STC6491-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6491-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-002-2023-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 19 de mayo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela que Harold Lenis Barona le formul\u00f3 a Armando Lenis Barona, al Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito, la Comisar\u00eda de Familia, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, todos de Palmira, y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, extensiva a los intervinientes en el juicio de interdicci\u00f3n 76520-31-10-003-2018-00247-00 y al procedimiento de violencia intrafamiliar n\u00b0 580-20. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante, implor\u00f3 que \u00abse ordene de manera urgente, inmediata y prioritaria al se\u00f1or Armando Lenis Barona proceda a permitirnos dejar ver a [su progenitora] todos los d\u00edas sin restricci\u00f3n alguna, para as\u00ed poder brindarle un trato digno, al igual que se [le] permita colocarle una cuidadora la cual ser\u00eda la se\u00f1ora Luz Mary Palacios Moreno, para que [la atienda] y que tengamos la certeza como hijos que [su] madre tenga los cuidados que requiere, al igual que la instalaci\u00f3n de las c\u00e1maras (sala, comedor, cocina y habitaci\u00f3n de [su] se\u00f1ora madre) en la casa ubicada en la Calle 40 A No. 41-103 Barrio El Prado, todo esto con el fin de que [su] hermana al igual que [sus] sobrinas puedan ver a su madre y abuela, ya que residen en Estados Unidos y son ellas quienes van a pagar el salario de la cuidadora al igual que poder llevarla a un m\u00e9dico particular con el fin de que pueda mejorar su salud\u00bb. <\/p>\n
Para soportar sus exigencias, adujo, en s\u00edntesis, que Eyder Barona De Le\u00f3n, su progenitora, de 90 a\u00f1os, fue declarada interdicta por el juzgado accionado mediante sentencia de 22 de octubre de 2018. Destac\u00f3 que su actual guardador, Armando Lenis Barona, no le permite a \u00e9l y a su hermana, Carmen Cristina Lenis Barona, tener contacto con ella, en perjuicio de sus derechos, como adulta mayor, y los de ellos, como hijos, pues no pueden velar por sus intereses, por lo dem\u00e1s, en riesgo, debido a que su salud ha desmejorado bastante debido al descuido de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de los conflictos suscitados entre \u00e9l y el guardador, este le formul\u00f3 una \u00abdiligencia por violencia intrafamiliar\u00bb, en virtud de la cual acordaron un r\u00e9gimen de visitas, sin embargo, no se ha materializado, toda vez que \u00absiempre est\u00e1 un pero y es cuando [va] a visitar a [su] madre no [le] abre la puerta, llamo a la polic\u00eda y nunca llegan (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, mediante escrito adicional al libelo introductorio, se\u00f1al\u00f3 que el juzgado no ha tomado cartas en el asunto, pese a los m\u00faltiples requerimientos que \u00e9l y su hermana, Carmen Cristina Lena Barona, han elevado, siendo su deber porque se trata de un adulto mayor. Por \u00faltimo, indic\u00f3 que del mismo modo han procedido la Comisar\u00eda e Inspecci\u00f3n de Palmira, pues no han adoptado ninguna medida frente a sus denuncias, por lo que la Procuradur\u00eda debe investigar las omisiones de esas autoridades. <\/p>\n
2.- El Juzgado y la Comisar\u00eda de Familia accionadas defendieron sus actuaciones. <\/p>\n
La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y la Secretar\u00eda de Gobierno de la Alcald\u00eda de Palmira se\u00f1alaron que no han recibido solicitud alguna del gestor. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Provincial del Instituto del Cali manifest\u00f3, igualmente, que no ha recibido petici\u00f3n del gestor, sumado a que no es competente para atender las pretensiones de la solicitud de amparo. <\/p>\n
El Procurador Noveno Judicial II, para la defensa de la Ni\u00f1ez, la Adolescencia, la Familia y la Mujer rindi\u00f3 concepto, en el sentido de indicar que \u00abel actor dentro del proceso no ha hecho las solicitudes que hace dentro de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb, y adem\u00e1s ha obrado conforme a derecho. <\/p>\n
Carmen Cristina Lena Barona, hermana del accionante, coadyuv\u00f3 el auxilio. <\/p>\n
3.- El Tribunal desestim\u00f3 el ruego. Frente al juzgado de familia dijo que la acci\u00f3n no cumple con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, toda vez que el interesado no recurri\u00f3 las decisiones, a trav\u00e9s de las cuales, el juzgado aleg\u00f3 incompetencia para dirimir el conflicto suscitado con ocasi\u00f3n de las visitas a la progenitora del peticionario; la \u00faltima de ellas, proferida el 27 de mayo de 2021. <\/p>\n
