STC6518-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6518-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-01156-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 31 de mayo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Hernando Hoyos Mesa y Nubia Guti\u00e9rrez Monta\u00f1ez contra los Juzgados Veintinueve Civil del Circuito y Setenta y Tres Civil Municipal, transformado transitoriamente en Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, todos de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dicen vulnerada por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan que se \u00abrevisen las sentencias proferidas… con el prop\u00f3sito de determinar si efectivamente se dio cumplimiento a la sentencia… mediante la cual… ordena a la administradora y representante legal de la Unidad Residencial demandada… proceda a la apertura y habilitaci\u00f3n de la entrada a los residentes y p\u00fablico en general por la porter\u00eda ubicada en la carrera 30 No. 22 A-08…\u00bb; y se ordene \u00abla apertura y habilitaci\u00f3n de la puerta vehicular… para el ingreso de los clientes al referido local comercial, e igualmente para veh\u00edculos automotores de carga liviana para el ingreso de mercanc\u00edas, productos de bienes y servicios que deben abastecer cualquier establecimiento de comercio que funcione en el referido local comercial\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Hector Hernando Hoyos Mesa y Nubia Guti\u00e9rrez Monta\u00f1ez promovieron juicio ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer frente a Unidad Residencial Colseguros PH, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Setenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1, el que emiti\u00f3 sentencia el 17 de abril de 2021 denegando las pretensiones de la demanda y la ejecuci\u00f3n de los perjuicios moratorios, y disponiendo la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, en fallo de 19 de octubre de 2022, el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de esta ciudad la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que mediante escritura p\u00fablica del 19 de octubre de 2011 adquirieron el local comercial 17 del interior 9 de la Unidad Residencial Colseguros PH; que como la puerta vehicular de ingreso de veh\u00edculos, mercanc\u00edas y clientes del local se encontraba clausurada, se acercaron a la administraci\u00f3n del conjunto con el prop\u00f3sito de averiguar el motivo del cierre y solicitar su apertura, a lo que se accedi\u00f3, pero no se efectu\u00f3. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que iniciaron demanda declarativa en contra de la copropiedad, actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 en el Juzgado Setenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1, en donde se emiti\u00f3 sentencia desfavorable el 14 de abril de 2015; que ante la imposibilidad de promover recurso de apelaci\u00f3n instauraron acci\u00f3n constitucional que correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 quien neg\u00f3 el amparo, pero al impugnar el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 orden\u00f3 que se profiriera una nueva providencia en derecho, motivo por el que el aludido estrado municipal, en sentencia del 24 de julio de 2015, orden\u00f3 a la administradora de la Unidad Residencial demandada que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas procediera a la apertura y habilitaci\u00f3n de la entrada de los residentes y p\u00fablico en general por la porter\u00eda, garantizando la seguridad de los copropietarios, tal como constaba en la escritura y reglamento de propiedad. <\/p>\n
2.5. Refirieron que dicha decisi\u00f3n fue notificada en varias oportunidades al representante legal y a la junta de administraci\u00f3n del conjunto con miras a que dieran cumplimiento a lo ordenado, pero a la fecha se hab\u00eda hecho caso omiso, por lo que iniciaron el proceso por obligaci\u00f3n de hacer criticado, tr\u00e1mite que los falladores acusados negaron sus pretensiones en ambas instancias. <\/p>\n
2.6. Adujeron que dichas providencias transgred\u00edan sus prerrogativas, pues el juez de primera instancia no valor\u00f3 en su totalidad la pruebas que se aportaron al proceso y el de segundo grado no realiz\u00f3 argumentaci\u00f3n alguna y de manera incongruente confirm\u00f3 la providencia apelada; y que no se dio observancia a las probanzas recaudadas al interior de la actuaci\u00f3n, pese a que los falladores ten\u00edan la obligaci\u00f3n de realizar un estudio pormenorizado del caso y de sus elementos demostrativos. <\/p>\n
2.7. Sostuvieron que los locales deb\u00edan ser abiertos al p\u00fablico en general y no solo a los residentes, pues se desnaturalizar\u00eda su uso; que exist\u00eda v\u00eda de hecho por la inapropiada valoraci\u00f3n probatoria; que no se examinaron los medios de convicci\u00f3n bajo los principios de la sana critica; que exist\u00eda un defecto sustantivo, pues la sentencia incurri\u00f3 en incongruencia entre los fundamentos jur\u00eddicos y la decisi\u00f3n; y que se presentaba una transgresi\u00f3n grave de la normatividad aplicable. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos invocados; que quedaba pendiente de cualquier requerimiento; y que remit\u00eda copia del expediente criticado. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad, antes Setenta y Tres Civil Municipal, adujo que se hab\u00edan respetado las garant\u00edas procesales y constitucionales de las partes; que no se cuestionaban los pronunciamientos de ese despacho como arbitrarios; que sus actuaciones no fueron contrarias a derecho; que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez y no se encontrara justificada su tardanza; que no configuraban los defectos de procedencia del resguardo; y que las decisiones emitidas se emitieron conforme a las normas que disciplinaban la materia. <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Guillermo Arevalo Acero, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de la Unidad Residencial Colseguros PH, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues el fallo de segundo grado se emiti\u00f3 el 19 de octubre de 2022 y la parte actora interpuso la tutela el 24 de mayo de 2023, por lo que transcurrieron m\u00e1s de 7 meses; y que no fueron acreditados, ni de manera sumaria, los motivos de tardanza, mas cuando la providencia fue enterada de manera legal. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes impugnaron la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el Tribunal Constitucional omiti\u00f3 efectuar un estudio de la totalidad del expediente y de las sentencias proferidas; que no se estudiaron los dem\u00e1s presupuestos de procedibilidad del resguardo, pues cumpl\u00eda con la subsidiariedad; que no se verific\u00f3 si exist\u00eda un extensi\u00f3n del principio de la inmediatez o si la vulneraci\u00f3n de los derechos era permanente, lo que ocurri\u00f3; que no se tuvo en cuenta que al dirigir la tutela frente a pronunciamientos judiciales el an\u00e1lisis deb\u00eda ser m\u00e1s estricto; que se dio prevalencia al requisito formal y se omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de lo sustancial; y que no hab\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad, m\u00e1xime cuando la Constituci\u00f3n consignaba que la tutela pod\u00eda ser presentada en cualquier momento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el fallo de segundo grado de 19 de octubre de 2022; y la interposici\u00f3n de la tutela el 24 de mayo de 2023, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que sean de recibo los argumentos con los que los gestores pretenden superar el anotado presupuesto, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de las decisiones que denuncian como vulneradoras de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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