STC6538-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6538-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2023-00078-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 8 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cJ\u201d contra los Juzgados Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d y Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de restablecimiento de derechos n\u00b0 \u201c2023-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de las menores involucradas en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su calidad de Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, a tener una familia y al inter\u00e9s superior de las menores \u201cA\u201d y \u201cB\u201d, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso que \u00abel 17 de agosto de 2021 el Hospital (\u2026) de la ciudad de \u201cM\u201d reporta al ICBF, la situaci\u00f3n de las ni\u00f1as \u201cA\u201d y \u201cB\u201d (\u2026) con activaci\u00f3n de c\u00f3digo fucsia por presunto abuso sexual y negligencia en sus cuidados\u00bb, y ante ello, en esa misma data, \u00abla Defensor\u00eda de Familia adscrita al Centro Zonal \u201cN\u201d (\u2026) dispone abrir Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos [PARD], orden\u00e1ndose adoptar como medida de protecci\u00f3n provisional a favor de las mismas su ubicaci\u00f3n en medio institucional (hogar sustituto u hogar de paso)\u00bb. <\/p>\n
Que en audiencia llevada a cabo el 3 de febrero de 2022, la Defensora de Familia \u00abdeclara la situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos de las ni\u00f1as, se confirma la medida de protecci\u00f3n provisional de ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, (\u2026) y se ordena el traslado del proceso al Centro Zonal \u201cS\u201d ubicado en el municipio de \u201cY\u201d debido a que las ni\u00f1as fueron ubicadas en Hogar Sustituto con asiento en el municipio de \u201cZ\u201d\u00bb, y, \u00abel 1 de agosto de 2022 se avoc\u00f3 conocimiento del proceso administrativo en menci\u00f3n, por parte de la suscrita defensora de familia (\u2026), expidi\u00e9ndose resoluci\u00f3n mediante la cual se dispuso la pr\u00f3rroga del seguimiento a la medida de protecci\u00f3n adoptada en favor de las ni\u00f1as en cita, por el t\u00e9rmino de seis meses\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 16 de enero de 2023 la suscrita Defensora de Familia (\u2026), remiti\u00f3 el proceso al Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d para que en los t\u00e9rminos de los par\u00e1grafos 2 y 5 del art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006 modificada por la ley 1878 de 2018, procediera a revisar el tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos en relaci\u00f3n con la posible existencia de yerros procesales constitutivos de nulidad y de hallarlos, procediera a declarar la nulidad, continuando con el conocimiento del proceso\u00bb. A su turno, \u00abmediante autos interlocutorios 009 y 010 de 17 de enero de 2023 el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d remiti\u00f3 el [PARD] al Juzgado Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d, bajo la consideraci\u00f3n de [era el competente, porque] las ni\u00f1as estaban ubicadas en hogar sustituto en dicho municipio\u00bb. <\/p>\n
Que el estrado receptor, \u00abmediante auto de 26 de enero de 2023 (\u2026), se pronunci\u00f3 respecto a la solicitud de revisi\u00f3n [se\u00f1alando] que dentro del tr\u00e1mite se respetaron y se cumplieron con las garant\u00edas procesales, por cuanto el gobernador del cabildo ind\u00edgena (\u2026) act\u00fao en diferentes ocasiones\u00bb; que \u00abno se avizoran irregularidades que den al traste con lo actuado en sede administrativa\u00bb, y que \u00abcomoquiera que las medidas de protecci\u00f3n adoptadas (\u2026) el 01 de agosto de 2022, fueron \u201c\u2026Ampliar conforme lo autoriza la norma, por espacio de 6 meses el t\u00e9rmino de seguimiento del proceso administrativo\u2026 con ubicaci\u00f3n en hogar sustituto\u201d, es claro que, a\u00fan nos encontramos dentro del t\u00e9rmino inicialmente otorgado para dicho beneficio [art\u00edculo 96 de la Ley 1098 de 2006]\u00bb. Resolvi\u00f3 \u00abratificar las diligencias adelantadas por la Defensora de Familia de \u201cY\u201d, [y], remitir el PARD de la menor \u201cB\u201d, a la Coordinaci\u00f3n del CZ \u201cS\u201d del ICBF, para lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abrealizado el correspondiente control de legalidad (\u2026) por parte del se\u00f1or Juez Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d, (\u2026) previa convocatoria a los padres de las ni\u00f1as y autoridades ind\u00edgenas correspondientes, realiz\u00f3 la respectiva audiencia de pruebas y fallo, los d\u00edas 7 y 8 de febrero de 2023, profiriendo, esta Defensor\u00eda de Familia la Resoluci\u00f3n N\u00b0 (\u2026) mediante la cual, [con] exposici\u00f3n de las razones de hecho y de derecho correspondientes (\u2026), se declar\u00f3 la situaci\u00f3n de adoptabilidad de las ni\u00f1as \u201cA\u201d y \u201cB\u201d, y consecuencialmente se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de la patria potestad de las ni\u00f1as en relaci\u00f3n a sus progenitores, se\u00f1ores \u201cV\u201d y \u201cM\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que, contra la anterior decisi\u00f3n, los progenitores de las menores interpusieron recurso de reposici\u00f3n, el cual \u00abfue despachado de manera negativa [y] con observancia en de las previsiones legales contenidas en el art\u00edculo 108 de la ley 1098 de 2006 (\u2026), se orden\u00f3 la remisi\u00f3n del proceso al Juez Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d para que se surtiera la correspondiente acci\u00f3n de homologaci\u00f3n\u00bb, quien con auto del 2 de marzo de 2023, estim\u00f3 que el competente era el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d. <\/p>\n
