STC6515-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6515-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00234-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 13 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lilian Yurley Hern\u00e1ndez Guzm\u00e1n, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de insolvencia de persona natural comerciante de radicado 2022-00074-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que en su condici\u00f3n de persona natural comerciante entr\u00f3 en cesaci\u00f3n de pagos con sus acreedores, lo que le llev\u00f3 a presentar demanda de reorganizaci\u00f3n bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga requiri\u00f3 en varias ocasiones la correcci\u00f3n de algunas falencias o cumplimiento de ciertas \u00f3rdenes, para lo cual otorgaba el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que en raz\u00f3n a que no se present\u00f3 un informe solicitado por el Juzgado de conocimiento, mediante providencia de 13 de febrero de 2023 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, determinaci\u00f3n frente a la que formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, en auto de 20 de abril de 2023 neg\u00f3 el primero y declar\u00f3 improcedente el segundo. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que esta decisi\u00f3n, i) desconoce la normativa contemplada en la Ley 1116 de 2006, ii) la figura del desistimiento no es aplicable en este tipo de asuntos, iii) lo que proced\u00eda era \u00abla remoci\u00f3n del promotor\u00bb de considerarse que no estaba cumpliendo con sus funciones y, iv) la terminaci\u00f3n del proceso afecta tanto al empresario como a las personas que directa o indirectamente dependen de la actividad comercial que desempe\u00f1a. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efectos el auto de 13 de febrero de 2023 y que se contin\u00fae con el proceso de reorganizaci\u00f3n designando un nuevo promotor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones del proceso de reorganizaci\u00f3n, y se\u00f1al\u00f3 que por auto de 22 de agosto de 2022 requiri\u00f3 a la promotora para que cumpliera algunas \u00f3rdenes proferidas, so pena de decretar la terminaci\u00f3n del litigio por desistimiento t\u00e1cito y se\u00f1al\u00f3 nueva fecha para audiencia, requerimiento que, al no haber sido cumplido, reiter\u00f3 el 5 de octubre de 2022. <\/p>\n
Explic\u00f3 que por auto de 2 de diciembre siguiente, una vez m\u00e1s requiri\u00f3 a la accionante para que obedeciera los mandatos impartidos y ante la inobservancia de las reiteradas comunicaciones, el 13 de febrero de 2023 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito del proceso de reorganizaci\u00f3n, el cual fue recurrido en reposici\u00f3n y en apelaci\u00f3n, desestim\u00e1ndose el primero y neg\u00e1ndose el segundo mediante auto de 20 de abril de 2023, sin que hayan desconocido los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
2. El curador ad litem de los acreedores Jairo S\u00e1nchez Rosales y Ligia Mart\u00ednez N\u00fa\u00f1ez se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por carecer de fundamento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Scotiabank Colpatria SA, Seguros Bol\u00edvar SA, el Banco Caja Social SA, Mibanco SA, el Municipio de Bucaramanga, y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Alianza Inmobiliaria SA pidi\u00f3 negar el amparo invocado, por cuanto la decisi\u00f3n censurada no desconoce derecho fundamental alguno, no configura v\u00eda de hecho y lo actuado en el proceso ha obedecido el procedimiento establecido en la ley. <\/p>\n
5. Aclarar SAS, en su condici\u00f3n de apoderada del municipio de Floridablanca \u2013 Santander, manifest\u00f3 que no se cumplen todas las causales fijadas por la jurisprudencia para la procedencia de la tutela en contra de decisiones judiciales, en tanto no se advierte alguna irregularidad procesal, lo que se traduce en la inexistencia de la vulneraci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga, neg\u00f3 el amparo solicitado, toda vez que, i) no se acredit\u00f3 la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales, ii) los argumentos que soportan la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito son razonables, en tanto la demandante no cumpli\u00f3 con la carga que le fue impuesta en providencia de 2 de diciembre de 2022, iii) adem\u00e1s, no formulo recursos contra las decisiones que la requirieron, previo a decretar la terminaci\u00f3n del litigio, y, iv) no acudi\u00f3 en queja frente al auto de 20 de abril de 2023, por el cual se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n ante el superior. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante insistiendo en los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, adicionalmente, replic\u00f3 que no era factible interponer recurso de queja contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n, puesto que el auto que decreta la terminaci\u00f3n del proceso no es susceptible de apelaci\u00f3n y resalt\u00f3 que la Ley 1116 de 2006 faculta al juez para remover al promotor en caso de que su gesti\u00f3n no sea id\u00f3nea. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, pese a que tanto la accionante y el Tribunal ad quem consideraron que la providencia reprochada era la de 13 de febrero de 2023, lo cierto es que la censura recae en la providencia de 20 de abril de 2023, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga decidi\u00f3 no reponer el auto anterior, por medio del cual se hab\u00eda decretado la terminaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n de Lilian Yurley Hern\u00e1ndez Guzm\u00e1n por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que, finalmente fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n y dej\u00f3 en firme la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
