STC6470-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6470-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00813-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 4 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Canedo y otros1 contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Laboral del Circuito de Ci\u00e9naga (Magdalena) y Drummond LTD, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2010-00219. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la parte convocante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abtrabajo, seguridad social [y] m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Juan Carlos Canedo promovi\u00f3 ordinario laboral contra la empresa Drummond LTD, en procura de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo \u00abque termin\u00f3 por causa imputable al empleador (\u2026) [puesto que] no sigui\u00f3 el procedimiento convencional en la realizaci\u00f3n de los descargos (\u2026) [y fue motivado en] las deficiencias o patolog\u00edas de origen profesional\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 el reintegro y el pago de diferentes emolumentos tales como la \u00abindemnizaci\u00f3n de que trata el art. 26 de la Ley 361 de 1997, (\u2026) los salarios y prestaciones legales y extralegales, y (\u2026) los aportes a la seguridad social\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Laboral del Circuito de Ci\u00e9naga, quien declar\u00f3 la ineficacia del despido y, en ese sentido, orden\u00f3 \u00abel reintegro con el pago de todos los derechos laborales desde el 1\u00ba de septiembre de 2007 hasta cuando fuere reintegrado\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta revoc\u00f3 lo fallado por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que: (i) \u00abel 14.35% de p\u00e9rdida de capacidad del actor no est\u00e1 dentro del rango de los sujetos objeto de protecci\u00f3n consagrada en la Ley 361 de 1997\u00bb; (ii) \u00abla terminaci\u00f3n del contrato no estuvo motivada en la limitaci\u00f3n que alega el actor\u00bb; y (iii) que era \u00absuficiente que al actor se le hubiese practicado la diligencia de descargos y que no era necesario convocar a los miembros del sindicato\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el demandante recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues evidenci\u00f3 que: (i) \u00abel tribunal no aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb; y (ii) que no fue objeto de reparo la conclusi\u00f3n de que \u00abla convenci\u00f3n colectiva vigente para la fecha de terminaci\u00f3n del contrato determina el procedimiento a seguir para sancionar disciplinariamente a un trabajador, pero no, para terminar el contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio del extremo querellante incurrieron en exceso de ritual manifiesto, toda vez que \u00absolo estima que cuando dicha PCL super\u00e9 de un 15% se tiene derecho a la declaratoria de Ineficacia del Despido (\u2026) argumento estos alejados de toda realidad jur\u00eddica, como quiera que tal como la ha afirmado (\u2026) la Honorable Corte Constitucional, solo basta con que el empleador conozca de antemano el estado de salud de su trabajador, el cual se refleje una disminuci\u00f3n de sus capacidades laborales, – como ocurre en este caso un PCL de 14.57%-\u00bb. <\/p>\n
3. Se pretende, en lo fundamental que se dejen sin efectos los fallos del 11 de abril de 2013 y 2 de septiembre de 2020, y, en consecuencia, se \u00abdeclare ineficacia del despido y ordene el reintegro con pago de todos los derechos laborales desde el 1 de septiembre de 2007\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abel sentido de la decisi\u00f3n judicial por s\u00ed sola no implica una trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales y, en ese orden, aunque se pueda disentir de la misma, si lo prove\u00eddo se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente aqu\u00ed aconteci\u00f3, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Laboral del Circuito de Ci\u00e9naga indic\u00f3 que \u00abno se verifica que la actuaci\u00f3n desplegada por es[e] Despacho vulnere los derechos fundamentales del accionante, ni de sus menores hijas\u00bb. <\/p>\n
3. Drummond LTD arguy\u00f3 que \u00abla sentencia que por esta v\u00eda se ataca qued\u00f3 ejecutoriada hace m\u00e1s de DOS A\u00d1OS Y OCHO MESES, pues fue expedida en el mes de septiembre de 2020. Sin que adem\u00e1s se haya acreditado de manera alguna la necesidad de la protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales que dice amenazados, siendo palmario el incumplimiento del requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
4. Coomeva EPS en liquidaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abJUAN CARLOS CANEDO se encuentra afiliado desde el 01 de febrero de 2022 a SANITAS EPS\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo, en tanto coligi\u00f3 que se incumple con el requisito de la inmediatez, dado que \u00abdesde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada, esto es, 2 de septiembre de 20201, hasta que se promovi\u00f3 la presente acci\u00f3n de amparo el 24 de abril de 2023, transcurri\u00f3 un lapso superior a 30 meses\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la parte promotora, sin indicar los argumentos de su inconformidad. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 Juan Carlos Canedo (SL3723-2020, 2 sep.), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada en STC16721-2022, 15 dic.). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC3001-2023, 29 mar.) Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En ese orden, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que, la decisi\u00f3n que acusa el extremo actor como transgresora de sus derechos fue proferida el 2 de septiembre de 20203, mientras que, el presente resguardo fue radicado el 21 de abril de 2023. <\/p>\n
Lo anterior permite establecer que desde la fecha de la determinaci\u00f3n indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 con amplitud el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia. <\/p>\n
En ese sentido, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
Ahora, dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la incapacidad f\u00edsica, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores; as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, no evidencia la Sala la concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del presupuesto de inmediatez y la parte inconforme tampoco despleg\u00f3 ninguna actividad sobre el particular. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la improcedencia del amparo, puesto que la parte convocante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara la tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Su n\u00facleo familiar conformado por sus hijos V.M.C.R., V.G.C.M., J.A.C.A. y M.C.C.B. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Notificada por edicto del 9 de octubre de 2020. <\/p>\n
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