Que \u00abmediante providencias N\u00b0 (\u2026) y (\u2026) de 21 de marzo de 2023 el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d resolvi\u00f3 \u201cNO HOMOLOGAR la Resoluci\u00f3n N\u00b0 (\u2026) del 8 de febrero de 2023, proferida por la Defensor\u00eda de Familia (\u2026), por medio de la cual se declar\u00f3 la situaci\u00f3n adoptabilidad de la ni\u00f1a \u201cA\u201d, y se dispuso como medida de restablecimiento de derechos la permanencia de los ni\u00f1os en el hogar sustituto, hasta tanto se haga efectiva su adopci\u00f3n, consagrada en el art\u00edculo 61 de la Ley 1898 de 2006; ORDENAR como consecuencia de la anterior decisi\u00f3n, devolver el tr\u00e1mite administrativo a la Defensor\u00eda de Familia competente, para que subsane acorde con los preceptos legales que regulan esta materia\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmaterialmente, tal decisi\u00f3n constituye un pronunciamiento correspondiente exclusivamente a la revisi\u00f3n de los yerros en que presuntamente habr\u00eda incurrido la autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, operaci\u00f3n ya realizada hac\u00eda menos de dos meses por el se\u00f1or Juez Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d, yerros que en el momento procesal en que se produjo el pronunciamiento del Juez Promiscuo de Familia, legalmente, no ser\u00edan susceptibles de subsanaci\u00f3n por parte de la autoridad administrativa [conforme al] art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 modificado por la Ley 1878 de 2018, par\u00e1grafo 2\u00ba\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00abpese a que el se\u00f1or Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d no se\u00f1al\u00f3 la causal o causales de nulidad en que se habr\u00edan incurrido en el tr\u00e1mite administrativo (\u2026), s\u00ed fue claro en indicar que se devolv\u00eda el proceso para que desde la defensor\u00eda se procediera a subsanar el tr\u00e1mite conforme a los preceptos legales (\u2026), toda vez que ya se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de 6 meses para resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las ni\u00f1as dentro del [PARD], habi\u00e9ndose resuelto la misma el d\u00eda 3 de febrero de 2022 y, cumplidos 19 meses desde el conocimiento de la situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de los derechos por parte de la autoridad administrativa, conforme lo establecido en los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006 modificada por la ley 1878 de 2018, la Defensor\u00eda de Familia ha perdido competencia para continuar conociendo del asunto y consecuencialmente, no podr\u00eda subsanar la actuaci\u00f3n, procedi\u00e9ndose, en consecuencia, a remitir el expediente al Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d para que, ajustado a derecho, asumiera la competencia del proceso y subsanara los yerros procesales, por el mismo se\u00f1alados en las providencias (\u2026) y (\u2026), antes citadas, y definiera de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las ni\u00f1as\u00bb. <\/p>\n
Que de cara a la \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb que dispuso su despacho, y por ende la remisi\u00f3n al juzgado \u00abpara lo de su competencia y solicitando al despacho judicial dar tr\u00e1mite al correspondiente conflicto negativo de competencia ante el Consejo de Estado de no considerarse competente para continuar conociendo del proceso de restablecimiento de derechos\u00bb, este, \u00abmediante autos interlocutorios N\u00b0 (\u2026) y (\u2026) de 27 de marzo de 2023, orden\u00f3 devolver el proceso a la Defensora de Familia, disponiendo compulsar copias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Directora Regional del ICBF y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de (\u2026), calificando mi profesional actuar como negligente, contestatario y abusivo del derecho, adem\u00e1s de se\u00f1alar a esta funcionaria incursa en la punible conducta de fraude a resoluci\u00f3n judicial en el evento de no acatar lo ordenado por su despacho\u00bb. <\/p>\n
Que, el juzgado \u00abno asumi\u00f3 la competencia del proceso ni dio curso al respectivo conflicto negativo de competencia ante el Consejo de Estado\u00bb, por lo que, \u00abmediante memorial de 29 de marzo de 2023, (\u2026) solicit\u00f3 aclarar: 1) Cu\u00e1les son los requisitos legales espec\u00edficos que en consideraci\u00f3n del Juez deben ser subsanados en el proceso de restablecimiento de derechos, [y], 2. Para la respectiva subsanaci\u00f3n de los requisitos solicitados a este despacho, qu\u00e9 actuaciones procesales se requieren realizar por parte de la autoridad administrativa\u00bb, a lo que el accionado respondi\u00f3 con prove\u00eddo del 30 de marzo de 2023, remiti\u00e9ndola \u00aba lo resuelto en [las] sentencias N\u00b0 (\u2026) y (\u2026) de 21 de marzo de 2023 y autos interlocutorios N\u00b0 (\u2026) y (\u2026) del 27 de marzo de 2023, toda vez que en cada una de las citadas providencias, fue absolutamente claro en determinar el origen de las fallas procesales que violentaron los procesos\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abel ciego acatamiento (\u2026) a lo ordenado por el Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, (\u2026) podr\u00eda constituir conducta de prevaricato por acci\u00f3n toda vez que, en el estado en que se encuentra el proceso, y conforme con el material contenido de la decisi\u00f3n proferida por la autoridad judicial, la suscrita NO cuenta ya con competencia legal (\u2026) para subsanar las actuaciones se\u00f1aladas por el despacho y de hacerlo de la manera irreflexiva [como] parece pretender la citada autoridad judicial, parad\u00f3jicamente estar\u00eda, la Defensora de Familia, incurriendo, adem\u00e1s, en violaci\u00f3n a uno de los principales presupuestos para el cumplimiento del fundamental derecho al debido proceso por la falta de competencia de la autoridad administrativa desde el prisma de la especial normativa de ni\u00f1ez, infancia y adolescencia en materia de los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, declarar la nulidad de las providencias N\u00b0 (\u2026) y (\u2026) de 21 de marzo de 2023 y autos interlocutorios N\u00b0 (\u2026) y (\u2026) de 27 de marzo de 2023, [y] al Juez Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d, asumir el conocimiento de la homologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad de las ni\u00f1as \u201cA\u201d y \u201cB\u201d hasta su resoluci\u00f3n, en observancia de la competencia legalmente establecida por el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098\/2006)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tras ratificar la interpretaci\u00f3n de las normas que rigen el proceso de restablecimiento de derechos de menores de edad, concluy\u00f3 que \u00abla Defensora de Familia, no puede argumentar p\u00e9rdida de competencia, comoquiera que, en los casos puestos a consideraci\u00f3n de este Despacho a trav\u00e9s de la homologaci\u00f3n, no se dieron los presupuestos establecido en el inciso decimo del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 modificado por la Ley 1078 de 2008 (\u2026), ni el s\u00e9ptimo del 103\u00bb, ya que: \u00abi) Con la Resoluci\u00f3n N\u00b0 20 de 8 de febrero de 2023, la autoridad administrativa decidi\u00f3 de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las ni\u00f1as \u201cA\u201d y \u201cB\u201d, declar\u00e1ndolas en adoptabilidad; ii) Resolvi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n presentados por los padres de las ni\u00f1as y el Gobernador de la Comunidad Ind\u00edgena (\u2026), no reponiendo la decisi\u00f3n y iii) El PARD no se encuentra en t\u00e9rminos de seguimiento. En consecuencia, no existe en la normatividad vigente y aplicable en el caso en concreto, tal p\u00e9rdida de competencia\u00bb. <\/p>\n
