STC6465-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6465-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2023-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de junio de 2023 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gildardo Mart\u00ednez Monsalve contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado encausado \u00ablevantar la medida de embargo, retenci\u00f3n y bloqueo de los dineros que por concepto de cesant\u00edas tenga depositadas\u2026 en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A.\u00bb, asimismo, que \u00aben el futuro se abstenga de emitir y ordenar el embargo y retenci\u00f3n de dineros que tenga\u2026 pro concepto de cesant\u00edas y que hagan parte del m\u00ednimo vital que le corresponden a su\u2026 50% inembargable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Cheyla Vanessa Acevedo, en representaci\u00f3n de su menor hijo, present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en contra de Gildardo Mart\u00ednez Monsalve, ante el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, con fundamento en una conciliaci\u00f3n; autoridad que el 20 de febrero de 2020 libr\u00f3 mandamiento de pago por $109.203.472, dispuso el pago de alimentos que en lo sucesivo se causen en cuant\u00eda de 16.6% del salario, primas y dem\u00e1s prestaciones como empleado de Prodeco S.A. y decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n del salario hasta verificar el pago de la obligaci\u00f3n, sin que tales disposiciones excedan el 50% del salario. <\/p>\n
2.2. Notificado el convocado, otorg\u00f3 poder a un mandatario de confianza, empero, no formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, lo que conllev\u00f3 a que el 1\u00b0 de julio de 2020 se ordenara seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Luego, previa solicitud de la ejecutada, el 27 de abril de 2021 decret\u00f3 el embrago y retenci\u00f3n de los dineros que por concepto de cesant\u00edas tenga depositadas Mart\u00ednez Monsalve en Porvenir S.A., limit\u00e1ndolo hasta completar $187.521.116; decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Refiri\u00f3 el promotor que, el 8 de mayo de 2023 se acerc\u00f3 a las instalaciones de Porvenir con el fin de retirar sus cesant\u00edas, sin embargo, all\u00ed le informaron que \u00abse encontraban bloqueadas hasta un\u2026 50% por \u00f3rdenes del Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta\u2026 dentro del proceso ejecutivo bajo el radicado n\u00b0 2019-00371\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Anot\u00f3 que la referida medida es improcedente, pues en virtud de la cautela decretada con la orden de apremio, \u00abse entiende que ya se encuentra cubierto todo lo concerniente a la orden de embargo que se debe cumplir a favor de\u2026 Cheyla\u2026 de lo que recibe\u2026 por salario y las prestaciones legales que percibe como empleado\u00bb, adem\u00e1s que, \u00abesta ha venido siendo descontada y liquidada de manera quincenal por el pagador\u2026 de lo correspondiente del salario, primas, vacaciones y cesant\u00edas que percibe\u2026 y que son puestas a disposici\u00f3n de la ejecutante en el Banco Agrario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Indic\u00f3 que el auto de 27 de abril de 2021 \u00abdesconoci\u00f3 y vulner\u00f3 el derecho fundamental al m\u00ednimo vital\u2026 como quiera que, no se realiz\u00f3 el an\u00e1lisis completo del proceso\u00bb, toda vez que, \u00abno tuvo en cuenta que el mismo pagador al momento de realizar los respectivos descuentos de las cuotas alimentarias sucesivas, prestaciones legales\u2026 ya hab\u00eda realizado el descuento y la consignaci\u00f3n de los dineros correspondientes a las cesant\u00edas del a\u00f1o 2022, raz\u00f3n por la cual los dineros que se encentran retenidos y embargados dentro de\u2026 Porvenir, corresponden \u00fanica y exclusivamente al\u2026 50% del m\u00ednimo vital\u2026 raz\u00f3n por la cual gozan de la protecci\u00f3n de inembargabilidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Agreg\u00f3 que el 50% de sus ingresos est\u00e1n destinados a cubrir cuotas alimentarias, de un lado, el 17.1% para la ejecutante y su menor hijo, y el 32.9% en favor de sus otros hijos y esposa, por lo que, insiste, lo retenido por el fondo de Cesant\u00edas corresponde a otro 50%, esto, es, a su m\u00ednimo vital, raz\u00f3n por la que no puede ser retenido. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 25 Judicial II de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres, refiri\u00f3 que de demostrarse que las cautelas superaron el 50% de los ingresos del promotor, la solicitud de amparo podr\u00eda ser procedente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Heather Ladie Katherine Giselle Cancino Flori\u00e1n, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, comoquiera que, no tiene relaci\u00f3n con el juicio fustigado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, habida cuenta que, el llamado al responder es el estrado judicial accionado, sumado a que sus actuaciones est\u00e1n ajustadas la ley y a las disposiciones del juzgado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. CI Prodeco S.A. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues su actuar deviene de acatar la orden de embargo decretada por el despacho judicial; que no se evidencia un perjuicio irremediable; que el actor cuenta con otras v\u00edas para pretender lo que por este medio alega. <\/p>\n
