STC6461-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6461-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00742-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mauricio Alfredo Fajardo Rivera frente a la sentencia de 9 de mayo de 2023, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la tutela que instaur\u00f3 a la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Once Laboral del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos – Ecopetrol S.A., autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-011-2017-00420-00 (Rad. Interno 91569). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pidi\u00f3, aunque no de manera expresa, se deje sin efectos la sentencia CSJ SL4058-2022 (15 nov.) y, en consecuencia, se ordene a la magistratura acusada \u00abproferir un nuevo fallo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y los medios de convicci\u00f3n aportados se extrae que, ante el finiquito de la relaci\u00f3n laboral (24 mar. 2017), el promotor instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de Ecopetrol S.A. con el fin de que se le condenara a reintegrarlo a su mismo cargo, o a otro de igual o superior categor\u00eda, as\u00ed como el pago de los salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y derechos extralegales causados desde la fecha de su despido hasta el d\u00eda de su reincorporaci\u00f3n efectiva. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 quien neg\u00f3 las pretensiones (10 may. 2019), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 (31 ag. 2020), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segundo grado CSJ SL4058-2022 (15 nov.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al declarar que el promotor no ostentaba el \u00abfuero circunstancial por el hecho de haberse afiliado al sindicato Asopetrol, ocho (8) d\u00edas antes del despido (\u2026)\u00bb, lo que en su sentir constituy\u00f3 una represalia por parte de su ex empleadora. <\/p>\n
2. Ecopetrol S.A. resisti\u00f3 los anhelos. La Agencia Jur\u00eddica del Estado pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo con sustento en que la determinaci\u00f3n objeto de escrutinio evidenci\u00f3 argumentos razonables. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el gestor e insisti\u00f3 en los argumentos expuesto en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Frente a las quejas expuestas en el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n en punto al reproche contra el prove\u00eddo de la Sala de Descongesti\u00f3n CSJ SL4058-2022 (15 dic.), que no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal que absolvi\u00f3 a Ecopetrol S.A de las pretensiones dirigidas a ordenar el reintegro laboral del demandante junto con el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, la determinaci\u00f3n del juez plural de cierre en materia laboral no luce descabellada. <\/p>\n
Ciertamente, al ocuparse de los cuatro cargos que en esa sede propuso Mauricio Alfredo Fajardo Rivera y delimitar en dos los problemas jur\u00eddicos a resolver y que consistieron en establecer i) si se equivoc\u00f3 el Tribunal al considerar que el conflicto colectivo de trabajo entre Asopetrol y Ecopetrol no estaba vigente para la fecha de terminaci\u00f3n del contrato con el demandante y, si ello fue as\u00ed; ii) establecer la posibilidad de que Fajardo Rivera estuviera cobijado por el fuero circunstancial, y en ese orden de ideas comenz\u00f3 por resaltar que no era objeto de controversia; <\/p>\n
<\/p>\n
i. que el 2 de junio de 2016, Asopetrol present\u00f3 pliego de peticiones a la empresa; <\/p>\n
ii. que Ecopetrol, mediante comunicaci\u00f3n del 10 de junio de 2016, inform\u00f3 al sindicato que no consideraba procedente el inicio de un nuevo conflicto colectivo, dado que exist\u00eda una convenci\u00f3n vigente en la entidad que fue negociada con otras organizaciones sindicales bajo los par\u00e1metros del Decreto 089 de 2014; <\/p>\n
<\/p>\n
