STC6534-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6534-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2023-00707-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la tutela promovida por Rodrigo Arc\u00e1ngel Urrego Mendoza contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, trabajo, dignidad humana, seguridad social, m\u00ednimo vital y otros. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de la denuncia presentada por la se\u00f1ora Mar\u00eda Irene Londo\u00f1o Jaraba en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la consecuente compulsa de copias ordenada por el ente investigador, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Medell\u00edn inici\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente contra el tutelante y, el 29 de marzo de 2019, lo declar\u00f3 responsable disciplinariamente por la infracci\u00f3n al deber del numeral 8 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 20071 y la falta contemplada en el numeral 4 del art\u00edculo 35 ibidem2, imponi\u00e9ndole la sanci\u00f3n de exclusi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado y multa de 4 s.m.l.m.v. <\/p>\n
2.2. La anterior decisi\u00f3n fue apelada por el defensor de oficio del sancionado y por el disciplinado, quien tambi\u00e9n pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado, por las presuntas irregularidades ocurridas en las audiencias, tales como que no se le dio la palabra, no pudo designar apoderado y no se le inform\u00f3 lo relativo a la no autoincriminaci\u00f3n, as\u00ed como por la indebida notificaci\u00f3n de las citaciones, por no informarle sobre la queja de su clienta y por la imposibilidad de presentar alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 8 de junio de 2022, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial neg\u00f3 la nulidad invocada por el disciplinado y confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia, decisi\u00f3n que, seg\u00fan la informaci\u00f3n allegada por la Corporaci\u00f3n accionada, se notific\u00f3 personalmente el 11 de enero de 2023, mediante env\u00edo a una de las direcciones f\u00edsicas inscritas en el registro de abogados y por edicto el 19 de enero siguiente. <\/p>\n
3. El actor censura el proceso disciplinario seguido en su contra, porque: i) en la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n no le permitieron informar si actuar\u00eda en nombre propio o si se le nombrar\u00eda un abogado de oficio y no se le indic\u00f3 su derecho a no auto incriminarse; ii) la queja fue inicialmente presentada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, pero luego se adjunt\u00f3 otra formulada por Mar\u00eda Irene Londo\u00f1o Jaraba, quien fuera su cliente, de la cual no tuvo conocimiento; iii) no le notificaron las actuaciones adelantadas en primera instancia; iv) no se le dio la oportunidad de presentar alegatos de conclusi\u00f3n; v) teniendo en cuenta la constitucionalidad condicionada del inciso segundo del art\u00edculo 42 de la Ley 1123 de 2007 no es procedente que se impongan las sanciones de exclusi\u00f3n y de multa en forma concurrente (CC C-847\/07); vi) no se acredit\u00f3 la culpabilidad, ni la mala fe, ni la falta a la honradez, pues ha realizado varias ofertas para el pago del dinero reclamado por su clienta, pero ella no las ha aceptado; vii) no se valoraron en conjunto las pruebas; viii) la nulidad y el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de primera instancia no fueron resueltos, operando el fen\u00f3meno de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, y no ha podido verificar la informaci\u00f3n del tr\u00e1mite seguido en segunda instancia, porque en el sistema de consulta de la Rama Judicial el proceso se registr\u00f3 como reservado; ix) las decisiones disciplinarias le han vulnerado su derecho al trabajo, dado que a su edad no puede conseguir un empleo digno, lo cual afecta los ingresos necesarios para \u00e9l y para su hijo, quien padece s\u00edndrome de Down. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, el actor solicita que se declare la nulidad del proceso disciplinario o, subsidiariamente, que se declare la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial afirm\u00f3 que el tutelante no motiv\u00f3 la relevancia constitucional que pudiera tener lo planteado, que la Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 todas las inconformidades expuestas por el disciplinado y que la tutela no era una tercera instancia. Adicionalmente, precis\u00f3 que el fallo emitido por esa Corporaci\u00f3n s\u00ed le fue notificado al tutelante, mediante telegrama enviado a la direcci\u00f3n establecida en el registrado de abogados, y que lo relativo a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria no fue expuesto en la apelaci\u00f3n interpuesta, por lo cual no se hizo un pronunciamiento al respecto, no obstante, aclar\u00f3 que la conducta por la cual fue sancionado es de car\u00e1cter permanente y subsiste hasta que el abogado demuestre que cancel\u00f3 los dineros correspondientes. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia afirm\u00f3 que no se verificaban los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia inform\u00f3 que su competencia se limita a la inscripci\u00f3n de la sanci\u00f3n, actuaci\u00f3n con la cual no ha vulnerado derecho alguno. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala negar\u00e1 la tutela propuesta, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada, aunado a que alegada prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, la indebida notificaci\u00f3n del fallo de segunda instancia y la imposibilidad de revisar la informaci\u00f3n del proceso no fueron formuladas ante la autoridad de conocimiento, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, mediante providencia del 8 de junio de junio de 2022, neg\u00f3 la nulidad invocada por el disciplinado, porque: i) las comunicaciones libradas no citaban como quejosa a la Fiscal\u00eda 82 Seccional de Medell\u00edn, pues indicaban que la queja fue formulada por Mar\u00eda Irene Londo\u00f1o, seg\u00fan la denuncia penal realizada por ella y la compulsa de copias ordenada, sumado a que el disciplinado conoc\u00eda la actuaci\u00f3n seguida en su contra y, al rendir versi\u00f3n libre, se le inform\u00f3 el procedimiento aplicable y la posibilidad de designar un defensor de confianza, lo cual no hizo; ii) las citaciones a la audiencia de juzgamiento se hicieron a la direcci\u00f3n inscrita en el registro de abogados, en la que recibi\u00f3 otras comunicaciones, por lo que pudo asistir a tres audiencias; iii) \u00e9l estaba enterado del tr\u00e1mite y, ante su no comparecencia, se le design\u00f3 un defensor de oficio; y iv) s\u00ed se notific\u00f3 del fallo de primera instancia, al punto que lo apel\u00f3. <\/p>\n
2.1. Por otra parte, frente a lo alegado en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de oficio, sobre la dosimetr\u00eda de la sanci\u00f3n, porque el disciplinado intent\u00f3 resarcir los da\u00f1os, la Comisi\u00f3n precis\u00f3 que, aunque las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio en el proceso penal, \u00e9l no cumpli\u00f3 los pagos acordados y, pese a que argument\u00f3 que la quejosa no le quiso recibir el dinero, tampoco realiz\u00f3 el pago por consignaci\u00f3n, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 1657 del C\u00f3digo Civil, ni cancel\u00f3 las sumas retenidas durante el tr\u00e1mite del proceso disciplinario, conducta intencional que demostraba su actuar doloso. <\/p>\n
En torno a la causal de agravaci\u00f3n aplicada, contenida en el numeral 4 del literal c) del art\u00edculo 45 de la Ley 1123 de 2007, advirti\u00f3 que, aunque el a quo no la argument\u00f3, en el proceso hab\u00eda plena prueba de que utiliz\u00f3 los dineros en provecho propio, pues, seg\u00fan los extractos bancarios allegados3, los ten\u00eda en su propia cuenta, estos fueron destinados para hacer diferentes compras personales, realiz\u00f3 retiros por $ 111\u00b4000.970 el 12 de diciembre de 2017 y por $ 5\u00b4000.000 el 21 de diciembre siguiente, sumado a que en la versi\u00f3n libre indic\u00f3 que a medida que iba gastando el dinero lo reintegraba y en el recurso afirm\u00f3 que le pidi\u00f3 a su clienta que le diera un tiempo para reunir el resto de las sumas adeudadas4, situaciones que evidenciaban claramente que us\u00f3, para su beneficio, los dineros de aquella. <\/p>\n
2.2. En cuanto a lo argumentado por el disciplinado, referente a que no pod\u00edan concurrir la exclusi\u00f3n y la multa, citando el inciso 2 del art\u00edculo 42 de la Ley 1123 de 2007, precis\u00f3 que la carga pecuniaria puede ser aut\u00f3noma o concurrente con las sanciones de suspensi\u00f3n o exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n, atendiendo a la gravedad de la falta y a los criterios de graduaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Y, referente a los perjuicios que esa decisi\u00f3n le causaba a \u00e9l y a su hijo, la Comisi\u00f3n afirm\u00f3 que las sanciones impuestas eran la consecuencia de su conducta y estaban sustentadas en el ejercicio leg\u00edtimo de las facultades del Estado. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que el abogado retuvo $ 285\u00b4940.000 que eran de su cliente y no us\u00f3 los medios legales para su reintegro, lo cual tuvo un impacto social, porque no hay duda de que afect\u00f3 la imagen que percibe el p\u00fablico sobre la profesi\u00f3n de la abogac\u00eda. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa, como se anticip\u00f3, que abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que se reiteran en sede de tutela, bajo una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y un an\u00e1lisis razonado de las pruebas allegadas, condiciones bajo las cuales no puede el juez constitucional intervenir como autoridad de instancia, para establecer cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos allegados al proceso (CSJ STC5232-2023), demostrativos de la conducta del profesional del derecho que dieron lugar a la sanci\u00f3n cuestionada; m\u00e1xime que en el tr\u00e1mite disciplinario se prob\u00f3 que \u00e9l tuvo el dinero de su clienta y que, pese a que intent\u00f3 alegar que procur\u00f3 devolverlo, lo cierto que no lo restituy\u00f3, a trav\u00e9s de los mecanismos legales procedentes, pues, como lo estableci\u00f3 la Comisi\u00f3n convocada, bien pudo realizar un pago por consignaci\u00f3n, pero no lo hizo. <\/p>\n
A su vez, se destaca que la Corporaci\u00f3n accionada precis\u00f3 que el inciso 2 del art\u00edculo 42 de la Ley 1123 de 2007 contempla que la sanci\u00f3n de multa s\u00ed puede imponerse \u00abde manera aut\u00f3noma o concurrente con las de suspensi\u00f3n y exclusi\u00f3n, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduaci\u00f3n\u00bb, en consonancia con lo definido en la sentencia CC C-847\/07, por virtud de la cual <\/p>\n
Entiende la Corte que el sentido de la norma se orienta a establecer dos modalidades de aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de multa: (i) de manera aut\u00f3noma respecto de las faltas menores; o (ii) de manera concurrente con la de suspensi\u00f3n o exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n, frente a las faltas de mayor entidad\u2026 <\/p>\n
Resultar\u00eda desproporcionado y carente de toda razonabilidad el que se aplicara a un disciplinado la multa como pena aut\u00f3noma, en reacci\u00f3n a una falta que, por su gravedad, trascendencia social, y potencialidad lesiva de intereses de especial relevancia jur\u00eddica y \u00e9tica, mereciera un reproche mayor como la suspensi\u00f3n e incluso, la exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, advierte que ante la posibilidad de que la disposici\u00f3n legal pueda interpretarse en el sentido que la misma involucra la eventualidad de que las faltas m\u00e1s graves puedan ser sancionadas solamente con multa, lo cual desconocer\u00eda los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la graduaci\u00f3n de las sanciones, la Corte declarar\u00e1 exequible el inciso segundo del citado art\u00edculo 42, en el entendido de que la multa s\u00f3lo puede establecerse como sanci\u00f3n aut\u00f3noma, cuando se trate de faltas disciplinarias que no merezcan la suspensi\u00f3n o exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n. (Se subraya). <\/p>\n
De lo anterior se extrae que, contrario a lo referido por el tutelante, lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia referida es que solo cuando la falta disciplinaria no merezca las sanciones de suspensi\u00f3n o exclusi\u00f3n la multa puede ser aut\u00f3noma, pero cuando la conducta tiene un reproche mayor, por su gravedad, como en este caso, aquella puede ser concurrente con la exclusi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Ahora bien, referente a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, la indebida notificaci\u00f3n del fallo de segunda instancia y la imposibilidad de consultar la informaci\u00f3n del proceso, advierte la Sala que la tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues el primer aspecto no fue alegado en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de primera instancia, siendo esa la oportunidad para invocar esa situaci\u00f3n, y tampoco se observa que hubiera planteado los dem\u00e1s reproches ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, incuria que no puede suplirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza residual <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. <\/p>\n
2\u0002 No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo. <\/p>\n
3\u0002 Folios 79-83, cuaderno de primera instancia. <\/p>\n
4\u0002 Igual referencia se hace en el escrito de tutela, al indicar que, en la reuni\u00f3n con la quejosa y su hija, le propuso una f\u00f3rmula de pago, pidi\u00e9ndole \u00aben ese mismo tiempo reunir el resto del dinero para quedar a paz y salvo con dicha se\u00f1ora\u00bb, tambi\u00e9n dice que ha propuesto pagar por cuotas (Fl. 5). <\/p>\n
<\/p>\n
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