STC6463-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC6507-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-13-000-2023-00096-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 6 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Luis Arias Palomino contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda, las Secretar\u00edas de Desarrollo Institucional y de Servicios Administrativos \u2013 Direcci\u00f3n de Talento Humano de Villavicencio, el Centro Oftalmol\u00f3gico del Llano y Nelson Harvey Perilla Barahona, y citadas las partes e intervinientes en el amparo constitucional n\u00ba 2022-00158. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, seguridad social, a la vida en condiciones dignas, m\u00ednimo vital, debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Del escrito de tutela y las pruebas aportadas, se extrae que el se\u00f1or Pedro Luis Arias Palomino, con ocasi\u00f3n de la terminaci\u00f3n de su contrato de trabajo con la Alcald\u00eda de Villavicencio y la Secretar\u00eda de Desarrollo Institucional de esa ciudad, promovi\u00f3 anterior acci\u00f3n de tutela contra esas entidades, con el fin de obtener el pago de las cesant\u00edas y dem\u00e1s prestaciones sociales, que, seg\u00fan afirm\u00f3, le adeudaban, y tambi\u00e9n solicit\u00f3 el reintegro a la labor que desempe\u00f1aba. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio, en sentencia de 7 de marzo de 2022, declar\u00f3 la improcedencia del amparo, ante la ausencia del requisito de la subsidiariedad, decisi\u00f3n que impugnada por el actor confirm\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad el 29 de abril de 2022. <\/p>\n
Adujo que, con la decisi\u00f3n de segunda instancia, sus derechos fundamentales contin\u00faan siendo vulnerados, pese a que tiene la condici\u00f3n de \u00abpersona prepensionado\u00bb, y se encuentra en un estado \u00abde abandono y miseria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar el pago de las acreencias laborales reclamadas, como tambi\u00e9n, su reintegro al cargo que desempe\u00f1aba o a uno de similares caracter\u00edsticas en la Alcald\u00eda de Villavicencio. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Villavicencio, defendi\u00f3 los argumentos de la decisi\u00f3n objeto de queja y manifest\u00f3 que fue proferida conforme a derecho. Afirm\u00f3 que la solicitud de amparo es improcedente, habida cuenta que se cuestiona un fallo de tutela y que no se satisface el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio ,solicit\u00f3 negar el amparo ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Villavicencio, a trav\u00e9s de su oficina jur\u00eddica, indic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante y solicit\u00f3 negar el amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La secretaria de Desarrollo Institucional de Villavicencio solicit\u00f3 negar el amparo por improcedente, en tanto est\u00e1 dirigido contra otra acci\u00f3n de tutela y lo que pretende es reabrir un debate ya finalizado. As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Villavicencio, declar\u00f3 la improcedencia del amparo por dirigirse en contra de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, en la que se expone la inconformidad del accionante con la decisi\u00f3n adoptada, situaci\u00f3n ajena a los presupuestos que admitir\u00edan excepcionalmente su procedencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, argumentando que en la sentencia de primera instancia no se valor\u00f3 su edad -60 a\u00f1os-, tiempo de cotizaci\u00f3n -1468 semanas- y calidad de prepensionado, circunstancias que, a su juicio, satisfacen los requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n, y que, con la decisi\u00f3n proferida se contin\u00faan afectando sus derechos fundamentales, por lo que solicita se conceda la acci\u00f3n a fin de evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, lo anterior con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra de la misma naturaleza. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022). <\/p>\n
Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, estos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia, en caso de negarse esta \u00faltima. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Pedro Luis Arias Palomino acude a este mecanismo en busca de la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados por los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito, ambos de Villavicencio, en las sentencias proferidas el 7 de marzo y 29 de abril de 2022, respectivamente, en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2022-00158, que formul\u00f3 contra la Alcald\u00eda y la Secretar\u00eda de Desarrollo Institucional de Villavicencio, con ocasi\u00f3n de la terminaci\u00f3n de su contrato de trabajo con las entidades municipales nombradas, el 31 de diciembre de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por tratarse de una acci\u00f3n de tutela que controvierte las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n del mismo linaje (CSJ. STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014, STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01 y STC13396-2022, STC395-2023 entre muchas otras), m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se estructura ninguna causal excepcional de procedencia de tutela contra decisiones de la misma naturaleza, circunstancia que impide abordar su an\u00e1lisis (SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De otra aparte, no se cumple con el presupuesto de la inmediatez como requisito general de procedibilidad de toda acci\u00f3n constitucional, y en particular, como exigencia indispensable para la procedencia excepcional contra sentencias de tutela, puesto que la providencia que resolvi\u00f3 ese tr\u00e1mite fue proferida el 29 de abril de 2022, y la solicitud de amparo fue promovida solo hasta el 24 de mayo de 2023, esto es m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de haberse proferido esa determinaci\u00f3n, t\u00e9rmino que supera el lapso razonable de seis (6) meses se\u00f1alados de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC3845-2022, STC6067-2022 y, STC6150-2022, STC395-2023 entre otras muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tampoco se satisface el requisito de la subsidiariedad, toda vez que seg\u00fan se puede verificar en el sistema de consulta de la Corte Constitucional, el expediente contentivo de la acci\u00f3n de amparo que ahora es objeto de reproche, fue excluido de revisi\u00f3n el 27 de mayo de 20221, por lo cual no puede reabrirse el debate all\u00ed resuelto, porque tales decisiones constituyen \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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