Sobre la falta de especificidad de la causal de nulidad, dijo que contrario a lo aducido por la accionante, \u00abla decisi\u00f3n sometida a homologaci\u00f3n, (\u2026) no respet\u00f3 las exigencias o formalidades legales en lo relativo a t\u00e9rminos, oportunidades procesales, derecho de defensa, decreto, recepci\u00f3n y pr\u00e1ctica de las pruebas, publicidad y contradicci\u00f3n de las mismas, entre otros\u00bb, ello, porque, \u00abse evidenci\u00f3 que el 24 de septiembre de 2021, la Defensora de Familia del C.Z. \u201cN\u201d, avoc\u00f3 conocimiento del PARD, se\u00f1al\u00f3 fecha de audiencia de practica de pruebas y fallo para el 17 de enero de 2022 a las 9:00 a.m., sin embargo, dicha audiencia se celebr\u00f3 el 3 de febrero de 2022, sin que haya obrado prueba dentro del PARD, que diera cuenta: i) que la primera fecha, 17 de enero, se haya notificado por estados; ii) que se hubiese proferido auto que cambiara dicha fecha para el 3 de febrero y iii) que dicho cambio hubiese sido notificado por estados\u00bb, y se refiri\u00f3 sobre lo atinente al supuesto \u00abconflicto de competencia\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 declarar \u00abimprocedente\u00bb el amparo \u00abante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb, refutando que el cumplimiento a la orden por \u00e9l impartida implicara incursi\u00f3n en prevaricato, porque tal decisi\u00f3n \u00abse dio dentro del tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n, [que es] posterior a la declaratoria de adoptabilidad\u00bb, y record\u00f3 que con lo dispuesto por su despacho se persigue proteger \u00abel inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os ind\u00edgenas\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Promiscuo Municipal de \u201cY\u201d, tambi\u00e9n se opuso a lo pretendido, aduciendo que \u00ablas \u00f3rdenes o providencias judiciales emitidas dentro del proceso de restablecimiento de derechos de las menores (\u2026), se encuentran debidamente ejecutoriadas, por cuanto no se present\u00f3 ning\u00fan tipo de recurso por parte de la accionante. Conforme lo esgrimido, la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en una instancia adicional o primaria para discutir este tipo de asuntos\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cM\u201d, solicit\u00f3 \u00abacceder a las s\u00faplicas (\u2026), toda vez que le asiste raz\u00f3n a la tutelante cuando plantea que hay un uso indebido de la competencia por parte [de los funcionarios accionados]\u00bb, indicando que si el Juez Municipal de \u201cZ\u201d \u00abrevis\u00f3 y decidi\u00f3 (sic) la posible nulidad del proceso PARD, a \u00e9l tambi\u00e9n le correspond\u00eda revisar la homologaci\u00f3n, sin embargo, no asume la competencia y lo env\u00eda [al] Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, quien debi\u00f3 hab\u00e9rselo devuelto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio al advertir que \u00abcontrario a lo manifestado por el [Juez de Familia], la actora constitucional s\u00ed emiti\u00f3 un acto administrativo motivado con sustento en las normas que regulan el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos para declarar su incompetencia\u00bb, y ante ello, \u00abel marco decisorio de la c\u00e9lula judicial fustigada se limitaba a avocar el conocimiento del asunto o bien, rehusarlo y trabar la colisi\u00f3n negativa de atribuci\u00f3n\u00bb; que al \u00abno haber provocado el conflicto de competencia (\u2026) conculc\u00f3 el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de las menores agenciadas, concretamente, la garant\u00eda del juez natural, puesto que con su proceder impidi\u00f3 (\u2026) determin[ar] si, efectivamente, se produjo la p\u00e9rdida de competencia de la Defensora de Familia [y] cu\u00e1l de las autoridades involucradas en la colisi\u00f3n negativa de atribuci\u00f3n le corresponde continuar con el conocimiento del PARD\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, invalid\u00f3 \u00ablas decisiones n.\u00ba 90 y 91 emitidas por el Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d el 27 marzo de 2023, por medio de las cuales orden\u00f3 devolver la causa a la Defensora de Familia\u00bb, por cuanto \u00abaun cuando estaba pendiente determinar la autoridad encargada de continuar con el tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos de las dos menores de edad\u00bb. Ello, porque en su sentir, tales decisiones \u00abimplican (\u2026) desconocimiento de las reglas procesales que rigen la formulaci\u00f3n, tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de los conflictos de competencia [y] repercuten negativamente en las prerrogativas fundamentales de las ni\u00f1as (\u2026), habida cuenta que dicho proceder retarda injustificadamente la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n de fondo que propenda por la restituci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales que se les hallaron conculcadas\u00bb. Orden\u00f3 al funcionario judicial en menci\u00f3n, \u00abprovocar el conflicto de competencia propuesto por la aqu\u00ed accionante y remit[ir] las actuaciones a la autoridad que en derecho le corresponda dirimir la colisi\u00f3n negativa de atribuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. La interpuso el Juez Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d para insistir en que \u00aben el presente caso no aplica [la] p\u00e9rdida de competencia, comoquiera que, la Defensora de Familia (\u2026) ya hab\u00eda resuelto de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica del PARD, mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 20 del 8 de febrero de 2023, declarando en situaci\u00f3n de adoptabilidad a las ni\u00f1as ind\u00edgenas (\u2026), decisi\u00f3n frente a la cual presentaron oposici\u00f3n tanto los progenitores de [estas], como el Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena (\u2026), por lo que la Defensora de Familia, mediante Resoluci\u00f3n No. (\u2026) del 8 de febrero de 2023, no repone la decisi\u00f3n adoptada y ordena remitir al Juez de Familia para la respectiva Homologaci\u00f3n\u00bb, tr\u00e1mite que \u00abtiene por finalidad garantizar los derechos procesales de las partes y subsanar los defectos en que la Defensor\u00eda de Familia hubiere podido