STC6466-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6466-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01144-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 7 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Explotaciones Agropecuarias y Forestales de Colombia SA en liquidaci\u00f3n judicial1, contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el litigio n\u00b0 61107. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda solicitante por intermedio de apoderado judicial, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, que considera quebrantado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que habiendo sido la sociedad admitida a proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial el 4 de mayo de 2011 mediante auto No. 400-006781, el 1\u00b0 de octubre de 2012 se confirm\u00f3 en audiencia el acuerdo de reorganizaci\u00f3n al que lleg\u00f3 con sus acreedores, el que fue reformado el 21 de mayo de 2019. <\/p>\n
Refiere que debido a la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica por la que atraves\u00f3 para poder cumplir con lo acordado, en audiencia del 10 de abril de 2019 la Superintendencia de Sociedades dio inicio a audiencia de incumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, confirmado la reforma al acuerdo realizada y exigiendo a la compa\u00f1\u00eda radicar el texto de modificaci\u00f3n del acuerdo confirmado por el despacho. <\/p>\n
Sostiene que estando en tr\u00e1mite dicha solicitud para reformar el acuerdo, el Banco Agrario de Colombia SA report\u00f3 ante el juez del concurso que Exportaciones Agropecuarias y Forestales de Colombia SA hab\u00eda incumplido el acuerdo de reorganizaci\u00f3n por el no pago de las acreencias reconocidas y los gastos de administraci\u00f3n, por lo que mediante auto del 13 de marzo de 2023 se convoc\u00f3 a audiencia de incumplimiento, la que se realiz\u00f3 el 19 de abril siguiente, diligencia donde tras encontrarse supuestamente demostrado lo alegado, se decret\u00f3 la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de los bienes de la sociedad, decisi\u00f3n que fue sin \u00e9xito recurrida en reposici\u00f3n por la compa\u00f1\u00eda, design\u00e1ndose posteriormente el respectivo liquidador por auto del pasado 28 de abril. <\/p>\n
Ante tales determinaciones, la concursada acude al presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, dado que, en su sentir, al no \u00abpermitir al deudor concursado presentar -c\u00f3mo se solicit\u00f3 en la misma audiencia- presentar una alternativa para solucionar y normalizar la situaci\u00f3n financiera de la sociedad concursada as\u00ed como el pago a los acreedores contemplar otra alternativa para atender los fines superiores de conservaci\u00f3n de la empresa (Art. 1\u00b0 – L. 1116\/2006) e inclusive atentando contra la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito de los acreedores -aunque en ello se hubiera fundamentado- el despacho aplic\u00f3 de manera mec\u00e1nica e irreflexiva el art\u00edculo 45 de la Ley 1116 de 2006, declarando el incumplimiento no subsanado del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y, por lo tanto, condenando a la sociedad concursada (estando a puertas de normalizar su situaci\u00f3n financiera frente a sus acreedores) a ser objeto de liquidaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3, en lo fundamental, dejar sin valor ni efecto el \u00abAuto proferido en audiencia del pasado 19 de abril de 2023 que declara el incumplimiento no subsanado del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y ordena la liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad concursada y aqu\u00ed accionante Explotaciones Agropecuarias y Forestales de Colombia S.A.\u00bb, y en consecuencia, \u00abPermitir a la sociedad accionante Explotaciones Agropecuarias y Forestales de Colombia S.A. que ejecute su objeto social y conserve todas las facultades para dar cumplimiento al acuerdo de reorganizaci\u00f3n, inclusive permitiendo realizar el pago de las acreencias que ha reclamado el Banco Agrario, la DIAN y dem\u00e1s acreedores restantes conforme a dicho acuerdo concursal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, tras pronunciarse detalladamente frente a cada uno de los hechos esbozados en el escrito inicial, se opuso a lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, habida cuenta que \u00abEste Despacho siempre ha permitido que todos los acreedores y partes interesadas dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n de la Sociedad Explotaciones Agropecuarias y Forestales de Colombia S.A. \u2013 En liquidaci\u00f3n judicial, acudan ante el juez concursal para obtener la protecci\u00f3n de las obligaciones a su favor de acuerdo con las facultades concursales, para lo cual siempre ha atendido en t\u00e9rmino