donde, tras escuchar a las partes, previa ponderaci\u00f3n de las pruebas que soporten sus dichos, el juez de la causa est\u00e1 llamado a adoptar las medidas que sean conducentes para su cumplimiento, o, en su defecto, establecer que no se produjo la desatenci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
En efecto, en trat\u00e1ndose de la regulaci\u00f3n de visitas, inicialmente se advierte que, en sede de tutela, esta Corporaci\u00f3n aval\u00f3 la orden impartida al juez de conocimiento, para que aplicara los \u00abpoderes correccionales\u00bb a la parte que obstaculizaba el ejercicio del derecho de visitas a su menor hija, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00absi bien penalmente existen una serie de sanciones, tal y como lo expuso el Juzgado aludido por el ejercicio arbitrario de la patria potestad, lo cierto es que estas penalidades se deben tener como un mecanismo alterno para hacer efectivos los derechos de los infantes, pues lo cierto que a m\u00e1s del mandato de citado en precedencia, la referida codificaci\u00f3n estipula una corresponsabilidad de todas las autoridades en la garant\u00eda de las prorrogativas de los menores, de all\u00ed que era del caso tomar las medidas pertinentes con el acompa\u00f1amiento de todas las entidades involucradas en la protecci\u00f3n de aqu\u00e9llos, para que de una manera integral se cumpla o se modifique el r\u00e9gimen de visitas establecido en pret\u00e9rita oportunidad, siendo necesaria entonces, la apertura de un incidente con el fin de verificar esa puntual tem\u00e1tica\u00bb (CSJ STC11867-2016, 25 ago., 00207-02). Se destaca. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) indudablemente, aunque puedan coexistir otras acciones de \u00edndole sancionatorio2, que no en todos los casos llegan a coaccionar al padre o madre incumplido, si en cuenta se tiene que, por un lado, muchas veces las peculiaridades de la situaci\u00f3n no se logran enmarcar en los presupuestos para su adelanto, impulso o tramitaci\u00f3n3, y por otro, estas mismas circunstancias en algunas ocasiones pueden tornar inoperante la realizaci\u00f3n de las visitas4, lo cierto es que, para la Corte, acudir directamente al juez de familia que las reglament\u00f3, resulta ser el mecanismo m\u00e1s efectivo para hacer respetar o cumplir el r\u00e9gimen impuesto, cuando, claro est\u00e1, no se controvierte \u00e9ste5, en la medida que, como se expuso, dicha autoridad tiene el deber constitucional y legal de proteger, antes que el derecho del progenitor a tener contacto con su hijo, la prerrogativa ius fundamental del menor a tener una familia y no ser separado de ella, en prevalencia de su inter\u00e9s superior, competencia que viene dada por la ley6, la cual debe ser interpretada a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia en la materia y los principios que la orientan. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, la Sala se aparta del raciocinio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-431 de 2016, donde de manera puntual dicha Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que \u00abel mecanismo id\u00f3neo para perseguir el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas (\u2026) es el proceso ejecutivo, el cual puede adelantarse ante el mismo juez para ser tramitado dentro del mismo expediente del proceso verbal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, en armon\u00eda \u00abcon los art\u00edculos 422, 426 y 433 del C\u00f3digo General del Proceso, que en su orden regulan el t\u00edtulo ejecutivo, la ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de hacer y el procedimiento a seguir cuando la obligaci\u00f3n a ejecutar es de hacer\u00bb (Subraya de la Sala), por cuanto que para esta Colegiatura tal mecanismo no tiene la idoneidad y la eficacia para lograr dicho cometido, pues, por un lado, si bien la instituci\u00f3n de las visitas puede ser equiparada a una obligaci\u00f3n de hacer, esta, por las vicisitudes que ya dijimos pueden presentarse, dif\u00edcilmente podr\u00eda el juez de familia forzar su cumplimiento, pues, hasta en la hip\u00f3tesis m\u00e1s simple, cual es la del deudor que se niega a ello, no habr\u00eda la m\u00e1s m\u00ednima posibilidad de dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 433 del citado Estatuto Procesal, alusiva a que \u201c[c]uando no se cumpla la obligaci\u00f3n de hacer en el t\u00e9rmino fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podr\u00e1 solicitar, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al vencimiento de dicho t\u00e9rmino, que se autorice la ejecuci\u00f3n del hecho por un tercero a expensas del deudor; as\u00ed se ordenar\u00e1 siempre que la obligaci\u00f3n sea susceptible de esa forma de ejecuci\u00f3n. Con este fin el ejecutante celebrar\u00e1 contrato que someter\u00e1 a la aprobaci\u00f3n del juez\u201d, en raz\u00f3n a que a m\u00e1s que al ejecutante no le interesa el pago de unos perjuicios sino tener contacto con su hijo, la sola idea de autorizar a un tercero resulta totalmente il\u00f3gica y descabellada, por lo perjudicial o inconveniente que puede resultar para el infante involucrado. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, se reitera, el competente para hacer cumplir el r\u00e9gimen de visitas impuesto a trav\u00e9s de decisi\u00f3n judicial, es el juez de familia que la profiri\u00f3, quien previo tr\u00e1mite incidental donde escuchara a las partes y decretar\u00e1 las pruebas que estime necesarias, adoptar\u00e1 las medidas que sean conducentes para su cumplimiento, seg\u00fan su sensato juicio7, circunstancia que, como se dijo, torna improcedente el resguardo suplicado, ya que el tutelante no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea, as\u00ed sea de manera transitoria, la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s del mecanismo judicial, que se itera, a\u00fan no ha formulado, teniendo en cuenta que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (mencionada \u00faltimamente en STC3057-2017 y STC4590-2017). <\/p>\n
(\u2026) No obstante lo relatado conviene recordar, dada la particular situaci\u00f3n que se analiza, que la instituci\u00f3n de las visitas tiene como objetivo primordial \u00abel mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relaci\u00f3n no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo… requiere de modo principal\u00edsimo que no se desnaturalice la relaci\u00f3n con los padres… las visitas no deben ser perjudiciales para los menores, pero tampoco deben desarrollarse de manera de lesionar la dignidad de quien las pide\u00bb8, por ello, entonces, \u00abcada uno de los padres tiene derecho a mantener una relaci\u00f3n estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos; y tiene, adem\u00e1s la facultad de desarrollar su relaci\u00f3n afectiva como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses prevalentes del menor\u00bb9; de ah\u00ed que, su funci\u00f3n es buscar el desarrollo integral y arm\u00f3nico de los hijos y, por ende, para efectos de lo anterior, quien tenga la custodia o tenencia del menor, debe prestar m\u00e1s colaboraci\u00f3n para que exista ese acercamiento entre el otro progenitor y el hijo, m\u00e1s no aprovecharse de su situaci\u00f3n de privilegio, pues de lo contrario, estar\u00eda vulnerando el derecho fundamental de su descendiente a no ser apartado de quienes conforman su familia, lo cual podr\u00eda traerle consecuencias adversas10\u00bb (CSJ STC17234-2017, 20 oct., rad. 00627-01, citada y reiterada en STC6990-2018, 30 may., rad. 00157-01; STC8212-2018, 27 jun., rad. 00219-01; STC11545-2019, 27 ago., rad. 00136-01; STC124-2020, 22 ene., rad. 2019-00088-02; STC10249-2021, 12 ago., rad. 00141; STC3512-2022, 23 mar., rad. 00089-01, y STC4473-2023, 11 may., rad. 00277-01). <\/p>\n
3.2. En estas condiciones, la Sala observa que lo pretendido desborda la competencia del juez de tutela, por cuanto es el Juzgado de Familia la autoridad competente para remediar el conflicto familiar y buscar la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada a la problem\u00e1tica que ac\u00e1 se presenta. <\/p>\n
Lo anterior, contando con la intervenci\u00f3n del Defensor de Familia del ICF, quien con apoyo en el equipo interdisciplinario y de acuerdo con las funciones que le otorga el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, est\u00e1 llamado a prestar su eficaz concurso para \u00abadelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos\u00bb de los ni\u00f1os y adolescentes, as\u00ed como \u00abadoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para detener la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos de los ni\u00f1os (\u2026) Ejercer las funciones de polic\u00eda se\u00f1alados en este C\u00f3digo (\u2026) promover la conciliaci\u00f3n extrajudicial\u00bb. <\/p>\n
Ello, sin perjuicio de las facultades y competencias atribuidas a las Comisar\u00edas de Familia y la colaboraci\u00f3n armoniosa de otras autoridades competentes como el agente del Ministerio P\u00fablico, este \u00faltimo referido por el tribunal a-quo, a quien dirigi\u00f3 orden para que realice el acompa\u00f1amiento que la actora pueda requerir en procura de la plena satisfacci\u00f3n de los derechos superiores ac\u00e1 invocados. <\/p>\n
En virtud del impedimento gen\u00e9rico anunciado y verificado en las circunstancias descritas en precedencia, se hace necesario insistir en que el juez constitucional no puede arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro funcionario, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC10249-2021, 12 ago., rad. 00141-01). <\/p>\n