incurrir\u00bb, situaci\u00f3n \u00faltima que observ\u00f3 y \u00abpor lo que [dicha autoridad] no ha perdido competencia para continuar con el conocimiento del PARD\u00bb, dado que en ese evento \u00abel car\u00e1cter transitorio de las medidas no se aplica\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cM\u201d, tambi\u00e9n mostr\u00f3 desacuerdo con el fallo, aseverando que \u00abla tutela solicitaba que se saneara el tema de la competencia, y se declare que el Juez competente para homologar es el mismo que revis\u00f3 la nulidad [es decir], el Juez Promiscuo Municipal de Jard\u00edn (\u2026), no como lo pretendi\u00f3 el Juez de Familia de Andes, quien dispuso de la competencia de forma alternativa, le delega la competencia para la nulidad al juez de Jard\u00edn, pero la asumi\u00f3 para la homologaci\u00f3n, lo que resulta desprovisto de toda l\u00f3gica procesal, [pues] es necesario que en esta tutela por el bien de las menores (\u2026) se decida de manera urgente y r\u00e1pida la homologaci\u00f3n del proceso [y las ni\u00f1as] pueden ver restablecidos sus derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, esta acci\u00f3n no procede contra esta clase de actuaciones judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Estudiados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotej\u00e1ndolos con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 la sentencia de primera instancia mediante la cual se concedi\u00f3 el amparo implorado, toda vez que la actuaci\u00f3n reprochada obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, conforme se explicar\u00e1 seguidamente. <\/p>\n
3.1. Del restablecimiento de derechos. <\/p>\n
Preliminarmente se hace necesario precisar que conforme a lo previsto en los art\u00edculos 50 y 51 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006, esta figura jur\u00eddica comprende \u00abla restauraci\u00f3n de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados\u00bb a ni\u00f1os y adolescentes, y \u00abes responsabilidad del Estado en su conjunto a trav\u00e9s de las autoridades p\u00fablicas, quienes tienen la obligaci\u00f3n de informar o conducir ante la Polic\u00eda, las Defensor\u00edas de Familia, las Comisar\u00edas de Familia o en su defecto, los Inspectores de Polic\u00eda o las Personer\u00edas Municipales o Distritales a todos los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad\u00bb. <\/p>\n
Siendo variadas las circunstancias para determinar una \u00absituaci\u00f3n irregular\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n estatal, se contemplan como medidas de restablecimiento: (i) \u00abla amonestaci\u00f3n con asistencia obligatoria a curso pedag\u00f3gico\u00bb; (ii) el retiro inmediato del menor \u00abde la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades il\u00edcitas en que se pueda encontrar, y ubicaci\u00f3n en un programa de atenci\u00f3n especializada\u00bb; (iii) \u00abla ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar\u00bb, la cual puede ser con su familia extensa cuando existen parientes cercanos que puedan cuidarlo; en hogar de paso cuando no aparezcan esas personas; o en hogar sustituto, es decir con una familia que se comprometa a brindarle el cuidado y atenci\u00f3n necesaria en sustituci\u00f3n a sus parientes de origen; (iv) \u00abla ubicaci\u00f3n en centros de emergencia para los casos en los que no procede ubicaci\u00f3n en los hogares de paso\u00bb; (v) \u00abla adopci\u00f3n\u00bb; y (vi) las dem\u00e1s se\u00f1aladas en otras normas y \u00abque garantice la protecci\u00f3n integral\u00bb del ni\u00f1o o adolescente (art\u00edculos 53, 56, 57 y 59 ibidem). <\/p>\n
Dentro de las autoridades llamadas a aplicar dichas medidas, el Defensor de Familia del ICBF, tiene esa funci\u00f3n de manera preferente, dada su calidad de coordinador del sistema de Bienestar Familiar y concretamente de las medidas de restablecimiento, para lo cual, adem\u00e1s del apoyo de un equipo profesional interdisciplinario, demanda el de la Polic\u00eda Nacional y el Ministerio P\u00fablico (art\u00edculos 79 a 95 de la normativa especial en comento). En este punto, se precisa que \u00abla declaratoria de adoptabilidad del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente corresponde exclusivamente al Defensor de Familia\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 99 del citado estatuto, dicha autoridad est\u00e1 facultada para iniciar de oficio el tr\u00e1mite cuando tenga conocimiento de vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos del ni\u00f1o o adolescente, en tanto que sus funciones son: \u00ab1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar\u00bb; \u00ab3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protecci\u00f3n necesarias en casos de delitos contra los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u00bb; \u00ab4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protecci\u00f3n en casos de violencia intrafamiliar\u00bb; \u00ab5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentaci\u00f3n de visitas\u2026\u00bb, y \u00ab8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el delito\u00bb (art\u00edculo 86). <\/p>\n
Al abrir la investigaci\u00f3n, la norma en estudio autoriza al Defensor de Familia que tenga a su cargo la instrucci\u00f3n del caso, para ordenar \u00ab2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protecci\u00f3n integral del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb, las cuales podr\u00e1n mantenerse al decidir de fondo el asunto, seg\u00fan la necesidad y utilidad de las mismas con observancia en la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os como lo contemplan los tratados internacionales y se recoge expresamente en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n de 1991, y en el ordenamiento legal en comento. <\/p>\n
Seg\u00fan el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, el superior funcional de la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales en materia de restablecimiento de derechos de menores de edad, es el juez de familia del lugar donde se encuentra el ni\u00f1o o adolescente (art\u00edculos 100, 103, 108, 119 y 123, concordante con los numerales 18 y 19 del canon 21 del C\u00f3digo General del Proceso), sin perjuicio que tambi\u00e9n pueda asumir el asunto en \u00fanica instancia cuando se suscita p\u00e9rdida de competencia de la autoridad administrativa (numeral 20). <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, emerge di\u00e1fano que la competencia en materia de restablecimiento de derechos de menores de edad, bien sea como fallador en \u00fanica instancia o para homologar la decisi\u00f3n del Defensor de Familia, est\u00e1 radicada en el juez de la especialidad de familia con competencia en el circuito donde se hallen los menores involucrados, raz\u00f3n suficiente para que la Corte defina la desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite tutelar del Juzgado Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d, lo que conlleva la improcedencia de la pretensi\u00f3n enfilada contra dicho funcionario. <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