las solicitudes y objeciones presentadas, como es, la protecci\u00f3n y la garant\u00eda de la atenci\u00f3n de las obligaciones a favor de todos los acreedores mientras se genera empresas y comercio sostenible, preservando as\u00ed el orden y la seguridad jur\u00eddica, primando los derechos fundamentales del debido proceso y la administraci\u00f3n de justicia en cada pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1116\/06, en virtud de la cual existe la facultad de proponer all\u00ed un acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, no evidenci\u00f3 actuaci\u00f3n arbitraria de la autoridad convocada al declarar el incumplimiento de reorganizaci\u00f3n como no subsanado, pues \u00abpara arribar a las conclusiones all\u00ed adoptadas, y de las cuales ahora se duele la sociedad ac\u00e1 accionante, la Superintendencia de Sociedades realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n plausible de las disposiciones legales alusivas al tr\u00e1mite, e hizo una valoraci\u00f3n razonable del acontecer procesal y f\u00e1ctico del caso (por ejemplo, de la vigencia del acuerdo, los requerimientos efectuados, la solicitud de reforma presentada, las manifestaciones de los acreedores)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda gestora disinti\u00f3 de lo determinado, se\u00f1alando que \u00aben este caso, es llamado el Juez constitucional a adoptar las medidas necesarias para superar la situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n al debido proceso de la parte accionante dado que el juez del concurso (la Superintendencia de Sociedades) no ha conjurado, siendo llamado a ello como operador de la ley procesal y conocedor del derecho independientemente de la postura o conductas procesales de las partes bajo el ya invocado principio iura novit curia y el mandato de sujeci\u00f3n a la constituci\u00f3n y a las leyes previstos en los art\u00edculos 4\u00b0 y 230 constitucionales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad querellada lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n de Explotaciones Agropecuarias y Forestales de Colombia SA (n\u00b0 61107), al declarar la terminaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n suscrito por la concursada con los acreedores y, en consecuencia, decretar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n de los bienes de la sociedad. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio deprecado, porque no alcanza a superar los requisitos generales de procedibilidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01). <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito, pues de conformidad con el material de convicci\u00f3n allegado por la c\u00e9lula judicial querellada, la sociedad querellante guard\u00f3 silencio y no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, contra el auto No. 2023-01-131767 del 13 de marzo de 2023, a trav\u00e9s del cual la Superintendencia de Sociedades convoc\u00f3 a audiencia de incumplimiento y le orden\u00f3 a la concursada, aqu\u00ed interesada, para que a m\u00e1s tardar el d\u00eda 23 siguiente allegara la actualizaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n de graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, raz\u00f3n por la que, al haber tenido la compa\u00f1\u00eda gestora a su alcance la herramienta judicial id\u00f3nea para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, y haberla injustificadamente desaprovechado, le qued\u00f3 vedada toda posibilidad de obtener lo que reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que la convocante se duele a trav\u00e9s del amparo expresamente de esa determinaci\u00f3n; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 en ese sentido frente a la autoridad cognoscente, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto, lo que torna improcedente la salvaguarda, pues la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC1431-2023, 22 feb. 2023, rad. 00382-01). <\/p>\n
3.2. La razonabilidad <\/p>\n
Analizada la queja enrostrada a la decisi\u00f3n que cerr\u00f3 el debate jur\u00eddico planteado, la Sala establece que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad convocada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, al revisar los argumentos esbozados por la Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades en audiencia realizada el 19 de abril de 2023, para declarar por incumplimiento, la terminaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n suscrito por Explotaciones Agropecuarias y Forestales de Colombia SA con los acreedores, y en su lugar, decretar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de sus bienes, la citada autoridad advirti\u00f3, en suma, luego de o\u00edr las manifestaciones de los acreedores y de la concursada, y, de verificar la informaci\u00f3n que fue