STC6472-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6472-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02460-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yadira Elena Arrieta Garc\u00eda contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y las dem\u00e1s partes e intervinientes dentro del asunto n\u00ba 2022-00106. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abduraci\u00f3n razonable y tutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, por intermedio de apoderada instaur\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa \u00abInteraseo S.A.S. ESP.\u00bb, (por el fallecimiento de su hijo), la cual correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, despacho que, mediante providencia de 24 de octubre de 2022 la inadmiti\u00f3, requiri\u00e9ndola para que indicara la direcci\u00f3n de residencia y electr\u00f3nica de una de las demandantes \u2013 Rosa Mar\u00eda Fern\u00e1ndez Y\u00e1\u00f1ez \u2013 y, que precisara la calidad en la que aqu\u00e9lla actuaba. <\/p>\n
Refiere que, en t\u00e9rmino alleg\u00f3 memorial subsanando las falencias del escrito introductor y completando la informaci\u00f3n requerida, para lo cual anex\u00f3 una declaraci\u00f3n juramentada en la que se indica que Fern\u00e1ndez Y\u00e1\u00f1ez era la compa\u00f1era permanente de su hijo fallecido. <\/p>\n
No obstante lo anterior, destaca, el 8 de noviembre de 2022 el juzgado profiri\u00f3 auto rechazando la demanda por no allegarse prueba de la calidad en la que la mencionada actuaba en la causa. Contra esa determinaci\u00f3n su abogada interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, el referido recurso correspondi\u00f3 por reparto al despacho de la magistrada Marirraquel Rodelo Navarro de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, cuya asignaci\u00f3n se efectu\u00f3 el 31 de enero de 2023. <\/p>\n
Cuestiona que, desde que la alzada fue repartida \u00abhan transcurrido 6 meses sin que hayan ejecutado ninguna actuaci\u00f3n tendiente al impulso del proceso y mucho menos han resuelto de fondo el recurso\u00bb. Sostiene que dicha mora es injustificada y m\u00e1s a\u00fan teniendo en cuenta que se trata de un proceso que no ha pasado la primera etapa de su admisi\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, se ordene al tribunal accionado y a la magistrada sustanciadora que, \u00abde forma inmediata proceda a impulsar el proceso, resolviendo el recurso de interpuesto desde el 15 de noviembre de 2022 en contra de la providencia de 8 de noviembre de esa misma anualidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La magistrada Marirraquel Rodelo Navarro, del Tribunal Superior de Sincelejo, a cargo de la ponencia del recurso de apelaci\u00f3n cuya resoluci\u00f3n aqu\u00ed se reclama indic\u00f3 que, el 31 de enero de 2023 le fue asignado el referido tr\u00e1mite proveniente del Juzgado Tercero Civil del Circuito, el cual se encuentra en turno de decisi\u00f3n n\u00ba 15 \u00abno habiendo culminado aun los seis (6) meses de que dispone para resolverlo [\u2026] de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la mora que reprocha la tutelante, manifest\u00f3 que, \u00abhace todos los esfuerzos humanamente posibles para proferir las decisiones que corresponden en el tiempo m\u00e1s pr\u00f3ximo\u00bb; expuso detalladamente la realidad del tribunal y sala que integra, compuesta hasta el 2022 por dos funcionarios encargados de tramitar asuntos de hasta cuatro especialidades diferentes, sumado a las acciones constitucionales y recursos extraordinarios. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, solicit\u00f3 al Consejo Superior que adoptara medidas de descongesti\u00f3n, siendo beneficiaria de una temporal en el 2021 y, aunque este a\u00f1o 2023 volvi\u00f3 a requerirla, la autoridad administrativa no la aval\u00f3. Sostuvo que la dilaci\u00f3n en el presente tr\u00e1mite no ha sido por negligencia, ya que, por el contrario, ha adelantado gestiones que le han permitido mejorar su estad\u00edstica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo \u2013 magistrada Marirraquel Rodelo Navarro \u2013, est\u00e1 transgrediendo las prerrogativas denunciadas por la querellante, al incurrir, supuestamente, en mora judicial injustificada, respecto del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad (8 de noviembre de 2022), que rechaz\u00f3 la demanda de responsabilidad civil extracontractual que promovi\u00f3 (rad. 2022-00106). <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al estudiar acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 nov. 2016, rad. 88998) <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ STC 5 ag. 2011, rad. 1359-01; reiterada en STC10755-2015, 12 ag.). <\/p>\n