Respecto de la Comisar\u00eda, advirti\u00f3 que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que el promotor no impugn\u00f3 la Resoluci\u00f3n de 10 de diciembre de 2020, mediante la cual la entidad defini\u00f3 el procedimiento de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Frente a los dem\u00e1s convocados, sostuvo que \u00abni en el libelo tutelar, ni en el escrito de complementaci\u00f3n se advierte alguna sindicaci\u00f3n en su contra, centr\u00e1ndose el llamado de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en el deseo del accionante de que investigue el actuar de la Comisar\u00eda de Familia\u00bb, sin que hubiese provocado un pronunciamiento previo de ese organismo. <\/p>\n
4.- El libelista impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en la necesidad de que el juez de tutela adopte una medida transitoria a su favor y el de su madre, ante la dificultad de obtenerla ante la agencia judicial demandada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Sala al motivo de impugnaci\u00f3n, se advierte que el desenlace reprochado se revocar\u00e1 y, en su lugar, se proteger\u00e1 el derecho de Eyder Barona De Le\u00f3n a relacionarse y mantener contacto con su familia, as\u00ed como los de su capacidad legal, autonom\u00eda e independencia. Todo, porque se trata de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, cuyas garant\u00edas fueron vulneradas por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia del Circuito de Palmira al rehusarse a dirimir el conflicto suscitado con las visitas de sus familiares, pese a que era competente para solucionarlo en el marco del proceso de interdicci\u00f3n, y lo es ahora, cuando le corresponde, en virtud de la Ley, revisar oficiosamente su situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Con ese fin, la Sala justificar\u00e1, en primer lugar, la necesidad de la intervenci\u00f3n supralegal, pese al incumplimiento de los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. Luego, se referir\u00e1 al derecho humano de la persona mayor con discapacidad a relacionarse y mantener contacto con su familia, y el deber de garantizarlo por el juez competente para definir su situaci\u00f3n jur\u00eddica. Por \u00faltimo, se descender\u00e1 al caso concreto, explicar\u00e1 las razones por las cuales el fallador desconoci\u00f3 dicho mandato, para, finalmente, adoptar las medidas encaminadas a restablecer las prerrogativas de la agenciada. <\/p>\n
2.- De la flexibilizaci\u00f3n de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, cuandoquiera que est\u00e9n comprometidos los derechos de un sujeto especial de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Es cierto, como lo afirm\u00f3 el Tribunal de primer grado, que la salvaguarda no satisface las exigencias de subsidiariedad e inmediatez, por cuanto el quejoso no discuti\u00f3 las decisiones mediante las cuales el juzgado se rehus\u00f3, por falta de competencia, a solucionar el tema de las visitas propuesto por el censor, sumado a que todas ellas datan de hace m\u00e1s de seis meses. <\/p>\n
Sin embargo, dichas circunstancias deben superarse, al estar comprometidas las garant\u00edas de Eyder Barona De Le\u00f3n, quien es sujeto de especial de protecci\u00f3n constitucional, por ser una mujer de la tercera edad con discapacidad, aunado a la trascendencia del yerro en que incurri\u00f3 el fallador enjuiciado, al negarse a adoptar medidas concretas con miras a proteger sus intereses (STC8604-2022, STC7828-2022, entre otras). <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado: <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Corte advierte que, si bien la procedencia del auxilio requiere su formulaci\u00f3n en un tiempo prudencial y previo agotamiento de los mecanismos de defensa previstos en la ley, la jurisprudencia constitucional y de esta Sala ha se\u00f1alado que puede prescindirse v\u00e1lidamente de tales exigencias, cuando, como en este caso, existen relevantes circunstancias que justifican una postura menos estricta para ajustar la actuaci\u00f3n a derecho. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ello, porque aunado a que la decisi\u00f3n confutada desatiende una adecuada interpretaci\u00f3n legal de las normas y el entendimiento jurisprudencial se\u00f1alado para casos similares, el objetivo que se procura a trav\u00e9s de este instrumento jur\u00eddico, est\u00e1 encaminado a proteger derechos e intereses de una persona con discapacidad y por ende de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.- Del derecho humano del adulto mayor con discapacidad a relacionarse y mantener contacto con su familia, y del deber de garantizarlo por el juez llamado a definir su situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
3.1.- Tradicionalmente, se habla del derecho a tener una familia frente a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, pero lo cierto es que se trata de una garant\u00eda de todos los seres humanos, sin importar las calidades que los identifican en la sociedad. Por supuesto, de acuerdo con esas caracter\u00edsticas, el alcance del derecho y su protecci\u00f3n es distinta. As\u00ed, por ejemplo, si se trata de un menor de edad, ser\u00e1 necesario referirse, grosso modo, a la garant\u00eda que tiene de vivir con su padre o su madre y a no ser separado de ellos. Y si se trata de una persona mayor edad que desea compartir su plan de vida al lado de otra, se hablar\u00e1 de la garant\u00eda a fundar una familia en plenas condiciones de libertad. <\/p>\n