consignada en el \u00abAnexo del Pasivo reestructurable\u00bb donde se consignaron las obligaciones incumplidas o en mora, que \u00abA la fecha no se ha cumplido con el plan de pagos, y se han recibido distintas denuncias por gastos de administraci\u00f3n y por acreencias del acuerdo, esta \u00faltima presentada por el acreedor Banco Agrario\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el despacho criticado precis\u00f3 que \u00abel acuerdo de reorganizaci\u00f3n tiene una naturaleza contractual, y que conforme a lo pactado en el art\u00edculo 4 del cap\u00edtulo 2 del acuerdo de reorganizaci\u00f3n reformado, se pact\u00f3 que el acuerdo tendr\u00eda una vigencia de 10 a\u00f1os contados a partir del d\u00eda siguiente a la confirmaci\u00f3n del mismo, esta cl\u00e1usula no fue reformada, por lo tanto, feneci\u00f3 el plazo del acuerdo el 30 de septiembre de 2022. <\/p>\n
La concursada present\u00f3 dos memoriales manifestando su intenci\u00f3n de reformar el acuerdo cuando ya estaba vencido el acuerdo y sin el lleno de requisitos legales exigidos por la ley. A la fecha aun requiri\u00e9ndose a la concursada, para que allegara los documentos faltantes, esta ha descuidado las cargas procesales propias del presente tr\u00e1mite, quedando inmersa en lo estipulado en el art\u00edculo 45 de la Ley 1116 de 2006, numerales 1 y 2, relacionado con causales de terminaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n por incumplimiento. El Despacho advierte que ante la expiraci\u00f3n del plazo del mismo el acuerdo culmin\u00f3 en estado de incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3: \u00abAnte las manifestaciones del apoderado de la concursada, relacionadas con los altos fines de protecci\u00f3n empresarial de la Ley de Insolvencia, se indica que el r\u00e9gimen judicial, tambi\u00e9n tiene por objeto la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito afectado por los incumplimientos no subsanados\u00bb. <\/p>\n
Para finalmente concluir, que \u00abPara el caso en concreto se realizaron continuas denuncias de incumplimiento a lo largo del proceso y los acreedores hicieron diversas manifestaciones sobre la dif\u00edcil comunicaci\u00f3n y acercamiento con el deudor para lograr la normalizaci\u00f3n de sus obligaciones, de igual forma el comportamiento del deudor fue renuente para atender los plazos establecidos y para cumplir con los requerimientos del Despacho.\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se configura una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la empresa promotora no halla recibo en esta sede excepcional; por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aqu\u00e9lla frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos, situaci\u00f3n que per se, no abre camino a la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. Existencia de otros medios de defensa <\/p>\n
Esta consolidado el criterio seg\u00fan el cual resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, ni tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
En el asunto que se somete a examen tambi\u00e9n se evidencia que, tal y como lo inform\u00f3 al presente tr\u00e1mite la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 66 de la ley 1116 de 2006, a\u00fan en el marco de la liquidaci\u00f3n judicial la concursada tiene la posibilidad de realizar un acuerdo de reorganizaci\u00f3n, y, conforme a lo reglado en el Decreto 1074 de 2015, puede solicitar autorizaci\u00f3n al juez de la liquidaci\u00f3n para seguir desarrollando su objeto social, como aqu\u00ed lo reclama, lo que torna improcedente la salvaguarda, por ser al interior del respectivo litigio donde se deben ventilar cuestiones como las que aqu\u00ed se plantearon para que sean atendidas por quien tiene asignada la facultad de emitir una determinaci\u00f3n, dado que la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para arrogarse atribuciones que no le corresponden al juez constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable\u00bb (CSJ STC, 5 oct. 2010, Rad. 00087-01, citada, entre otras, en STC13628 de 2021, rad 03633-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada, y, a\u00fan cuenta con otros mecanismos para obtener lo que por esta v\u00eda reclama. <\/p>\n
4.2. Asimismo, la decisi\u00f3n adoptada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que la sociedad gestora pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional o paralela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A la que fue acumulada por el tribunal a quo la tutela de Benjam\u00edn Jos\u00e9 Hoyos Heredia <\/p>\n
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STC6466-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6466-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01144-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}