iii. que fruto de esta respuesta, Asopetrol inici\u00f3 querella administrativa ante el Ministerio de Trabajo por negativa a negociar, la cual fue resuelta en primera instancia de forma favorable a la entidad empleadora, estando a\u00fan pendiente de definir la sede de apelaci\u00f3n; <\/p>\n
(iv) que el trabajador se encontraba afiliado a Asopetrol; <\/p>\n
(v) que el demandante fue despedido de manera unilateral y sin justa causa, el 24 de marzo de 2017; <\/p>\n
(vi) y que el cargo que desempe\u00f1aba era el de \u00abCoordinador de Soporte de Aplicaciones\u00bb, devengando un salario mensual de $23.175.000. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento se ocup\u00f3 del primer problema, esto es, si el Tribunal err\u00f3 al dilucidar que no exist\u00eda conflicto colectivo al momento del despido, para lo cual estableci\u00f3 que el asunto estaba regido por el Decreto 089 de 2014 y por ello se soport\u00f3 en diferentes pronunciamientos de la hom\u00f3loga en el trabajo (CSJ SL703-2017, reiterada en las sentencias CSJ SL1789-2019; CSJ SL3258-2019; CSJ SL4775-2019 y CSJ SL1604-2019) y en ese espec\u00edfico punto reliev\u00f3: <\/p>\n
El Decreto 089 de 2014 fue emitido, seg\u00fan su fundamentaci\u00f3n expresa, con el \u00e1nimo de mitigar \u00ab\u2026las serias complicaciones y dificultades a empleadores y organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos de negociaci\u00f3n colectiva\u2026\u00bb, dadas a ra\u00edz de la expedici\u00f3n de las sentencias de la Corte Constitucional C-567 de 2000, C-797 de 2000 y C-063 de 2008, y en b\u00fasqueda de la implantaci\u00f3n de un mecanismo que permitiera la \u00ab…unidad de negociaci\u00f3n o de negociaci\u00f3n concentrada o acumulada, de racionalidad y econom\u00eda en el procedimiento, para que los diferentes sindicatos y pliegos de peticiones est\u00e9n expresados y representados respectivamente, en la mesa de negociaci\u00f3n y en la comisi\u00f3n negociadora.\u00bb <\/p>\n
Esto es, la mencionada norma reconoce que, en virtud de los principios fundamentales de autonom\u00eda y libertad sindical, los trabajadores tienen el derecho a crear todas las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas, dentro de un marco de respeto de la legalidad y de los principios democr\u00e1ticos, de manera que es perfectamente v\u00e1lido que en el interior de una misma empresa opere m\u00e1s de una organizaci\u00f3n sindical. Sin embargo, tambi\u00e9n entiende que es deseable y necesario adoptar medidas que, sin desconocer la autonom\u00eda sindical, promuevan la unidad de los trabajadores y la negociaci\u00f3n colectiva concertada, de manera que se evite la atomizaci\u00f3n del movimiento sindical y se generen las condiciones necesarias para fomentar procesos de di\u00e1logo social m\u00e1s racionales y eficientes, con negociaciones colectivas arm\u00f3nicas y concentradas. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, el art\u00edculo 1 de la norma prev\u00e9 la posibilidad de que las organizaciones sindicales operantes en una misma empresa decidan libremente \u00ab\u2026comparecer a la negociaci\u00f3n colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisi\u00f3n negociadora sindical\u2026\u00bb, adem\u00e1s de que, para lograrlo, dispone, en su par\u00e1grafo 2, que \u00abEn las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deber\u00e1n articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociaci\u00f3n, unidad de pliego o pliegos y de convenci\u00f3n o laudo\u00bb <\/p>\n
No obstante lo anterior y aun cuando, todos los actores de las relaciones colectivas deben apuntar invariablemente a conducirse bajo los citados principios de unidad de negociaci\u00f3n, de pliego y de convenci\u00f3n, no puede perderse de vista que el principio de autonom\u00eda sindical ampara a todas las organizaciones sindicales para que, como se anot\u00f3 con antelaci\u00f3n, pueda gestionar su propio conflicto colectivo de forma soberana, pero articulada con los mandatos del art\u00edculo 1\u00ba del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y los lineamientos propios del Decreto 089 de 2014. <\/p>\n