La existencia de ese derecho, as\u00ed como el deber del Estado y la sociedad de protegerlo, se justifica porque la familia es el \u00abgrupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros\u00bb1. Al respecto, la Carta Pol\u00edtica establece que \u00ab[e]l Estado reconoce, sin discriminaci\u00f3n alguna, la primac\u00eda de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad\u00bb, que \u00ab[n]adie puede ser molestado en su persona o familia\u00bb, as\u00ed como que \u00ab[l]a familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad (\u2026). El Estado y la sociedad garantizar\u00e1n la protecci\u00f3n integral de la familia\u00bb (art\u00edculos 5, 28 y 42, respectivamente). <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, otros instrumentos que hacen parte del ordenamiento en virtud del Bloque de Constitucionalidad, como la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, establece en su art\u00edculo 17 que \u00abla familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado\u00bb. Igualmente, el precepto 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, numeral 1\u00b0, contempla que \u00ab[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protecci\u00f3n de la sociedad y del Estado\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Trat\u00e1ndose de una persona adulta mayor con discapacidad, el derecho a tener una familia, sin que se circunscriba \u00fanicamente a ello, est\u00e1 asociado a la garant\u00eda que tiene a relacionarse y mantener contacto con todos los miembros que la componen. Debido a la din\u00e1mica propia de las relaciones humanas, y del proceso natural del envejecimiento, al llegar a la tercera edad, la forma en que las personas se relacionan con su familia se modifica. Algunas, optar\u00e1n por vivir solas, otras junto a alg\u00fan miembro de su n\u00facleo familiar, y varias, debido a su estado de salud, necesitar\u00e1n de cuidados especiales, suministrados por un tercero o una instituci\u00f3n especializada. As\u00ed que, cualquiera que sea la situaci\u00f3n en la que el adulto mayor se encuentre, debe asegur\u00e1rsele las condiciones para que pueda relacionarse con aquellos integrantes de la familia con los que no tiene contacto permanente. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n ni el legislador colombiano regulan expresamente esa prerrogativa, a diferencia de legislaciones for\u00e1neas, pero la misma se desprende de los principios y reglas que gobiernan los reg\u00edmenes de protecci\u00f3n que amparan a dicho grupo de la poblaci\u00f3n, pues, en suma, prev\u00e9n el deber especial de salvaguardar el derecho a interrelacionarse con su familia. <\/p>\n
En ese sentido, la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por el Congreso de la Rep\u00fablica de Colombia mediante la Ley 2055 de 2020, establece, entre otros, como principio general, \u201cla solidaridad y fortalecimiento de la protecci\u00f3n familiar y comunitaria\u201d. En su art\u00edculo 7 dispone que \u201c[l]os Estados Parte adoptar\u00e1n programas, pol\u00edticas, o acciones para facilitar y promover el pleno goce de [los derechos a la autonom\u00eda e independencia] de la persona mayor, propiciando su autorrealizaci\u00f3n, el fortalecimiento de todas sus familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas (\u2026)\u201d. Por su parte, el literal c), numeral iii), del precepto 12 establece que respecto de los \u201cderechos de la persona mayor que recibe cuidados de largo plazo\u201d que se deben adoptar medidas para \u201cpromover la interacci\u00f3n familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas\u201d. <\/p>\n
A tono con lo anterior, la Ley 1251 de 2018, \u201c[p]or la cual se dictan normas tendientes a procurar la protecci\u00f3n, promoci\u00f3n y defensa de los derechos de los adultos mayores\u201d, en su art\u00edculo 6\u00b0 ense\u00f1a que es deber del Estado, entre otros, \u201c a) Garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor; b) Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores cuando estos han sido vulnerados o menguados; t) Promover la creaci\u00f3n de redes familiares, municipales y departamentales buscando el fortalecimiento y la participaci\u00f3n activa de los adultos mayores en su entorno, con el fin de permitir a los Adultos Mayores y sus familias fortalecer v\u00ednculos afectivos, comunitarios y sociales\u201d. De la misma manera, la misma regla de dicha normatividad se\u00f1ala que es deber de la familia \u201c(\u2026) e) \u201c[e]stablecer espacios de relaci\u00f3n intergeneracional entre los miembros de la familia; f) Proteger al adulto mayor de todo acto o hecho que atente o vulnere los derechos, vida, integridad, honra y bienes (\u2026). <\/p>\n