2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisado este asunto, la inobservancia de los t\u00e9rminos procesales para la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada contra el auto de primer grado que rechaz\u00f3 la demanda incoada no es resultado de un probado abandono o arbitrariedad de la accionada, sino consecuencia de la alta carga laboral a la que est\u00e1 sometido el despacho de la ponente y en general la corporaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2.2.1. En este evento, se aprecia oportuno considerar las justificaciones que ofreci\u00f3 la magistrada, quien fue enf\u00e1tica en informar que la supuesta dilaci\u00f3n no obedece en manera alguna a negligencia o apat\u00eda, sino a la congesti\u00f3n hist\u00f3rica que padece ese tribunal. <\/p>\n
2.2.2. Explic\u00f3 que, esa colegiatura afronta una carga laboral importante, que solo hasta el pasado diciembre de 2022 el Consejo Superior de la Judicatura cre\u00f3 un nuevo despacho, pues antes solo se contaba con dos funcionarios para sustanciar todos los proyectos, en promedio una carga de 500 procesos repartidos entre las \u00e1reas civil, familia, laboral y penal para adolescentes, esto, al margen de las acciones constitucionales de primera y segunda instancia y los recursos extraordinarios, todo lo cual \u00abha imposibilitado desatar con mayor celeridad la instancia dentro del proceso referido\u00bb. <\/p>\n
2.2.3. A\u00f1adi\u00f3 que, se ha encargado de adelantar acciones dirigidas a superar la congesti\u00f3n mejorando notablemente la estad\u00edstica de proferimientos para el primer trimestre de 2023. <\/p>\n
2.2.4. Resalt\u00f3 que, el tribunal en varias ocasiones ha solicitado la implementaci\u00f3n de medidas de descongesti\u00f3n para mitigar la situaci\u00f3n, en ese sentido, elev\u00f3 peticiones al Consejo Superior de la Judicatura el 4 de diciembre de 2020 y el 26 de abril de este a\u00f1o; la primera respondida positivamente, cre\u00e1ndose un cargo de descongesti\u00f3n provisional que tuvo vigencia durante el a\u00f1o 2021; empero, la segunda no fue favorable, pues la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico indic\u00f3 que, solo el despacho 003 de ese tribunal se encontraba en prioridad 1, mientras que los otros dos reportaban egresos inferiores al promedio nacional, por lo que es claro que, en este caso en particular, \u00abla dilaci\u00f3n no ha sido negligencia o inoperatividad\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, esta Sala, luego de ponderar el escenario puesto de presente por la magistrada convocada advierte que, la mora endilgada no luce puntualmente injustificada, ya que, no se trat\u00f3 de un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso; es decir, la dilaci\u00f3n obedece a factores objetivos, como qued\u00f3 rese\u00f1ado. En otra ocasi\u00f3n, frente a reclamaciones de igual tenor se dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterada en STC11785-2017, 9 ag. 2017, rad. 01040-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Y es que, debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se demuestre que la falta de definici\u00f3n denunciada ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues, como se plasm\u00f3 en los precedentes jurisprudenciales precitados, el paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige como motivo suficiente para que se estructure la morosidad criticada. <\/p>\n
Por lo tanto, se reitera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los plazos legales, m\u00e1xime si, como se dijo, aquello no ocurri\u00f3 por dejadez del operador jur\u00eddico. <\/p>\n
2.4. Adicionalmente, la Corte ha se\u00f1alado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, que entre otras est\u00e1 la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por la quejosa, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
En definitiva, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, magistrada Rodelo Navarro, teniendo en cuenta que la accionante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permitir\u00edan al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, es la desestimaci\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis del retraso judicial recriminado, as\u00ed como de las exculpaciones ofrecidas por la funcionaria acusada, no puede atribu\u00edrsele a una actitud ap\u00e1tica o negligente dado que, como lo demostr\u00f3 en estas diligencias, aqu\u00e9l se explica a partir de circunstancias objetivas que justifican el contexto particular de su despacho puesto a consideraci\u00f3n; de suerte que, no resulta viable proveer el auxilio en los t\u00e9rminos reclamados por la actora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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