STC6493-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6493-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02524-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa e igualdad, supuestamente vulneradas por la colegiatura convocada. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere en s\u00edntesis que promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela buscando la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al interior del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00b0 20222-00392-00 adelantado en su contra, no obstante, el resguardo fue denegado en primera instancia por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito del precitado lugar, determinaci\u00f3n que fue impugnada y confirmada, mayoritariamente, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 20 de junio anterior. <\/p>\n
Precisa, que una de las magistradas que integr\u00f3 la sala de decisi\u00f3n salv\u00f3 el voto recalcando que el auxilio debi\u00f3 ser concedido, en la medida que, en su criterio, \u00ab(\u2026) era deber del operador impartir tr\u00e1mite a la contestaci\u00f3n de la demanda, y de ser el caso, decretar pruebas de oficio, enfiladas a zanjar el punto cardinal de la defensa del enjuiciado: la modificaci\u00f3n del canon y sus incrementos, a efectos de establecer si medi\u00f3 su incumplimiento y no imponer la severa sanci\u00f3n que sacrific\u00f3 su derecho de defensa. A lo anterior se suma que en la providencia de 2 de mayo de 2023, el sentenciador omiti\u00f3 valorar la prueba adosada por el demandado en el memorial de 13 de abril de 2023, sobre la transferencia del derecho de dominio del inmueble objeto del proceso, lo cual era imperioso para verificar el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa por parte del demandante\u00bb. <\/p>\n
Enfatiza, que el fallo censurado es \u00abinjusto violatorio de [sus] garant\u00edas y derechos constitucionales\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque el gestor no precisa cual es su pretensi\u00f3n, de lo relatado en el escrito inicial se extracta que su aspiraci\u00f3n se enfila a que se deje sin efecto la sentencia de tutela que reprocha, y en su lugar se acceda al resguardo implorado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
<\/p>\n
1. Una de las magistradas de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga inform\u00f3 que, aunque inicialmente, le fue asignada por reparto la impugnaci\u00f3n de la tutela n\u00b0 2023-00123, lo cierto es, que la ponencia que present\u00f3 fue derrotada, raz\u00f3n por la cual salv\u00f3 el voto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga indic\u00f3 que desat\u00f3 la primera instancia de la acci\u00f3n constitucional que origina el reclamo, el 18 de mayo de 2023, decisi\u00f3n que fue refrendada por su superior jer\u00e1rquico funcional. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que, el amparo debe ser declarado improcedente, ya que la tutela no es procedente para cuestionar determinaciones de la misma naturaleza. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil Municipal del mismo lugar, defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas esenciales que reclama el convocante, puesto que ha actuado conforme a la normativa que regula el asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La magistratura acusada se opuso a la prosperidad del resguardo afirmando que esa corporaci\u00f3n no transgredi\u00f3 las garant\u00edas del accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Gonzalo Olarte Ayala adujo que el Juzgado Quinto Civil Municipal del mencionado lugar \u00abha violado o no ha reconocido [sus] derechos en el proceso de restituci\u00f3n, pero si [lo] reconoce ante un proceso ejecutivo por los c\u00e1nones que el demandante alega y alude deberse con el \u00fanico fin de buscar la entrega del local comercial que previamente a la demanda de restituci\u00f3n fue vendido a un tercero\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Quien adujo ser el apoderado del aqu\u00ed gestor en el juicio que origina el reclamo constitucional sostuvo que \u00ablo invocado por el accionante en la presente acci\u00f3n constitucional deben tenerse en cuenta como garant\u00eda de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Ingrid Paola Jurado se\u00f1al\u00f3 que \u00abel se\u00f1or JHON BUITRAGO y sus asesores han estado realizando dilaciones injustificadas, sin fundamento y en este momento interponiendo acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos lo que entorpece el aparato judicial. Al apoderado y asesor del se\u00f1or JHON BUITRAGO, en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble, se le requiri\u00f3 para que cesara con estas dilaciones, pero sigue interponiendo acciones congestionando los despachos judiciales, con solicitudes sin fundamento. El se\u00f1or sigue en mora en el pago de canon de arrendamiento, incluso descont\u00f3 pagos que hab\u00eda realizado por servicios p\u00fablicos que nada ten\u00edan que ver con el propietario del inmueble y debe c\u00e1nones desde 2022 y sigue ocupando y explotando econ\u00f3micamente el inmueble, por lo que no puede alegar que se le est\u00e1 vulnerando un derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Ana Mar\u00eda C\u00e1rdenas Ni\u00f1o expuso que \u00aben caso de que se pruebe al interior de este tr\u00e1mite que efectivamente todos y cada uno de los periodos alegados como debidos fueron cancelados y que cumplieron con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso allegando y demostrando oportunamente prueba de dichos pagos, se revoque la sentencia proferida y sean escuchados los demandados dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. Sin perjuicio de lo anterior y en aras de dar relevancia a la jurisprudencia emitida por las altas cortes, solicito a su se\u00f1or\u00eda que, en caso de no encontrar probado los requisitos necesarios para la procedencia de la presente acci\u00f3n de tutela en contra del fallo de tutela de segunda instancia emitida por la entidad accionada, sea declarada improcedente la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
10. El Bando Davivienda S.A., pidi\u00f3 ser desvinculado del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad en cuanto a la viabilidad de interponer tutela contra tutela, y de superarse lo anterior, si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite del amparo rad. n.\u00ba 2023-00123, por haber confirmado la negativa del resguardo deprecado, supuestamente, en desmedro de las prerrogativas fundamentales del aqu\u00ed promotor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
2.1. Sobre la improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
2.1.1. La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene., entre otras). <\/p>\n
2.1.2. En ese orden, se advierte la inviabilidad de la censura expuesta contra la providencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el pasado 20 de junio por medio de la cual resolvi\u00f3 confirmar la negativa del amparo deprecado, toda vez que este mecanismo no est\u00e1 instituido para cuestionar lo resuelto en una acci\u00f3n de la misma naturaleza. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto similar, en caso de concurrir los siguientes eventos, establecidos como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, los supuestos aludidos se descartan en el sub-examine, por cuanto no se probaron ni se invocaron por el accionante, para que se permita inferir la presencia de alguno de los eventos referidos en la jurisprudencia en cita, de tal forma que se habilitara excepcionalmente el resguardo. <\/p>\n
2.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial, en la medida en que, no se ha agotado el tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, por lo que la parte aqu\u00ed interesada todav\u00eda cuenta con la posibilidad de solicitar al \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, una vez ingresen las diligencias a esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC1213-2023, 15 feb.). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que tiene a su alcance, el censor no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se declarar\u00e1 la improcedencia del resguardo, ya que no est\u00e1 previsto para censurar asuntos de la misma naturaleza; m\u00e1xime que el tr\u00e1mite se eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional no se ha agotado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6493-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6493-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02524-00 (Aprobado en Sala de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. Actuando en nombre propio, el querellante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74626","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74626\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}