Por su parte, la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prescribe que \u201c[l]os estados deben adoptar una serie de medidas, con la participaci\u00f3n activa de las personas con discapacidad, a fin de garantizar y promover la plena realizaci\u00f3n de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad sin discriminaci\u00f3n de ning\u00fan tipo\u201d, entre ellos, los de su dignidad, independencia y autonom\u00eda. <\/p>\n
3.3.- Los escenarios para hacer valer la garant\u00eda comentada pueden ser m\u00faltiples, habida cuenta que el deber de protegerla recae, en general, en el Estado, la sociedad, y la propia familia. Una de las autoridades llamadas a materializarla es el juez de familia, o quien haga sus veces donde aquel no exista, que haya definido o sea competente para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del adulto mayor con discapacidad. <\/p>\n
Antes, en vigencia, de la Ley 1306 de 20092, deb\u00eda garantizarse en el marco del proceso de interdicci\u00f3n, a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n de las medidas correspondientes frente al guardador designado, o cuando ello resultara necesario, mediante el impulso, bien sea de oficio o a solicitud de parte, de un juicio de regulaci\u00f3n de visitas. Lo primero, porque bajo ese r\u00e9gimen, aqu\u00e9l era quien cuidaba de la persona y el primer garante de sus prerrogativas3. Lo segundo, porque a trav\u00e9s de dicho procedimiento el fallador pod\u00eda establecer pautas concretas para el goce efectivo del derecho, adem\u00e1s, el art\u00edculo 46 de la referida Ley consagraba que \u201cser\u00e1 competente para conocer de todas las causas relacionadas con la capacidad o asuntos personales del interdicto, el Juez que haya tramitado el proceso de interdicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Ahora, tras la expedici\u00f3n de la Ley 1996 de 2019, \u00abpor medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad para mayores de edad\u00bb, el derecho de las personas adultas mayores con discapacidad a relacionarse y mantener contacto con su familia ha de protegerse en el proceso de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n o adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, seg\u00fan corresponda, de acuerdo con las reglas de transici\u00f3n establecidas en el Cap\u00edtulo VIII de dicho estatuto. Sobre esto \u00faltimo, la Sala ha puntualizado: <\/p>\n
Del estudio detenido del novedoso compendio normativo en cuesti\u00f3n, se advierte que el punto nuclear de la reforma, como es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad, cobr\u00f3 vigor desde el 26 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la que, a partir de esta data, \u00fanicamente pueden estar incapacitados aquellas personas que, por mandato de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fueron declarados en interdicci\u00f3n o se les nombr\u00f3 un consejero. Dicho en negativo, a partir de la mencionada fecha, ninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces. <\/p>\n
En armon\u00eda, para las tem\u00e1ticas procesales, la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (i) nuevos, (ii) concluidos y (iii) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n
7.1. En cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), [advirtiendo que] esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n; <\/p>\n
7.2. Para los segundos, esto es, los juicios finalizados, existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
Significa, entonces, que, si en la actualidad la persona se encuentra cobijada con una sentencia de interdicci\u00f3n, el juez competente deber\u00e1 resguardar sus derechos en el juicio que debe adelantar para revisar su situaci\u00f3n jur\u00eddica. Y all\u00ed, cuando advierta que la prerrogativa a relacionarse con su familia est\u00e9 lesionada, deber\u00e1 adoptar las medidas provisionales pertinentes, hasta determinar, mediante la respectiva sentencia, si requiere de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para ejercerla y, en general, para desplegar su capacidad jur\u00eddica. Frente al t\u00f3pico, el inciso segundo del art\u00edculo 56 de la Ley mencionada dispone que: <\/p>\n
(\u2026) el juez de familia determinar\u00e1 si las personas bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n requieren la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, de acuerdo a: 1. La voluntad y preferencias de las personas bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 13 de la presente ley. Por lo anterior, la participaci\u00f3n de estas personas en el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos es indispensable so pena de la nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en la presente ley. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, la citada regla establece que \u201c[u]na vez vencido el t\u00e9rmino para la pr\u00e1ctica de pruebas, el juez escuchar\u00e1 a los citados y verificar\u00e1 si tienen alguna objeci\u00f3n. Posteriormente, el juez proceder\u00e1 a dictar sentencia de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, la cual deber\u00e1\u201d, entre otros aspectos: <\/p>\n
