STC6532-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6532-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02508-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diana Marcela Bola\u00f1os Medina contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2589931030022023001071. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se logr\u00f3 establecer para lo que se debe resolver que el Conjunto Residencial Las Acacias P.H., promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Diana Marcela Bola\u00f1os Medina. El tr\u00e1mite correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1 con radicado 2013-00349, que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 13 de junio de 2014. Tras surtir los tr\u00e1mites de rigor, el 28 de octubre de 2022, requiri\u00f3 a las partes para que aportaran, la tercera liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito actualizada. Y aprob\u00f3 la alegada por la pasiva por valor de $21.514.371, con prove\u00eddo de 9 de febrero del presente a\u00f1o. <\/p>\n
2.1. Frente a lo determinado, el apoderado del extremo actor interpuso recursos que fueron atendidos desfavorablemente el 28 de marzo de los corrientes, pues para aprobar la liquidaci\u00f3n, el juzgado tuvo en cuenta el certificado de deuda expedido directamente por el demandante en uso de sus facultades contables. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, el conjunto residencial demandante promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1, argumentando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica, libertad e igualdad y solicit\u00f3 que se entregaran las sumas de dinero depositadas por la demandada y continuar con el proceso ejecutivo, hasta el pago total de la obligaci\u00f3n. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, mediante sentencia de 12 de mayo de 2023, concedi\u00f3 las pretensiones de la tutela y dej\u00f3 sin efecto el auto de 9 de febrero del a\u00f1o en curso proferido dentro del proceso ejecutivo confutado, decisi\u00f3n que fue impugnada por quien dijo ser el apoderado de la vinculada. No obstante, el Tribunal accionado con decisi\u00f3n del 1 de junio de 2023 \u00abdeclar\u00f3 inadmisible la impugnaci\u00f3n toda vez que el solicitante no ostent\u00f3 la legitimidad para presentar tal recurso\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 6 de junio siguiente, la Corporaci\u00f3n accionada dispuso que \u00abel memorialista deber\u00e1 estarse a lo dispuesto por este despacho con auto de 1 de junio de 2023, comoquiera que, dentro del t\u00e9rmino establecido por el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991 para presentar la impugnaci\u00f3n de tutela, no acredit\u00f3 la representaci\u00f3n judicial de la vinculada Diana Marcela Bola\u00f1os Medina, situaci\u00f3n que lo deshabilit\u00f3 para intervenir dentro del tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la promotora considera que los autos proferidos por el Tribunal la dejaron sin defensa \u00abdentro del proceso que conoce el Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1, toda vez que en este proceso existe un grave error en el valor que se pretende cobrar por el demandante y su apoderado al pretender que se le paguen valores a los que no tienen derecho\u00bb. Asimismo, se\u00f1ala que al conocer la impugnaci\u00f3n la Sala Civil accionada \u00abno tuvo en cuenta que el apoderado judicial de la demandada es el suscrito\u00bb, tampoco \u00abmenciona que este conceda alg\u00fan recurso, o no menciona en ninguna de sus partes que se pueda subsanar, [por lo que] no se le dio la oportunidad a la parte afectada, y rechazo la solicitud, [y] mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del Juzgado de Tutela\u00bb. Tambi\u00e9n reprocha que, se haya revocado el auto proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1, pues este \u00abse encuentra ajustado a derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se dejen sin efecto las decisiones proferidas en la acci\u00f3n de tutela en ambas instancias, que se ordene la revisi\u00f3n del fallo constitucional proferido el 12 de mayo de 2023 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, as\u00ed como el auto del 9 de febrero de 2023 dictado por el el Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1, dentro el proceso ejecutivo singular No. 25899400300120130034900. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal acusado, reiter\u00f3 los fundamentos jur\u00eddicos avocados en el auto que inadmiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela de radicado 2023-00107 y posterior que dispuso estarse a lo all\u00ed resuelto respaldando su proceder. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 inform\u00f3 que adelant\u00f3 la primera instancia de la acci\u00f3n constitucional demandada; resalt\u00f3 que las actuaciones acusadas corresponden a las surtidas por el Tribunal en segunda instancia y solicit\u00f3 la improcedencia del amparo por cuanto frente al tr\u00e1mite de primera instancia la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa, interponiendo los recursos de ley frente a las decisiones que se hayan adoptado en cumplimiento del fallo de tutela. <\/p>\n
