STC6535-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6535-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (05) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad cuestionada dentro de la acci\u00f3n popular de radicado 176143112001-2022-00161-02. Narra que, la accionada neg\u00f3 el amparo de los derechos colectivos invocados desconociendo los tratados internacionales que buscan garantizar la accesibilidad a los ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3 que \u00abse ampare [su] acci\u00f3n\u00bb por encontrarse en estado de debilidad manifiesta. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 que se le ordene al Tribunal atacado \u00abque en la acci\u00f3n popular se garantice la accesibilidad que ordena le ley 361 de 1997\u00bb y \u00ab[se concedan agencias en derecho a [su] favor]\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Riosucio pidi\u00f3 que se niegue el amparo por cuanto \u00abla decisi\u00f3n adoptada no se enmarca en los requisitos espec\u00edficos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb2. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Manizales pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite3. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 que se niegue el amparo con ocasi\u00f3n \u00aba la razonabilidad concreta de la determinaci\u00f3n adoptada por el H. Tribunal Superior de Manizales\u00bb4. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. En efecto, la autoridad cuestionada -con sentencia del 1\u00ba de junio de 20235- resolvi\u00f3 revocar el fallo de primer grado. Y, en su lugar, neg\u00f3 la acci\u00f3n popular \u00abal no encontrar vulnerados los derechos colectivos\u00bb. Para ello, enfoc\u00f3 el problema jur\u00eddico en \u00ab[d]eterminar si la juez de primer nivel acert\u00f3 al declarar la carencia actual de objeto\u2026 en raz\u00f3n a que no evidenci\u00f3 la existencia de vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales colectivos\u00bb. <\/p>\n
2.1. Luego de hacer un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema debatido6, advirti\u00f3 que la empresa accionada \u00aben contestaci\u00f3n a esta demanda\u00bb indic\u00f3 que \u00abtiene tres locales distribuidos en todo el municipio, los cuales prestan los mismos servicios que los ofrecidos en el lugar objeto de debate y con rampas de acceso para personas que se movilizan en silla de ruedas\u00bb. Con ello, consider\u00f3 que no puede \u00abpredicarse un hecho superado en este asunto\u00bb por cuanto \u00ablos acontecimientos que se alegaron como fundamento de la transgresi\u00f3n cuya salvaguarda se pretende, contin\u00faan subsistiendo\u00bb. <\/p>\n
2.2. De lo anterior, encontr\u00f3 que la accionada acredit\u00f3 tener otros locales adecuados \u00abpara personas que se movilizan en silla de ruedas\u00bb el cual \u00abpermite el ingreso sin barreras a personas con limitaciones en su movilidad, sin que nada imposibilite a quien se encuentra en dichas condiciones acudir al establecimiento adecuado para obtener los servicios ofrecidos\u00bb. Por lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00aben principio no se encuentra fundamento en la transgresi\u00f3n alegada, caso distinto ser\u00eda que no hubiese un local muy cercano con la rampa requerida\u00bb. Y precis\u00f3 que \u00aben esta acci\u00f3n se requiere la construcci\u00f3n en la carrera 7 calle 34 esquina y la ya construida se ubica en la carrera 7 calle 32 esquina\u00bb. Sumado a que, \u00ablas acciones afirmativas en salvaguardar los derechos de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, no pueden implicar a su vez una carga desproporcionada en detrimento de quien se halle en la responsabilidad de satisfacer de cierto modo la pretensi\u00f3n endilgada\u00bb7. Para terminar, manifest\u00f3 que \u00abconcuerda con la decisi\u00f3n de primera instancia en relaci\u00f3n a que no existi\u00f3 la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales colectivos\u00bb. Respecto a la condena en constas, destac\u00f3 que \u00aben el presente caso, quien result\u00f3 vencido fue el actor popular, por lo que es procedente negar su pretensi\u00f3n respecto a salir favorecido con las costas procesales\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, para esta Sala Civil y Agraria, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable8. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema debatido y vali\u00e9ndose de los elementos probatorios obrantes en el expediente. Por supuesto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Descart\u00e1ndose, tambi\u00e9n, una ostensible v\u00eda de hecho. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c0002Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0014Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0022Memoral.docx\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201cSIGDEA E-2023-407643 PRONUNCIAMIENTO TUTELA CSJ 11001020300020230252300 M.P. DR FRANCISCO TERNERA BARRIOS.pdf\u201d y \u201c11001020300020230252300-0027Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c04SentenciaSegundaInstancia.pdf\u201d expediente acci\u00f3n popular radicado 17614311200120220016102. <\/p>\n
6\u0002 Finalidad de las acciones populares, mecanismos de integraci\u00f3n social de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad f\u00edsica, sensorial y ps\u00edquica, carencia actual de objeto. <\/p>\n
7\u0002 De acuerdo con la sentencia C293 de 2010, Resoluci\u00f3n 14861 del 4 de octubre de 1985 del Ministerio de Salud, Decreto 1538 de 2005 art\u00edculo 9\u00ba. <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cvalido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128. <\/p>\n
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