STC6464-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6464-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00850-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La promotora solicit\u00f3 dejar sin efecto el fallo proferido por la querellada dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor (Rad. 21-339122), por medio del cual se orden\u00f3 el reembolso parcial del pago realizado por los contratos de prestaci\u00f3n de servicios educativos. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que fungi\u00f3 como demandada en un proceso promovido por Nayib Rodrigo de la Ossa Robinason y Daisy Leandra Morales L\u00f3pez, quienes en el 2020 adquirieron dos cursos de ingl\u00e9s con la accionante, pero, como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada en ese a\u00f1o, no pudieron asistir a las clases en las condiciones inicialmente pactadas a saber: presencialmente y de m\u00e1ximo 6 estudiantes. Explic\u00f3 que los consumidores pretend\u00edan que se declarara la vulneraci\u00f3n de sus derechos y, por ende, se ordenara la devoluci\u00f3n del dinero pagado por los dos programas acad\u00e9micos. <\/p>\n
La aqu\u00ed tutelante se opuso y argument\u00f3 grosso modo: (i) fuerza mayor, e (ii) inexistencia del da\u00f1o. Expuso que ofreci\u00f3 a sus clientes la posibilidad de tomar las lecciones virtuales o de suspender los t\u00e9rminos contractuales para reactivarlos una vez se pudiera volver a la presencialidad. La SIC mediante sentencia (30 marzo 2023) accedi\u00f3 a las pretensiones y orden\u00f3 a la sociedad al reembolso de $4.000.000 a los accionantes. Para ello, adujo, en s\u00edntesis, que \u00abadhiri\u00e9ndome a las facultades que me otorga la ley 1480 en el art. 58 proceder\u00e9 a emitir un fallo en justicia toda vez que si bien no se prest\u00f3 el servicio en la forma contratada para este despacho justamente la raz\u00f3n por la que no se hizo no es por algo imputable a la demandada pero tampoco al consumidor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A juicio del querellante, esa decisi\u00f3n result\u00f3 violatoria de sus derechos constitucionales toda vez que: (i) se declar\u00f3 fracasada la conciliaci\u00f3n sin exponer las causas, (ii) no se realiz\u00f3 fijaci\u00f3n del litigio, (iii) en el interrogatorio se le consult\u00f3 a la apoderada por temas que no le correspond\u00eda conocer, (iv) no se estudiaron los alegatos de conclusi\u00f3n, (v) no se analiz\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito propuestas, (vi) no hubo pruebas suficientes del supuesto da\u00f1o, (vii) la funcionaria no motiv\u00f3 la providencia y (viii) no se tuvo en cuenta la sanci\u00f3n del art. 372 del CGP. <\/p>\n
2.- La agencia judicial defendi\u00f3 el veredicto controvertido, advirti\u00f3 que actu\u00f3 en derecho y solicit\u00f3 negar el ruego constitucional. <\/p>\n
3.- El a quo deneg\u00f3 la salvaguardia solicitada porque consider\u00f3 razonable el fallo atacado. <\/p>\n
4.- La gestora impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, reiter\u00f3 las observaciones del escrito inicial y adem\u00e1s precis\u00f3 que no busca una \u00absentencia a favor de mi representada, si no que se dicte una sentencia justa, con una motivaci\u00f3n que contenga el principio de congruencia entre los hechos, las pretensiones las pruebas y las excepciones propuestas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La Sala revocar\u00e1 lo resuelto por el Tribunal de Bogot\u00e1 y, en su lugar, conceder\u00e1 el amparo suplicado por American School Way S.A.S., por cuanto la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio no justific\u00f3, a la luz de la totalidad de los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la controversia, por qu\u00e9 la sociedad accionante deb\u00eda ser condenada, sin que el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 la eximiera de ello. <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los alcances de la facultad otorgada a los juzgadores, que conocen acciones de protecci\u00f3n al consumidor, de decidirlas de la forma que consideren m\u00e1s justa para las partes. <\/p>\n
El numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 autoriza a los jueces que conocen las acciones de protecci\u00f3n al consumidor, ordinarios o la autoridad administrativa en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, a decidir ese tipo de litigios \u00abde la forma que considere m\u00e1s justa para las partes, seg\u00fan lo probado en el proceso\u00bb. <\/p>\n