En apoyo a lo anterior, en lo atinente a conflictos sobre custodia y visitas, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha dicho que, en raz\u00f3n de la autonom\u00eda de los jueces del proceso ordinario, el de tutela: \u00ab\u2026no puede declarar la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, ni el otorgamiento de la tenencia y cuidado de los hijos a cualquiera de los padres, pues es al juez de familia a quien compete decidir sobre el ejercicio de ese derecho. Adem\u00e1s, estos funcionarios cuentan con un equipo interdisciplinario que les presta asesor\u00eda, grupo con que no cuenta el juez de tutela. Igualmente, existiendo un r\u00e9gimen de visitas establecido por las partes o por el juez, tal r\u00e9gimen no puede ser modificado por el juez de tutela, pues para ello se han establecido procedimientos igualmente r\u00e1pidos y eficaces que hacen la acci\u00f3n improcedente\u00bb (CC T-500\/93). Se subraya. <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC4025-2023, 27 abr., rad. 00121-01, entre otras). <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, tampoco es posible otorgar el auxilio como mecanismo transitorio en aras de evitar un da\u00f1o irremediable, porque en casos como el que se analiza, la intervenci\u00f3n de esta excepcional justicia proceder\u00eda \u00abcuando el menor se encuentra en riesgo o peligro f\u00edsico o psicol\u00f3gico, esto es, cuando existe un perjuicio serio e inminente de afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor y, tambi\u00e9n cuando se afecta de manera cierta, directa y grave el derecho a la estabilidad y a la unidad familiar del ni\u00f1o\u00bb (CC T-914\/07). <\/p>\n
Igualmente, obs\u00e9rvese que adem\u00e1s de la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que la accionante a\u00fan no ha utilizado, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada en STC5185-2023, 31 may., rad. 00107-01, entre otras). <\/p>\n
Ac\u00f3tese que, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, la concesi\u00f3n del amparo bajo dicha modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como esas circunstancias y elementos determinantes no fueron demostrados en el caso sub j\u00fadice, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme al anterior entendimiento, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, se ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla transitoriamente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Demanda ejecutiva, denuncia penal (Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor \u2013 Fraude a resoluci\u00f3n judicial) y querella administrativa (restablecimiento de derechos). <\/p>\n
3\u0002 Por ejemplo, cuando la autoridad competente determina que la conducta denunciada no encuadra en el tipo penal que se imputa. <\/p>\n
4\u0002 Pi\u00e9nsese en los casos donde se alegue como factores de desatenci\u00f3n violencia intrafamiliar y abuso o actos sexuales abusivos frente a los menores por parte del progenitor (padre o madre) que tiene derecho a las visitas. <\/p>\n
5\u0002 Ya que, en caso contrario, lo que procede es su modificaci\u00f3n o la definici\u00f3n de uno nuevo a trav\u00e9s de otro proceso. <\/p>\n
6\u0002 Ya la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica se hab\u00eda referido al respecto, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cAclarado que no se trata de cuestionar la medida judicial sino su ejecuci\u00f3n, la Sala comprende que la cl\u00e1usula general de competencia otorgada a las autoridades de familia para resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad, puede cobijar aquellos que involucren la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, permitiendo que los interesados acudan a solicitar el cumplimiento del mismo a trav\u00e9s de requerimientos u otras medidas de protecci\u00f3n\u201d (CC T-115\/14). <\/p>\n
7\u0002 Esta postura adem\u00e1s garantiza que no se judicialice a\u00fan m\u00e1s el enfrentamiento o disputa que pueda existir entre los padres, sino que aboga por que se d\u00e9 una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que se presente, a trav\u00e9s del funcionario que en pret\u00e9rita oportunidad con su decisi\u00f3n garantiz\u00f3 las garant\u00edas superiores que le asisten al menor objeto de las visitas. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC, 25 Oct. 1984, GJ CLXXVI. <\/p>\n
9\u0002 CC T-500\/93. Ver en el mismo sentido, T-012\/12. <\/p>\n
10\u0002 Hasta la p\u00e9rdida de la patria potestad. <\/p>\n
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STC6448-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6448-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00196-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74592","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74592","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74592"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74592\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74592"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74592"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74592"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}