En palabras de la accionante, la citada providencia desconoce lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006 y la jurisprudencia constitucional, como quiera que la figura del desistimiento no es aplicable en procesos de reorganizaci\u00f3n, adem\u00e1s, si el Juzgado accionado consideraba que el promotor no estaba cumpliendo con sus funciones lo que debi\u00f3 hacer era relevarlo. Adujo igualmente que la terminaci\u00f3n del proceso afecta no solo al deudor sino tambi\u00e9n a las personas que dependen laboralmente de \u00e9l y que el recurso de queja frente a la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n era inocuo porque es improcedente. <\/p>\n
3. Examinado el link del expediente remitido a este tr\u00e1mite, se encuentran relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
3.1 El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, admiti\u00f3 el 1\u00ba de junio de 2022 la solicitud de reorganizaci\u00f3n de la se\u00f1ora Lilian Yurley Hern\u00e1ndez Guzm\u00e1n, en su calidad de persona natural comerciante. Rad. 2022-00074. <\/p>\n
All\u00ed mismo se design\u00f3 como promotora a la misma deudora, a quien se le orden\u00f3 realizar determinados actos para tramitar el proceso, tales como, i) fijar un aviso que informara acerca del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n en un lugar visible de su sede principal o sucursal, ii) actualizar el inventario de activos y pasivos, iii) comunicar el inicio del proceso a las autoridades jurisdiccionales, fiduciarias, notar\u00edas, entre otros, para los efectos legales pertinentes, iv) presentar el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto. <\/p>\n
3.2. El Juzgado de conocimiento en auto de 22 de agosto de 2022, requiri\u00f3 a la deudora para que modificara el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto incluyendo las acreencias de Sergio Andr\u00e9s Chaparro Cord\u00f3n y Ligia Mart\u00ednez N\u00fa\u00f1ez, adem\u00e1s de enterarlos del inicio del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se le requiri\u00f3 para que diera cumplimiento a la carga procesal que se le impuso en los ordinales, 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20 y 21 del auto que admiti\u00f3 el proceso, necesarios para continuar con la etapa siguiente, labores que deb\u00eda cumplir en el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, so pena de declarar el desistimiento t\u00e1cito del asunto. <\/p>\n
3.3 El 5 de octubre de 2022 el Juzgado dispuso requerir por \u00faltima vez a la deudora para que, en el plazo de que trata el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 317 citado, procediera a comunicar del inicio del proceso a los jueces, fiduciarias, notarios, c\u00e1maras de comercio que tramiten procesos de ejecuci\u00f3n en su contra para los fines legales y acreditara el embargo de los bienes sujetos a registro de su propiedad (ordinales s\u00e9ptimo y vig\u00e9simo del auto admisorio). <\/p>\n
3.4 Mediante providencia de 2 de diciembre de 2022, requiri\u00f3 por \u00faltima vez a la deudora para que, con fundamento en la norma referida, i) acreditara que remiti\u00f3 las comunicaciones de inicio del proceso a Ligia Mart\u00ednez y Motoreste Autos SA, ii) demostrara que realiz\u00f3 la difusi\u00f3n de la providencia de apertura a trav\u00e9s del Consejo Superior de la Judicatura, iii) allegara el paz y salvo del pago de pensi\u00f3n obligatoria de Vesga Rey Sindy, iv) aportara el certificado de tradici\u00f3n del inmueble 300-328769 en el que constara la inscripci\u00f3n de la medida cautelar y, v) adjuntara el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, incluyendo a todos los acreedores, so pena de declarar el desistimiento t\u00e1cito del tr\u00e1mite de insolvencia. <\/p>\n
3.5 En auto de 13 de febrero de 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, en atenci\u00f3n a que la promotora \u2013 deudora no dio cumplimiento a las cargas procesales que le fueron impuestas, al punto que guard\u00f3 silencio al respecto, a tenor de lo se\u00f1alado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.6 Frente a esa decisi\u00f3n el apoderado judicial de la deudora, present\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, por considerar que la figura del desistimiento t\u00e1cito no es aplicable en asuntos como este y que, en el evento de que el promotor no est\u00e1 cumpliendo con sus funciones, lo procedente era su remoci\u00f3n (art\u00edculo 19 de la Ley 1116 de 2006). <\/p>\n