A primera vista, y dada la ambig\u00fcedad que encierra el concepto de lo \u00abjusto\u00bb, podr\u00eda pensarse que dicha regla dota a los juzgadores de cierta discrecionalidad a la hora de resolver conflictos de ese linaje, al punto de estimar, como lo hizo la Superintendencia convocada, que existe la posibilidad de emitir lo que denomin\u00f3 \u00abfallos en justicia\u00bb, y peor a\u00fan, que ello es raz\u00f3n suficiente para estructurar una condena a favor del consumidor. Sin embargo, no es as\u00ed, pues el sentido de esa pauta debe entenderse en contexto con la norma en la que se haya inserta, del que se desprende que esa facultad est\u00e1 atada a la posibilidad que, en esos casos, tiene el fallador de resolver de forma distinta a lo pedido en la demanda, con el fin de hacer efectivos sus derechos. <\/p>\n
En efecto, f\u00edjese que el citado numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 se\u00f1ala: <\/p>\n
Al adoptar la decisi\u00f3n definitiva, el Juez de conocimiento o la Superintendencia de Industria y Comercio resolver\u00e1 sobre las pretensiones de la forma que considere m\u00e1s justa para las partes seg\u00fan lo probado en el proceso, con plenas facultades para fallar infra, extra y ultrapetita, y emitir\u00e1 las \u00f3rdenes a que haya lugar con indicaci\u00f3n de la forma y t\u00e9rminos en que se deber\u00e1n cumplir (Negrillas agregadas). <\/p>\n
Entonces, la f\u00f3rmula de lo justo, en dichos asuntos, es definir la controversia de acuerdo con lo probado en el tr\u00e1mite, y no tanto con lo reclamado por sus intervinientes, siendo del caso, si es necesario, adoptar medidas distintas a las pretendidas por el consumidor con el fin de restablecer sus garant\u00edas. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, el legislador permiti\u00f3 a los jueces que adelantan ese tipo de controversias apartarse de la regla de la congruencia establecida en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, con miras a que las mismas se definieran a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n de f\u00f3rmulas que permitieran real y eficazmente proteger los derechos en conflicto y no, simplemente, mediante la estimaci\u00f3n o desestimaci\u00f3n de las peticiones de la demanda. De suerte que, si un consumidor pidi\u00f3 \u00abC\u00bb, pero el juez encuentra que, de acuerdo con lo probado en el proceso, sus garant\u00edas se realizar\u00e1n a trav\u00e9s de \u00abC+C\u00bb, deber\u00e1 concederle \u00abC+C\u00bb, por ser lo m\u00e1s justo para aqu\u00e9l. <\/p>\n
As\u00ed se infiere, adem\u00e1s, de la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 1480 de 2011, donde se indic\u00f3 sobre dicho canon: \u00ab[s]e dan plenas facultades para que la Super decida infra, extra y ultrapetita, figuras que generalmente se usan en el derecho laboral y que buscan que el juez de conocimiento pueda ir m\u00e1s all\u00e1 de las pretensiones cuando sea necesario\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse esa licencia no traduce para dichos sentenciadores la autorizaci\u00f3n para dictar \u00abfallos en justicia\u00bb, en \u00abequidad\u00bb, o al margen de las reglas jur\u00eddicas que gobiernan dichos conflictos, ni mucho menos implica que queden eximidos del deber de motivar suficientemente sus decisiones en relaci\u00f3n con todos los elementos que integran la causa. Como autoridades jurisdiccionales que son, sus veredictos, al igual que todos los casos sometidos a su composici\u00f3n, deben ser proferidos en \u00abderecho\u00bb, justificados a la luz de las pretensiones, excepciones formuladas por las partes y los fundamentos normativos que las respaldan. <\/p>\n
La motivaci\u00f3n de la sentencia deber\u00e1 limitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas con explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, con indicaci\u00f3n de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deber\u00e1 calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. <\/p>\n
La parte resolutiva se proferir\u00e1 bajo la f\u00f3rmula \u201cadministrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley\u201d; deber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y dem\u00e1s asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este c\u00f3digo. <\/p>\n
Cuando la sentencia sea escrita, deber\u00e1 hacerse una s\u00edntesis de la demanda y su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, el Estatuto del Consumidor, en su art\u00edculo 4\u00b0, establece el deber de aplicar, as\u00ed como en lo no regulado, en tanto no contravenga sus principios, la Codificaci\u00f3n mercantil y civil. <\/p>\n