3. El apoderado judicial del Conjunto Residencial Las Acacias P.H., dijo que los reproches formulados por la accionante frente al proceso ejecutivo ya fueron zanjados en la acci\u00f3n de tutela objeto del presente amparo, por lo que sus pretensiones resultan temerarias. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la promotora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con las decisiones proferidas en la acci\u00f3n constitucional de radicado 2023-00107. <\/p>\n
2. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia de la tutela para refutar sentencias o actuaciones de la misma \u00edndole, puesto que, para ello, existen otros mecanismos, como la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional, dado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00, reiterada en CSJ STC12945-2022). De lo anterior se sigue que esta v\u00eda no es el instrumento id\u00f3neo para corregir las presuntas deficiencias que se adviertan en esas actuaciones; m\u00e1xime que, en el presente asunto, la impugnaci\u00f3n de la tutela fue declarada inadmisible por falta de legitimaci\u00f3n del apoderado de la vinculada, -aqu\u00ed accionante-. <\/p>\n
2.1. A lo anterior se suma que, en este caso, la tutela debatida a\u00fan no ha surtido el tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, por lo que, como lo ha sostenido la Sala en asuntos similares, la censora, \u00absi lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello\u00bb (CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00, reiterada en CSJ STC6763-2020, 3 sept., rad. 2020-00058-01), de manera que la interesada cuenta con otros mecanismos de defensa para rebatir el tr\u00e1mite constitucional y las decisiones de tutela cuestionadas. <\/p>\n
En ese sentido, \u00ab\u2026lo que corresponde [es] perseguir la revisi\u00f3n de la sentencia dictada, siendo que [de no ser] seleccionada para tal efecto, en todo caso, ah\u00ed est[\u00e1] la posibilidad de insistencia que regula el art. 33 del Decreto 2591 de 1991 [m\u00e1xime] que, conforme as\u00ed est\u00e1 determinado en la citada norma, \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte [Constitucional], o el Defensor del Pueblo\u2019 pueden deprecar la anotada \u2018revisi\u00f3n\u2019, posibilidad a la que bien puede recurrir el querellante, as\u00ed como a la mentada \u2018insistencia\u2019\u00bb (CSJ STC, 3 jul. 2013, rad. 00191-01, reiterada, entre otras, en la sentencia STC6763-2020, 3 sep. 2020). <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que s\u00f3lo en particulares situaciones es procedente la tutela dirigida contra una decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre que, habi\u00e9ndose agotado los dem\u00e1s mecanismos de revisi\u00f3n, se advierta que las sentencias fueron producto de un hecho de fraude; al respecto, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026) <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se advierte que, adem\u00e1s de existir otro medio de defensa, de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se evidencia que las decisiones atacadas se produjeron como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una cosa juzgada fraudulenta, todo lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
3. De otro lado, en lo que se refiere a la pretensi\u00f3n que se deje sin efecto el auto del 9 de febrero de 2023 proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1 dentro del proceso ejecutivo singular de radicado 2013-003492, se impone estarse a lo all\u00ed analizado y decidido, acorde con las consideraciones expuestas, m\u00e1xime que el fallo constitucional debe surtir el tr\u00e1mite de la eventual selecci\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4. Por las razones antes anotadas, se debe negar la salvaguarda implorada, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conjunto Residencial Acacias P.H., Constructora RMG SAS y el Juzgado Primero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6532-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6532-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02508-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diana Marcela Bola\u00f1os Medina […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74652","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74652","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74652"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74652\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74652"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}