En este orden de ideas, ciertamente no era posible negar la posibilidad de que el sindicato Asopetrol promoviera un conflicto colectivo por su cuenta ante la empresa recurrente, a pesar de que ya exist\u00eda la Convenci\u00f3n Colectiva 2014-2018 que agrup\u00f3 a varios sindicatos; menos a\u00fan si aquella solo se constituy\u00f3 para diciembre de 2015 y present\u00f3, por primera vez, un pliego de peticiones en junio de 2016. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea argumentativa se centr\u00f3 en el an\u00e1lisis de la posibilidad de multiafiliaci\u00f3n de los trabajadores con diferentes organizaciones sindicales en una empresa y en ese punto rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) se ha reconocido el derecho que tienen los sindicatos dentro de una negociaci\u00f3n com\u00fan a desistir de la misma si esta no satisface sus intereses (CSJ SL1604-2019; CSJ SL11042-2017), todo lo cual no necesariamente destruye la unidad de negociaci\u00f3n o negociaci\u00f3n concentrada, promovida por la legislaci\u00f3n, como mecanismo para facilitar la soluci\u00f3n de un conflicto colectivo. <\/p>\n
En efecto, su existencia prevista en el Decreto 089 de 2014, no va en contrav\u00eda de la autonom\u00eda sindical ni en desmedro de la representatividad de los sindicatos en la mesa de negociaci\u00f3n, lo que no implica, que cualquier organizaci\u00f3n sindical so pretexto de mantener su leg\u00edtimo derecho a promover aut\u00f3nomamente conflictos colectivos, conmine al empleador a la existencia de una anormalidad permanente. <\/p>\n
Precisamente para honrar los postulados legales antes dispuestos y con arreglo a lo previsto en el Convenio 154 y la Recomendaci\u00f3n 163 de la OIT, la presentaci\u00f3n de un pliego de peticiones que genera la iniciaci\u00f3n de un conflicto colectivo a instancias del sindicato al cual estaba afiliado el demandante, en el presente caso, habr\u00eda de armonizarse con la inercia de la negociaci\u00f3n vigente en la compa\u00f1\u00eda, esto es, a trav\u00e9s de la articulaci\u00f3n necesaria de los tiempos de vigencia del instrumento colectivo que de all\u00ed se derivara, permitiendo que el siguiente ciclo de negociaci\u00f3n se anclara a los principios de unidad antes mencionados. <\/p>\n
En ese orden de ideas hall\u00f3 acreditada la equivocaci\u00f3n del juez plural de la alzada al no reconocer la vigencia del conflicto colectivo iniciado por Asopetrol para la data del finiquito del v\u00ednculo laboral. Sin embargo, de igual manera resalt\u00f3 que tal dislate no ten\u00eda la vocaci\u00f3n de fulminarlo porque: <\/p>\n
Si bien el conflicto colectivo promocionado por Asopetrol desde el 2 de junio de 2016 estaba vigente para el momento del despido, 27 de marzo de 2017, ello no es suficiente para casar la sentencia del Tribunal, pues la Sala observa que, de hacerlo, al llegar a sede de instancia el resultado del proceso no variar\u00eda, habida cuenta de que el se\u00f1or Fajardo Rivera no era titular del fuero circunstancial. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Sala ha rese\u00f1ado que pese a la vigencia del conflicto colectivo, existen trabajadores dentro de la empresa a los que no les es dable beneficiarse del fuero anotado, ya que sus especiales caracter\u00edsticas los har\u00edan actuar como \u00abjuez y parte\u00bb dentro de la negociaci\u00f3n y aprovecharse \u00ab[\u2026] en beneficio propio de sus especiales ubicaciones dentro de la escala jer\u00e1rquica de la empresa, lo cual es contrario a la moral y la \u00e9tica\u00bb (CSJ SL de 11 de mayo de 2006, radicaci\u00f3n 26726). <\/p>\n