3.7 El 20 de abril de 2023, el Juzgado de conocimiento mantuvo la decisi\u00f3n, con sustento en que corresponde al reorganizado cumplir con las \u00f3rdenes impartidas por el Juez del concurso, conforme lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006 y por virtud de los principios de eficiencia, buena fe, publicidad e informaci\u00f3n. <\/p>\n
Record\u00f3 que la deudora no acat\u00f3 los mandatos impuestos desde el inicio del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, necesarios para la continuaci\u00f3n del litigio, sin que alegara alguna circunstancia que le impidiera cumplirlas, tanto as\u00ed que durante el plazo concedido en el \u00faltimo requerimiento guard\u00f3 silencio, ni si quiera formul\u00f3 los recursos procedentes para controvertir la eventual sanci\u00f3n, lo que demuestra una conducta renuente de la promotora, de ah\u00ed que tuviera plena operancia el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n no fue concedido por improcedente. <\/p>\n
4. Puestas de este modo las cosas, considera la Sala necesario se\u00f1alar lo siguiente, <\/p>\n
4.1 Le asiste raz\u00f3n a la impugnante, en cuanto a que no ser\u00eda factible formular recurso de queja contra la negativa de conceder la apelaci\u00f3n promovida frente a la decisi\u00f3n de terminar el proceso de insolvencia de persona natural comerciante por desistimiento t\u00e1cito, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 19 del C\u00f3digo General del Proceso y el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1116 de 2006, aquella determinaci\u00f3n no es susceptible de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2 Ahora, esta Sala ha explicado que la figura del desistimiento t\u00e1cito en tr\u00e1mites de reorganizaci\u00f3n resulta aplicable, una vez constatada la inactividad del proceso por el lapso determinado legalmente, la inercia de las partes en cumplir a cabalidad las cargas impuestas y desvirtuada la ausencia de impulso por el Juez del concurso, pero ha enfatizado en que \u00abdebe mirarse con mayor rigurosidad, cuidado y detenimiento, en atenci\u00f3n a las particularidades del caso, su naturaleza, el tipo de procedimiento que se adelanta y la etapa en que se encuentra\u00bb (CSJ. STC5344-2023). <\/p>\n
En ese sentido, respecto a este tipo de tr\u00e1mites, en sentencia STC8911-2020 se se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abentonces, una vez constatada la inactividad en el proceso por el lapso determinado legalmente, y desvirtuando que la falta de continuidad no sea por ausencia de impulso por el director del proceso, la inercia de una de las partes en cumplir a cabalidad sus cargas procesales, potencialmente podr\u00eda implicar que sea merecedor de la sanci\u00f3n en comento, pero sin dejar de lado para su aplicaci\u00f3n, las particularidades de cada caso (\u2026) <\/p>\n
En suma, mientras en el proceso en el que la inacci\u00f3n de las partes es evidente y para proseguirlo no es suficiente el impulso del juzgador, se ha dejado sentada la procedencia del desistimiento t\u00e1cito, a menos que se afecten derechos inalienables, imprescriptibles y de inter\u00e9s prevalente, o se deje en vilo una comunidad o masa de bienes para cuya divisi\u00f3n solo sea esa la v\u00eda id\u00f3nea para liquidarla, que son aspectos que deben evaluarse en cada caso espec\u00edfico por el juzgador\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Posteriormente, en providencia STC13673-2021 reiter\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) en relaci\u00f3n con los efectos jur\u00eddicos que conlleva la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito en raz\u00f3n a la naturaleza del litigio, se ha dicho que: \u00ab[d]e aquella determinaci\u00f3n, acorde con los literales \u201cf\u201d y \u201cg\u201d del mismo canon, se desprende (i) la terminaci\u00f3n del proceso, (ii) la obligaci\u00f3n de esperar seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia en comento para volver a impetrar la demanda; (iii) la ineficacia de todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y (iv) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinga el derecho pretendido. <\/p>\n
De ah\u00ed, que tal sanci\u00f3n no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que debe revisarse en forma concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que genera su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, una abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC8850-2016, 30 jun. 2016, rad. 00186-01)\u00bb (se resalta). <\/p>\n
4.3 Claro lo anterior, al volver sobre el caso bajo estudio, se destaca que la promotora, quien siempre ha estado representada judicialmente por su apoderado, no censur\u00f3 oportunamente y a trav\u00e9s de los medios ordinarios ante el Juez de conocimiento, lo atinente a los autos de 1\u00ba de junio, 22 de agosto, 5 de octubre y 2 de diciembre de 2022 por medio de los cuales se le requiri\u00f3 para que cumpliera con determinadas actuaciones, so pena de sancionar la inactividad con el desistimiento t\u00e1cito, cargas que no cuestiona si cumpli\u00f3 o no, pese a que ese es uno de los puntos centrales del debate, pero sobre las que afirma que de no haberse tenido por satisfechas lo procedente era su remoci\u00f3n, m\u00e1s no la terminaci\u00f3n del proceso, argumento que nunca puso de presente frente a las decisiones mencionadas. <\/p>\n
