STC6455-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2023-00082-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 9 de junio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jaime Atalivar Boh\u00f3rquez Ib\u00e1\u00f1ez contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e \u00abigualdad de trato jur\u00eddico\u00bb, que dice conculcados por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Yamar Esperanza Sierra Mun\u00e9var promovi\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria contra L\u00edbano Ramiro Corredor Yagama, tr\u00e1mite en el que Jaime Atalivar Boh\u00f3rquez Ib\u00e1\u00f1ez y Boyag Ltda. presentaron intervenci\u00f3n excluyente, que fue rechazada con prove\u00eddo del 2 de diciembre de 2022, en el que, adem\u00e1s, se les reconoci\u00f3 como \u00abtercero[s] interesado[s]\u2026, quien[es] recibir\u00e1[n] el proceso en el estado en que se encuentra\u00bb, decisi\u00f3n que apelaron los referidos terceros, recurso concedido, en el efecto devolutivo, con auto del 2 de marzo pasado. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, Boh\u00f3rquez Ib\u00e1\u00f1ez solicit\u00f3 \u00abla nulidad de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C.G. del P.\u00bb, que fue negada con providencia del 28 de abril de 2023, \u00abpor no ser parte en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado accionado, \u00abatendiendo un recurso de reposici\u00f3n (improcedente\u2026) en un acto antiprocesalista\u2026 rechaz\u00f3 de plano su intervenci\u00f3n acudiendo a una indebida interpretaci\u00f3n de la oportunidad para [presentarla]\u00bb; que present\u00f3 solicitud de p\u00e9rdida de competencia, la cual se rehus\u00f3 resolver el estrado accionado; y que la alzada debi\u00f3 concederse en el efecto diferido. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, tras rendir informe sobre las actuaciones surtidas en el litigio acusado, resalt\u00f3 que el resguardo \u00abes abiertamente improcedente, porque no se cumple con el requisito general de la subsidiaridad, toda vez que, si en criterio del gestor existe una falencia en el desarrollo del proceso, cuesti\u00f3n que no es cierta, lo cierto es que respecto de la intervenci\u00f3n ad excludendum, se encuentra surtiendo el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor esgrimi\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n es nula porque no se acredit\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todas las personas que [intervienen en el]\u2026 proceso [cuestionado]\u00bb, habida cuenta que \u00abno se verifica la vinculaci\u00f3n de\u2026 Yomar Esperanza Sierra Mun\u00e9var, L\u00edbano Corredor Yagama y a todas las personas que se crean con alg\u00fan derecho\u2026\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que el fallador de primera instancia \u00abno se percat\u00f3\u2026 que\u2026 obr\u00f3 en nombre propio y como representante de Boyag Ltda en el proceso [criticado]\u00bb; y que no se resolvi\u00f3 la queja relacionada con que el estrado accionado se abstuvo de absolver la petici\u00f3n de invalidez que elev\u00f3, a pesar de que se le reconoci\u00f3 \u00abla calidad de interviniente en el estado en que se encuentra el proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que, contrario a lo afirmado por el impugnante, no advierte la Sala la existencia de alguna irregularidad que invalide la presente actuaci\u00f3n, pues de los archivos digitales denominados \u00ab010 OficiosDatosProcesoPertenencia\u00bb, \u00ab011 OficiosNotificaci\u00f3nVinculaciones\u00bb y \u00abConstanciaEnv\u00edoNotificaci\u00f3nVinculantes\u00bb, se verifica que el fallador de primera instancia inform\u00f3 sobre la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n a la totalidad de intervinientes en el juicio criticado. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, revisada la demanda de tutela y circunscrita la Corte a los motivos de inconformidad del recurrente, se extracta que el promotor cuestion\u00f3 que: (i) se hubiese rechazado su intervenci\u00f3n excluyente; y (ii) el fallador accionado dejara de resolver la petici\u00f3n de nulidad que elev\u00f3, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en lo que ata\u00f1e al primero de esos reclamos, advierte la Corte que, como lo concluy\u00f3 el a quo, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, por cuanto frente al prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la intervenci\u00f3n excluyente se formul\u00f3 apelaci\u00f3n, recurso que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, como el referido medio de impugnaci\u00f3n est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
5. En este punto, cabe a\u00f1adir, que la prenotada alzada resulta id\u00f3nea para salvaguardar los derechos del tutelante, teniendo en cuenta que, de prosperar, esto es, de revocarse el rechazo de la intervenci\u00f3n excluyente, \u00abquedar\u00e1 sin efectos la actuaci\u00f3n adelantada por el inferior despu\u00e9s de haberse concedido la apelaci\u00f3n, en lo que dependa de aquella\u00bb (art\u00edculo 329, inciso segundo, C\u00f3digo General del Proceso), ello \u00absin perjuicio de lo dispuesto en los dos \u00faltimos incisos del art\u00edculo 323\u00bb. <\/p>\n
Entonces, al margen de que la apelaci\u00f3n que interpuso el quejoso se hubiese concedido en el efecto devolutivo, lo que determina que el proceso criticado siga su curso ante el juez de primera instancia, lo cierto es que de prosperar el reclamo del recurrente y de configurarse los presupuestos de la disposici\u00f3n antes citada, la actuaci\u00f3n tendr\u00eda que retrotraerse, con la finalidad de permitir al tercero excluyente ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
6. En cuanto a la otra inconformidad del promotor, se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto dej\u00f3 de interponer los recursos que resultaban procedentes contra la decisi\u00f3n que, en el auto de 28 de abril de 2023, neg\u00f3 la petici\u00f3n de invalidez que aquel reclam\u00f3, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 121 del Estatuto Procesal Civil, seg\u00fan se verific\u00f3 en el expediente contentivo del asunto objeto de censura constitucional. <\/p>\n
Entonces, se concluye que el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan o se desaprovechan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
As\u00ed pues, si el gestor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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