A tono con lo anterior, la Sala ha determinado frente a los alcances de la facultad prevista en el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, lo siguiente: <\/p>\n
Sin embargo, no se trata de una facultad irrestricta, de la que dicha autoridad pueda hacer uso sin ning\u00fan tipo de limitaciones, pues es claro que en virtud del deber que les asiste a quienes ejercen jurisdicci\u00f3n, tiene la carga de argumentar adecuada y suficientemente las razones por las cuales es necesario decidir la controversia de un modo distinto a lo exigido por el demandante, explicando a la luz de las evidencias recaudadas y las reglas previstas en el estatuto del consumidor por qu\u00e9 la medida adoptada en reemplazo del querer del demandante es la \u201cm\u00e1s justa para las partes\u201d. <\/p>\n
Lo que exige, a su vez, un an\u00e1lisis cr\u00edtico y juicioso de las pretensiones que el solicitante considera pertinentes para hacer efectiva la garant\u00eda de un servicio o producto, as\u00ed como de sus fundamentos, su oposici\u00f3n y las probanzas recaudadas para respaldar las posturas de las partes. De suerte que pueda explicarse, plausiblemente, la pertinencia o improcedencia de los reclamos de quien acude a la administraci\u00f3n de justicia en busca de que sus garant\u00edas como consumidor sean resguardadas. (Negrillas agregadas). (CSJ STC5704-2021). <\/p>\n
Del mismo modo, en sede de casaci\u00f3n ha sostenido esta instancia: <\/p>\n
En ese sentido, las facultades otorgadas al juzgador en las acciones de defensa de los derechos de los consumidores deben armonizar pautas como la del primer canon ejusdem, que refiere como uno de los principios \u00abproteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, asi\u0301 como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses econo\u0301micos\u00bb, junto con la garanti\u0301a del debido proceso de quienes acuden a la administracio\u0301n de justicia, lo cual hace imperativo que el juzgador motive su decisio\u0301n frente a los hechos acreditados y a las normas aplicables al caso, para que el consumidor pueda conocer las razones por las cuales se atienden o se desestiman sus solicitudes. (Negrillas agregadas). (CSJ SC2879-2022). <\/p>\n
En suma, la regla 58 de la Ley 1480 de 2011, que autoriza a los jueces que impulsan las acciones de protecci\u00f3n al consumidor, a resolverlas \u00abde la forma que considere m\u00e1s justa para las partes, seg\u00fan lo probado en el proceso\u00bb, debe interpretarse en el sentido de que los funcionarios, con el fin de aplicar justicia en los casos concretos, pueden apartarse de las pretensiones del consumidor formuladas en la demanda y zanjar los casos mediante la adopci\u00f3n de las medidas que resulten m\u00e1s apropiadas de acuerdo con los hechos demostrados en el proceso. Facultad que, en todo caso, implica para el sentenciador dirimir las controversias en derecho y satisfacer el deber de argumentar adecuada, as\u00ed como suficientemente los motivos por los cuales es necesario decidir la controversia de cierto modo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La motivaci\u00f3n de la sentencia atacada en el caso sub-examine. <\/p>\n
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1. Ahora, analizada la providencia combatida, como se anticip\u00f3, revela una motivaci\u00f3n defectuosa, por cuanto la Superintendencia consider\u00f3 vulnerados los derechos de los consumidores reclamantes y orden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda accionante el reembolso parcial de lo que sufragaron, por concepto del curso de ingl\u00e9s, con el argumento de que se trataba de un \u00abfallo en justicia\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 58 de la Ley 1480, sin valorar, a la luz de las excepciones de m\u00e9rito alegadas ni las normas aplicables al caso, el hecho, seg\u00fan el cual, la inejecuci\u00f3n del contrato en las condiciones pactadas no era atribuible a ninguna de las partes, que fue el que encontr\u00f3 demostrado. <\/p>\n
As\u00ed, empez\u00f3 por se\u00f1alar: <\/p>\n
