STC6527-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6527-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00989-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de mayo de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo promovido por Rub\u00e9n Dar\u00edo Hermosa Hern\u00e1ndez contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n de Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad y a todas las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral 63001310500320150018400 (01). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, confianza leg\u00edtima, vida en condiciones dignas y seguridad social. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor demand\u00f3 laboralmente a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. y a Seguros Bol\u00edvar S.A., para el reconocimiento de su pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
2.2. El 2 de diciembre de 2016, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia accedi\u00f3 a las pretensiones y reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez reclamada a partir del 17 de septiembre de 2012, decisi\u00f3n que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 el 28 de junio de 2017. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia CSJ SL2592-2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n laboral de esta Corte cas\u00f3 el fallo del Tribunal y, en sede de instancia, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
3. El tutelante sostiene que la Sala convocada desconoci\u00f3 el precedente constitucional aplicable sobre los principios de favorabilidad laboral y de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, contenido en las sentencias de unificaci\u00f3n de tutela CC SU442-2016 y CC SU556-2019; en consecuencia, pide dejar sin efectos el fallo de casaci\u00f3n cuestionado y que se reconozca su pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, por cuanto la tutela no cuestiona su decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos del actor. <\/p>\n
3. Seguros Bol\u00edvar S.A. y Protecci\u00f3n S.A. se opusieron a las pretensiones de la tutela, en tanto la Sala accionada no transgredi\u00f3 las garant\u00edas del se\u00f1or Hermosa Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque el fallo controvertido es razonable y no contiene argumentos caprichosos o contrarios al ordenamiento legal. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. En la sentencia censurada, la Sala accionada asegur\u00f3 que la norma llamada a regular el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez es, por regla general, la vigente al momento de su estructuraci\u00f3n, en este caso, la Ley 860 de 2003, seg\u00fan la jurisprudencia de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral (CSJ SL1040-2021); sin embargo, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se ha admitido la aplicaci\u00f3n de la normatividad inmediatamente anterior para este tipo de prestaciones, siempre que el afiliado cumpla los requisitos de aquella entre la fecha de la estructuraci\u00f3n de la invalidez y la de entrada en vigencia de la nueva norma, citando en soporte la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente (CSJ SL2358-2017, CSJ SL2796-2020, CSJ SL3102-2020, CSJ SL3055-2020, CSJ SL3660-2020). <\/p>\n
Advirti\u00f3, en ese sentido, que no era viable dar aplicaci\u00f3n plus-ultractiva a la ley, a fin de hacer una b\u00fasqueda interminable de legislaciones pasadas y encontrar cu\u00e1l se ajustaba a las condiciones particulares del peticionario, pues ello desconoc\u00eda la aplicaci\u00f3n inmediata de las leyes sociales y su vigencia hacia el futuro (CSJ SL 14881-2016, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016 y CSJ 5L1040-2021). <\/p>\n
En ese contexto, estableci\u00f3 que, en el sub examine, no resultaba viable el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, por cuanto la invalidez del accionante se estructur\u00f3 el 17 de septiembre de 2012, fecha que superaba la temporalidad prevista para su aplicaci\u00f3n, pues, para entonces, el actor no contaba con las 50 semanas de cotizaci\u00f3n exigidas en los art\u00edculos 1 de la Ley 860 de 2003 y 69 de la Ley 100 de 1993, en tanto en el trienio anterior a esa fecha \u00fanicamente hab\u00eda cotizado 11 semanas, que no le permit\u00edan alcanzar el derecho pensional pretendido. <\/p>\n
3. Pues bien, analizados los anteriores argumentos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia aplicable del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que, entre el fallo controvertido y lo argumentado por la parte accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, m\u00e1xime que, como se indic\u00f3, la decisi\u00f3n cuenta con suficiente motivaci\u00f3n y se fundamenta en el precedente aplicable de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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