3.2.1. En primer lugar, se predica de las \u00absentencia[s] N\u00b0 015 [y] N\u00b0 016\u00bb, proferidas por el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d el 21 de marzo de 2023, mediante las cuales decidi\u00f3 \u00abno homologar la resoluci\u00f3n N\u00b0 (\u2026) del 8 de febrero de 2023, proferida por la Defensor\u00eda de Familia del CZ \u201cS\u201d, por medio de la cual declar\u00f3 la situaci\u00f3n adoptabilidad de [las ni\u00f1as \u201cA\u201d y \u201cB\u201d]\u00bb, y \u00abdevolver el tr\u00e1mite administrativo a la Defensora de Familia competente, para que lo subsane acorde con los preceptos legales que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque para emitir tales decisiones, la autoridad judicial confutada se vali\u00f3 de argumentos que se acompasan con la realidad procesal, y se muestran acordes a la normativa y jurisprudencia aplicable, los cuales, en lo pertinente, se sintetizan as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad ante el juez de familia o promiscuos de familia, debe verificar no s\u00f3lo el cumplimiento del \u00abprocedimiento administrativo\u00bb, sino tambi\u00e9n velar por la garant\u00eda y protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los menores y los derechos de los familiares, de tal suerte que la autoridad judicial cumple una doble funci\u00f3n: por una parte, realiza el control de legalidad de la \u00abactuaci\u00f3n administrativa\u00bb, pero al mismo tiempo, examina que se hayan respetado los derechos fundamentales de los implicados en el tr\u00e1mite, actuando de esta forma como juez constitucional. <\/p>\n
La caracter\u00edstica esencial del debido proceso es su naturaleza de derecho fundamental como presupuesto que se incrusta en un Estado Social de Derecho y aun cuando el m\u00f3vil de la intervenci\u00f3n estatal sea la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes las autoridades p\u00fablicas no pueden olvidar que toda decisi\u00f3n debe ser producto de un procedimiento respetuoso de las formas propias de cada juicio. En el tr\u00e1mite de los procesos confiados a los Defensores de Familia es imperativa la sujeci\u00f3n a los principios generales del debido proceso en particular el respecto al derecho de defensa y el mantenimiento de la igualdad de las partes. <\/p>\n
(\u2026) Es de advertir que el debido proceso se considera violentado o quebrantado cuando las autoridades administrativas no respetan las exigencias o formalidades legales en lo relativo a t\u00e9rminos, oportunidades procesales, derecho de defensa, decreto, recepci\u00f3n y pr\u00e1ctica de las pruebas, publicidad y contradicci\u00f3n de las mismas, entre <\/p>\n
otros. <\/p>\n
En el caso que nos ocupa se evidencia que, el 24 de septiembre de 2021, la Defensora de Familia del C.Z. \u201cN\u201d, avoca conocimiento del PARD, se\u00f1ala fecha de audiencia de practica de pruebas y fallo para el 17 de enero de 2022 a las 9:00 a.m., sin embargo, dicha audiencia se celebr\u00f3 el 3 de febrero de 2022, sin que obre prueba dentro del PARD, que diera cuenta, en primer lugar, que la primera fecha, 17 de enero, fuera notificada por estados; en segundo lugar, que se hubiese proferido auto que cambiara dicha fecha para el 3 de febrero y en tercer lugar, que dicho cambio hubiese sido notificado por estados. A esta conclusi\u00f3n se llega, como quiera que no reposa en el expediente dichas actuaciones administrativas. <\/p>\n
Inobservancia que vulnera el debido proceso, toda vez que no se respet\u00f3 el derecho de defensa, publicidad y contradicci\u00f3n que le asist\u00eda a los padres de las ni\u00f1as. <\/p>\n
De otro lado, no obstante, como lo indic\u00f3 el Juez Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d, a falta de notificaci\u00f3n expresa del PARD, a las autoridades ind\u00edgenas, se evidencia dentro de las pruebas allegadas al mismo, que el Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena (\u2026) actu\u00f3 en diferentes ocasiones, lo que permite presumir que efectivamente se encontraba vinculado al proceso. Sin embargo, este Despacho considera relevante advertir que, dicha vinculaci\u00f3n y participaci\u00f3n, as\u00ed como la del <\/p>\n
traductor, se debe evidenciar desde las primeras actuaciones administrativas, como fue evidenciado por la Defensora de Familia (\u2026), cuando suspendi\u00f3 la reuni\u00f3n celebrada el 20 de septiembre de 2021, con los progenitores de las ni\u00f1as, quienes, no obstante, le manifestaron entender idioma, la Defensora de Familia suspende la reuni\u00f3n, en tanto considera importante la asistencia de un traductor y de la autoridad ind\u00edgena. Empero, este hecho no se evidenci\u00f3 en las actuaciones administrativas posteriores. <\/p>\n
Habr\u00e1 de advertirse que, en el presente caso se est\u00e1 decidiendo la situaci\u00f3n de dos ni\u00f1as ind\u00edgenas, quienes gozan de un estatus jur\u00eddico especial desde el punto de vista constitucional, por lo que han sido considerados sujetos de protecci\u00f3n constitucional reforzada, por lo que como ha se\u00f1ala la Corte Constitucional, \u201cla Constituci\u00f3n protege de manera especial el inter\u00e9s superior del menor ind\u00edgena, el cual no solamente es vinculante para los jueces ordinarios, sino tambi\u00e9n para las propias comunidades ind\u00edgenas y debe ser evaluado de acuerdo a su identidad cultural y \u00e9tnica\u201d [CC T-921\/13]. <\/p>\n
El debido proceso, as\u00ed como el derecho de defensa, son de forzoso cumplimiento en las actuaciones administrativas, seg\u00fan el canon 29 de la Carta Pol\u00edtica y como ello no se cumpli\u00f3 en esta actuaci\u00f3n, no se Homologar\u00e1 la resoluci\u00f3n adoptada por la Defensor\u00eda de Familia del C.Z. \u201cS\u201d del ICBF. <\/p>\n
Lo que implica que la Resoluci\u00f3n impugnada no sea homologada y que por el contrario se devuelvan las diligencias conforme lo previsto en el art\u00edculo 123 de la Ley 1098 de 2023, para que se subsanen las falencias, se cumplan los requisitos de ley y de esta manera se garantice los derechos de los ni\u00f1os y la familia al debido proceso\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