A la luz del precedente, dichas personas son quienes ostentan cierto nivel jer\u00e1rquico dentro de una organizaci\u00f3n lo que las diferencia de los dem\u00e1s trabajadores, en tanto representan al empleador en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, ejercen un poder de mando e instrucci\u00f3n o suponen un nivel intermedio entre el empleador y el resto de funcionarios, que los dota de la facultad de subordinaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas encontr\u00f3 acreditado que fajardo Rivera hac\u00eda parte de la n\u00f3mina directiva conformada por personal con caracter\u00edsticas especiales destinadas a direccionar las actividades de la empresa y sus trabajadores, hecho que fue aceptado en el interrogatorio de parte y corroborado con el cargo, funciones y salario que percib\u00eda para en ese orden de ideas inferir que: <\/p>\n
(\u2026) el recurrente contaba con asignaciones de especial relevancia, trascendencia e impacto en las actividades del empleador, las cuales encajan dentro de las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas por la Corporaci\u00f3n para efecto de la exclusi\u00f3n foral. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s relevante: el documento de folio 94 define como prop\u00f3sito de su cargo, garantizar el correcto desempe\u00f1o, funcionamiento, disponibilidad y funcionalidad de las aplicaciones t\u00e9cnicas y empresariales, asunto no menor dado que i) no limita el alcance de su rol a algunas de dichas herramientas, sino que le asigna la responsabilidad sobre todas y, ii) que tales aplicativos, son un pilar fundamental del negocio, por lo cual las decisiones que tome el trabajador y la informaci\u00f3n a la que tiene acceso, son cuestiones superlativas ante eventos de negociaci\u00f3n colectiva. <\/p>\n
De otra parte, a folio 95 se demuestra la actividad de representaci\u00f3n empresarial que pesaba sobre el casacionista en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, pues ten\u00eda a su cargo personal cuyo desempe\u00f1o deb\u00eda \u00abGestionar\u00bb, al punto que se le obligaba a \u00abEstimular y reconocer los aportes individuales y de equipo a los resultados de las \u00e1reas\u00bb (fl. 95). Es importante a\u00f1adir que el se\u00f1or Fajardo Rivera reconoci\u00f3 esta competencia subordinante en el interrogatorio de parte seg\u00fan se escucha entre los minutos 20:18 y 20:22 de dicha declaraci\u00f3n (CD, fl. 124). <\/p>\n
De esta forma, para la Sala, el rol, las funciones, las actividades, el contexto organizacional y la remuneraci\u00f3n del trabajador eran propias de un cargo directivo con capacidad de direccionamiento, representaci\u00f3n, subordinaci\u00f3n y control, por lo cual no le era aplicable el fuero circunstancial, pese a encontrarse vigente el conflicto colectivo de trabajo promovido por Asopetrol. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos para declarar la improsperidad de los ataques esgrimidos contra la sentencia de segundo grado, se advierte, analiz\u00f3 en conjunto los medios de prueba recaudados con suficiencia para concluir, como qued\u00f3 visto, que existieron circunstancias objetivas para que procediera el finiquito laboral, porque como qued\u00f3 demostrado, el demandante no pod\u00eda ser arropado con la protecci\u00f3n foral de la que se duele, ello teniendo en cuenta que se desempe\u00f1\u00f3 como Jefe Unidad de Infraestructura y Servicios Inform\u00e1ticos y luego como Coordinador de Soporte de Aplicaciones y, adem\u00e1s, que su afiliaci\u00f3n a Asopetrol constituy\u00f3 un abuso del derecho porque \u00abel rol, las funciones, las actividades, el contexto organizacional y la remuneraci\u00f3n del trabajador eran propias de un cargo directivo con capacidad de direccionamiento, representaci\u00f3n, subordinaci\u00f3n y control, por lo cual no le era aplicable el fuero circunstancial, pese a encontrarse vigente el conflicto colectivo de trabajo promovido por Asopetrol\u00bb. <\/p>\n
De manera que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021 reiterada en STC14739-2022, entre otras). <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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