a) Hacer claridad frente a la adjudicaci\u00f3n de apoyos en relaci\u00f3n con los distintos tipos de actos jur\u00eddicos. <\/p>\n
b) Designar la o las personas de apoyo y sus respectivas funciones para asegurar el respeto a la voluntad y preferencias de la persona. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
f) Ordenar los programas de acompa\u00f1amiento a las familias, en el caso de que resulten pertinentes. <\/p>\n
g) Disponer las dem\u00e1s medidas que el juez considere necesarias para asegurar la autonom\u00eda y respeto a la voluntad y preferencias de la persona, en particular aquellas relacionadas con el manejo de patrimonio que se hubiesen establecido en la sentencia de interdicci\u00f3n sujeta a revisi\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, una vez definido que la persona requiere de apoyos para ejercer sus derechos, y si entre ellos se encuentra el de relacionarse y mantener contacto con su familia, el juez tambi\u00e9n velar\u00e1 por la efectividad de la garant\u00eda comentada, adoptando las directrices a que hubiera lugar frente al apoyo que se le designe, lo que podr\u00e1 realizar en el marco de los procedimientos establecidos en los art\u00edculos 41 y 42 de la Ley comentada, que, en su orden, consagran los tr\u00e1mites de evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o de los apoyos adjudicados judicialmente, y el de la modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de los apoyos adjudicados. <\/p>\n
Del mismo modo, nada obsta para que, en ese contexto, el juez de oficio o a solicitud de los familiares del adulto mayor con discapacidad establezca un r\u00e9gimen de visitas, en el evento en que aqu\u00e9l se encuentre absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad por cualquier medio, y la persona designada como apoyo para representarla o interpretar de la mejor manera sus designios obstaculice su derecho a relacionarse con su familia. <\/p>\n
Ello, atendiendo los principios de \u201cautonom\u00eda\u201d y \u201cprincipio de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur\u00eddico\u201d, seg\u00fan los cuales, \u201c[e]n todas las actuaciones se respetar\u00e1 el derecho de las personas a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias, siempre y cuando estos, no sean contrarios a la Constituci\u00f3n, a la ley, y a los reglamentos internos que rigen las entidades p\u00fablicas y privadas\u201d, y, \u201ccuando no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma inequ\u00edvoca, se usar\u00e1 el criterio de la mejor interpretaci\u00f3n de la voluntad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con esa finalidad, y ante la ausencia de un procedimiento especial, se seguir\u00e1 el tr\u00e1mite del verbal sumario, teniendo en cuenta que a voces del numeral 14 del 21 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez de familia conocer\u00e1 en \u00fanica instancia \u201c[d]e los asuntos de familia en que por disposici\u00f3n legal sea necesaria la intervenci\u00f3n del juez o este deba resolver con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o con prudente juicio o a manera de \u00e1rbitro\u201d, y al tenor del numeral 7\u00b0 del canon 390 de ese compendio, se rituar\u00e1n bajo dicha cuerda, entre otros, en consideraci\u00f3n a su naturaleza, \u201c[l]os que conforme a disposici\u00f3n especial deba resolver el juez con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de \u00e1rbitro\u201d. <\/p>\n
En suma, el derecho a tener a una familia de los adultos mayores con discapacidad se traduce en la prerrogativa que tienen de relacionarse y permanecer en contacto con su familia, la cual debe garantizarse por los jueces de familia encargados de definir su situaci\u00f3n jur\u00eddica, cuandoquiera que su protecci\u00f3n sea necesaria. Lo anterior, de acuerdo con el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n que le sea aplicable. <\/p>\n
4.- Del caso concreto. <\/p>\n
En este episodio, el juzgador de Palmira lesion\u00f3 el derecho de Eyder a interrelacionarse con su familia, pues, so pretexto de que era incompetente, no se ocup\u00f3 de esclarecer la denuncia formulada por el aqu\u00ed accionante en el a\u00f1o 2020, respecto a que su guardador no le permit\u00eda verla, no obstante que deb\u00eda dilucidar la situaci\u00f3n bajo la Ley 1306 de 2009. Y, con posterioridad al 29 de agosto de 2021, cuando ha debido revisar la medida de interdicci\u00f3n que la cobija, a fin de gozar de su capacidad legal, autonom\u00eda e independencia, no ha adoptado medida alguna al respecto, por el contrario, ha continuado aplicando las reglas de dicho r\u00e9gimen e insistido en su incompetencia para solucionar el conflicto en torno a las visitas. <\/p>\n