En segundo lugar, se muestran razonables los prove\u00eddos \u00ab(\u2026)\u00bb y \u00ab(\u2026)\u00bb adiados el 27 de marzo de 2023, emitidos por el acusado como respuesta a la devoluci\u00f3n de las diligencias por parte de la hoy accionante, quien consider\u00f3 carecer de competencia para corregir las falencias advertidas, y tras ello pidi\u00f3 tramitar un \u00abconflicto de competencia\u00bb en caso de que el juez no avocara el conocimiento del asunto. <\/p>\n
Ciertamente, para que el juzgado devolviera nuevamente el caso a la Defensor\u00eda de Familia, advirti\u00e9ndole \u00absu deber de acatar los fallos proferidos por este Despacho el 21 de marzo [de 2023]\u00bb, y \u00abcompulsar copia para que se investigue [su] actuaci\u00f3n\u00bb, record\u00f3 \u00ablas caracter\u00edsticas y el procedimiento aplicables al tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos\u00bb, concretadas por la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
As\u00ed, indic\u00f3 que seg\u00fan la sentencia T-262 de 2018, \u00ab(\u2026) si durante el proceso administrativo de restablecimiento de derechos se omiti\u00f3 alg\u00fan requisito legal, el juez debe ordenar \u201cdevolver el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane\u201d [Ley 1098 de 2006, art\u00edculo 123]\u00bb; que \u00absi el juez decide homologarla, el defensor de familia que adelant\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo deber\u00e1 expedir una resoluci\u00f3n en la que consigne esa decisi\u00f3n. En cambio, si opta por no homologar, el defensor subsanar\u00e1 las irregularidades advertidas por el juez o tomar\u00e1 medidas o decisiones distintas a la -adoptabilidad-, a favor del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente [T-67110, T-502\/11 y T-741\/17]\u00bb. <\/p>\n
Del mismo modo, que \u00abDe acuerdo con el art\u00edculo 123 de la Ley 1098 de 2006, \u201c[l]a sentencia de homologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad se dictar\u00e1 de plano\u201d y produce la terminaci\u00f3n de la patria potestad del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente adoptable, respecto de los padres\u00bb, y que \u00ab\u201cla procedencia de la adopci\u00f3n como medida de restablecimiento de derechos estar\u00e1 sujeta al cumplimiento del debido proceso y al agotamiento de todos los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de derechos en la familia biol\u00f3gica de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, en aras de proteger la unidad familiar y sin que se logre obtener un resultado adecuado, en conclusi\u00f3n, la declaraci\u00f3n de adoptabilidad ser\u00e1 la \u00faltima opci\u00f3n, cuando definitivamente sea el medio id\u00f3neo para protegerlos\u201d [T-376\/14]\u00bb. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo antedicho, asegur\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el presente caso no se dan los presupuestos establecido en el inciso decimo del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 modificado por la Ley 1078 de 2008 \u201c(\u2026) Vencido el termino para fallar o para resolver el recurso de reposici\u00f3n sin haberse emitido la decisi\u00f3n correspondiente, la autoridad administrativa perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto y remitir\u00e1 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes el expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en un m\u00ednimo m\u00e1ximo de dos (2) meses. Cuando el juez reciba el expediente deber\u00e1 informarlo a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ni el s\u00e9ptimo del 103 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1078 de 2008, \u201c(\u2026) Cuando la autoridad administrativa supere los t\u00e9rminos establecido en este art\u00edculo sin resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica o cuando excedi\u00f3 el termino inicial de seguimiento sin emitir la prorroga perder\u00e1 competencia de manera inmediata y deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familiar para que este dedica de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica en un t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional har\u00e1 la remisi\u00f3n al Juez de Familia (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
A esta conclusi\u00f3n se llega, como quiera que, i) con la Resoluci\u00f3n N\u00b0 (\u2026) de 8 de febrero de 2023, la autoridad administrativa decidi\u00f3 de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las ni\u00f1as \u201cA\u201d y \u201cB\u201d, declar\u00e1ndolas en adoptabilidad; ii) Resolvi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n presentados por los padres de las ni\u00f1as y el Gobernador de la Comunidad Ind\u00edgena (\u2026), no reponiendo la decisi\u00f3n, y iii) El PARD no se encuentra en t\u00e9rminos de seguimiento. <\/p>\n
En consecuencia, no existe en la normatividad vigente y aplicable en el caso en concreto, tal p\u00e9rdida de competencia, como lo se\u00f1ala la Defensora de Familia. <\/p>\n
Y como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional [T-671\/10, T-502\/11 y T-741\/17], ante la no homologaci\u00f3n, el Defensor deber\u00e1 subsanar las irregularidades advertidas por el juez o tomar\u00e1 una medida distinta\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
En cuanto a la causal de nulidad, dijo que se configuraba por \u00abviolaci\u00f3n al debido proceso constitucional, [pues] la autoridad administrativa no respet\u00f3 las exigencias o formalidades legales en lo relativo a t\u00e9rminos, oportunidades procesales, derecho de defensa, decreto, recepci\u00f3n y pr\u00e1ctica de las pruebas, publicidad y contradicci\u00f3n de las mismas, entre otros\u00bb, para lo cual reiter\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEspec\u00edficamente se evidenci\u00f3 que, el 24 de septiembre de 2021, la Defensora de Familia del C.Z. \u201cN\u201d, avoc\u00f3 conocimiento del PARD, se\u00f1al\u00f3 fecha de audiencia de practica de pruebas y fallo para el 17 de enero de 2022 a las 9:00 a.m., sin embargo, dicha audiencia se celebr\u00f3 el 3 de febrero de 2022, sin que haya obrado prueba dentro del PARD, que diera cuenta: <\/p>\n
i) que la primera fecha, 17 de enero, se haya notificado por estados; <\/p>\n
ii) que se hubiese proferido auto que cambiara dicha fecha para el 3 de febrero y, <\/p>\n
iii) que dicho cambio hubiese sido notificado por estados\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, asever\u00f3 que para invocar el art\u00edculo 39 de la Ley 1437 de 2011, referente a conflictos de competencia administrativa, \u00abse deben cumplir dos pasos\u00bb: <\/p>\n