<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, el promotor no ha acudido ante el fallador encausado, con el fin de exponer all\u00ed los argumentos que sustentan el pedido tutelar. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00absolo hasta el d\u00eda 8 de mayo\u2026 de 2023\u2026 se dio por enterado del auto de fecha 27 de abril de 2021, cuando se acerc\u00f3 hasta las instalaciones de\u2026 Porvenir a realizar el retiro de las mismas\u00bb; que si bien otorg\u00f3 mandato a un abogado, \u00abno prest\u00f3 una defensa t\u00e9cnica adecuada frente al proceso\u2026 lo que no le permiti\u00f3 al demandado dentro del proceso ejecutivo tener pleno conocimiento de las actuaciones que se hab\u00edan surtido dentro del despacho y que pudiera defenderse en debida forma y oportunidad\u00bb; que contrario a lo manifestado por el a quo constitucional, en cuanto se enter\u00f3 del embargo de sus cesant\u00edas, acudi\u00f3 al estrado judicial, quien de forma verbal le manifestaron que \u00abno hab\u00eda emitido la orden de embargo y retenci\u00f3n de los dineros que \u00e9ste tuviera en el Fondo Porvenir\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece, sin duda, que a trav\u00e9s de ella se pretende la regulaci\u00f3n de las cautelas ordenadas por el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, espec\u00edficamente en la que tiene que ver con el embargo y retenci\u00f3n de cesant\u00edas que reposan en Porvenir S.A., pues, en su sentir, dichas medidas son excesivas y quebrantan su m\u00ednimo vital y vida digna, comoquiera que, sobrepasan el 50% de lo permitido legalmente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Luego, al margen de las alegaciones del opugnante, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el actor al interponer la salvaguarda no atendi\u00f3 el principio de subsidiariedad que enmarca su procedibilidad, en la medida en que, no ha hecho solicitud formal ante el juez natural al interior del proceso que censura, con el fin de pretender la regulaci\u00f3n de las cautelas decretadas, que por esta v\u00eda excepcional alega. <\/p>\n
Y es que, el juez de tutela est\u00e1 imposibilitado de ocuparse, de primera mano, de la problem\u00e1tica propuesta, en la medida en que el gestor no acredit\u00f3 haber agotado alg\u00fan tipo de petici\u00f3n ante el Juzgado accionado, al interior del juicio con radicado 2019-00371, exponiendo los reparos tra\u00eddos en la demanda de amparo, lo que le corresponde hacer antes de acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, aduciendo y demostrando all\u00ed los motivos que justifican sus solicitudes, sin que resulte viable que, como lo pretende, el juzgador constitucional se anticipe a los pronunciamientos que por ley le compete emitir a los falladores naturales. <\/p>\n
Frente al requisito de la subsidiariedad la Sala ha concluido que: <\/p>\n
En ese sentido ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al verificarse la inviabilidad del amparo reclamado, al existir otros mecanismos de defensa judicial para alegar ante el juzgador ordinario, al interior del proceso con radicado 2019-00371, las inconformidades planteadas en sede constitucional, as\u00ed habr\u00e1 de declararse, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos comunes creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Finalmente, dejando claro que la ausencia del anterior presupuesto impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su conocimiento, se destaca que como en su opugnaci\u00f3n el censor aludi\u00f3 que quien para entonces ejerc\u00eda su defensa t\u00e9cnica no hizo uso de los mecanismos de defensa, pertinente es agregar que, como insistentemente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, tal negligencia \u00abno es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma [se refiere a la parte representada por el profesional del derecho cuestionado] y no al juez acusado, dado que\u2026 con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u00bb (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508-01; reiterada, entre muchas otras, en STC14506-2019, 24 oct., rad. 2019-03359-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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