(\u2026) como se tiene del acervo probatorio como de los argumentos tra\u00eddos a colaci\u00f3n por la apoderada general de la accionada en efecto existi\u00f3 una relaci\u00f3n de consumo entre las partes derivada de la contrataci\u00f3n de un programa acad\u00e9mico el cual era un curso presencial para tomar varios niveles del idioma ingl\u00e9s, este contrato fue suscrito el 22 de febrero del 2020 y uno de los contratos ten\u00eda vigencia hasta el 22 de mayo de 2022 y el otro contrato hasta el 22 de marzo de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el mismo sentido, sobre las pretensiones de los accionantes precis\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, de acuerdo a lo que traen a colaci\u00f3n los demandantes hubo un incumplimiento contractual de las condiciones pactadas toda vez que digamos que en medio de la ejecuci\u00f3n de dicho contrato se present\u00f3 la pandemia por lo que las condiciones inicialmente pactadas cambiaron debido a que la presencialidad estaba restringida y en ese sentido prestaron clases virtuales pero pues no cumpl\u00edan con los estudiantes que inicialmente habr\u00edan informado que habr\u00edan por clases. Asimismo, traen a colaci\u00f3n que todas estas circunstancias les ocasionaron problemas a nivel laboral ya que hab\u00edan adquirido el programa para mejorar el conocimiento del idioma y ello no sucedi\u00f3. Traen a colaci\u00f3n como pretensiones que se declare que la demandada vulner\u00f3 sus derechos como consumidor, que se proceda con la devoluci\u00f3n del dinero y que se proceda con la devoluci\u00f3n del dinero exceptuando el valor del nivel A1 para los dos, teniendo en cuenta que este lo cursaron. <\/p>\n
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3. Por su parte, frente a la postura de la demandada record\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, al respecto y tal y c\u00f3mo lo trae a colaci\u00f3n la apodera general de la accionada, el servicio no se pudo prestar de la manera pactada toda vez que de por medio estuvo el tema de la pandemia que claramente gener\u00f3 restricciones a la prestaci\u00f3n de servicios como el que presta la hoy accionada. <\/p>\n
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4. Con posterioridad, la agencia judicial cit\u00f3 las normas de protecci\u00f3n al consumidor que, a su criterio, eran aplicables al caso: <\/p>\n
En este sentido, en materia de garant\u00eda legal el estatuto del consumidor ha dispuesto que es obligaci\u00f3n de todos los productores y proveedores de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado y funcionamiento de los productos, obviamente esto tambi\u00e9n se circunscribe al escenario de la prestaci\u00f3n de servicios de donde tambi\u00e9n se tiene que la garant\u00eda legal est\u00e1 demarcada en el cumplimiento contractual al cual se atienen empresarios con los consumidores, en el caso que nos ocupa la demandada se comprometi\u00f3 a la prestaci\u00f3n de servicio del programa de ingl\u00e9s bajo unos par\u00e1metros puntuales empezando porque era de manera presencial y porque hab\u00eda un n\u00famero determinado de estudiantes en el curso en el cual se iba a tomar el nivel. <\/p>\n
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5. Por \u00faltimo, la delegada plante\u00f3 los argumentos en los que bas\u00f3 la existencia de una vulneraci\u00f3n a los derechos y, como consecuencia, conden\u00f3 a la accionada: <\/p>\n
En ese sentido, para este Despacho, adhiri\u00e9ndome a las facultades que me otorga la ley 1480 en el art. 58 proceder\u00e9 a emitir un fallo en justicia toda vez que si bien no se prest\u00f3 el servicio en la forma contratada para este despacho justamente la raz\u00f3n por la que no se hizo no es por algo imputable a la demandada pero tampoco al consumidor, entonces en ese sentido este Despacho proceder\u00e1 a ordenar un reembolso parcial teniendo en cuenta que adem\u00e1s se procedi\u00f3 con la prestaci\u00f3n de servicio de las clases indicadas por la apoderada general y en ese sentido ordenar\u00e1 un reembolso a favor de la demandante teniendo en cuenta el servicio prestado. (Negrillas agregadas). <\/p>\n
Como puede verse, la autoridad reprochada, sin argumentos suficientes, consider\u00f3 que el reclamo de los consumidores era viable, dejando de justificar por qu\u00e9 esa era la soluci\u00f3n m\u00e1s justa para las partes, con miras a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica probada, las reglas del Estatuto del Consumidor y las defensas propuestas por la entidad actora, enfiladas todas a enervar las aspiraciones de sus contradictores. <\/p>\n