\u00ab1. Que la autoridad se declare incompetente, declaraci\u00f3n que la debe proferir mediante acto administrativo debidamente motivado y proferido en cumplimiento de las normas y la jurisprudencia que considere aplicables al asunto debatido. De lo contrario, como lo ha expresado el Consejo de Estado: \u201cAs\u00ed las cosas, salvo excepciones previstas en el ordenamiento, un acto administrativo sin motivaci\u00f3n alguna o con una motivaci\u00f3n manifiestamente insuficiente, carece de validez constitucional y legal, al no expresar las causas f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que determinan su adopci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Tribunal que en la misma providencia indic\u00f3 \u201cEste \u00faltimo aspecto implica que la falta de motivaci\u00f3n es violatoria del derecho al debido proceso, como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en un fallo de 2005, basado en la Sentencia SU-250 de 1998, entre otras, y que constituye precedente aplicable al caso sub examine: \u201cEl art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece el principio de publicidad en las actuaciones adelantadas por la administraci\u00f3n p\u00fablica: \u00abLa funci\u00f3n administrativa est\u00e1 al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, econom\u00eda, celeridad, imparcialidad y publicidad (\u2026)\u201d. Dentro de este principio se inscribe, precisamente, el de motivaci\u00f3n de los actos administrativos\u201d. <\/p>\n
2. Que la segunda autoridad tambi\u00e9n se declare incompetente, providencia que debe igualmente ser motivada. Por lo que la presente decisi\u00f3n no puede tomarse o interpretarse como una colisi\u00f3n de competencia, toda vez que el Despacho no la est\u00e1 proponiendo\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. En apoyo de lo expuesto por el funcionario encartado, respecto de la duraci\u00f3n del proceso de restablecimiento de derechos, esta Sala estima necesario recordar que seg\u00fan el inciso 9\u00b0 del canon 100 de la Ley 1098 de 2006, \u00abla definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica deber\u00e1 resolverse declarando en vulneraci\u00f3n de derechos o adoptabilidad al ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos del menor de edad, t\u00e9rmino que ser\u00e1 improrrogable y no podr\u00e1 extenderse ni por actuaci\u00f3n de autoridad administrativa o judicial\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que \u00ab[r]esuelto el recurso de reposici\u00f3n [del que es susceptible esa resoluci\u00f3n cuando la profiere la autoridad administrativa] o vencido el t\u00e9rmino para interponerlo, el expediente deber\u00e1 ser remitido al juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio P\u00fablico manifiestan su inconformidad con la decisi\u00f3n\u00bb (inciso 7\u00b0 del citado canon 100). <\/p>\n
Ahora, si la medida de restablecimiento de derechos es otra distinta a la declaratoria de adoptabilidad -pues para esta la ley prev\u00e9 un tr\u00e1mite un tratamiento diferencial en el art\u00edculo 108-, procede el seguimiento regulado por el art\u00edculo 103, modificado por el precepto 6\u00b0 de la Ley 1878 de 2018, en cuya etapa, la autoridad administrativa \u00abpodr\u00e1 modificar las medidas de restablecimiento de derechos previstas en este C\u00f3digo cuando est\u00e9 demostrada la alteraci\u00f3n de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resoluci\u00f3n que as\u00ed lo disponga se proferir\u00e1 en audiencia y estar\u00e1 sometida a los mecanismos de oposici\u00f3n establecidos para el fallo en el art\u00edculo 100 del presente C\u00f3digo, cuando la modificaci\u00f3n se genere con posterioridad a dicha actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La duraci\u00f3n del seguimiento es de \u00abseis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo\u00bb, prorrogable \u00abpor un t\u00e9rmino que no podr\u00e1 exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento de seguimiento inicial\u00bb (inciso 5\u00b0); de ah\u00ed que seguidamente la disposici\u00f3n indique: \u00abEl Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso (\u2026)\u00bb (inciso 6\u00b0, modificado por el art\u00edculo 208 de la Ley 1955 de 2019). Se subraya. <\/p>\n
Trasladada la situaci\u00f3n anteriormente descrita al caso examinado en sede constitucional, comoquiera que el ICBF conoci\u00f3 de la \u00abpresunta amenaza o vulneraci\u00f3n\u00bb de los derechos de las ni\u00f1as el 17 de agosto de 2021, y el 3 de febrero de 2022 declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas imponiendo la medida de restablecimiento consistente en \u00abubicaci\u00f3n en hogar sustituto\u00bb, estima la Corte que la definici\u00f3n inicial de su situaci\u00f3n jur\u00eddica se produjo dentro de los seis (6) meses que consagra el ordenamiento legal. <\/p>\n
Luego, pese a la confusi\u00f3n surgida entre la autoridad administrativa y los Juzgados Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d y Promiscuo Municipal de \u201cZ\u201d para conocer del seguimiento del caso, finalmente la Defensora de Familia (accionante), previo el adelantamiento de las diligencias encaminadas a resolver la adoptabilidad de las menores o el cierre del proceso, mediante prove\u00eddo del 8 de febrero de 2023 opt\u00f3 por lo primero, evidenci\u00e1ndose, de nuevo, que esa resoluci\u00f3n se produjo oportunamente, ya que se emiti\u00f3 antes de vencerse el t\u00e9rmino de dieciocho (18) meses que prev\u00e9 el inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 103 de la normativa especial en comento, modificado por el art\u00edculo 208 de la Ley 1955 de 2019. <\/p>\n
Lo anterior significa que la Defensora de Familia no perdi\u00f3 competencia para definir el asunto, en primer lugar, porque no dej\u00f3 vencer el plazo de seis (6) meses de que trata el inciso 10\u00b0 del art\u00edculo 100 de la precitada codificaci\u00f3n especial, y en segundo lugar, porque en la etapa de seguimiento de la declaraci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos que dispuso la institucionalizaci\u00f3n de las ni\u00f1as, dentro de los 18 meses (contando los 6 iniciales), resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica mediante declaraci\u00f3n de adoptabilidad. <\/p>\n