Estas circunstancias hacen improcedente la protecci\u00f3n reclamada, pues no se olvide que la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 como una instancia adicional para revisar las decisiones que, en forma aut\u00f3noma e independiente ha adoptado el juez de la causa, cuando las partes han omitido el uso de los medios defensivos dispuestos en la ley, menos para revivir t\u00e9rminos precluidos. <\/p>\n
De otro lado, seg\u00fan el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 19 de la Ley 1116 de 2006 la remoci\u00f3n del promotor tendr\u00eda lugar en el evento en que no \u00abpresente el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte presentada con la solicitud de admisi\u00f3n al proceso y la fecha de inicio del proceso\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en armon\u00eda con el Decreto Legislativo 772 de 2020 que tambi\u00e9n sirvi\u00f3 de base a la solicitud de insolvencia, s\u00f3lo a t\u00edtulo de ejemplo, la notificaci\u00f3n a los acreedores, la consecuci\u00f3n de informaci\u00f3n y documentos que sirven como elementos de prueba para el proceso y la actualizaci\u00f3n del inventario de activos y pasivos, son actos que requieren de la participaci\u00f3n activa del \u00abdeudor\u00bb, que en este caso es el mismo \u00abpromotor designado\u00bb. Deberes procesales1 de los que no se puede desprender ni trasladar a otro promotor en caso de relevo, m\u00e1xime cuando, como en un caso similar se dijo, la accionante \u00abes en \u00faltimas la persona a quien m\u00e1s afecta que la actuaci\u00f3n no contin\u00fae\u00bb (CSJ. STC13912-2019). <\/p>\n
4.4 S\u00famese a lo anterior, que respecto al \u00faltimo requerimiento, no ejerci\u00f3 ninguna labor tendiente a acreditar las gestiones que se le impusieron, relacionadas con, a) enterar del inicio del proceso a Ligia Mart\u00ednez y Motoreste Autos SA, b) demostrar que realiz\u00f3 la difusi\u00f3n de la providencia de apertura a trav\u00e9s del Consejo Superior de la Judicatura, c) allegar el paz y salvo del pago de pensi\u00f3n obligatoria de Vesga Rey Sindy, d) aportar el certificado de tradici\u00f3n del inmueble 300-328769 con la constancias de inscripci\u00f3n de la medida cautelar decretada y e) adjuntar el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, incluyendo a todos los acreedores. <\/p>\n
Por el contrario, en el plazo otorgado permaneci\u00f3 silente, cuando bien pudo manifestar alguna imposibilidad para cumplir con tales obligaciones (fuerza mayor o caso fortuito), o solicitar un plazo adicional, o acreditar las gestiones adelantadas hasta antes del vencimiento del plazo, entre otras. <\/p>\n
5. Bajo ese panorama, y teniendo en cuenta que el tr\u00e1mite de insolvencia se encuentra hasta ahora en fase de inicio, pues no se ha efectuado la etapa concerniente a la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto e inventario de bienes, advierte la Sala que las providencias del 13 de febrero y 20 de abril de 2023, la primera, por medio de la cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y la segunda, que confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por aplicaci\u00f3n de esta figura, respectivamente, no lucen arbitrarias o injustas, puesto que se basaron en una motivaci\u00f3n acorde con la norma que regula la materia y los precedentes de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo que s\u00ed es evidente, es que los inconformismos de la impugnante se concretaron, exclusivamente, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad judicial accionada se fundament\u00f3 para decidir sobre la terminaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela, ya que no puede anteponer su propia interpretaci\u00f3n a la del Juzgador y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que le fue desfavorable. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC4705-2016 y STC1043-2023). <\/p>\n
6. Por estas razones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia constitucional de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abArt\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Deberes de las partes y sus apoderados: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
6. Realizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integraci\u00f3n del contradictorio <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
8. Prestar al juez su colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias\u00bb. <\/p>\n
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STC6515-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6515-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00234-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74636","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74636","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74636"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74636\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}