En consecuencia, debe revocarse el veredicto de primer grado que desestim\u00f3 el amparo rogado y, en su lugar, protegerse los derechos de la agenciada. Con esa finalidad, se ordenar\u00e1 al juzgado que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, inicie el proceso de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n objeto de queja constitucional y, en \u00e9l, mientras lo define, adopte las medidas cautelares enfiladas a garantizar, efectivamente, el derecho que Eyder tiene a relacionarse y mantener contacto con los familiares que no habitan con ella, como su hijo Harold, Carmen Cristina Lenis Barona y sus nietos, las cuales pueden incluir el establecimiento provisional de un r\u00e9gimen de visitas, si es que otras medidas no resultan ser exitosas para la materializaci\u00f3n del derecho, lo que deber\u00e1 evaluar dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la emisi\u00f3n de la anterior providencia. <\/p>\n
Del mismo modo, se le ordenar\u00e1 que, en la respectiva sentencia, determine, especialmente, si Eyder requiere la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para ejercer el derecho mencionado y, de ser as\u00ed, expida los mandatos que permitan su goce efectivo, conforme a los par\u00e1metros arriba indicados. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas, y, su lugar, se dispone: <\/p>\n
Primero. AMPARAR el derecho de Eyder Barona De Le\u00f3n a relacionarse y mantener contacto con todos los miembros de su grupo familiar, as\u00ed como los de su capacidad legal, autonom\u00eda e independencia, en calidad de adulto mayor con discapacidad. <\/p>\n
Segundo. ORDENAR al titular del Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Palmira que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, inicie el proceso de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n que cobija a Eyder, de conformidad con las reglas contempladas en el art\u00edculo 56 de la Ley 1996 de 2019, y all\u00ed mismo adopte las medidas cautelares enfiladas a garantizar, efectivamente, el derecho que Eyder tiene a relacionarse y mantener contacto con los familiares que no habitan con ella, las cuales, pueden incluir, el establecimiento provisional de un r\u00e9gimen de visitas, si es que otras medidas no resultan ser exitosas para la materializaci\u00f3n del derecho. <\/p>\n
La pertinencia y la eficacia de la medida provisional deber\u00e1 evaluarla dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la emisi\u00f3n de la anterior providencia. <\/p>\n
Tercero. ORDENAR al citado funcionario que, al definir el proceso de interdicci\u00f3n, determine, especialmente, si Eyder requiere la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para ejercer el derecho a relacionarse con su familia y, de ser as\u00ed, expida los mandatos que permitan su goce efectivo, conforme a los lineamientos trazados en esta providencia. <\/p>\n
Quinto. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed lo prev\u00e9 el pre\u00e1mbulo de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o. <\/p>\n
2\u0002 \u201c[p]or la cual se dictan normas para la Protecci\u00f3n de Personas con Discapacidad Mental y se establece el R\u00e9gimen de la Representaci\u00f3n Legal de Incapaces Emancipados\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, se destaca, entre otras normas de dicho compendio, el art\u00edculo 52 de dicho compendio, seg\u00fan el cual, \u201c[a] la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad no sometido a patria potestad, se le nombrar\u00e1 un curador, persona natural, que tendr\u00e1 a su cargo el cuidado de la persona y la administraci\u00f3n de sus bienes\u201d. Tambi\u00e9n se resalta el canon, que prescrib\u00eda: [s]alvo cuando en esta ley se disponga lo contrario, la responsabilidad de los guardadores es individual y se extiende hasta la culpa leve. Se presume la actuaci\u00f3n culposa del guardador por el hecho de que el pupilo se encuentre afectado o lesionado en sus derechos fundamentales o no se encuentre recibiendo tratamiento o educaci\u00f3n adecuada seg\u00fan sus posibilidades o se deterioren los bienes o disminuyan considerablemente los frutos o se aumente considerablemente el pasivo. El guardador que no desvanezca esta presunci\u00f3n dando explicaci\u00f3n satisfactoria, ser\u00e1 removido. <\/p>\n
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STC6491-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6491-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-002-2023-00052-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 19 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74625","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74625"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74625\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}