En esas circunstancias, al juez de familia no le era dable avocar conocimiento para asumir el rol de fallador en \u00fanica instancia del proceso, sino para verificar si la actuaci\u00f3n se ce\u00f1\u00eda a derecho, es decir, para homologar o no la medida dispuesta por la autoridad administrativa, y al ser negativa su postura por evidenciar yerros que en su criterio afectan el debido proceso de los intervinientes, el tr\u00e1mite a seguir, como acontece en cualquier otro litigio, es el de aplicar los correctivos con sujeci\u00f3n a lo previsto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, en un pleito de naturaleza similar al que hoy se revisa, si bien la nulidad se produjo dentro de la primera fase declarativa, esto es, antes de la de seguimiento, esta Sala, con observancia en los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, que trata sobre la \u00absubsanaci\u00f3n de los yerros\u00bb en el tr\u00e1mite administrativo y las \u00abcausales de nulidad del proceso de restablecimiento de derechos\u00bb, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se tipifica una nulidad y el Defensor de Familia perdi\u00f3 competencia por superarse el semestre indicado, quien debe declararla y reanudar la actuaci\u00f3n correspondiente hasta su finalizaci\u00f3n, es el juez, quien por ende deber\u00e1 adelantarla en \u00fanica instancia. <\/p>\n
Ocurre otra cosa cuando el Defensor decide tempestivamente el asunto, ya que, en tal evento, el procedimiento se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la \u00faltima el juez de familia revisa la resoluci\u00f3n del citado funcionario; de modo que, si al examinarla invalida total o parcialmente la causa, le se\u00f1alar\u00e1 al Defensor \u2018la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u2019, por ser \u00e9l quien la adelant\u00f3 (inciso final del art\u00edculo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podr\u00e1n enmendarse los yerros cometidos en el curso del \u2018procedimiento administrativo\u2019, a fin de que la resoluci\u00f3n que le ponga fin se adopte con respeto al debido proceso de los interesados. De lo contrario, de subsanarse el tr\u00e1mite por el propio juez, se pretermitir\u00eda, sin sustento legal alguno, la \u2018instancia administrativa\u2019, y se incurrir\u00eda en \u2018nulidad por falta de competencia funcional\u2019. <\/p>\n
Bajo estos lineamientos, deben distinguirse tres hip\u00f3tesis: <\/p>\n
La primera, cuando el Defensor de Familia advierte una nulidad antes del vencimiento para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor en sede administrativa, caso en el cual estar\u00e1 habilitado para declararla. <\/p>\n
La segunda, cuando dicho plazo ha fenecido, evento en el que el Defensor, por haber perdido competencia, no podr\u00e1 invalidar lo actuado, y tendr\u00e1 que remitir el caso al servidor judicial, quien, de considerarlo pertinente, invalidar\u00e1 el procedimiento, pero lo tendr\u00e1 que reanudar hasta desatarlo, en \u00fanica instancia, eso s\u00ed, en el plazo de dos (2) meses. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomal\u00eda, dentro del semestre comentado dicte la decisi\u00f3n correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarar\u00e1, pero dispondr\u00e1 que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad\u00bb (CSJ STC, 7 may. 2020, rad. 00054-01, citada en STC3100-2023, 29 mar., rad. 00018-01). <\/p>\n
M\u00e1s ajustado al sub lite, enseguida indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aun cuando el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 1878 de 2018), determin\u00f3 que \u00ab(\u2026) la situaci\u00f3n jur\u00eddica deber\u00e1 resolverse declarando en vulneraci\u00f3n de derechos o adoptabilidad al ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos del menor de edad (\u2026)\u00bb, tal normativa se enlaza con lo pregonado en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 103 \u00eddem (modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 1878 de 2018), en el evento que la \u00abautoridad administrativa\u00bb en ese per\u00edodo opte por la primera de las mencionadas, esto es, \u00abdeclare en vulneraci\u00f3n de derechos al menor\u00bb, toda vez que bajo esa hip\u00f3tesis le corresponde emprender un seguimiento en el cual estipular\u00e1 <\/p>\n
De ah\u00ed que (\u2026), el referido \u00abseguimiento\u00bb tiene una duraci\u00f3n de 18 meses contados a partir del conocimiento de los hechos denunciados hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del litigio, seg\u00fan fuere el caso y, hasta que ello no ocurra, no existe una \u201cmedida definitiva\u201d\u00bb (CSJ STC3436-2023, 13 abr., rad. 00026-01). <\/p>\n
3.2.3. De lo expuesto, contrario a lo advertido por el tribunal a-quo, emerge di\u00e1fano que la funcionaria ac\u00e1 querellante, mantiene competencia sobre el proceso de restablecimiento de derechos de las menores \u201cA\u201d y \u201cB\u201d, y por tanto est\u00e1 habilitada para corregir los yerros que advirti\u00f3 el juez al ejercer control de legalidad del caso, renovando seguidamente la actuaci\u00f3n declarada nula. <\/p>\n
Lo anterior porque, se itera, la p\u00e9rdida de dicha competencia contemplada en los preceptos 100 y 103 de la Ley 1098 de 2006, aplica cuando la autoridad administrativa deja vencer el t\u00e9rmino de 6 meses \u00abpara fallar o para resolver el recurso de reposici\u00f3n\u00bb, o excede el previsto para realizar seguimiento a lo resuelto \u2013que sumado al anterior es de 18 meses-, pero ninguna de esas situaciones acontece en el caso sub j\u00fadice para que pudiera abrirse campo la competencia al juez de familia en \u00fanica instancia que atribuyen los art\u00edculos 119-4 ibidem y 21-20 del estatuto procesal general. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta demanda es inviable, porque la actuaci\u00f3n criticada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que no adolece de defecto procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que las providencias en cuesti\u00f3n, no evidencian desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha reiterado que cuando la providencia censurada cuenta con el suficiente respaldo jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto ordinario (CSJ STC, 21 jul. 1995, rad. 2397); de igual modo, que: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC2422-2023, 15 mar., rad. 00024-01, entre otras). <\/p>\n
En ese orden, el hecho de que la accionante disienta de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad del auxilio constitucional deprecado, pues es necesario que la decisi\u00f3n se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el asunto examinado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado y en su lugar se denegar\u00e1 la salvaguarda, al advertirse que la resoluci\u00f3n judicial criticada, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En su lugar, se DENIEGA el amparo deprecado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela, y, por consiguiente, se invalida la actuaci\u00f3n desplegada en cumplimiento de la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC6538-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6538-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2023-00078-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}