F\u00edjese, en esa direcci\u00f3n, que American propuso como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3, i). Actos propios del consumidor que conllevan la exoneraci\u00f3n de la responsabilidad, ii). El proveedor o productor ha cumplido la prestaci\u00f3n del servicio contratado, iii). Fuerza mayor como eximente de responsabilidad, iv) Inexistencia de los elementos para imputar responsabilidad, fundada, entre otros aspectos, en que la falta de ejecuci\u00f3n del convenio, en las condiciones acordadas – clases de ingl\u00e9s presenciales en el t\u00e9rmino pactado- no era imputable a \u00e9l, sino a la pandemia provocada por el COVID-19, que la oblig\u00f3 a cerrar sus sedes f\u00edsicas. Igualmente, sustent\u00f3 la ausencia de responsabilidad que se le atribuye en que ofreci\u00f3 a los interesados diversas posibilidades para cumplir con la prestaci\u00f3n pactada, sin embargo, aquellos, injustificadamente, declinaron de ellas. <\/p>\n
Sin embargo, ning\u00fan pronunciamiento hizo el fallador enjuiciado sobre esos aspectos, lo que resulta trascendente para los derechos de la compa\u00f1\u00eda promotora y la soluci\u00f3n de las diligencias, si en cuenta se tiene que de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 1480, \u201c[e]l productor o proveedor se exonerar\u00e1 de la responsabilidad que se deriva de la garant\u00eda, cuando demuestre que el defecto proviene de: (\u2026) 1. Fuerza mayor o caso fortuito\u201d, y a voces del par\u00e1grafo de dicha regla, \u201c[e]n todo caso el productor o expendedor que alegue la causal de exoneraci\u00f3n deber\u00e1 demostrar el nexo causal entre \u00e9sta y el defecto del bien\u201d. <\/p>\n
En suma, la Superintendencia de Industria y Comercio no motiv\u00f3 adecuadamente la providencia cuestionada porque no expuso claramente cu\u00e1les fueron las razones por las que declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos al consumidor y orden\u00f3 el consecuente reembolso, por lo que se configura una v\u00eda de hecho por \u00abausencia de motivaci\u00f3n\u00bb, que debe ser conjurada a trav\u00e9s de este sendero. <\/p>\n
3.- Conclusi\u00f3n y decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, se revocar\u00e1 el fallo del Tribunal de Bogot\u00e1, para, en su lugar, dejar sin vigor la sentencia objeto de ataque, a fin de que la convocada profiera una nueva en la que defina la controversia atendiendo los par\u00e1metros aqu\u00ed expuestos, en especial, el de deber dirimirla y motivar la decisi\u00f3n que adopte en concordancia con las excepciones de m\u00e9rito planteadas y las fuentes de derecho aplicables al caso. <\/p>\n
Se precisa, a efectos del cumplimiento de este veredicto, que la Sala no est\u00e1 imponiendo el sentido de la resoluci\u00f3n que debe adoptar la Superintendencia, solo que la que se emita deba ser el resultado de un estudio serio, cr\u00edtico y juicioso de todos los elementos que componen el conflicto, seg\u00fan qued\u00f3 arriba expuesto. Todo, a fin de garantizar el derecho de American School Way S.A.S. a que la judicatura le suministre las razones por las cuales est\u00e1 obligada o no devolver todo o parte de lo sufragado por sus clientes. <\/p>\n
4.- Finalmente, se precisa que los dem\u00e1s reclamos constitucionales, dirigidos a cuestionar aspectos de tr\u00e1mite de la audiencia en la que se dict\u00f3 el desenlace confrontado, esto es, que se declar\u00f3 fracasada la conciliaci\u00f3n sin exponer las causas, que no se realiz\u00f3 fijaci\u00f3n del litigio y que en el interrogatorio se le consult\u00f3 a la apoderada por temas que no le correspond\u00eda conocer, devienen inf\u00e9rtiles, toda vez que la quejosa no los discuti\u00f3 en la oportunidad procesal respectiva. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, CONCEDE el amparo implorado por American School Way S.A.S. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS la sentencia emitida por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de marzo de 2023, en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor que promovieron Nayib Rodrigo de la Ossa Robinason y Daisy Leandra Morales Lopez contra la actora, bajo el radicado 21-339122, y se ORDENA a dicha entidad que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, celebre audiencia en la que emita nueva providencia, atendiendo los lineamientos trazados en este fallo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6464-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6464-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00850-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1.- La promotora solicit\u00f3 dejar sin efecto el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74605","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74605"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74605\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}